El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2021, El Faro Sat, 24 Jul 2021 07:41:37 +0100 El Faro Fiscalía ordena el arresto de 10 exfuncionarios del gobierno de Funes por sobresueldos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1335/images%7Ccms-image-000036132.JPG https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25621/Fiscalía-ordena-el-arresto-de-10-exfuncionarios-del-gobierno-de-Funes-por-sobresueldos.htm Salvador Sánchez Cerén, ex presidente de la República; Carlos Cáceres, exministro de hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de trabajo; Hugo Flores, ex viceministro de agrigultura; Violeta Menjívar, ex ministra de Salud; Lina Pohl, exviceministra de medio ambiente; Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura y expresidente de CEPA; Gerson Martínez, exministro de obras públicas; Manuel Melgar, ex ministro de seguridad pública y Erlinda Handal, exviceministra de educación ciencia y tecnología fueron acusados por la fiscalía de apropiarse de forma ilícita de 2.4 millones de dólares provenientes de la Partida Secreta. La Fiscalía ha puesto en la mira a miembros del FMLN, el partido con el que el presidente Nayib Bukele ingresó a la política primero como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y luego como alcalde de San Salvador en 2015. El 22 de julio, acusó a 10 exfuncionarios de la administración de Mauricio Funes, entre ministros, viceministros, y hasta el vicepresidente de ese entonces, Salvador Sánchez Cerén, de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. La Fiscalía persigue a funcionarios que cobraron sobresueldos de la partida secreta de la Presidencia de la República. 

Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén durante una Convención del FMLN, el 17 de agosto de 2008, cuando el primero era el candidato a las presidenciales de 2009. Dos periodos en el ejecutivo le bastaron a los dos mandatarios para superar los gastos secretos de tres gobiernos de Arena. Foto José Cabezas, AFP.
 
Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén durante una Convención del FMLN, el 17 de agosto de 2008, cuando el primero era el candidato a las presidenciales de 2009. Dos periodos en el ejecutivo le bastaron a los dos mandatarios para superar los gastos secretos de tres gobiernos de Arena. Foto José Cabezas, AFP.

El 22 de julio, a las 5 de la tarde, la exdiputada del FMLN Nidia Díaz denunció que la exministra de salud, Violeta Menjívar y Erlinda Handal, exviceministra de educación ciencia y tecnología, habían sido detenidas por la Policía sin darles ninguna explicación. “Exigimos se siga el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”, dijo en su cuenta de Twitter.

A las 7 de la noche, un familiar de Menjívar dijo a El Faro que a ella se la llevaron cuando salía de su casa, cerca de Planes de Renderos, en un pick up gris, con placas particulares, y también denunció que no le habían leído ninguna orden administrativa de la Fiscalía con los cargos sino hasta que arribó a la sede de la Policía. A esa hora Mario González, el abogado de la familia, todavía no había podido ingresar a hablar con su cliente. “Solo le dijeron que era un procedimiento rutinario y que la traían para acá. Ya acá le leyeron los derechos”, dijo González a la prensa dos horas después, cuando por fin le permitieron conversar con Menjívar.

Esa misma tarde también fueron arrestados el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía; y el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores Hidalgo. Los cinco exfuncionarios detenidos ese día fueron exhibidos ante la prensa en la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, sin posibilidad de interactuar con los medios y con las manos esposadas. 

A las 7:30 pm, el fiscal de facto Rodolfo Delgado, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la Policía Nacional Civil presentaron a los cinco exfuncionarios y los acusaron de apropiarse de fondos públicos de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República. “A los exfuncionarios se les atribuyen los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, hechos que habrían cometido entre los años 2009-2014”, publicó la Policía Nacional Civil en su cuenta de Twitter. 

Fuentes fiscales dijeron a El Faro que esta investigación se inició durante la administración del exfiscal Raúl Melara y que antes de su salida estaba a punto de ser presentada, a la espera de unas últimas pericias. Melara fue destituido el 1 de mayo de 2021, durante la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, controlada completamente por legisladores afines al presidente Nayib Bukele. En esa jornada se destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república, sin seguir el debido proceso. Ese mismo día los diputados oficialistas nombraron al nuevo fiscal y a los nuevos magistrados.

En la conferencia, el fiscal de facto Rodolfo Delgado admitió que este caso, denominado “Desfalco”, inició en 2019.

“Desfalco” se ha centrado en funcionarios que recibieron sobresueldos de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República, en la administración 2009-2014. En total, lo dado a conocer en la conferencia de prensa es que a una decena de funcionarios los señalan de sustraer $2.4 millones de la partida secreta. Se trata de una segunda fase del caso “Saqueo Público”, iniciado a mediados de 2018 por la Fiscalía que dirigía Douglas Meléndez y por el que está acusado el expresidente Mauricio Funes del desvío de $351 millones. 

