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Instituto de Acceso a la Información ordena publicar listado de asesores de diputados

El organismo garante del derecho a la información falló en contra de la directiva de la Asamblea, que se niega a proporcionar a un ciudadano la lista de las 769 personas contratadas por pedido expreso de los diputados y sus correspondientes salarios. El Instituto, además, estableció que cuando colisionen los derechos fundamentales del acceso a la información y el de la privacidad, prevalecerá el primero.

Élmer Menjívar

Fecha inválida
Gabriel Labrador / Foto: Archivo

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) multó este miércoles con 9,324 dólares (40 salarios mínimos) a la junta directiva de la Asamblea Legislativa, aduciendo que haber negado la información sobre los asesores a un ciudadano y al Instituto mismo ha sido una infracción muy grave a la Ley de Acceso a la Información Pública.

El IAIP, paralelamente, ordenó al máximo cargo de la Asamblea, el diputado efemelenista Sigfrido Reyes, que entregue la información solicitada por un ciudadano que llevó el litigio al Instituto. “Ordénase al servidor público Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, así como a la junta directiva de ese órgano del Estado que a través de su Oficial de Información permita al ciudadano Ángel Romero tener acceso a la información solicitada, entregándole un listado con los nombres y apellidos de los asesores de ese órgano del Estado”, reza uno de los puntos resolutivos de la sentencia emitida y suscrita por por cuatro comisionados del Instituto. El quinto comisionado, Jaime Campos, no participó en la votación debido a que él fue quien redactó el proyecto de resolución.

Con esta resolución, los diputados tienen tres días para publicar la lista de asesores tanto a nivel institucional como por grupos parlamentarios, junto al salario mensual que devengan, que es la información solicitada por Fernando Romero. El total de emplados de la Asamblea ronda las 1,500 personas, divididas en dos grandes grupos, una mitad integrada por aquellos que la administración legislativa considera necesarios para el funcionamiento de la institución, y la otra mitad, cuya contratación carece de justificación técnica y que obedece al clientelismo de los diputados y que está llena de historias de plazas fantasmas. Este último es el más grande de los grupos: son 769 empleados que trabajan para los partidos políticos.

En tres días hábiles, es decir el lunes próximo, si la Asamblea no apela, esta resolución quedará firme. Hace dos semanas, la junta directiva de la Asamblea había anunciado su intención de buscar que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia -la cámara del sistema judicial que dirime diferencias entre funcionarios públicos- emitiera una sentencia que los protegiera de brindar la información.

Los directivos legislativos, según informó el diputado Reyes en una de sus respuestas al Instituto de Acceso, determinaron que, contrario a lo que dice la ley, la lista de los 'asesores legislativos' y sus salarios es información confidencial. La Ley de Acceso a la Información lo que dice es que la información confidencial es la relativa a datos personales sensibles como estado de salud, creencias religiosas o preferencias sexuales. Así resolvió el Instituto en dos resoluciones consecutivas, y por eso ordenó a Reyes que diera la información al ciudadano Romero.

Esta tercera resolución, 25-A-2013, del Instituto, también ordena que Reyes gire instrucciones al oficial de información de la Asamblea Legislativa para que publique en el sitio web la información solicitada por el ciudadano Romero. El Órgano Legislativo tiene tres días para cumplir con ambas órdenes a partir de que la resolución quede firme.

En la resolución de 22 páginas, los comisionados del Instituto también construyen jurisprudencia al resolver cómo proceder cuando dos derechos fundamentales chocan, en este caso, el de la intimidad (que no es el caso del ciudadano Romero contra la Asamblea) y el derecho a la información: “Si se da el caso en que un dato que se pretende conocer evidencia el carácter de interés público y general, no existe –en principio- ningún tipo de limitación a su publicación, aunque pueda afectar la vida privada de las personas”, escribió el comisionado Jaime Campos, quien estuvo a cargo de la elaboración del proyecto de resolución según el artículo 87 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Este Instituto considera que aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático al igual que la protección a los datos personales, no pueden, de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la administración pública”, reza la resolución del IAIP.

Este proceso comenzó en julio, cuando el ciudadano Romero solicitó a la Asamblea una lista de los asesores contratados por los partidos políticos para servir a sus diputados, incluyendo sus salarios y su afiliación partidaria. El oficial de información de la Asamblea denegó el acceso a esos datos argumentando, contrario a la ley, que la información es confidencial y que, por lo tanto, no puede ser entregada a nadie.

