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El FMLN propone que, por ley, el Estado sea el mecenas de las artes en El Salvador

María Luz Nóchez
El Faro / Publicado el 3 de Diciembre de 2012
Mientras la Presidencia de la República aspira a entregar su borrador de Ley de Cultura a la Asamblea Legislativa en enero, el FMLN empuja una propuesta que toca fibras sensibles: propone un Estado benefactor de la plástica, la prohibición de la censura en las manifestaciones artísticas y la devolución de tierras y recursos comunales a los pueblos originarios. La fórmula presidencial del Frente endosó la iniciativa.

Los artistas plásticos de El Salvador podrían encontrar en el Estado el mecenas que por años el gremio ha reclamado. En su propuesta de Ley General de Arte y Cultura, el FMLN propone que por cada edificio nacional que se construya, a partir de la entrada en vigencia de la normativa, se reserve un espacio para pinturas, esculturas o murales que reflejen motivos históricos nacionales. Esto supondría un alivio para aquellos que, por la falta de compradores, han tenido que acumular sus obras en el estudio y para quienes reclaman al gobierno la invisibilización de la cultura en la esfera nacional.

La dirigencia del FMLN endosó el proyecto de Ley de Cultura en acto de presención en el Palacio Tecleño el 20 de octubre de 2012. En la mesa de honor, de derecha a izquierda, la diputada Lorena Peña, el candidato presidencial Salvador Sánchez Cerén, el secretario general Medardo González y la consultora Breni Cuenca.

La dirigencia del FMLN endosó el proyecto de Ley de Cultura en acto de presención en el Palacio Tecleño el 20 de octubre de 2012. En la mesa de honor, de derecha a izquierda, la diputada Lorena Peña, el candidato presidencial Salvador Sánchez Cerén, el secretario general Medardo González y la consultora Breni Cuenca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta es que la obligación de contratar a un artista para que plasme su obra en un inmueble, se aplicará para las construcciones de mayor dimensión. 

Esta inclusión, que permitiría revestir los edificios del gobierno y las alcaldías con imágenes históricas a elección del autor (Art. 180), se conjuga con la prohibición expresa de cualquier tipo de censura “por la forma y el contenido ideológico y artístico” de obras, actividades y proyectos culturales. Así, los artistas adquieren un refuerzo a la garantía de la libertad de expresión, contemplado en el artículo 6 de la Constitución.

Con este apartado El Salvador ratifica, de alguna manera, el compromiso adquirido al suscribirse en 2005 a la Convención sobre la protección y promoción de las expresiones culturales, y garantizaría, en teoría, el respeto de las propuestas artísticas. Hay experiencias recientes en otros países que demuestran, sin embargo, que la no censura siempre trae perjuicios al artista, aunque sea de forma indirecta. Para muestra la polémica que se desató a finales de octubre de este año en Lima, Perú (país que ya ha ratificado la convención) por la muestra “Así sea”, de la artista visual Cristina Planas. Los conservadores vecinos de la Sala Cultural Miró Quesada recolectaron firmas en internet como medida de presión y lograr que se desmontara la exposición que jugaba con la figura de Jesús y algunos santos. Aunque las fechas establecidas de exhibición se respetaron, la intolerancia dejó como saldo la destitución del director y curador de la Sala, Luis Lama.

En teoría, con una ley salvadoreña como la propuesta por el FMLN, un episodio similar a este sería imposible en El Salvador. La destrucción del mural de Catedral Metropolitana constituye, sin embargo, un precedente de censura por intolerancia, según admitió el obispo José Luis Escobar Alas, al declarar que constituía símbolos contrarios al catolicismo: "En la parte principal estaba colocado el símbolo de la masonería, el triángulo con el ojo iluminado", dijo el año pasado, cuando justificó su actuación, que nunca fue sancionada por la Secretaría de Cultura.

Ante la posibilidad de que al entrar en el debate legislativo se genere resistencia a este artículo, ya que puede abarcar desde la utilización del arte con fines proselitistas partidarios hasta la legitimación de los derechos de la comunidad LGTBI, Breni Cuenca, consultora encargada del borrador de ley, subraya que “lo importante es que estén todos los principios de la ley, porque ese es el marco que permite que un ciudadano tome una iniciativa de defensa”.