En la conferencia, la Fiscalía anunció que entre los acusados está el expresidente Salvador Sánchez Cerén, señalado de haber obtenido $530,000 de la partida secreta durante su periodo como vicepresidente. A Cáceres lo acusan de haberse enriquecido de forma ilícita por un monto de $210,00; a Calixto Mejía, por $208,000; a Hugo Flores, por $174,000; a Violeta Menjívar por $177,000 y a Erlinda Handal, por $162,000. Anunciaron que van a interponer una difusión roja internacional para capturar a la exviceministra de Medio Ambiente Lina Pohl, por haber recibido $177,000; al exministro de Agricultura y expresidente de CEPA, Guillermo López Suárez, por $565,000; y al ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, por $290,000. Un día después, la Fiscalía reveló que han pedido la captura de Manuel Melgar, quien fue ministro de Seguridad, del 1 de junio de 2009 hasta noviembre de 2011.

Manuel Melgar fue el primer ministro de Seguridad durante la administración de Mauricio Funes y luego fue el secretario privado durante la administración de Salvador Sánchez Cerén. Foto: Archivo Presidencia de El Salvador.
 
Manuel Melgar fue el primer ministro de Seguridad durante la administración de Mauricio Funes y luego fue el secretario privado durante la administración de Salvador Sánchez Cerén. Foto: Archivo Presidencia de El Salvador.

El Faro reveló hace ocho años la existencia de los sobresueldos, un mecanismo utilizado para ocultar la remuneración real que reciben ministros, viceministros y algunos titulares de instituciones descentralizadas y de autónomas con fondos de la partida secreta de Casa Presidencial, un complemento en efectivo por el cual no pagaron impuesto sobre la renta. 

Las capturas suceden un día después de una  reunión de una de las comisiones de la Asamblea bukelista que investiga los sobresueldos, una práctica que ha sucedido al menos desde la administración de Armando Calderón Sol (1994-1999). El 21 de julio entrevistaron al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien negó haber recibido sobresueldos. “Yo nunca he recibido sobresueldos. No hicimos nada ilícito”, dijo. 

Ese mismo día también recibieron al expresidente Antonio Saca (2004-2009) y al exsecretario privado, Elmer Charlaix (2004-2009) condenados a 10 años de cárcel en 2016 por el desvío de $300 millones de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República. Los dos exfuncionarios salieron de la cárcel de Mariona para asistir a la comisión donde compartieron una lista de funcionarios que recibieron sobresueldos,  nombres que desde hace 4 años son de conocimiento público por investigaciones de la prensa y por la investigación de la Fiscalía iniciada en 2016.

"Se debe reconocer que Elías Antonio Saca, se quedó en el país y está afrontando las consecuencias de sus actos. No es posible afirmar lo mismo de otros ex funcionarios que andan huyendo…", dijo la diputada de Nuevas Ideas Suecy Callejas el 21 de julio en Twitter. Saca no tuvo otra opción que permanecer en la cárcel; él fue capturado en la madrugada del 30 de octubre de 2016 durante la boda de uno de sus hijos y ha permanecido en prisión desde entonces. 

Desde el 21 de julio, el presidente Bukele y diputados de Nuevas Ideas han posicionado en redes sociales el tema de los sobresueldos con el hashtag #Laverdaderalista. La estrategia propagandística parece responder a la divulgación de inicios de julio de la Lista Engel, donde aparecen personajes cercanos a Bukele mencionados como actores corruptos o que con sus acciones han debilitado la democracia y el estado de derecho en El Salvador. 

El 1 de julio el Departamento de Estado, de Estados Unidos, incluyó en la Lista Engel al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el director de Centros Penales, Osiris Luna; y los exministros de Seguridad y Agricultura Rogelio Rivas y Pablo Anliker. En la misma lista también aparecen Walter Araujo, ex candidato a diputado del partido Nuevas Ideas; los exdiputados Carlos Reyes (Arena) y Sigfrido Reyes (FMLN); el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Guillermo Wellman; los empresarios Adolfo ‘Fito’ Salume y Enrique Rais; y el exalcalde de La Unión Ezequiel Milla, también del partido Arena pero cercanos al gobierno de Bukele en los últimos meses.

