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Gobierno cambia estrategia ante las pandillas

José Luis Sanz
El Faro / Publicado el 29 de Marzo de 2012
Después de haber defendido políticas represivas contra las pandillas, tipificadas como organizaciones criminales en la legislación salvadoreña, el presidente Funes anunció ayer que liderará un acuerdo nacional para reintegrar a los pandilleros a la sociedad. El presidente insistió en negar que su Gobierno haya negociado con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, pero no resolvió las contradicciones expresadas en las distintas versiones sobre el traslado de sus líderes a cárceles de menor seguridad el 8 y 9 de marzo pasado.

Mauricio Funes en conferencia de prensa el 28 de marzo de 2012. Foto Mauro Arias

En sus primeras declaraciones sobre el acuerdo con las pandillas, el presidente Mauricio Funes negó el miércoles pasado que su gobierno haya negociado con pandilleros, pero lanzó una iniciativa para que la sociedad en su conjunto responda a las demandas de oportunidades de trabajo y políticas sociales que los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 hicieron el pasado jueves en un comunicado conjunto. La propuesta de Funes se produce casi tres semanas después de que las dos principales pandillas del país ordenaran a sus miembros detener los homicidios de pandilleros rivales, lo que de inmediato redujo la cifra de homicidios a menos de la mitad.

Funes celebró una conferencia de prensa después de 17 días de silencio, en los que varios medios de comunicación, entre ellos El Faro, y organizaciones tan disímiles como la PDDH, la ANEP, FESPAD y la ASI entre otras han exigido mayor transparencia en las explicaciones oficiales del drástico descenso de homicidios y de la forma en que se gestionó el pacto entre pandillas.

En su comparecencia, Funes insistió en que su gobierno solo actuó como “facilitador” de este acuerdo, supuestamente negociado por la Iglesia, pero aseguró que “abre una oportunidad para atacar integralmente” el problema de la violencia en el país, que en los últimos 5 años ha costado la vida a un aproximado de 4,000 personas al año. Por ello, convocó a la construcción de “un acuerdo nacional que garantice la erradicación progresiva y definitiva de la violencia y la inseguridad”.

Según el presidente, la prioridad de ese acuerdo será atender “la exclusión social y la falta de oportunidades de empleo, educación, salud y recreación para la juventud”, que originaron en los años 80 y 90 el fuerte desarrollo de las pandillas juveniles en El Salvador. Para ello, dijo, convocará “en los próximos días” a representantes de la empresa privada, partidos políticos, iglesias y organizaciones sociales, que junto a académicos deberán definir una estrategia de trabajo y un calendario de ejecución. 

El presidente dijo que es necesario que el país cambie de modelo social y económico para desactivar las causas del fenómeno de la violencia. Sin embargo, no dijo cómo se debe concretar ese cambio de paradigma, y cuando se le preguntó por el aporte inicial del Ejecutivo a ese acuerdo nacional respondió que aportará: “esta visión” y la misma estrategia social que, dijo, su gobierno ha venido aplicando desde 2009. Únicamente aclaró que en adelante concentrará “toda la maquinaria del Estado” en las comunidades en las que las pandillas reclutan desde hace años a sus miembros y citó como modelo el trabajo que el gobierno brasileño ha emprendido en las favelas de Río de Janeiro.

La diferencia entre el modelo brasileño y la nueva iniciativa de Funes es que el plan de pacificación de las favelas se basa, como el que meses antes había anunciado aquí el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, en expulsar de las comunidades a los grupos delincuenciales y posteriormente focalizar la inversión social en el resto de habitantes del lugar. Funes pretende, según lo que dijo, desarrollar programas de empleo y atención social que alcancen a los integrantes de las estructuras delincuenciales de las pandillas. Antes la estrategia era inversión social en comunidades liberadas de pandillas; ahora es inversión social para facilitar la reincorporación de pandilleros a la legalidad. 

La meta de la iniciativa de Funes es que del cambio de la sociedad en conjunto derive el progresivo desmontaje de las estructuras de extorsión y narcomenudeo que actualmente controlan la MS-13, la 18 y el resto de pandillas que operan en el país, como la Mao-Mao, La Máquina o La Mirada, entre otras.

Aunque oficialmente siempre defendió que su política era “integral” e incluía planes de prevención que pasado el ecuador de su gobierno no se han puesto en marcha, ahora Funes va más allá y asegura que es necesario un “cambio de mentalidad” de toda la sociedad salvadoreña: “¿De qué sirve darle capacitación a un pandillero que decide reinsertarse a la sociedad si sencillamente no se le abren oportunidades por prejuicio, por preconceptos?”, dijo.

