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Informe EUA responsabiliza a Montano de 65 ejecuciones, 51 desapariciones y más de 500 casos de tortura

El tribunal de Massachusetts que lleva un juicio migratorio contra el ex viceministro de Seguridad salvadoreño admitió el informe de una experta del gobierno estadounidense que consigna más de mil violaciones a los derechos humanos cometidos por tropas bajo el mando de Montano durante la guerra civil salvadoreña.

 
 

Inocente Orlando Montano (izquierda) y René Emilio Ponce durante una conferencia de prensa en el año 2000 en el que rechazan haber participado en el asesinato de los padres jesuitas.

Inocente Orlando Montano (izquierda) y René Emilio Ponce durante una conferencia de prensa en el año 2000 en el que rechazan haber participado en el asesinato de los padres jesuitas.

El juicio migratorio que enfrenta el coronel retirado Inocente Orlando Montano en Estados Unidos se ha convertido en una audiencia en la que se están conociendo algunos de los episodios más oscuros del conflicto armado salvadoreño, que incluyen la participación del ex viceministro de Seguridad Pública en una sistemática campaña de asesinatos, desapariciones y torturas perpetrada por las fuerzas de seguridad.

El juez Douglas Woodlock, que lleva el caso en una corte de Massachusetts, admitió el informe de una experta comisionada por el gobierno estadounidense en el que se documentan operativos militares y de seguridad bajo responsabilidad de Montano durante los años ochenta, que terminaron en más de mil violaciones a los derechos humanos, incluyendo su presunta participación en la planificación, ejecución y ocultamiento del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.

“Durante sus 30 años de carrera militar, el coronel Montano ordenó, incitó y asistió y/o comandó tropas que participaron en una estrategia de terror de Estado contra civiles. Esto incluyó: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias, masacres rurales de civiles no combatientes, la desaparición forzada de niños y tolerar escuadrones de la muerte, liderados por militares, que operaban dentro de las unidades bajo su comando”, dice el informe, preparado por la investigadora de la Universidad de Stanford Terry Lynn Karl.

El documento está fechado el 31 de diciembre de 2012 y vincula a Montano con 65 ejecuciones sumarias en las que la víctima está identificada, 51 desapariciones forzosas, 520 casos de torturas y 533 detenciones arbitrarias. Incluye además una matriz tabulada sobre las violaciones a derechos humanos atribuidas a Montano, con fecha, nombre de víctima, lugar y batallón o unidad responsable.

Los casos incluyen no solo aquellos bajo su responsabilidad como viceministro de Seguridad Pública en los últimos años de la guerra civil, sino decenas en los que fungió como operativo de unidades militares.

El informe cita, por ejemplo, la llamada “Masacre del Pozo de la Muerte”, en 1981, cuando Montano era el oficial ejecutivo del Destacamento Militar número 6, en Sonsonate. “Después de matar a cada uno de los jugadores de un equipo de fútbol y a algunos de sus familiares, y de arrastrar después sus cuerpos por las calles, las tropas del DM6 intentaron ocultar al menos 23 de los asesinatos lanzando la mayor parte de los cuerpos en un pozo”, dice el documento. “Nunca se hizo una investigación por esta atrocidad ni fue castigado ningún oficial militar”.

Durante su período como oficial ejecutivo del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) General Ramón Belloso, se registraron varias masacres atribuidas a esta unidad, entre ellas la conocida como “La Guinda de Mayo”, en la cual, según el reporte, las tropas a cargo de Montano mataron a cientos de civiles y establecieron “un continuado patrón de desapariciones de niños por parte del Batallón Belloso y otras unidades del ejército salvadoreño. Al menos 54 casos específicos de niños desaparecidos han sido documentados solo de esta operación”.

Un juicio migratorio y otro en espera

El ex viceministro de Seguridad Pública ha vivido en Estados Unidos desde mediados de 2001, pero enfrenta hoy un juicio acusado de mentir en su declaración para obtener el Estatus de Protección Temporal, en la que alteró la fecha de su ingreso a Estados Unidos para poder ser elegible. En ella Montano también negó su pasado militar, a pesar de haber sido miembro de la promoción conocida como La Tandona y de haber ocupado diversos mandos militares.