*Con reportes de Gabriela Cáceres

 

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El Salvador Fri, 23 Jul 2021 16:08:30 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25621/Fiscalía-ordena-el-arresto-de-10-exfuncionarios-del-gobierno-de-Funes-por-sobresueldos.htm
Saca se redime ante el bukelismo entre justificaciones y omisiones http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036130.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25622/Saca-se-redime-ante-el-bukelismo-entre-justificaciones-y-omisiones.htm En el agitado panorama político salvadoreño, el expresidente Saca tuvo su momento estelar esta semana. Ante la comisión legislativa dominada por Nuevas Ideas que investiga los sobresueldos de gobiernos pasados, Saca fue un invitado ideal. Recordó los nombres de varios opositores de este Gobierno, olvidó mencionar a otros y mintió sobre alguno más que sigue involucrado con esta administración. Saca se despidió como solía hacerlo siendo mandatario, y ante la gran audiencia nacional que sintonizó el retorno a la vida pública del expresidente condenado por el desvío de $301 millones del erario público. Elías Antonio Saca González salió de su celda por un día y se convirtió en la figura política de la semana. Este miércoles 21 de julio, se quitó el uniforme de reo -chancletas, calzoneta y camisa blanca-  y se justificó ante una comisión legislativa mayoritariamente de Nuevas Ideas y Gana, el partido que lo llevó de candidato presidencial en 2014. Habló principalmente de los sobresueldos que pagó a sus funcionarios, no de todos, y no mencionó la compleja maquinaria de corrupción que despilfarró, en promedio, un millón de dólares por día hábil de su gestión. 

Pagar sobresueldos es una práctica que tiene más de ocho años de conocerse y por la que hay  expedientes judiciales en al menos dos juzgados. El presidente Nayib Bukele lo ha promovido como un caso de corrupción descubierto recientemente y en un contexto político adverso que amenaza su popularidad:  la lista de corruptos de salvadoreños elaborada por Estados Unidosel impopular plan de usar monedas digitales y su intento de aniquilar la Ley de Acceso a la Información.  Saca, el expresidente arenero y excandidato presidencial de Gana, previo a Bukele, se volvió clave para acaparar las luces de todos los medios y la tendencia semanal de Twitter en El Salvador. En el día que cambió la tendencia de la discusión nacional, Saca fue el protagonista. 

El expresidente Elías Antonio Saca durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el miércoles 21 de julio, ante la comisión que investiga el pago de sobresueldos en los gobiernos del FMLN y Arena. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El expresidente Elías Antonio Saca durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el miércoles 21 de julio, ante la comisión que investiga el pago de sobresueldos en los gobiernos del FMLN y Arena. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Saca, suavizando las palabras, admitió por segunda vez que despilfarró fondos públicos para beneficio personal y de sus allegados durante los cinco años de su Gobierno (2004-2009). Fue mucho más prudente que en su primera confesión, cuando en un juzgado resumió en una hora la corrupción de sus cinco años de mandato. En la comisión legislativa creada por Nuevas Ideas para investigar los sobresueldos, mencionó menos de 20 nombres de exfuncionarios de su Gobierno, los sacó de una lista más amplia que ya había sido conocida y ventilada en el Juzgado Cuarto de Instrucción. De esa lista más amplia, solo ocho exfuncionarios admitieron haber recibido un pago fuera de ley. 

Élmer Charlaix, compañero de celda y exsecretario privado de la Presidencia de Saca, se extendió y abarcó más nombres: leyó los nombres de 47 personas, incluídos los de Ciro Cruz Zepeda y Rodolfo Parker, dos exdiputados y exdirigentes del PCN y PDC. No mencionó a ningún diputado de Gana, aliado principal de los gobiernos del FMLN y ahora de Nuevas Ideas. Ni Saca ni Charlaix ni ningún diputado de Nuevas Ideas ni de la comisión recordó que hay documentos y pruebas de que Gana recibió dinero de la partida secreta para financiar la campaña presidencial de Saca en 2014. 

El 7 de agosto de 2018, Saca confesó ante un juez que había lavado dinero y que se había apropiado de millones de dólares provenientes de las arcas del Estado. Fue condenado a diez años de prisión y en una hora admitió el pago de sobresueldos, haberse beneficiado a sí mismo, haber utilizado testaferros para adquirir propiedades y haber financiado a Arena con fondos públicos. En su relato ante el juez hubo muchos cómplices y destinatarios casas encuestadoras (Cid Gallup, Consulta Mitofsky);  empresas de publicidad (América Publicidad, Galvanissa); empresas del expresentador de televisión Jorge Hernández; e incluso, pagos de sobornos al presidente de la Corte de Cuentas para que omitiera cumplir sus funciones de auditoría.

El expresidente fue uno de los cuatro invitados a la primera jornada de “la comisión especial que investiga los sobresueldos entregados de 1989 a 2019.” Habló más de dos horas. Fue una conversación sin tensiones, saludó a cada diputado y confirmó sus datos generales. Admitió “errores”, pero no mencionó haber cometido delitos de corrupción. Abundó en justificaciones: "Yo cometí errores como presidente, errores por los que yo ya pedí disculpas al pueblo salvadoreño, pero tuve un juicio completamente injusto. Un juicio en el que se nos negaron todas las garantías". Saca aprovechó para denostar el juicio por el que guarda prisión, y lo hizo sin que nadie lo interrumpiera. Terminó su alocución al respecto cuando se sintió satisfecho. Todo esto fue transmitido por el canal legislativo de televisión y en plataformas como Youtube y Facebook. 