Es importante tomar en cuenta que si bien la Constitución concede al ciudadano la difusión libre de sus pensamientos, especifica que no deben subvertir el orden público ni lesionar la moral, y somete los espectáculos públicos a censura conforme a la ley. De hecho, en los últimos doce años, el cine ha sido el más recurrente en las discusiones de la Dirección General de Espectáculos Públicos. Como censor delegado para decidir sobre la proyección o no de la oferta cinematográfica, han marcado precedente con títulos como "Viólame", "La Puta y la Ballena", "Estigmata", "El Crimen del Padre Amaro" y "La Yuma", con fallidos intentos para evitar que se exhibieran o editar el título original. A nivel latinoamericano también hay precedentes que sentaron jurisprudencia en la materia, como la decisión de Chile en 1999 de censurar el filme "La última tentación de Cristo", que fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Otro caso emblemático que ilustra las libertades que tendrían los artistas, si se aprueba esta redacción, es el de las integrantes del grupo de punk-rock ruso Pussy Riot. Tres de sus integrantes han sido condenadas a cumplir una pena de dos años en prisión por haber irrumpido, en febrero de este año, en la Catedral de Moscú para entonar una oración punk contra el presidente Vladímir Putin. A nivel local, solo el Movimiento de Artistas Independientes (MAI) ha realizado acciones similares, como la “Vigilia por la cultura”, frente a las instalaciones de la Secretaría de Cultura de la presidencia para manifestarse contra la gestión cultural desde la época de Roberto Galicia (1996) hasta Magdalena Granadino, en el cargo desde este año.

Estas y otras propuestas vindicativas se extienden en 281 artículos repartidos en los 14 títulos entregados formalmente a la Asamblea Legislativa el 21 de noviembre, que serán sometidos al escrutinio de los técnicos y diputados de la Comisión de Cultura y educación, a partir de enero próximo, según estimaciones de Jaime Valdez, diputado del FMLN y presidente de la comisión. La puesta en agenda del tema depende, básicamente, de que concluyan las discusiones respecto a la Ley de Ciencia y Tecnología, y de que ingrese por lo menos una propuesta de Ley de Cultura distinta a la del FMLN. Esa podría ser la que prepara la Secultura, que tiene previsto presentar su borrador a finales de enero de 2013, después de que en agosto pasado desechó una propuesta preparada por esa institución en conjunto con el consultor colombiano Gonzalo Castellanos.

Otro de los puntos cruciales de la propuesta son los derechos de los pueblos originarios expuestos de los artículos 37 al 50. Entre ellos destaca el artículo 45, que habla del derecho a las tierras y recursos comunales de los pueblos originarios. Este apartado legitima la propiedad de tierras y territorios de los que sus dueños originales han sido privados paulatinamente, y plantea medidas de “restitución o de justa indemnización”.

Aunque existen vacíos en cuanto a la manera en que funcionaría, Wilfredo Zepeda, secretario adjunto de Arte y Cultura del FMLN, no se atreve a hablar de expropiación de propiedades, y agrega que el mecanismo de entrega podría ser a través de un programa de transferencia de tierras, en el cual el Estado compraría las tierras a los tenedores y posteriormente las trasladaría a los dueños originales. Según Zepeda, la ley establecerá lo que se debe hacer en casos determinados, “una vez aprobada, su funcionamiento depende de las políticas públicas adoptadas por un ministerio o cualquier otra entidad”.

Respecto al Patrimonio Cultural, el proyecto hace una declaratoria de utilidad pública e interés social de la protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural salvadoreño; hace la distinción entre los bienes patrimoniales constitutivos, como el extinto mural de Catedral Metropolitana, y los declarados, como Joya de Cerén; y establece un régimen de protección de bienes materiales (muebles o inmuebles) e inmateriales, que incluye las manifestaciones artísticas, plásticas, lingüísticas, científicas, testimoniales, bibliográficas, entre otras.

Al registro de bienes culturales muebles e inmuebles que ya contempla la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, se suman el Censo Nacional de bienes culturales patrimoniales y el Atlas arqueológico de El Salvador. El documento tipifica, además, la destrucción intencional del patrimonio cultural, el saqueo de bienes materiales, la prohibición de la comercialización de bienes arqueológicos muebles. Eso está recogido en el Título VII.

En cuanto a este mecanismo de inventariado, Cuenca precisa que el éxito dependerá de la participación y convicción de la sociedad para proteger el patrimonio cultural: “No podés ir a hacer una inspección casa por casa, El Salvador es un sitio arqueológico en gran medida. La gente encuentra una piececita y la guarda”. La consultora está convencida de que en muchos casos las piezas tendrán que quedarse con sus actuales propietarios, debido a la falta de espacios del Estado para ponerlas en exhibición, pero que al formar parte del proceso de catalogación permite ubicar los vestigios que, a posteriori, podría necesitar para su investigación un arqueólogo o historiador.

Licenciatura en artes

Otra de las realidades que propone la normativa es la educación artística formal, más allá de lo propuesto en los planes de estudio del Ministerio de Educación, y se eleva a carácter obligatorio en todos los niveles, en el sistema público y privado. En el caso de las universidades, tanto el Ministerio de Educación (Mined) como el Instituto Superior de las Artes (Isar) decidirán sobre los planes de estudio y programas de artes.

Desde la desaparición del Bachillerato en Artes con la Reforma Educativa de 1997, el Centro Nacional de Artes (Cenar) ofrece cursos y talleres en música, teatro, artes visuales y danza, a través de la Escuela Nacional de Danza “Morena Celarié”, sin dar ningún tipo de certificación profesional. Con la creación del Isar se reactivaría la especialización de pregrado y el pensum se conjugaría con el de las disciplinas del instituto, de manera que se garantice una secuencia en el currículo. Paralelo al Isar, también se propone la instauración del Centro de Formación de Escritores, que tendrá autonomía para determinar el plan de estudios, aunque dependa del instituto.

