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Tres expresidentes ISTA confiesan corrupción y son condenados a no cambiar de residencia

Efren Lemus
El Faro / Publicado el 5 de Julio de 2013

Los últimos tres presidentes del ISTA en gobiernos de Arena fueron condenados por incumplimiento de deberes debido a una entrega de tierras a falsos campesinos. A la condena a no cambiar de residencia se agrega la pérdida del derecho a optar a cargos públicos que prescribe la Constitución. Uno de los condenados es secretario municipal de la alcaldía de San Salvador y el otro es alcalde de Santa Isabel Ishuatán.

Los que fueran presidentes del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) entre 1999 y 2009 confesaron este jueves en un tribunal capitalino que no hicieron nada para revertir la entrega de 514 solares que la reforma agraria tenía destinados para campesinos sin tierra, pero que en 1997 terminaron en manos de parientes de los funcionarios y empleados del ISTA.

Uno de los exfuncionarios confesos y condenados por incumplimiento de deberes, Miguel Tomás López Iraheta (presidente del ISTA desde 1999 hasta 2007 y ex director ejecutivo del partido Arena), admitió además que ilegalmente dio tierras a dos guardaespaldas suyos, pues estos no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de las propiedades estatales. Él les adjudicó unos inmuebles en la parcelación Las Hojas II, en San Pedro Masahuat, departamento de La Paz; y en la hacienda San Andrés, común El Pastorcillo, en Ciudad Arce, La Libertad. Por esto también fue encontrado culpable del delito de actos arbitrarios.

El “minijuicio” en contra de López Iraheta y de José Armando Zepeda Valle (2007-2009) y Magdaleno Antonio Guzmán Díaz (marzo-mayo 2009) se realizó la mañana de este jueves en el Tribunal Sexto de Sentencia. De entrada, todo apuntaba a que las pruebas de la Fiscalía habían logrado doblar el brazo de los procesados, pues sus defensores habían anunciado un acuerdo con el Ministerio Público: “La defensa en su conjunto expresa que ha conversado con la parte fiscal e imputados, y están de acuerdo en que se aplique procedimiento abreviado en este caso”, anunciaron los abogados Fidel Marinero y Reynaldo González.

En el ámbito judicial, un procedimiento abreviado equivale a una negociación. Es un salvavidas para los procesados por delitos menos graves. Es un atajo para no ir a la cárcel. El imputado confiesa y su defensor se asegura de pactar con los fiscales una pena inferior a los tres años de prisión para que el castigo pueda ser cambiado por trabajos de utilidad pública o por reglas de conducta. Tomando en cuenta que la Fiscalía ya ha negociado condenas mínimas en otros casos de corrupción como el de la Dirección de Correos, el anuncio no sorprendía a nadie.

Ya con las cartas legales planteadas sobre la mesa, los tres expresidentes del ISTA se declararon culpables del delito de incumplimiento de deberes. Tomás López reconoció que cuando tomó las riendas de la presidencia de esa institución le fue notificada una auditoría que la Corte de Cuentas realizó ese mismo año 1999. En el caso de los 514 solares, el documento decía: “Se transfirieron tierras agrícolas a personas que no calificaban como campesinos sin tierra”.

Magdaleno Guzmán, alcalde de Santa Isabel Ishuatán y quien en abril pasado fue nombrado director del sector campesino de Arena, conocía desde antes los resultados del informe de la auditoría financiera que se realizó en el ISTA del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998. Él fue director suplente de la junta directiva del ISTA en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y participó en la adjudicación de los 514 solares, valorados en 61,564.60 dólares.

En el hallazgo 19 de esa auditoría dice: “Se dejó constancia que en las adjudicaciones de Junta Directiva en la hacienda Las Hojas I y II, fueron otorgadas a empleados, parientes de empleados y personas particulares como parte de una prestación del ISTA y que dicha modalidad de adjudicaciones no califica de acuerdo a los criterios establecidos por la ley”.

En este punto, las investigaciones muestran otro hecho relevante: pese a la gravedad del hallazgo, la Corte de Cuentas nunca informó a la Fiscalía sobre lo averiguado, a pesar de que es su obligación notificarlo al Ministerio Público cuando haya indicios de comisión de delitos. En esos años -y hasta 2011- la Corte de Cuentas estuvo conducida por dirigentes del partido PCN, histórico aliado de Arena.

En septiembre de 2011, El Faro reveló que en la lista de beneficiarios del ISTA se encontraba el diputado Francisco Merino, vicepresidente de la República en la fecha de la adjudicación y ahora diputado pecenista. También recibió un inmueble el empresario Jorge Alberto Rivas Hernández, socio de Merino. La Fiscalía dijo que ese caso lo debía investigar la Corte de Cuentas, mientras que el entonces presidente de esa institución aseguró que era un caso cerrado. El ISTA confirmó la entrega del inmueble al diputado Merino, pero se declaró con las manos atadas para denunciar el caso.

En el caso de José Armando Zepeda Valle, los fiscales lo acusaron de lo mismo que imputaron a los otros dos expresidentes: no haber hecho nada para recuperar los solares, pese que tenía amplia experiencia en los asuntos relacionados con la reforma agraria: desde el año 2002 hasta 2007 trabajó como gerente general del ISTA y, en los siguientes dos años pasó a ocupar la presidencia de esa institución. Él también confesó que no cumplió con su deber de intentar recuperar las tierras propiedad del Estado.

