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Fiscalía cuestiona a ex ministro Maza por $6.7 millones

Las actuaciones del ex ministro de Salud por las que lo acusa la Fiscalía incluyen pagos por obras no ejecutadas, cambio del monto del proyecto de reconstrucción del hospital Santa Teresa, y equipo para el hospital que por ahora está perdido.


Fecha inválida

Salas de pequeña cirugía en el Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca. Foto El Faro
 
Salas de pequeña cirugía en el Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca. Foto El Faro

El ex ministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela (2004-2009), capturado el martes por supuesta corrupción, avaló actos en el proyecto de reconstrucción del hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca, que significaron al Estado un costo de 6 millones 737 mil 74.83 dólares.

Ese monto es producto de básicamente tres actuaciones del ex funcionario del gobierno de Antonio Saca a quien la Fiscalía acusa junto a otras ocho personas que incluyen a un notario -ex subdirector de la Policía Nacional Civil- y a representantes de las empresas con las que Salud firmó los contratos.

Maza está acusado de los delitos de actos arbitrarios y de negociaciones ilícitas, que pueden implicar hasta ocho años de prisión.

El hospital Santa Teresa resultó dañado por los terremotos de 2001. Para reconstruir ese y otros seis hospitales de la red nacional, el Ministerio de Salud suscribió un préstamo con el BID por 169.4 millones de dólares. El monto destinado en mayo de 2007 para el hospital Santa Teresa fue de 10 millones 494 mil 10.71 dólares.

La Fiscalía General de la República acusa a Maza de avalar una sobrevalorización del contrato inicial entre el Ministerio y la empresa contratada, el asocio temporal CPK, S.A. de C.V. – Borelli & Merico Arquitectura y Urbanismo Limitada. La modificación del monto por el cual se contrata a una empresa no es modificable cuando los contratos sean “llave en mano”, según la Fiscalía.

El contrato suscrito entre el Estado y CPK es “llave en mano”, lo que entre otras consideraciones prohíbe que haya ajuste de precios y que se modifiquen los plazos de ejecución a excepción de cuando haya eventos de fuerza mayor, como reza la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Maza autorizó renegociar el monto del contrato cada vez que CPK le pidió al Ministerio de Salud que el monto del contrato cambiara porque estaba incurriendo en gastos imprevistos debido al alza de precios de insumos de construcción: cemento, acero y cobre. El contrato inicial por 10 millones 494 mil 10.71 dólares y terminó siendo por 12 millones 291 mil 248.08, es decir, casi 1.8 millones más de lo que se estableció el 3 de mayo de 2007.

El segundo momento en el que según la Fiscalía Maza delinquió fue cuando permitió el pago a CPK por una obra que nunca fue terminada. La contratista solo cubrió el 47% de lo que se había comprometido a cumplir, pero el Ministerio le pagó el equivalente a más del 70% de la obra, lo que significó un pago de 3 millones 242 mil 563 dólares por trabajos no realizados.

Una consultoría privada ordenada por el Ministerio de Salud verificó el avance de las obras en el hospital de Zacatecoluca no era como la empresa lo establecía. Los auditores consultaron los montos erogados a favor de CPK y encontraron que Salud le había pagado de más.

Una de las modalidades que ocuparon los representantes legales de CPK y otras empresas subcontratadas para liberar esos fondos fue la presentación de comprobantes de crédito fiscal falsos. Es decir, que las empresas extendían a Salud documentos en los que presentaban datos irreales del desarrollo de la obra y con los que exigían el pago del Estado. Por presentar comprobantes de crédito fiscal falsos están acusados ocho de los otros detenidos, entre ellos César Rolando García Herrera, quien fuera subdirector de la Policía Nacional Civil durante la administración presidencial de Armando Calderón Sol (1994–1999).

Los aparatos de la discordia

La tercera cifra de costos pecuniarios en perjuicio del Estado que la Fiscalía le achaca a Maza es de 1 millón 130 mil 559.80 dólares, en concepto de equipos médicos que el hospital Santa Teresa, para más agravio, nunca recibió.

