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Corte Interamericana condena a El Salvador por la masacre de El Mozote

AFP / El Faro
El Faro / Publicado el 10 de Diciembre de 2012
El Estado salvadoreño pasó 11 años negando que hubiera ocurrido la matanza perpetrada exactamente hace 31 años por el Batallón Atlacatl. El máximo organismo de justicia en materia de derechos humanos en el continente concluyó que El Salvador violó el derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada, y que negó a las víctimas y parientes el derecho a la justicia.

San José, diciembre 10. Justo 31 años después de ocurrida la matanza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a El Salvador por la muerte de más de mil civiles desarmados -450 de ellos niños- a manos de los militares en 1981, en la peor masacre perpetrada durante la guerra civil que sufrió ese país centroamericano de 1980 a 1992.

El tribunal, con sede en San José, declaró "por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada" en la matanza de El Mozote, según la sentencia difundida este lunes.

En el marco de la guerra civil salvadoreña, tropas del ahora batallón Atlacatl arremetieron, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, contra los civiles de siete comunidades de El Mozote, unos 200 kilómetros al noreste de San Salvador, incluidos niños, mujeres y ancianos.

La Corte declaró "responsable al Estado por la violación al derecho a la vida y a los derechos del niño, en razón de las ejecuciones perpetradas" y estableció "que algunas mujeres fueron sometidas a violencia sexual, lo cual violó su derecho a la integridad personal y a la vida privada", según el fallo.

Con el fin de la guerra civil, una Comisión de la Verdad creada por la Organización de las Naciones Unidas responsabilizó en 1993 de la matanza a varios militares, algunos de los cuales murieron durante la guerra.

No obstante, la masacre, que conmocionó a la comunidad internacional, quedó impune en virtud de una Ley de Amnistía de 1993, por lo que las víctimas, apoyadas por organizaciones civiles, recurrieron al tribunal del sistema interamericano.

La Corte señaló que "la obligación de investigar persiste para el Estado hasta que se realice un juzgamiento adecuado y (...) se sancione a todos los responsables de las violaciones".

El tribunal condenó al Estado salvadoreño por violación al derecho a la propiedad privada porque "en la operación militar las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias, les quemaron sus viviendas y sus cultivos, y mataron a sus animales". El organismo dijo que no se puede establecer con precisión la cantidad de víctimas de la matanza, aunque los demandantes, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) contaban ya más de 950 personas hace un año.

Como medidas de reparación, la Corte ordenó investigar a fondo los hechos, concluir el censo sobre las víctimas -el número exacto se desconoce-, "asegurar" que la Ley de Amnistía no sea un "obstáculo" para la investigación, "realizar las exhumaciones necesarias", y la "identificación" y "entrega" de restos a los familiares.

El tribunal dispuso el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas -cuyo monto no fue precisado en el informe- y programas de atención sanitaria en su favor, así como "implementar un programa permanente y obligatorio sobre derechos humanos dirigido a la Fuerza Armada salvadoreña", según el fallo.

La sentencia menciona también que el Estado es responsable por la violación al derecho a la justicia que tienen las víctimas y sus parientes. Expone que tanto la actuación de un tribunal de San Francisco Gotera, en 1993, como la de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, en el año 2000, constituyen denegatoria de acceso a la justicia. El juzgado de San Francisco Gotera es el que, una vez acabada la guerra, recibió denuncias de sobrevivientes y parientes de los asesinados, pero terminó sobreseyendo. Y la Corte Suprema declaró en 2000 que la Ley de Amnistía de 1993 es constitucional.

"La Corte estima pertinente reiterar que, con motivo de la denegación de justicia en perjuicio de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como lo es una masacre, se presenta una diversidad de afectaciones tanto en la esfera individual como colectiva", dice la sentencia.

En un acto simbólico celebrado en enero pasado, Mauricio Funes, primer presidente de izquierda en la historia de El Salvador, pidió perdón a los familiares de las víctimas de El Mozote por las violaciones a los derechos humanos cometidas por tropas gubernamentales.

En esa ocasión, el presidente anunció que había instruido a la Fuerza Armada a dejar de honrar la memoria de violadores de derechos humanos al considerarlos héroes de guerra. Aunque no mencionó nombres, su alusión era clara al coronel Domingo Monterrosa, comandante del Batallón Atlacatl, quien murió años después producto de un atentado dinamitero de la guerrilla al helicóptero en que viajaba.

Los militares consideran a Monterrosa un héroe de guerra, y en honor de él lleva su nombre la 3a. Brigada de Infantería, con sede en San Miguel. Otro de los responsables de la matanza, el mayor José Armando Azmitia, dio su nombre al Destacamento Militar en el departamento de La Unión. 11 meses después de la orden de Funes a los militares de dejar de llamar héroes a violadores de derechos humanos, esos cuarteles mantienen sus denominaciones.

Con actos culturales y religiosos, unos 500 salvadoreños iniciaron el sábado en El Mozote una jornada de cuatro días de conmemoración del 31 aniversario de la masacre, con la colocación de ofrendas florales en el monumento dedicado a las víctimas.

El conflicto bélico que enfrentó a los gobiernos de extrema derecha y sus tropas contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy en el poder, dejó unos 75. mil muertos y concluyó con la firma de acuerdos de paz en enero de 1992.

En diciembre del año pasado, El Faro publicó una crónica y un vídeo documental que revelaron la amplitud de la matanza, que ratificaron la versión de los escasos sobrevivientes de que se trató de un operativo de tierra arrasada, y que evidenció que los parientes de los asesinados o los que lograron escapar de la muerte siguen esperando que se les haga justicia.


Lea las 177 páginas de la sentencia que incluye un anexo con los nombres de todas las víctimas registradas.
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