Una vez que los tres expresidentes del ISTA confesaron los ilícitos llegó un juego de números. Los exfuncionarios eran procesados por incumplimiento de deberes, un delito que puede ser castigado con prisión que va desde cuatro hasta seis años. Entonces, llega el atajo. Los abogados piden un procedimiento abreviado y ese “minijuicio” se convierte como en un detergente que encoge el castigo: con la confesión, la pena mínima puede ser un año de prisión y la máxima cuatro. La Fiscalía no se conformó con el castigo mínimo, pidió algo más que eso: un año y cuatro meses de cárcel. Esa es la condena que se le impuso a Tomás López, Magdaleno Guzmán y Armando Zepeda.

Y faltaba más. Tomás López, también exdirigente de otras instituciones vinculadas a la reforma agraria -fue jefe de planificación de la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (Finata) y presidente del Banco de Tierras y de la comisión liquidadora de ese banco a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa-, también era procesado por la entrega irregular de unos inmuebles a sus dos guardaespaldas. El 10 de diciembre de 2001 entregó a Wilfredo García y Yoni Fuentes un lote a cada uno en la parcelación Las Hojas II, cooperativa Brisas Marinas, en San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. Yoni, además, recibió un inmueble en la Hacienda San Andrés, común El Pastorcillo, La Libertad.

No era la primera vez que Wilfredo García recibía tierras del Estado. La comisión liquidadora del Banco de Tierras, que dirigía Tomás López, le había dado antes un inmueble en La Hacienda Flores de Fuego, cantón Soledad, en San Vicente. Los guardaespaldas no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios del ISTA y así lo confesó Tómas López. “Habiendo confesado cada uno los hechos, confesión que quedará transcrita en la sentencia definitiva”, reza el acta del tribunal.

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Miguel Tomás López, culpable de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Foto cortesía de Comunicaciones Centro Judicial de San Salvador.

Tomás López reconoció que cometió actos arbitrarios al entregar esas tierras a sus guardaespaldas. El castigo por ese delito es de dos a cuatro años de prisión. Pero, de nuevo, el procedimiento abreviado reduce la pena y abre una puerta para evitar la reclusión en un penal. Al aplicar ese procedimiento el castigo mínimo es de ocho meses de prisión y el máximo de dos años. La Fiscalía no se conformó con la pena mínima y pidió cuatro meses más de lo que establece la ley: un año de condena.

Al sumar los dos casos, Tomás López fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Los otros dos expresidentes, culpables del delito de incumplimiento de deberes, fueron condenados a un año y cuatro meses de cárcel.

El desenlace de la denuncia que presentó Carla Alvanés, expresidenta del ISTA, cuando asumió funciones en 2009 como parte del gobierno de Mauricio Funes, culminó con la decisión de la jueza Gladys Margarita Salgado. La pomposidad del lenguaje jurídico dice que lo que hubo fue “suspensión condicional de la ejecución de la pena”. Eso se traduce en una cosa: que mientras dure su condena, los imputados no podrán cambiar de residencia y tampoco podrán salir del país sin la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Ni la Fiscalía ni el apoderado del ISTA presentes en el “minijuicio” objetaron la decisión.

“Lamento que la Fiscalía no me haya llamado a declarar, a pesar de que estaba como testigo desde un inicio", dijo Carla Alvanés, al conocer el resultado del juicio. "Con mi declaración se hubieran dado insumos para poner una pena más grave. Conocía de manera perfecta el caso. Aplicar una pena baja está dando un mal precedente, cualquiera puede tomar esa resolución y burlar la administración de justicia. Queda en evidencia que cometieron un delito, lamento el tipo de pena, debieron ser sancionados con una pena mayor”, añadió la exfuncionaria que destapó el caso.

El tribunal también condenó a los tres expresidentes del ISTA a la pérdida de sus derechos ciudadanos e incapacidad para obtener toda clase de cargos públicos, aunque en el acta de la resolución de la jueza se da a entender que ese castigo, que tiene fundamento en la Constitución, está en suspenso: "Condénase a los imputados a las penas accesorias consistentes en la pérdida de los derechos de ciudadano e incapacidad para obtener toda clase de cargos públicos, así como recibir distinciones honoríficas, penas que quedarán en suspenso, al igual que la pena principal".

La Constitución de la República dice que los derechos ciudadanos -entre los cuales está el de optar a cargos públicos- se pierden si se sufre condena por la comisión de un delito.

Actualmente, dos de los condenados tienen cargos públicos: Armando Zepeda Valle es el secretario municipal de la alcaldía de San Salvador, la cual dirige el candidato a la presidencia Norman Quijano, de Arena; Magdaleno Guzmán es alcalde de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate, en el trienio 2012-2015.

Ante la duda sobre la posible pérdida de sus cargos, El Faro consultó vía Twitter al fiscal general de la República, Luis Martínez, quien respondí por el mismo medio que el secretario municipal capitalino pierde el cargo: "Debe dejar cargo en razón de condena", respondió, escueto. Sobre el caso de Guzmán no se pronunció.

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Magdaleno Guzmán, Miguel Tomás López y Armando Zepeda Valle, durante la audiencia. Foto cortesía Comunicaciones Centro Judicial de San Salvador.

La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 18 de julio, pero pocas cosas cambiarán hasta esa fecha: la condena a penas mínimas de los tres expresidentes del ISTA es un hecho consumado, si alguien quiere resarcir los daños al Estado debe iniciar una nueva y engorrosa demanda civil contra los exfuncionarios y 514 campesinos sin tierra seguirán sin tierra porque esos solares fueron entregados a particulares y empleados del ISTA que, en su mayoría, los han transferido a terceras personas, han sido dados en pago a instituciones financieras, están hipotecados y más de un inmueble fue heredado, según el Centro Nacional de Registros.

Tomás López y otros funcionarios del ISTA tienen pendiente una segunda investigación judicial por corrupción. El caso está en plena investigación en el Juzgado Quinto de Instrucción, instancia que investiga la contratación de promotores fantasmas.

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