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Fiscalía consigue que sospechoso de caso Funes acceda a declarar contra el expresidente

En febrero de 2017, la Fiscalía acudió a un juzgado de Paz de San Salvador para validar la inclusión de una persona involucrada en la presunta corrupción del expresidente Funes, en calidad de testigo con criterio de oportunidad para acusar al exmandatario. El documento es parte de las pesquisas iniciales de la Fiscalía para intentar procesar a Funes por lavado de dinero.

 
 

El expresidente de la República, Mauricio Funes, en una de sus últimas apariciones públicas en 2016, en la Fiscalía General. Funes ha sido condenado por enriquecimiento ilícito junto a uno de sus hijos, al no poder justificar más de 400 mil dólares. Foto: Víctor Peña
 
El expresidente de la República, Mauricio Funes, en una de sus últimas apariciones públicas en 2016, en la Fiscalía General. Funes ha sido condenado por enriquecimiento ilícito junto a uno de sus hijos, al no poder justificar más de 400 mil dólares. Foto: Víctor Peña

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ya ha dado su aval a una petición de la Fiscalía General, para que una de las 13 personas que han declarado en la investigación por presunto lavado de dinero y activos contra el expresidente Mauricio Funes, se convierta en "testigo criteriado" y eventualmente pueda incriminar al acusado, a cambio de recibir beneficios penales.

El juzgado recibió el requerimiento de la Fiscalía a inicios de año, y en febrero pasado lo resolvió favorablemente. Funes, quien gobernó El Salvador entre 2009 y 2014 como el primer presidente del FMLN -el partido de la exguerrilla-, no tiene acusación formal en el ámbito penal, pero el 17 de agosto pasado la Fiscalía allanó siete propiedades vinculadas al empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, como parte de pesquisas preliminares sobre su posible participación en cinco delitos de corrupción.

La petición de la Fiscalía está enmarcada en una investigación por lavado de dinero contra Funes y otras dos personas: su pareja y madre de uno de sus hijos, Ada Mitchell Guzmán, y el empresario Miguel Menéndez, conocido como "Mecafé", quien fue uno de los principales patrocinadores de la candidatura presidencial del exentrevistador de televisión y que durante la administración de su amigo obtuvo millonarios contratos por prestación de servicios de seguridad al gobierno.

Las pesquisas constan en el requerimiento al que tuvo acceso El Faro y que tiene en su poder Nelly Pozas, la misma jueza que envió a prisión al expresidente Antonio Saca.

El 2 de septiembre, Funes obtuvo asilo político en Nicaragua y, desde entonces, ha visto cómo marcha el proceso civil por enriquecimiento ilícito que ventila en su contra una cámara de San Salvador, debido a que no pudo justificar 728 mil dólares de su patrimonio. 

Usualmente, los requerimientos se usan como el puntapié inicial de una investigación penal. Pero en este caso, la Fiscalía está utilizando el requerimiento como una herramienta para convertir a un involucrado en los posibles delitos, en testigo, a cambio de beneficios en el proceso judicial. El artículo 295 del Código Procesal Penal llama a esta figura “criterio de oportunidad”.

El proceso para que un acusado se convierta en testigo solo puede iniciar a petición de la Fiscalía. La condición es que el testigo criteriado "contribuya decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave", según el artículo 18 del Código Procesal Penal. Una vez que la Fiscalía llega a un acuerdo con el imputado y su defensa para que colaboren en el proceso, este rinde una declaración en la Fiscalía. Después de esto, la Fiscalía debe pedir a un juez que valide el acuerdo. En el caso contra Funes, Guzmán y Mecafé, fue la jueza Cuarta de Paz quien autorizó el proceso. La Fiscalía ha pedido la reserva total del caso en esta fase preliminar.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía busca probar que el expresidente Funes, Ada Mitchell Guzmán y Miguel Menéndez “Mecafé” realizaron transacciones ilícitas por medio de la sociedad Latin America Spas, S.A. de C.V. Esta es la empresa que vincula a Menéndez con Guzmán y Funes, según reveló El Faro en una investigación publicada en mayo de 2014.