En su intervención en la comisión, Saca se centró en una fracción de la información que abunda en los juzgados. Entregó un documento con una lista de “todos los proveedores y cheques emitidos durante mi administración, correspondiente a los gastos reservados”. 

Dijo que ese documento no fue admitido en el juicio por presiones del exfiscal general. “No querían que se supiera la lista de proveedores y destinatarios de sobresueldos”, concluyó Saca ante los diputados. “Me pareció una bendición de Dios que se abriera una comisión en la que yo pudiera contar lo que me impidió contar el fiscal general de la república de esa época, Douglas Arquímides Meléndez”, agregó. 

Admitió como error la entrega de millones de dólares en pagos discrecionales, entregados en sobres de manila, en efectivo y billetes de a $100. “Cometimos ese error, como la costumbre es un fuente de derecho”, dijo en referencia a la maquinaria de corrupción que lo benefició y sobre la que abundan pruebas: libros de contabilidad paralela de la partida secreta, cheques originales de la corrupción en su Gobierno y otros juicios con pruebas de enriquecimiento ilícito

En la comisión incluso insinuó que su confesión no la hizo a conciencia: “una confesión debe ser voluntaria, verdadera, pero fuimos conminados a aceptar una confesión que no tuvo nada de voluntario. En aquel momento resolvimos para que no se perdiera una negociación larga”.

Cuando fue condenado, la Fiscalía señaló que el dinero peculado o malversado asciende a $300,347,117.17, de los cuales, $298,683,945 quedaron en el sistema bancario. Los restantes $2 millones fueron cambiados en efectivo, mediante cheques de caja, según la Fiscalía. Ese día, hace casi dos años, Saca confesó que con los fondos públicos adquirió vehículos, ranchos, haciendas, una mansión, sociedades, acciones, entre otros. En la comisión legislativa de esto no dijo ni una palabra y tampoco nadie le preguntó al respecto. El corrupto confeso se presentó por momentos en una víctima de la Fiscalía.

La comisión  de sobresueldos, como es conocida, está integrada mayoritariamente por diputados de Nuevas Ideas: Jorge Castro (NI), Raúl Castillo (NI), Rebeca Santos (NI), Walter Coto (NI), William Soriano (NI), Marcela Pineda (NI). De Gana está Juan Carlos Mendoza y, por Arena, Rosa Romero. 

El expresidente Elías Antonio Saca durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el miércoles 21 de julio, ante la comisión que investiga el pago de sobresueldos en los gobiernos del FMLN y Arena. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El expresidente Elías Antonio Saca durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el miércoles 21 de julio, ante la comisión que investiga el pago de sobresueldos en los gobiernos del FMLN y Arena. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Las omisiones 

El 31 de marzo de 2013, hace ocho años, El Faro publicó un reportaje titulado “Los sobresueldos ocultos del gabinete”. Construido a partir de testimonios, explica que los sobresueldos han sido una práctica de los máximos niveles del Ejecutivo de los gobiernos de Arena y FMLN. En aquel momento, se calculaba el pago de 58 sobresueldos mensuales potenciales: cinco secretarías, 13 ministerios, 21 viceministerios y 19 instituciones autónomas. 

Haciendo sumas mínimas, la cantidad de dinero correspondiente a sobresueldos que no se declaraba a la Hacienda pública resultaba millonaria. Si asumimos, como el mismo Saca señaló, que durante una gestión de cinco años un ministro recibía al menos 60 sobresueldos de 5,000 dólares, la suma arroja 300,000 dólares en ingresos de los que el Estado no recibió ni declaración ni impuestos. Si trasladamos ese cálculo a los 13 ministros, la cifra estimada asciende a 3.9 millones de dólares en cinco años. Todo esto, calculando por lo bajo, pues hay evidencia de que algunos ministros ganaban 10,000 mensuales. 

Saca apuntó que el Juzgado Cuarto de Instrucción, el encargado de revisar y admitir o rechazar las pruebas de la Fiscalía, le negó el derecho a defenderse al rechazar como prueba su lista de cheques emitidos a proveedores y beneficiarios de sobresueldos. Esta fue quizá una de las aseveraciones más polémicas que hizo el exmandatario. Su lógica fue que, por presión de los funcionarios de su gestión que continuaban en la vida pública cuando él era juzgado, se impidió que los pagos de sobresueldos salieran a relucir durante su juicio. 

El Juzgado Séptimo de Instrucción y la Fiscalía tienen en sus expedientes un extenso testimonio de un testigo protegido que ofreció pruebas de cómo el primer gobierno del FMLN (2009-2014) heredó y usó la maquinaria de corrupción de manos de Saca. 