La Fiscalía trata de demostrar que Montano es un violador de derechos humanos y por tanto no puede ser tratado como un ciudadano que simplemente mintió en la fecha de ingreso de su declaración migratoria, y el juez Douglas Woodlock ha dicho que considerará el pasado militar de Montano para emitir sentencia.

La ley estadounidense obliga a un juez a revisar el pasado del procesado antes de dictar sentencia. La pena de cárcel, de hecho, puede aumentar el tiempo a purgar en prisión si se comprueba que el acusado violó derechos humanos y, peor aún, si cometió delitos de lesa humanidad.

Esto ha permitido que un juicio migratorio incluya una revisión a las actuaciones de una generación de militares que ocuparon los puestos de mando durante la guerra civil salvadoreña y que aún ostentan poder en El Salvador, tal como demostraron en agosto del año 2011, cuando, a solicitud de la Audiencia Nacional de España, Interpol decretó una orden internacional de captura en contra de 20 de ellos y el ejército salvadoreño les dio refugio en una guarnición militar para evitar su captura. Esa generación, conocida como La Tandona, es considerada por la experta del gobierno de Estados Unidos como “la más grande, más poderosa y más corrupta clase (militar) graduada en la historia de El Salvador”.

El juez Woodlock estudiará las aseveraciones del informe preparado por Karl pero ha pedido a la defensa de Montano que antes del 1 de marzo presente sus pruebas de descargo.

De ser enviado a prisión, Montano quedaría expuesto a una deportación a El Salvador o a una extradición a España, país que lo solicita junto a los otro 19 acusados por el asesinato de los jesuitas, y cuya extradición desde El Salvador ha sido denegada por la Corte Suprema de Justicia. Estados Unidos aún no ha aprobado la extradición.

Pese a que prepara una contestación a las acusaciones del informe Karl, el defensor Óscar Cruz Jr. ha pedido al juez de manera preliminar que ignore el documento presentado por la Fiscalía argumentando que no tiene relación con el caso migratorio y, además, se aleja de la negociación de septiembre en la que Montano se declaró culpable de tres cargos de fraude migratorio (mintió tres veces, en los formularios migratorios de los años 2007, 2008 y 2010 sobre su fecha de ingreso a Estados Unidos) y perjurio (mintió, bajo juramento de decir la verdad, al negar su pasado en las fuerzas armadas salvadoreñas).

Montano vivió en Estados Unidos por más de una década a partir de 2001, y cuando en mayo de 2011 el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional de España lo consideraba capturado por la justicia estadounidense, él mismo se encargó de desmentirlo en su momento a este periódico: "Puede decir que a mí nadie me ha venido a decir nada. Que estoy libre y viviendo en el mismo lugar desde hace 10 años”, dijo vía telefónica a El Faro en junio de 2011.

Trabajaba en una fábrica de dulces en Massachusetts como administrador de Recursos Humanos, está divorciado y tiene una hija. En Estados Unidos llevaba una vida apacible, discreta y sin relación con su pasado militar. Fue capturado el 18 de abril de 2012 en un consulado salvadoreño en Boston, donde estaba solicitando un nuevo pasaporte. 

Hoja de servicio

El pasado militar de Montano incluye trabajos de inteligencia y de mando al frente de unidades militares y de seguridad pública con un extenso récord de violaciones a los derechos humanos.

Durante la administración del general Carlos Humberto Romero (1977-1979), Montano fue enviado a Chile para estudiar métodos de inteligencia, instruido por oficiales pinochetistas. A su regreso, y después del golpe de Estado de 1979, fue trasladado a la sección de Operaciones de Inteligencia en el Estado Mayor. “Esta era una unidad secreta para vigilar objetivos políticos y eliminar individuos específicos”, asegura el informe de la experta. “Esta unidad (que recibía informes de inteligencia de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda) era el control central de un aparato de escuadrones de la muerte coordinado por los militares que eliminaban civiles considerados opositores al régimen”.