La institucionalidad también subiría de rango al transformar la actual Secretaría de Cultura en un Ministerio de Cultura, bajo el alegato de que eso permitiría tener voz y voto en materia presupuestaria, ya que desde el Ejecutivo, además del presidente, solo los ministros tienen la potestad de decidir sobre los fondos que se dirigen a cada cartera de Estado. Con la creación del Ministerio se activaría una política de Estado que establece la cultura y el arte como un servicio público, cuya inducción iniciaría por sus empleados.

Cuenca, que dirigió la primera gestión de Cultura en el gobierno de Mauricio Funes, sostiene que "hace falta una sintonía de perspectivas y objetivos para que los empleados se sientan comprometidos en una tarea importante para el país".

El gran rector de los ingresos del ministerio sería el Fondo Concursable para la Cultura y las Artes (Foncca), el fideicomiso que redistribuirá los recursos estatales y donaciones para proyectos, estudios y actividades artísticas, científicas y literararias. Con el afán de promover la transparencia, el Foncca conformaría un Consejo directivo que reúne a representantes de las direcciones nacionales, de otros ministerios y de distintos gremios intelectuales, entre ellos, curiosamente, el de periodismo cultural (Art. 98). La decisión responde, según los gestores de esta ley, a conceder un espacio privilegiado para conocer de primera mano cuáles son las prioridades de inversión. La inclusión del "gremio" no lo dota, sin embargo, de voto. Ese derecho está reservado, entre otros, para el presidente del Foncca, el subsecretario de Transparencia, el presidente del Banco Central de Reserva, los representantes de los donantes internacionales y privados.

La presentación en sociedad

El pasado 20 de noviembre, Santa Tecla se convirtió en la sede de la presentación de la Ley de Arte y Cultura del FMLN, un escenario que por tercera vez juntaba públicamente a Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz, siendo esta la primera como compañeros de fórmula oficializados por su partido. Aunque el alcalde llegó tarde a su palacio, Sánchez Cerén aprovechó para visitar la muestra de pintura de artistas salvadoreños, estrechar la mano a los protagonistas del producto con el que estaba a punto de comprometerse, e incomodarse por las preguntas de la prensa sobre la encuesta más reciente que le daba una desventaja de 13 puntos frente a su opositor.

El protagonismo se lo llevaron las interpretaciones de Nadia Maltez, la agrupación Canto Nuevo, y Eunice Payés, quienes desde el escenario dotaron a la ceremonia de un aire de festival que hacía intermedios con los discursos. Aunque la mesa que presidía el acto también la rellenaban Breni Cuenca y Jaime Valdez, solo Lorena Peña, Sánchez Cerén y el concejal Franklin Martínez tuvieron acceso al micrófono. Martínez tuvo que tomar el lugar de Ortiz, quien 30 minutos después de empezar la actividad aún no había ocupado su lugar en la mesa de honor.

Peña, secretaria de cultura de su partido y principal impulsora del proyecto de Ley en la Asamblea, llegó hasta el podio para hacer un recuento de los puntos con mayor potencial transformador de la propuesta, título por título: la creación del ministerio, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y la creación de un régimen especial de salud del Seguro Social. Aprovechó su intervención para jactarse de que "nuestra ley recoge los postulados más avanzados en legislación internacional de derechos culturales" y reafirmó el interés del FMLN en el desarrollo de esta ley. Entre los miembros del partido que se hicieron presentes, aparte de Jaime Valdez, presidente de la Comisión de Cultura y Educación, y la dupla presidencial, fueron la diputada Lourdes Palacios y el exministro de Seguridad Manuel Melgar.

Antes de la presentación, ya se había anticipado que la presencia de los candidatos respondía a la adquisición de compromisos con la comunidad artística. Luego de elogiar la noche y citar la introducción de "Al otro lado del mar", de Jorgelina Cerritos, y hacer mención de su propio libro, Sánchez Cerén asumió una postura crítica hacia el trato desigual que recibe la cultura desde el Ejecutivo. Aseguró, no obstante, que "los vientos de cambio llegaron para quedarse", razón por la que se comprometió a pedirle a los diputados de su partido que aprueben en un tiempo "prudente" la Ley, y a poner la cultura al mismo nivel de la seguridad y la economía.

Ortiz, quien ha sido elogiado por su visión de desarrollo de ciudad a través de la cultura, fue la figura más ausente de la noche. Su participación al frente de la tarima se limitó a posar para que los medios obtuvieran la foto oficial de la fórmula presidencial y, terminado el evento, a contestar las mismas preguntas incómodas que habían asediado antes a su compañero sobre la diferencia de intención de votos frente al partido Arena.

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