Saca omitió mencionar nombres de exfuncionarios y correligionarios de Arena que hoy están en Gana, el partido que llevó a la Presidencia a Nayib Bukele y con el que tienen una alianza legislativa que les asegura 60 votos.  No pronunció el de Mario Tenorio, viceministro de Gobernación de su mandato, ni mencionó que Carlos Alemán, exsecretario de Juventud en su gestión, recibió 2.4 millones de dólares en 88 cheques.  “No recuerdo”, diputada.  “No recibió sobresueldo (Alemán)”, dijo de forma parca, ante unas tímidas preguntas de Rosa Romero, de Arena y única diputada opositora de la comisión. 

El 31 de enero de 2019, El Faro publicó un reportaje titulado “Dirigentes de Gana y Arena recibieron pagos ocultos de Saca”. Contiene 55 hojas de recibo de entre agosto de 2004 y marzo de 2009, y tienen la firma de diez ministros, 14 viceministros, tres secretarios de la Presidencia, dos embajadores, dos presidentes de instituciones autónomas y una veintena de funcionarios más de la administración Saca. También se publicó una agenda del año 2005 en la se llevaba la contabilidad de muchos de los pagos ocultos que se hacían con fondos públicos de la partida secreta administrada por la Secretaría Privada de Charlaix. En ella aparece Andrés Rovira, expresidente de Gana, con un recibo de sobresueldo de $10,000, y Herbert Saca Vides, artífice, financista y tomador de decisiones de Gana. En la comisión, Saca y Charlaix fueron escuetos y presentaron al pariente del expresidente Saca como un proveedor de repuestos de carros: una simple compra sin licitación debido a los bajos montos pagados con la partida secreta. en la publicación también aparece Alemán, el exsecretario de Juventud, que admitió recibir pagos de la partida secreta ante la Fiscalía y que también admitió que recibió un complemento salarial en efectivo que recogía en las oficinas de la Secretaría Privada de la Presidencia. Es decir, un sobresueldo. 

Alemán es hoy uno de los voceros del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Asamblea Legislativa (SEAL), el que se reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, como referente de los empleados legislativos. Según otro sindicalista de la Asamblea, Luis Ortega, el SEAL es un brazo de empleados vinculados a Gana, el partido aliado del bukelismo. 

El expresidente Elías Antonio Saca se retira tras su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el miércoles 21 de julio, ante la comisión que investiga el pago de sobresueldos en los gobiernos del FMLN y Arena. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El expresidente Elías Antonio Saca se retira tras su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el miércoles 21 de julio, ante la comisión que investiga el pago de sobresueldos en los gobiernos del FMLN y Arena. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Al final de la sesión, Saca se despidió, con la grandilocuencia que solía hacerlo cuando era presidente, y sabedor de que las cámaras lo estaban transmitiendo en vivo: “Yo estoy satisfecho, la verdad siempre nos hace libres, me voy con la conciencia tranquila, tenga la certeza de que la oportunidad la he aprovechado al máximo,”, dijo.

También pidió disculpas por las omisiones: “Seguramente, el alzheimer prematuro que podamos tener, hay cosas que no las podemos recordar, pero he tratado de darles información completa.” Y cual político experto, se despidió de todos los diputados y de los espectadores: “ Muchas gracias señores diputados. Muy gentiles de su parte por recibirme, escucharme, tengan la seguridad de que estoy a la orden. Al pueblo salvadoreño y a ustedes, les deseo buenas noches, que Dios bendiga a la tierra cuscatleca, muchas gracias.”

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El Salvador Fri, 23 Jul 2021 15:48:45 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25622/Saca-se-redime-ante-el-bukelismo-entre-justificaciones-y-omisiones.htm
Expiación http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036126.jpeg https://www.elfaro.net/es/202107/el_farolero/25620/Expiación.htm La mirada de Otto a la intervención del expresidente Saca en la Asamblea. El Farolero Thu, 22 Jul 2021 16:19:24 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_farolero/25620/Expiación.htm Cinco puntos no negociables para la Ley de Agua - Por Andrés McKinley https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25619/Cinco-puntos-no-negociables-para-la-Ley-de-Agua---Por-Andrés-McKinley.htm 360 grados Thu, 22 Jul 2021 13:11:43 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25619/Cinco-puntos-no-negociables-para-la-Ley-de-Agua---Por-Andrés-McKinley.htm La apuesta de Bukele por los militares es más de lo mismo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035198.png https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25618/La-apuesta-de-Bukele-por-los-militares-es-más-de-lo-mismo.htm Para una institucionalidad tan débil como la salvadoreña, es más fácil crear una alianza con quienes sí tienen el control del territorio, en este caso las pandillas, que entrar a una guerra de baja intensidad. El pasado lunes 19 de julio Nayib Bukele dio un paso más hacia el autoritarismo y la militarización del país. Tomando como excusa la necesidad de controlar los territorios dominados por pandillas, el presidente anunció que duplicaría la cantidad de militares en la Fuerza Armada, pasando de 20 mil a 40 mil militares en un plan a cinco años. Este anuncio recurre al populismo característico de su gobierno, aduciendo a la supuesta necesidad de contar con igual número de militares que pandilleros para combatir a estas estructuras, y ordena un aumento histórico y altamente peligroso en nuestro contexto.