En realidad, el inicio de ese desembolso fue una carta que envió Maza a CPK el 21 de febrero de 2008 en su calidad de ministro y con la cual CPK podía argumentar que ya merecía un pago. Maza pretendía aclarar conceptos y así, según él, “facilitar la ágil ejecución de la Obra”.

Maza interpretó que el término “zona de obra” o “sitio” no era solo el terreno del hospital Santa Teresa sino también el terreno y otros lugares en que había de ejecutarse la obra. Eso incluía, según Maza, “el lugar de acopio de materiales (…) además del Hospital”, como se lee en la carta del 21 de febrero. Eso permitió que el terreno de la obra en ejecución incluyera la bodega donde CPK guardó los equipos médicos para el hospital.

Cuando los equipos médicos que CPK debía instalar en el hospital ya estaban en las oficinas o bodegas de la compañía, la empresa argumentó que los equipos ya estaban dentro del sitio de la obra. Así que Maza autorizó desembolsarle a CPK una parte del dinero en concepto de adelanto, siempre en obediencia al contrato, que decía que una vez los equipos estuvieran en el sitio de la obra, procedía un desembolso.

“La función de modificar el sitio de la obra, según el contrato, había sido concedida y dada al gerente de obra, quien era una persona distinta al entonces ministro Maza. El ministro tomó una decisión arbitraria”, explicó la fiscal Ana Miranda.

El pago de los equipos médicos que serían instalados en el nuevo hospital fue desembolsado cuando el hospital ni siquiera había sido construido, según un documento que presentó la ministra de salud, María Isabel Rodríguez, en mayo de 2010, en la Asamblea Legislativa. Ahora, ese equipo no está en manos del Ministerio y se está asumiendo como pérdida.

Los aparatos perdidos iban a instalarse para brindar servicios de radiología, mamografía, ultrasonografia y laboratorio clínico especializado. En estos días, cuando los pacientes del hospital Santa Teresa llegan a pasar consulta, si necesitan una radiografía los trabajadores sociales del hospital a menudo les indican ir a clínicas privadas a que les tomen las placas.

La empresa CPK fue acusada por el Estado de no haber construido una cárcel en Jucuapa, Usulután. Un reportaje de El Faro reveló que la empresa se había quedado con el equipo que debería funcionar en el Hospital de Zacatecoluca, proyecto que la empresa tampoco terminó. Asimismo, El Faro relató cómo se pagó a la constructora obras que no había ejecutado.

Maza fue investigado durante su gestión por el Tribunal de Ética Gubernamental porque mientras la red nacional no tenía en servicio ningún equipo de tomografías axiales computarizadas y no había un plan para reparar los dos que estaban disponibles, los hospitales estatales remitían a los pacientes a hacerse los exámenes a la clínica privada de Maza. En esa ocasión, Maza admitió ese conflicto de intereses pero argumentó que hacía descuento a los pacientes que visitaban su clínica particular.

El fiscal general, Romeo Barahona, aseguró que la práctica de presentar comprobantes de crédito fiscal falsos y documentos de impuestos internos falsificados se está volviendo común y que ya detectaron muchos casos que pronto serán llevados a tribunales. “Su servidor es más de hechos que de palabras, más temprano que tarde iremos por los abogados que se están escudando en instituciones privadas y públicas, ya los tenemos ubicados”, dijo, tras asegurar que en corto plazo perseguirán a otras personas por otros casos de corrupción.

Las capturas de estas nueve personas ocurren en un momento en que el fiscal general mantiene una disputa con el Ejecutivo, que le reclama escasos resultados en la lucha contra el crimen organizado. Por eso la presidencia de la República planea montar una comisión internacional investigadora de mafias, proyecto que Barahona rechaza. En su lugar, el fiscal pide que se le dé más dinero, y el Ejecutivo le ha respondido que no se trata de inventar el agua tibia y que lo que se necesita es una nueva institución que pueda luchar exitosamente contra el crimen organizado.

Incubadora para casos de emergencias en pediatría en el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca. Foto El Far
 
Incubadora para casos de emergencias en pediatría en el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca. Foto El Far

 

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