El Faro preguntó a Jorge Cortez, jefe fiscal de Investigación Financiera, si este es el único caso contra Funes y personas cercanas a él o a su gobierno, o si hay otros. Cortez dijo, vía telefónica, que no está autorizado a brindar declaraciones sobre el tema.

Hasta inicios de febrero de este año, los fiscales habían presentado ante la jueza al menos 13 testimonios de personas que estuvieron relacionadas con la sociedad Latin America Spas.  Los testimonios, las compraventas realizadas por la sociedad, dice la Fiscalía en la petición ante la jueza, "permiten sostener que los verdaderos titulares de las referidas y de los inmuebles son los investigados por el delito de Lavado de Dinero y de Activos, señores Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y Juan José Miguel Antonio Menéndez Avelar”.

La Fiscalía señala que la forma en que se constituyó la sociedad Latin America Spas fue irregular.  "... en la causa sub lite -bajo disputa-, se ha acreditado la situación irregular con la que fueron constituidos los referidos entes jurídicos, así como las compraventas de los inmuebles”, dice el documento.

Al menos una de las propiedades de Latin America Spas ha sido congelada por orden del juzgado Cuarto de Paz y que ya ha realizó una audiencia en la que admitió la participación del testigo criteriado en el caso.

Según consta en el registro público, una propiedad de Latin America Spas tiene anotación preventiva -congelamiento- solicitada en enero de este año por la Fiscalía y ratificada por la jueza el 10 de marzo. En la propiedad, ubicada en la Urbanización Santa Elena, de Antiguo Cuscaltán, está construida una mansión que frecuentaba Ada Mitchell Guzmán.

Desde este lunes 20 de marzo, el expresidente ha enviado varios mensajes en su cuenta de Twitter, advirtiendo que la Fiscalía usará la figura legal de testigos criteriados en su contra.

 

El spa de la cadena de favores

El Faro publicó en mayo de 2014 una investigación en la que registra una serie de compraventas realizadas por la sociedad en cuestión en la que aparecen más inmuebles. Según una de las escrituras de compraventa, Latin America Spas entregó, el 13 de octubre de 2012, un anticipo de 25 mil dólares a Miguel Menéndez, el administrador único de Mecafé S.A. de C.V., por una lujosa propiedad ubicada en el número 30 de la calle Maquilishuat. Y de acuerdo con el Registro de Comercio, Latin America Spas nació cuatro meses y medio más tarde, el 26 de febrero de 2013.

Latin America Spas fue fundada con 100 dólares por dos socios: Virginia María Vilanova Vargas, estudiante de 29 años y entonces residente de Soyapango, que compró 199 acciones por 99.50 dólares; y José Manuel Castillo Aguilar, de 39 años, abogado domiciliado en Mejicanos, que compró una acción con 50 centavos de dólar. Vilanova Vargas y Castillo Aguilar son parte del elenco de entrevistados de la Fiscalía.

El 13 de marzo de 2013, dos semanas después de su fundación, Latin America Spas se convirtió en propietaria legal de la casa de la calle Maquilishuat, comprometiéndose a pagar los 665 mil dólares; es decir que, sin tomar en cuenta la inversión para convertir la casa en Spa, y aun si el banco le hubiese hipotecado la casa por su valor total de mercado, Mecafé terminó perdiendo al menos 85 mil dólares en la operación.

El Faro también registró la compraventa de la propiedad congelada en el CNR. El 12 de julio de 2012, Latin America Spas compró un terreno ubicado en la calle Apaneca #2, en la urbanización Sierra de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Las escrituras fueron notariadas por la misma persona que certificó la compraventa del spa de la Maquilishuat. Según testigos consultados por El Faro en 2014, esta es una residencia que Funes y Guzmán frecuentaban.

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