Primero, Bukele ha señalado, durante dos años, que su Plan Control Territorial ha logrado no solo la disminución de homicidios y de delitos, sino también el control de las comunidades donde antes eran las pandillas quienes dictaban las dinámicas sociales y económicas, incluso políticas. Lo primero que se deduce, tanto por su discurso como por la evidente presencia y dominio de las pandillas en los territorios más vulnerables y excluidos, es que el Gobierno no tiene control de estos municipios. Segundo, el presidente vende la mentira de que abordar el fenómeno de las pandillas solo es posible desde una lógica de guerra: la necesidad del uno a uno para ganar. Demasiadas veces se ha dicho que las pandillas son fenómenos sociales y delictivos que deben abordarse desde una mirada de integralidad que responda a su compleja evolución. Esto lo sabe el Gobierno de Bukele, por lo que este anuncio solo es una estrategia más en su discurso de guerra, muy similar al utilizado por uno de los padres de la tregua de 2012, el general Munguía Payés.

La posible negociación del Gobierno de Bukele con las pandillas ha sido una de las explicaciones más factibles en los últimos dos años para entender las causas de la reducción de homicidios y delitos en el país. Por tanto, el discurso de guerra queda perfecto ante un público con el que pudiera perder popularidad si se hace pública una negociación con pandillas.

Por otro lado, incrementar el número de efectivos militares es contrario a lo dispuesto por los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República. Los Acuerdos de Paz dispusieron la separación de las funciones de seguridad pública y las de defensa nacional. La seguridad pública se adjudicó a la Policía Nacional Civil, la cual hacía un énfasis en su carácter civil respecto a los cuerpos de seguridad que funcionaron durante la guerra. La Fuerza Armada de El Salvador, en cambio, se encargaría de la defensa de la nación, a la cual solo podría recurrirse en casos excepcionales. Esto también se encuentra en la Constitución de la República, en los artículos 159 y 212. La segunda disposición fue la reducción de la cantidad de militares a un 50 %, lo cual implicaba una reestructuración interna que llevaría a reducir su presupuesto y adecuar su funcionamiento a un rol más lejano de los distintos ámbitos de la vida social y política del país. La militarización de la seguridad, además, no es una estrategia nueva, tanto los gobiernos de Arena como del FMLN hicieron uso de la Fuerza Armada para tareas de seguridad. Desde 1993 los militares han participado en alguna actividad de seguridad pública, llegando a la cúspide en cantidad y funciones con la administración de Sánchez Cerén, con casi 14 mil militares en apoyo a actividad de la policía. Bukele sigue al pie de la letra la tradición militarista de los mismos de siempre. Si a la inconstitucionalidad de la medida se le suma esta posible negociación con las pandillas como razón sustancial del descenso de homicidios y delitos, pareciera que el interés de este Gobierno por aumentar la fuerza militar no necesariamente tiene relación con el supuesto combate a las pandillas.

Nayib Bukele ha dado más pasos por consolidarse en el poder que por combatir las pandillas. Para una institucionalidad tan débil como la salvadoreña, es más fácil crear una alianza con quienes sí tienen el control del territorio, en este caso las pandillas, a través de la violencia que ejercen, que entrar a una guerra de baja intensidad como la tuvo el Gobierno de Sánchez Cerén cuando se le acusó de diversas ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía. En este escenario, es más probable que las pandillas evolucionen hacia estructuras al servicio del Estado a que desaparezcan, tal y como ha ocurrido –cada uno con sus matices– en Honduras y Guatemala.

El Plan Control Territorial es solo una excusa para terminar de consolidar la alianza con un grupo de poder que nunca ha salido de la vida política del país: los militares. Ante un contexto de graves retrocesos y golpes a la democracia y un futuro próximo, donde Bukele realizará cambios profundos en el sistema político y económico del país, este requiere tener de su lado a los militares ante cualquier descontento social. El Salvador no será ni por cerca el mismo dentro de uno o dos años, los efectos del endeudamiento, la entrada en vigencia del Bitcoin y los cambios constitucionales que pretende realizar tendrán resistencia y generarán rechazo a su Gobierno. Es ahí donde entran en juego los militares, un Ejército de 40 mil efectivos listos para proteger el progreso de su grupo de aliados y hacer efectiva su permanencia en el poder.

