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Los promotores fantasmas del ISTA

Efren Lemus
El Faro / Publicado el 19 de Noviembre de 2012
Tres expresidentes del ISTA malgastaron fondos públicos. Una parte del dinero que estaba destinado para un plan que beneficiaba a los expatrulleros se usó para pagar a promotores que cobraron, pero nunca hicieron trabajo alguno para el proyecto; a otros se les contrató para hacer campaña política. En esa lista de dudosos promotores está un diputado de Arena, Adelmo Rivas, quien defiende su contratación. La Fiscalía ha pedido a un juez que autorice un peritaje financiero-contable para tener la cifra exacta del fraude.

Manuel Bonilla Linares era apenas un nombre entre 818 promotores del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), que trabajaron en un proyecto para ayudar a los expatrulleros que inició en 2002 y terminó en 2009.

Manuel cobraba mensualmente casi $200 dólares, que eran mucho para lo que hacía en el proyecto: absolutamente nada. Manuel ni siquiera llegaba a su lugar de trabajo.

Su caso no era único. En el proyecto, llamado “Seguridad ciudadana en el sector Agropecuario”, el ISTA también contrató como promotores a Enma Romero de Bonilla, a Rigoberto Pineda Palacios , a Jorge Hidalgo Fajardo… y a al menos otras siete personas que nunca cumplieron con su contrato y que nadie esperaba que lo hicieran. Es decir, que nunca perfilaron a los posibles beneficiarios del proyecto, no elaboraron una base de datos, no recopilaron la información sobre los programas sociales que necesitaban los expatrulleros. No cumplieron ninguna de las funciones por las que puntualmente cobraron su salario sin contratiempos.

El proyecto nació como una respuesta de la administración de Francisco Flores a las demandas de los ex patrulleros que algunos meses antes, en 2001, protagonizaron manifestaciones y bloqueo de calles exigiendo al gobierno una compensación económica por su participación durante la guerra. Ellos formaron parte de las escoltas o patrullas civiles que, en la década de los ochenta hasta la firma de los Acuerdos de Paz, apoyaron al Ejército en su lucha contra la guerrilla y se quejaban de que no haber recibido beneficios por sus acciones.

El gobierno necesitaba bajar presión a las insistentes demandas. La administración Flores, entonces, comenzó a diseñar un plan de desarrollo rural y se comprometió con nueve organizaciones de expatrulleros a beneficiarlos con un programa de entrega de tierras que incluía créditos agrícolas, subsidio para construcción de viviendas, pensiones, becas y capacitaciones. Ese plan terminó bautizado como “Seguridad ciudadana en el sector Agropecuario”.

Una parte del proyecto -la principal en cuanto a la entrega de tierras- nació de un convenio entre el Ministerio de Gobernación y el ISTA. El 1 de febrero del 2002, el ministerio desembolsó 160 mil dólares y el ISTA se comprometió a ejecutarlos en un plazo de seis meses, con el acuerdo prorrogable.
El convenio se prorrogó a los siguientes seis meses. Y al siguiente año también. Y así, desde el 2002 hasta el 2009, y el total de dinero que el Ministerio de Gobernación entregó al ISTA fue de 2 millones 722 mil 687 dólares.

El proyecto pretendía beneficiar a 40 mil personas, a quienes se les integraría al programa de solidaridad rural, cooperativas y beneficios individuales como becas y capacitaciones.

En el apartado de transferencias de tierras, el acuerdo firmado entonces entre el ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, y el presidente del ISTA, Miguel Tomás López Iraheta, establecía que el ISTA pagaría todos los costos de escrituración e inscripción de las parcelas agrícolas y que los fondos aportados por Gobernación serían utilizados para el pago de coordinadores y promotores que obtendrían la información de campo, organizarían y ejecutarían el proyecto. Ese debía ser el único destino del dinero.

Los expatrulleros también lograron negociar con el gobierno que los coordinadores y promotores debían salir de alguna de las nueve organizaciones que trabajaban con ese sector. En teoría, ellos tenían el contacto con los afectados, conocían sus problemas y, por lo tanto, sus propuestas para el desarrollo agrícola serían más acertadas. Pero muchos de los promotores que la Fiscalía investiga nunca fueron patrulleros. Entre ellos el diputado de Arena Adelmo Rivas, quien en ese momento dirigía una cooperativa asociada al ISTA y era diputado suplente por Arena (ver nota aparte).

Manuel fue uno de los primeros testigos que hace un año llegó a declarar a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que investigaba la denuncia que el entonces ministro de Gobernación, Humberto Centeno, interpuso contra tres de sus antecesores el 2 de octubre del 2009.

Acorralado por los documentos que confirmaban que cobró dinero del ISTA, confesó que nunca había dedicado tiempo al programa que beneficiaba a los expatrulleros. Lo mismo dijo Enma.

En un documento judicial, los fiscales resumen así las declaraciones: “La única actividad que se les requirió que realizaran de parte del ISTA fue realizar campaña política a favor de Arena, de forma encubierta”.

Los testigos dijeron que el entonces presidente del ISTA, Miguel Tómas López Iraheta (1999-2007) en realidad lo que les había solicitado es que se reunieran con cooperativistas, campesinos, asociaciones de agricultores y que expusieron los “beneficios” de la política agraria que impulsaba Arena. En otras oportunidades fue un empleado de Gobernación, el coronel Jorge Alberto Murcia, quien les pidió que se dedicaran a esas actividades proselitistas.
Murcia tenía el cargo de Técnico Especialista II, asesor del Ministerio de Gobernación, que había sido designado por esa cartera de Estado para controlar el correcto gasto de los desembolsos que ese ministerio hacía al ISTA como parte del programa de ayuda a los expatrulleros. Ese control falló: el ISTA contrató a personas que no aplicaban como promotores y utilizó fondos públicos para pagar por un servicio que nunca recibió.