Romero apeló ante el Instituto que, como medida cautelar, ordenó a Reyes y a la junta directiva de la Asamblea que le proporcionara una copia sobre la información que era el motivo de la apelación. Los diputados, a sabiendas de que se trataba de una petición que solo buscaba resguardar la información bajo discusión, tampoco entregaron esos datos. El Instituto dio 24 horas al Legislativo para que entregara la información pero este, nuevamente, incumplió.

La multa de 9,324 dólares que impuso el Instituto va dirigida contra los 14 diputados que componen la junta directiva de la Asamblea Legislativa. Aunque los legisladores de Arena declararon este jueves que consideran injusto que la multa los toque a ellos porque en Arena no estaban de acuerdo con la negativa de información, hace dos semanas el directivo arenero Roberto d´Aubuisson justificó la medida diciendo que ya se había dicho al peticionario que en el internet se podía hallar la información pedida, algo que no es cierto.

Los 14 integrantes deben pagar una parte de la sanción, de manera que a cada directivo le tocará pagar 659.57 dólares pues, según los comisionados de información, la desobediencia reiterada del Órgano Legislativo ante las órdenes del máximo tribunal en materia del derecho a la información pública constituyó una falta muy grave.

Los diputados sancionados son cuatro del FMLN, cuatro de Arena, tres de Gana, y tres del PCN. Cada uno de ellos, según el protocolo que se redactó al inicio de la legislatura, obtuvo una tarea administrativa por la cual velar. El diputado presidente del FMLN, Sigfrido Reyes, por ejemplo, es el único que ve el rubro de las contrataciones. A pesar de que cada bancada legislativa tiene su propio sistema para administrar el dinero destinado a contrataciones, quien las aprueba o rechaza es Reyes, quien, además, es el único diputado que tiene el panorama completo sobre las contrataciones en las que ha incurrido cada fracción legislativa.

Pero toda esa información es uno de los grandes secretos de Reyes, quien paradójicamente cuando asumió el cargo por primera vez, en febrero de 2010, prometió acabar con el secretismo y los abusos de recursos del Estado. En los últimos años se ha conocido, por ejemplo, de una oferta de soborno de un dirigente político a otro político, usando para ello un cargo en la Asamblea Legislativa. El exdirector del ISSS Óscar Kattán fue denunciado por Juan Pablo Durán por haberle ofrecido una plaza legislativa que ni siquiera necesitaba desempeñar para obtener la remuneración. La condición era que Durán abandonara el partido CD. Otro ejemplo es que los diputados de partidos como Gana y PCN tenían el promedio más alto de empleados partidarios al servicio de cada legislador: unos 23 empleados per cápita.

“Si alguien puede hablar de transparencia esa es la Asamblea Legislativa, hemos respetado la Constitución”, respondió Sigfrido Reyes ante preguntas de El Faro, el domingo 1 de septiembre, ya en pleno proceso en el IAIP. Roberto d'Aubuisson, segundo vicepresidente de la Asamblea, dijo a este periódico que no era responsabilidad de la institución “hacer el trabajo que deberían hacer los periodistas”. Según el legislador, la información solicitada por el ciudadano Romero se encuentra publicada aunque disgregada en el portal web de la Asamblea.

En el portal web solo se encuentra publicada información muy general, como la cantidad total de empleados contratados por la Asamblea -incluyendo los asesores- que trabajan para cada una de las fracciones legislativas. Reyes ha insistido en que esta información se encuentra disponible en la página web pero no es así, tanto que el Instituto ratificó que con esta práctica, los diputados también violan el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública que establece, en el numeral 6, que dentro de la información oficiosa que toda entidad estatal tiene que dar a conocer sin necesidad de una solicitud expresa está “la lista de asesores, determinando sus respectivas funciones”.

Los comisionados insisten en su resolución en cómo debe abordarse y resolverse la colisión de intereses: “El derecho a la información tendrá preeminencia respecto del derecho a la intimidad cuando sea necesario para asegurar la libre información en una sociedad democrática; es decir, siempre que exista un interés público legítimo que justifique la publicidad de la información”, explicaron los comisionados en su escrito.

El IAIP hace la diferencia entre interés público y morbo público o “interés del público”. “El derecho a la intimidad debe ceder cuando la información que se pretende transmitir se vincula directamente con cuestiones que resultan de interés o relevancia para la sociedad o vida comunitaria. En este supuesto, la libertad de información alcanza el máximo nivel de justificación en la intromisión a la intimidad de las personas, sean públicas o anónimas, resignándose los derechos subjetivos de la personalidad”.

Tras la resolución, la diputada de la junta directiva del FMLN Lorena Peña dijo que le parecía que los comisionados tenían un sesgo por haber resuelto de esa manera, según el Twitter de una periodista del canal 33.

Documentos relacionados:

Resolución 25-A-2013

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