Verónica Reyna es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
 
Verónica Reyna es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

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Columnas Thu, 22 Jul 2021 10:08:13 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25618/La-apuesta-de-Bukele-por-los-militares-es-más-de-lo-mismo.htm
Gobierno Bukele busca sepultar el acceso a la información pública - Por Xenia Hernández https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25617/Gobierno-Bukele-busca-sepultar-el-acceso-a-la-información-pública---Por-Xenia-Hernández.htm 360 grados Tue, 20 Jul 2021 17:30:41 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25617/Gobierno-Bukele-busca-sepultar-el-acceso-a-la-información-pública---Por-Xenia-Hernández.htm RIP http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036125.jpeg https://www.elfaro.net/es/202107/el_farolero/25616/RIP.htm La mirada de Otto a las reformas a la LAIP propuestas por el Gobierno Bukele. El Farolero Tue, 20 Jul 2021 15:46:49 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_farolero/25616/RIP.htm Cinco puntos no negociables para la Ley de Agua http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036124.jpeg https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25615/Cinco-puntos-no-negociables-para-la-Ley-de-Agua.htm La buena gobernanza en el sector hídrico necesita establecer las condiciones necesarias para empezar a resolver la crisis del agua en el país y asegurar el acceso en cantidad y calidad para todos. El 18 de junio de 2021, después de dos años de promesas vacías y políticas y prácticas dañinas al medio ambiente, el Gobierno de Nayib Bukele presentó a la Asamblea Legislativa su anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos que, según canales oficiales “solventa la deuda histórica”, garantiza que el agua sea administrada por el Estado y elimina cualquier posibilidad de privatización.

La iniciativa fue recibida con precaución por todos aquellos que llevamos más de 15 años luchando en defensa del recurso hídrico en El Salvador. La actual Asamblea Legislativa se ha negado a tomar en cuenta la propuesta ciudadana de Ley General de Agua, formulada, concertada y presentada a principios de 2020 por estas mismas entidades a las cuales el Gobierno de Bukele tilda de “grupos de fachada”. No obstante, a pesar de los abusos de los gobernantes actuales y la falta de voluntad política de seis anteriores Comisiones de Medio Ambiente consecutivas para tomar las medidas necesarias para resolver la crisis del agua que amenaza a nuestro país, el movimiento social de El Salvador se mantiene abierto al diálogo y listo para entrar en un análisis conjunto serio y basado en los intereses de nación.

El estudio del anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos revela una serie de vacíos y contradicciones que no garantizan el acceso al agua de forma equitativa, eficiente y sostenible, que generan una institucionalidad poco adecuada y que aumentan la amenaza de la privatización. Para superar estas debilidades y evitar estas amenazas, es importante fortalecer la propuesta del Gobierno tomando en cuenta los retos especiales y urgentes de un país que enfrenta una crisis hídrica profunda en términos de cantidad, calidad y acceso y una ausencia total de buena gobernanza en el sector hídrico.

Estudios en los últimos años han documentado el hecho de que los ríos, lagos y acuíferos más estratégicos de El Salvador se están secando y, en algunos casos desapareciendo, poniendo en peligro los ecosistemas y los centros de concentración poblacional más importantes del país y amenazando la viabilidad misma de la nación. Entidades internacionales, como CEPAL de las Naciones Unidas, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua plantean que El Salvador ya sufre de un grado preocupante de estrés hídrica y el incremento significativo de las protestas callejeras de comunidades que sufren por la ausencia de agua comprueban la crisis. Además, MARN ha venido planteando desde años que casi todas las aguas superficiales del país están contaminadas. Mientras tanto, la gran empresa e inversionistas transnacionales siguen sobre explotando y contaminando los escasos recursos hídricos de El Salvador sin ninguna intervención o regulación estatal. El anteproyecto de ley del Gobierno del presidente Bukele ofrece poca esperanza de cambiar esta situación.

No obstante, el Gobierno ha prometido un proceso de diálogo con las organizaciones sociales, la Iglesia católica, las iglesias protestantes históricas, la UCA y otras entidades interesadas para generar una ley de aguas seria y ampliamente concertada. En este contexto, la UCA fue invitada a una audiencia con la Comisión Ad Hoc para la Ley de Agua de la Asamblea Legislativa el día 15 de julio de este año. En la audiencia, presentamos nuestras preocupaciones por la crisis hídrica, los cinco principios no negociables para una buena Ley de agua, y los vacíos y contradicciones en la propuesta gubernamental relacionados con estos principios. 

La buena gobernanza en el sector hídrico necesita establecer las condiciones necesarias para empezar a resolver la crisis del agua en el país y asegurar el acceso en cantidad y calidad para las generaciones del futuro. 

El primer principio es el reconocimiento del agua como bien común y como un derecho humano. El agua es fuente de vida. No puede existir nada (ni una piedra) sin agua. Los seres humanos estamos hechos de agua y dependemos del agua para todo en nuestras vidas. Una ley de agua, especialmente para un país en crisis hídrica, debe reconocer y reflejar el derecho humano al agua en todo su contenido, desde los principios de la ley hasta la configuración y funciones del ente rector, las prioridades de uso, las medidas de protección y rehabilitación del recurso hídrico, la participación de la ciudadanía en la gestión del agua, el rol especial de las mujeres, los procesos de autorización de uso, sanciones contra los usuarios que violan el derecho de todos/as al agua, etc. La mayoría de estos elementos están ausentes en la propuesta gubernamental.

