Un total de 25 pinturas fueron adquiridas por la Asamblea Legislativa entre febrero y diciembre de 2012, pagando un monto de 125 mil 985 dólares por ellas, según la información entregada el viernes pasado por la institución a un ciudadano al que le había negado la revelación de esos detalles, y que acudió, como último recurso, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Solo con la resolución de la Sala de lo Constitucional el detalle de las piezas adquiridas con fondos públicos dejó de ser un secreto defendido por el presidente de la Asamblea, el diputado Sigfrido Reyes, del FMLN, bajo cuya administración se hizo las compras. La información había sido declarada bajo reserva, en violación a la Ley de Acceso a la Información Pública, y solo fue entregada al ciudadano Roberto Burgos el viernes anterior.
La orden de la Sala, sin embargo, solo se ha cumplido parcialmente, porque la Asamblea continúa sin divulgar la misma información en su portal de transparencia, en donde solo aparecen 22 piezas inventariadas, 14 de ellas registradas como compras del año 2011. En 2013, la tesis de algunos diputados por las que los números no coincidían era que algunas piezas aún no habían sido localizadas.
Desde marzo del año pasado, fecha en que El Faro publicó un reportaje sobre el extraviado museo de la Asamblea Legislativa, el portal no ha sido actualizado, ni siquiera después de que los magistrados de la Sala emitieran su fallo.
El pasado viernes, Roberto Burgos, del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac), compartió con los medios de comunicación la información sobre el gasto durante 2012 en obras de arte, regalos y bebidas alcohólicas. Burgos había solicitado esos datos después de que tanto El Faro como otros medios de comunicación revelaran las compras de obras de artes y los obsequios que Reyes, como presidente de la Asamblea, decidió dar a cada uno de los parlamentarios para celebrar el fin de año de 2012. Asimismo, los periodistas dieron a conocer información sobre festejos con consumo de licor patrocinados por el bolsillo de los salvadoreños, y la directiva de la Asamblea se resistía a revelar los detalles del gasto.
El pasado 25 de julio la Sala de lo Constitucional ordenó a la oficial de información de la Asamblea entregar los datos solicitados por Burgos, luego de concluir que le fueron violados sus derechos de petición y de acceso a la información pública.
Algunas de las pinturas que no aparecen son, precisamente, las de precio más alto: el “Barrio San Jacinto”, de Valero Lecha; el “Paisaje místico” y “La conquista”, de Salarrué; una titulada “Paisaje con Rivera”, de Pedro de Matheu, y los “Personajes”, de César Menéndez, adquiridas por montos entre 8 mil y 13 mil dólares.
El primer indicio de lo que por lo menos es un desorden administrativo fueron las declaraciones del diputado pecenista Francisco Merino, quien con desconcierto manifestaba en enero de 2013 ante los periodistas que pagar 21 mil dólares por una escultura 'son cosas que no son correctas'. Añadió que las compras partían de un acuerdo de la junta directiva. Luego, el país se enteró de que los legisladores habían decidido clasificar como información reservada dicho acuerdo de junta directiva, aduciendo que contiene información personal sensible. En su resolución, la Sala de lo Constitucional explica a los diputados que esa pretensión de que publicar los nombres de los artistas y los marchantes (los dedicados a comercializar arte) afectaría su privacidad, “propiciaría el desconocimiento total de la identidad de aquellos funcionarios que toman decisiones de trascendental importancia para el país, como las adoptadas en el seno de la Asamblea Legislativa -aun cuando sean de carácter administrativo-”.
En cuanto al resto de gastos que a la junta directiva de 2012 le pareció pertinente ocultar están los destinados a comprar 12 televisores de 32 pulgadas, seis minilaptops, 100 prensacorbatas, 23 pulseras de plata con baño de oro de 18 kilates, 320 corbatas de seda y 100 carteras de bolsillo, entre otros, por un monto de 57 mil 537 dólares con 10 centavos. A eso se le suman 13 mil 900 dólares con 80 centavos en concepto de bebidas alcohólicas, con las que celebraron la fiesta navideña de ese año.
Sigfrido Reyes, quien desde cuando asumió por primera vez la presidencia legislativa en febrero de 2011 se comprometió a realizar una gestión transparente, que marcara la diferencia con el pasado, ha sido el principal opositor a que se hiciera público el monto de la compra de las obras de arte. A cambio, dijo que haría caso omiso de las críticas y se negó a dar declaraciones al respecto del proceso que se había seguido para adquirirlas.
Reyes estuvo los últimos días en el extranjero: decidió ir a expresar 'solidaridad' al pueblo palestino con un viaje a Palestina. Fue Enrique Valdés, como presidente en funciones del órgano legislativo, quien dio el pasado martes 12 la orden a la oficial de información de hacer públicos los datos. Esa orden, al igual que el fallo de la Sala, sin embargo, han sido cumplidos a medias. La información se le envió a Burgos, pero no aparece en el portal de transparencia de la institución. La resolución de la Sala también ordenaba publicar los acuerdos de junta directiva que constatan la decisión de comprar las pinturas, los regalos y el licor de la fiesta navideña de 2012, así como el que le daba carácter de reservado a esta información.
Los diputados Guillermo Gallegos, de Gana, y Merino, del PCN, dijeron luego de conocerse la resolución de los magistrados que entregarían la información, y que los motivos por los que no se había hecho pública eran que esos datos estaban relacionados con información personal, con información confidencial, que está protegida por la Ley de Acceso. Por eso esperaban a que la Sala resolviera el caso. “Hay que procurar que las instituciones no estén atendiendo peticiones absurdas”, agregó Merino, aduciendo que la actuación de los magistrados correspondía a un 'capricho de determinados sectores del país'.
La Asamblea ha acumulado varios casos en que ha decidido ocultar a los salvadoreños información sobre sus gastos. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, el Instituto de Acceso a la Información falló en contra de la junta directiva, que se negó a proporcionar a un ciudadano la lista de las 769 personas contratadas por pedido expreso de los diputados y sus correspondientes salarios. El caso nunca se resolvió, pues aunque el Instituto ordenó la entrega de la información, la directiva, encabezada por Reyes, decidió desacatar la orden, y ni siquiera las multas posteriores hicieron al diputado efemelenista cumplir la ley.
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