En 1981 Montano fue puesto como segundo al mando del Destacamento Militar número 6, de Sonsonate, y durante su comandancia la unidad perpetró masacres, asesinatos y desapariciones.

De ahí fue trasladado al comando ejecutivo del BIRI Belloso, donde continuó con este tipo de operaciones, incluyendo “La Guinda de Mayo”, en Chalatenango, y otras masacres como El Calabozo, en agosto de 1982, en San Vicente, en la que murieron ametralladas cerca de 60 mujeres que habían buscado refugio en una casa. Además, esa unidad es responsable de la masacre del Cerro Cuyas Cumbres, San Isidro Labrador (Chalatenango), en noviembre de ese mismo año, en el que sus tropas asesinaron a 40 civiles.

Un año después de su llegada al Belloso, Montano ascendió de mayor a teniente coronel, y tres meses después fue nombrado el comandante del BIRI Arce. En ese tiempo confesó que la población civil también era un objetivo militar: "Estamos más preocupados en exterminar el sistema de apoyo que tiene la guerrilla que en proteger a un pueblo por unos días. Libramos dos guerras: una guerra es contra la guerrilla, y la otra es contra la gente que los apoya", dijo entonces al periodista estadounidense Chris Hedges.

En mayo del 84 fue trasladado al Comando de Ingenieros de la Fuerzas Armadas (CIFA). Estuvo ahí tres años, y en ese tiempo el edificio de esta sección sirvió, según documenta el informe, para organizar y crear escuadrones de la muerte. El informe reporta 32 violaciones a derechos humanos, incluyendo tres asesinatos y 12 eventos de tortura bajo la responsabilidad del destacamento militar del CIFA.

En 1987 fue nombrado comandante de la Sexta Brigada de Infantería. Las tropas bajo su responsabilidad, según el documento, cometieron 13 ejecuciones sumarias y 10 casos de tortura.

A partir del 1 de junio de 1989 ejerció como viceministro de Seguridad Pública, a cargo de los tres cuerpos (Policía de Hacienda, Policía Nacional y Guardia Nacional). Durante los tres años en que ejerció el cargo se intensificaron las desapariciones, las torturas y las ejecuciones. El informe le atribuye 1,057 abusos: 23 ejecuciones sumarias, 47 desapariciones, 498 episodios de tortura, y 489 detenciones arbitrarias.

El caso jesuitas

En agosto de 1989, Montano acusó al rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, de estar identificado con los "movimientos subversivos". El reporte Karl sostiene que otros militares retomaron las acusaciones de Montano y del viceministro de Defensa Orlando Zepeda; Ellacuría comenzó a ser acusado de terrorista y de ser “el cerebro detrás el FMLN”.

Montano fue protagonista del boicot que La Tandona hizo a las negociaciones de paz de 1989 y que ya auguraban la remoción de 20 integrantes (de los 47 originales) de ese grupo que aún ocupaban puestos de mando. El 13 de octubre de 1989 dijo a periodistas de UPI que aceptar la propuesta del FMLN de reestructurar el ejército y quitar oficiales pondría la seguridad nacional en riesgo y que no sería aceptado por el gobierno.

En las semanas siguientes, la Policía de Hacienda ejecutó torturas, arrestos y desapariciones a integrantes de la organización de derechos humanos Co-Madres y otros atentados, dice Karl, como el de la explosión en el local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras), ocurrida el 31 de octubre y en el que murieron nueve líderes sindicales y 50 personas más resultaron heridas. Según un cable titulado "confidencial" de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, si bien nunca se supo quién exactamente hizo explotar la bomba, el edificio sí estaba bajo constante vigilancia de la Policía Nacional.

Karl señala que este bombardeo echó para abajo todas las negociaciones de paz, y que Ellacuría regresó al país (por esos días estaba en España para recibir un premio) para investigar el caso Fenastras a solicitud expresa del presidente de la República Alfredo Cristiani. El 13 de noviembre, el día que Ellacuría regresó y tres días antes de su asesinato, Cristiani y el ministro de Defensa René Emilio Ponce firmaron la orden de una operación militar de reconocimiento en la UCA. La acción iba acompañada de un fuerte hostigamiento desde la Radio Cuscatlán (la radio del ejército), y que tenía como objetivo preparar la operación del asesinato de los sacerdotes.