Los planes anteriores anunciados por Munguía Payés se basaban en acciones represivas para romper la estructura interna de las pandillas y cortar la comunicación entre los distintos niveles de su jerarquía. 

En este momento la tregua, que según Funes abre la oportunidad de un nuevo abordaje de los problemas del país, depende precisamente de la voluntad y la capacidad de los líderes de la MS-13 y la 18 para comunicarse con sus estructuras y hacer que cumplan su orden de no matar a pandilleros enemigos.

Cuando se le preguntó si esto no suponía una paradoja, Funes lo negó y anunció que la unidad policial antipandillas, que el ministro Munguía Payés prometió al llegar al cargo en noviembre pasado, entrará en funcionamiento después de Semana Santa.

El presidente insistió en que su gobierno no ha hecho ni hará concesiones a los pandilleros; intentó negar que el traslado de 30 líderes de la MS-13 y la 18 desde la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a otras de menor rigor, los pasados 8 y 9 de marzo, fueran beneficios condicionados al descenso de homicidios; pero hacia el final de su comparecencia dijo: “Si al trasladar a los líderes pandilleros los homicidios (…) no se hubieran suspendido, esta gente hubiera regresado (a Zacatecoluca)”.

Riesgos del proceso

Fotos en la entrada del penal de Ciudad Barrios de decomisos de chicha en botellas plásticas, teléfonos, cigarrillos y el inicio de la escavación de un tunel.  Foto Frederick Meza

Fotos en la entrada del penal de Ciudad Barrios de decomisos del mes pasado de chicha en botellas plásticas, teléfonos, cigarrillos y un hoyo donde escondían la chicha bajo tierra. Foto Frederick Meza


Aunque se le preguntó expresamente dos veces, Funes no quiso responder si asumía personalmente la responsabilidad por las consecuencias, positivas o negativas, de los traslados de los líderes. Además, evitó referirse a la posibilidad de que esos traslados estén reforzando las estructuras de las pandillas, que en algunas zonas del país no solo operan como pequeñas células delincuenciales, sino que participan del narcotráfico, el sicariato para el crimen organizado y el tráfico de personas. Estar en penales de menor seguridad abre a los líderes pandilleros la posibilidad de dar más fácilmente a sus bases órdenes sobre la operación de negocios ilícitos. Referirse a eso, dijo Funes, sería "entrar en un debate técnico" para el que esta conferencia de prensa era insuficiente. 

“Ese riesgo se corre”, admitió Funes. “Nosotros como Gobierno no podemos dar ninguna garantía (de que eso no suceda), pero (el traslado) es parte del entendimiento que lograron, desde la Iglesia Católica han facilitado este compromiso entre los pandilleros, y así nos lo han planteado a nosotros”.

Según Funes, la piedra angular sobre la que quiere articular una nueva unidad de la sociedad es precisamente “la buena voluntad expresada a la iglesia católica” por los pandilleros, que según la versión del Ejecutivo decidieron por iniciativa propia dejar de matarse entre ellos tras un proceso de tres meses de diálogo que uno de los negociadores de los que el gobierno se desmarca, el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, calificó de “milagro”.

En otra aparente contradicción, aunque negó varias veces que la tregua entre las pandillas forme parte de una estrategia de su Gobierno, Funes sí reivindicó para su gabinete los méritos del descenso de homicidios que esta ha ocasionado: “Dejen trabajar a los funcionarios de seguridad pública. ¿Qué no están viendo que bajo esta nueva administración es que se han bajado los homicidios, pues? Déjenlos trabajar”, exigió cuando se le cuestionó por la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que ha aceptado analizar la posibilidad de que el nombramiento de militares al frente del ministerio de Seguridad y de la PNC sean inconstitucionales

El nuevo discurso presidencial contrasta con el que expresaba hace apenas medio año, cuando pronunció estas palabras: “No es lo mismo que esté muriendo el ciudadano común, el ciudadano honesto, el ciudadano que no se mete en problemas, que tiene deseos de llevar una vida tranquila, que el que esté muriendo sea precisamente integrante de pandillas que luchan por el territorio y el control de narcomenudeo, de la venta de droga”.

Hoy, cuando la disminución de los índices de homicidios se debe justamente al descenso del número de pandilleros asesinados, Funes se apoya en esas cifras para prometer un optimista giro en el futuro del país: “En la medida en que le demos sostenibilidad a este entendimiento, si podemos hacer bajar el número de homicidios, eso va a proyectar una imagen diferente que va a permitir una atracción de inversión mayor que es la que va a generar empleo. Este es el año clave para las grandes apuestas estratégicas, para lograr remontar las bajas tasas de crecimiento que hemos tenido hasta ahora”. 

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