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Sala de lo Constitucional rechaza recurso de militares

Corte deniega a España captura de militares acusados de masacre de jesuitas

Sergio Arauz y Efren Lemus
El Faro / Publicado el 25 de Agosto de 2011
Mientras la Corte Suprema de Justicia determinó por mayoría que la difusión roja de Interpol no faculta a la Policía Nacional Civil para detener a los militares, sino solo para ubicarlos, la Sala de lo Constitucional denegó a los acusados la petición de liberación por detención arbitraria que alegaban.

El máximo tribunal de justicia salvadoreño emitió este miércoles dos resoluciones en sentidos opuestos, favoreciendo una a los nueve militares contra los que España pide detención por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y la otra denegando a los acusados el derecho a libertad por supuesta detención arbitraria.

La Corte Suprema de Justicia, que reúne a 15 magistrados de todas las salas, resolvió por mayoría denegar a la Audiencia Nacional la petición de aprehensión de los acusados, argumentando que la difusión roja de Interpol solo sirve para localizar a los militares acusados de crímenes de guerra y de asesinato terrorista. Con 10 votos, la Corte plena favoreció los intereses de los procesados por el juez Eloy Velasco.

"La Corte determinó que lo que tienen es una difusión roja, medida administrativa para ubicación, que puede ir acompañada o no de una solicitud de extradición que debe hacer el Estado requirente al Estado requerido", dijo el principal vocero de la Corte, Ulices del Dios Guzmán. El magistrado explicó que aunque hay un acuerdo, aún no está firmada la resolución. La resolución implica que los militares pueden salir de las instalaciones militares donde se refugiaron desde el pasado 7 de agosto, tres días después de que la Policía Nacional Civil hubiera recibido las órdenes de captura internacional de Interpol y se hubiera abstenido de ejecutarlas. 

Guzmán dijo que según el convenio de extradición solo el Ministerio de Justicia de España puede solicitar la extradición de los procesados por la masacre de los sacerdotes jesuitas. "Hasta el momento no lo ha hecho", aclaró. 

En esta decisión no participaron los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que este mismo día, mientras su colegas de Corte plena resolvían a favor de los implicados en el caso jesuitas, rechazaban la petición de habeas corpus que habían hecho los militares, con el fin de invalidar cualquier posible detención.

"Nosotros resolvimos que no tenemos competencia para revisar la jurisdicción de un juez extranjero", explicó el magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional, al referirse a la decisión del juez español Eloy Velasco de considerar que en El Salvador no se hizo justicia y por lo tanto requerir la captura de los imputados. "Ya se les había prevenido, a quienes pidieron habeas corpus, que respondieran si estaban detenidos o no", añadió el magistrado constitucionalista. En un comunicado de la Corte Suprema de Justicia se explica que la Sala de lo Constitucional no encontró indicios de que la PNC o Interpol hayan violado el derecho a la libertad que los militares reclamaban.

La oficina de Interpol en San Salvador recibió el 4 de agosto la orden de captura internacional girada por Velasco. La mayoría de los 10 nombres pertenecen a una generación conocida como "La Tandona". Aunque la Policía ya tenía vigilancia de los procesados –según una denuncia que los acusados presentaron a la Corte Suprema de Justicia-, la Policía no ejecutó el mandato de Interpol y mejor decidió mantener engavetado el documento.

La detención provisional con miras a la extradición nunca se hizo efectiva en el caso de los 10 militares -uno de ellos, el general René Emilio Ponce, falleció el pasado 2 de mayo-, pero aun así los magistrados en Corte plena determinaron que los procesados pueden seguir en libertad.

La decisión causó la reacción crítica de la abogada Almudena Bernabéu, del Center for Justice and Accountability (CJA), organismo no gubernamental con sede en California, Estados Unidos, que es querellante en España contra los militares. "En un país normal, democrático, te llega una orden de arresto y tú arrestas de manera preventiva sin nunca violar las leyes del país requerido", dijo. 

En Estados Unidos, otro de los implicados, el ex viceministro salvadoreño de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, fue retenido la mañana de este martes 23 de agosto por autoridades federales en Massachusetts, Estados Unidos, acusado de mentir sobre su pasado en las declaraciones para mantener su residencia en ese país, informó el periódico The Boston Globe.

Corte plena se contradice

La resolución de la Corte plena en el caso de los jesuitas contradice una orden que esa misma instancia emitió el pasado 20 de mayo. En esa ocasión, los magistrados determinaron que la Policía debía capturar a los militares guatemaltecos Genaro Pineda Rojas y Juan José Pineda Vásquez y remitirlos ante una autoridad judicial competente para gestionar su extradición hacia Nueva York, Estados Unidos, donde eran procesados por narcotráfico. En esa ocasión, la Interpol había girado también difusión roja contra los militares.

En esa ocasión la Policía sí capturó a los dos sospechosos de narcotráfico, que huyeron luego de que ninguno de los jueces a los que fueron presentados los recibieran.

En esa fecha la votación fue con 9 magistrados: José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez Padilla, Edward Sidney Blanco, Rodolfo González Bonilla, Miguel Ángel Cardoza, Marcel Orestes Posada, Mirna Perla, María Luz Regalado y Ramón Iván García (suplente).

Para el magistrado Ulices del Dios Guzmán la resolución de Corte plena que habilitaba la captura de sospechosos de narcotráfico con difusión roja de Interpol fue un error. "El error se cometió en esa resolución, se dijo que la difusión roja equivale a una orden de detención", comentó.

La visión de Guzmán también es contraria a la del Órgano Ejecutivo, pues según la Presidencia de la República, cuando la PNC tuvo en su poder la difusión roja contra los nueve militares, se preparó para ejecutar las capturas, aunque al final no las pudo concretar debido a que los acusados obtuvieron refugio en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional, que se ha negado a aclarar las circunstancias en que los militares retirados obtuvieron albergue.

Desde que iniciaron su período cuatro nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional empezó una fractura dentro de la Corte. El ala contraria a la presidencia de Belarmino Jaime es liderada por Guzmán, quien ha contado con el apoyo de nueve magistrados para algunas de las resoluciones en las que los cuatro de la Sala no han estado de acuerdo.

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