La Policía de Hacienda, que debía reportar al viceministro Montano todos sus movimientos, desplegó 10 agentes al Centro Loyola (a unas cuadras de distancia de la UCA) y del 12 al 16 de noviembre realizó inspecciones en la residencia de los jesuitas dentro de la universidad. El centro de estudios estaba rodeado y con un cordón de seguridad supervisado por el Alto Mando militar pero también por el director de la Escuela Militar.

La orden de matar a los jesuitas se dio en el Alto Mando con la participación de Montano, aunque la presión de hacerlo venía también desde fuera, del grupo de civiles y militares respaldados por algunas familias pudientes denominado "Los Maneques", del cual también era parte Montano, dice el informe Karl. Hubo una reunión a las 2 p.m. del 15 de noviembre, en la Escuela Militar, para tirar las grandes líneas de acción. Luego Montano participó en otras reuniones más específicas a lo largo de la tarde y al comienzo de la noche para planificar explosiones, ataques a líderes políticos y una acción contra los jesuitas, según documentos de la Comisión Moakley (por Joseph Moakley, un senador estadounidense que ordenó una investigación posterior al asesinato). Una de esas sesiones es en la que el jefe del Alto Mando, René Emilio Ponce, ordena al coronel Guillermo Benavides (director de la Escuela Militar) que asesine a Ellacuría sin dejar testigos. En esa también participa Montano.

A pesar de ser la máxima autoridad responsable de la Unidad Especial de Investigación de la Policía Nacional, Montano permitió que el director de esa unidad amenazara testigos y retardó peticiones de investigación más adelante. A pesar de los rumores de la responsabilidad del asesinato, Montano y otros oficiales no revelaron nada del procedimiento. Un mes después, Montano incluso culpó al FMLN por intentar, con la masacre, desacreditar al ejército internacionalmente. "No le tememos a la verdad, pues estamos seguros de que no hay miembros de nuestras filas implicados en estos hechos", dijo a El Diario de Hoy.

Después de que soldados y unos oficiales de bajo rango admitieron haber cometido la masacre, Montano, dice el documento, presionó a otros oficiales de menor rango para que no mencionasen las órdenes que habían recibido para ejecutar el asesinato. Los pocos que se atrevieron a hablar involucrando a sus superiores fueron trasladados o murieron misteriosamente.

El reporte cita el caso del capitán Carlos Herrera Carranza, quien ordenó una de las operaciones de reconocimiento en la universidad y que posteriormente declaró que lo había hecho siguiendo las órdenes del coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, director de inteligencia. Tras sus declaraciones fue trasladado al Batallón Atlacatl, y durante su primer día de servicio en esa unidad recibió un disparo en la cabeza.

Montano fue de los pocos en el Estado Mayor que no quisieron colaborar con la investigación Moakley de 1990 o que no quisieron dejarse entrevistar. En 1992, ante la Comisión Adhoc ordenada por las Naciones Unidas (en la que participaron tres salvadoreños supervisados por dos generales retirados), el viceministro continuó mintiendo. "Negó la participación de todos los coroneles, incluyendo de Benavides, dijo que la decisión de matar a los jesuitas podría haber sido hecha por los "subtenientes a cargo de la operación UCA" a pesar de que sabía muy bien que ningún funcionario de bajo nivel o soldado podría tomar una decisión de esta magnitud sin una orden de arriba”, asegura el reporte.

Pero el asesinato de los jesuitas, concluye el informe Karl, no fue una aberración, sino parte de una extendida campaña de abusos de derechos humanos en los que estuvo involucrado el liderazgo militar de la generación conocida como La Tandona.

Después de revisar este informe, y de escuchar los alegatos de la defensa, el juez Douglas Woodlock podría dictar sentencia definitiva contra Montano el próximo 1 de marzo.

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