“Ya se habían establecido ciertos requisitos que se debían cumplir, pero no se cumplieron; porque le estoy hablando de que personas que no tenían ningún contacto con los expatrulleros, nunca se reunían con expatrulleros, en ocasiones se les decía: sigan haciendo lo que hacen normalmente. Solo les ponían un requisito: hagan campaña”, dice Yohana Rivas, la fiscal que dirige la segunda investigación judicial contra López Iraheta.
El Faro intentó conocer la versión del defensor de López Iraheta, el abogado Fidel Marinero, pero no se encontraba en su despacho ni correspondió la llamada.

En mayo del 2011, el expresidente del ISTA fue acusado de entregar ilegalmente unas parcelas agrícolas a sus guardaespaldas; a López Iraheta y sus dos sucesores –Armando Zepeda y Magdaleno Guzmán- también se les reprocha que no recuperaron 514 solares que el ISTA entregó a sus empleados, pese a que la Corte de Cuentas pidió anular esas adjudicaciones. Ese litigio está suspendido porque la Corte Suprema no ha confirmado ni anulado una resolución previa que favoreció a los tres expresidentes del ISTA.

En septiembre del 2012 se abrió una segunda investigación contra los tres expresidentes del ISTA. Tomás López Iraheta (1999-2007); José Armando Zepeda Valle (2007-2009); y Magdaleno Guzmán (marzo-junio 2009) acusados de permitir que terceras personas se adueñaran ilegalmente de fondos públicos.

En el caso del programa de “Seguridad Ciudadana en el Sector Agropecuario”, los tres expresidentes contrataron a más de una docena de personas como promotores sociales, les pagaron con fondos del convenio de “Seguridad ciudadana en el sector agropecuario”, pero esas personas no hicieron trabajo alguno en favor de los expatrulleros.

Los expresidentes del ISTA no son los únicos demandados. La Fiscalía también procesa a cuatro exempleados públicos por complicidad en el peculado y la malversación de fondos: Julio Roberto Díaz Ramírez, Edgardo Juan Ricardo Lemus Saurbrey y Salvador Edmundo Lemus, exgerente y exjefes de recursos humanos del ISTA, respectivamente; y Jorge Alberto Murcia Recinos, el empleado de Gobernación que debía controlar el correcto uso de los fondos del convenio.

En la lista de personas procesadas en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador también figura el presidente de una asociación de cooperativas: Daniel Argueta. Él habría negociado que nueve miembros de la asociación fueron contratados como promotores sociales, pero nunca realizaron tal trabajo. Siguieron trabajando para su cooperativa, pero con un sobresueldo que salió del erario público…

Los testimonios recabados por la Fiscalía consignan que Miguel Tomás López también contrató como promotores a los policías asignados para su custodia personal.

Miguel Tomás López ante la comisión de medio ambiente de la Asamble Legislativa en abril 2007. Foto El Faro

Miguel Tomás López ante la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa en abril 2007. Foto El Faro


En la práctica, los 200 dólares que recibían por el trabajo de promotores que nunca realizaron era un “ingreso extra” otorgado por el hombre al que cuidaban; incluso cuando Miguel Tomás López dejó la presidencia del ISTA, los agentes siguieron cuidándolo y cobrando extra como promotores.
López Iraheta renunció al ISTA el 4 de junio del 2007, después de una serie de reportajes de El Faro sobre irregularidades en la entrega de tierras protegidas. Pese a que ya no formaba parte del gabinete de Antonio Saca, mantuvo el privilegio de la seguridad pagada con fondos públicos hasta febrero del 2009. La Fiscalía reprocha que los siguientes presidentes del ISTA, Zepeda Valle y Guzmán, no subsanaron esa irregularidad.

A los expresidentes del ISTA también se les cuestiona la contratación de nueve miembros de la Asociación de Cooperativas de Producción Agropecuaria Integradas (Acopai); entre ellos el actual diputado Santos Adelmo Rivas Rivas (nota aparte). “Se ha determinado que nunca realizaron ninguna labor en el ISTA, ni en ninguna dependencia. Otras personas dijeron que sí habían realizado las funciones de promotores sociales, pero también se les había solicitado que realizaran labores de campaña política” a favor de Arena, dice Rivas.

López Iraheta se desempeñó como director ejecutivo del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (COENA) comandado por el entonces presidente de la República Elías Antonio Saca y luego pasó a responsable del sector de salvadoreños en el exterior. 

¿Cuál es la responsabilidad del partido que se benefició de esos fondos públicos para hacer campaña?

“Por el momento, no se ha determinado si el partido tenía conocimiento de eso, por lo tanto no se les puede deducir ninguna responsabilidad, a menos que surja algún elemento, se harán las valoraciones necesarias”, dice la fiscal Rivas. “Falta verificar toda esa información. Por el momento, no se cuenta con la información suficiente como para deducir responsabilidad del partido. Está claro que la motivación de él era beneficiar al partido, pero no se ha podido establecer en estos… con los otros miembros del Coena”.

Lea el caso del diputado Santos Adelmo Rivas: diputado, dirigente agrícola y promotor del ISTA 

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