El segundo principio es la gestión pública/estatal del agua. Si aceptamos que el agua es un bien común y un derecho humano, es obvio que el ente rector debe ser del Estado. Es el Estado que tiene la obligación de garantizar los derechos de la ciudadanía. Se reconoce este principio en la propuesta del Gobierno, pero la configuración del ente rector en el anteproyecto está diseñada más como mecanismo para la concentración de poder en manos del presidente que como ente Estatal dejando afuera componentes claves para la buena gobernanza y el cuido del agua.

El tercer principio es la participación ciudadana. Aunque planteamos un ente rector exclusivamente público/estatal, es importante garantizar que la ciudadanía tenga voz y poder de influencia en la toma de decisiones sobre el uso y protección del agua en el país. La propuesta del gobierno excluye totalmente este componente, tanto a nivel nacional como a nivel local de cuenca.

El cuarto principio es el enfoque de cuenca. Es ampliamente reconocido que la problemática del agua en El Salvador empieza a nivel local, en la cuenca, generada por la deforestación, el mal uso del suelo, prácticas agrícolas inadecuadas, el uso de pesticidas tóxicos, la contaminación por parte de la industria, la aprobación de permisos para actividades dañinas al agua, etc. Dada esta realidad, es claro que las soluciones a la crisis del agua en El Salvador deben empezar en la cuenca. La propuesta de gobierno habla de enfoque de cuenca, pero no incluye ninguna medida que garantice este enfoque. Además, no cuenta con estructuras operativas del ente rector enfocadas en la cuenca, como los Organismos Zonales de Cuenca, planteadas en la Propuesta Ciudadana de la sociedad civil, ni en la consulta ciudadana a nivel local a través de las Comisiones de Cuenca, planteadas en la mismo Propuesta Ciudadana.

El quinto principio es la equidad económica y financiera, garantizando que el acceso al agua sea universal y que nadie sufra la ausencia del agua por falta de recursos económicos, otro componente ausente en la propuesta gubernamental.

Al finalizar nuestra intervención, pedimos a la Comisión que retome la propuesta ciudadana de las organizaciones sociales revisada y presentada a la Asamblea el 14 de junio, argumentando que nuestro análisis, opiniones y propuestas están incluidas en ese documento. La solicitud fue respondida de forma contundente por la presidenta de la Comisión, asegurándonos que retomaría nuestra propuesta, que la había estudiado y que reconocía que tenía muchos elementos muy importantes para la regulación del agua en El Salvador. Fueron declaraciones importantes, pero lo más importante serán las acciones concretas de la Comisión, los intereses que predominan y cuánta voluntad política habrá de parte del Ejecutivo, el verdadero dueño del circo.

Andrés McKinley posee una maestría en Administración de Salud de la Universidad de Florida en EE. UU. y tiene más de 50 años trabajando por el desarrollo sostenible en África y Centro América. Trabaja actualmente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
 
Andrés McKinley posee una maestría en Administración de Salud de la Universidad de Florida en EE. UU. y tiene más de 50 años trabajando por el desarrollo sostenible en África y Centro América. Trabaja actualmente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

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Columnas Tue, 20 Jul 2021 15:34:33 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25615/Cinco-puntos-no-negociables-para-la-Ley-de-Agua.htm
Este es el patrimonio de los funcionarios de Bukele según sus declaraciones http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036123.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25614/Este-es-el-patrimonio-de-los-funcionarios-de-Bukele-según-sus-declaraciones.htm El pasado martes 13 de julio de 2021, Presidencia presentó a la Asamblea Legislativa, dominada por el bukelismo, 11 propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que, de aprobarse, pondrían bajo reserva este tipo de información. Dicho con claridad: si los cambios son aprobados por los diputados, la información aquí publicada acarrearía una sanción de 200 salarios mínimos a cada uno de los autores; es decir, 73,000 dólares. Y lo que se muestra en este reportaje ya no podría divulgarse. En El Salvador, el país más endeudado de Centroamérica, con un bajo nivel de crecimiento económico y alrededor del 20 % de su población en situación de pobreza, hay 21 funcionarios que ganan más que el presidente Bukele, entre los que se encuentra Miguel Kattán, a quien el presidente se ha referido como un pariente lejano; Sofía Medina, la pareja de su primo y presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah; y Salvador Gómez Góchez, quien según un reportaje publicado por Revista Factum, es compadre de Bukele. Los salarios oscilan entre los 6,000 y los 7,000 dólares mensuales. Juan Pablo Durán, el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, es el funcionario mejor pagado: 13,000 dólares mensuales. Le sigue Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, con 8,000 dólares, cifra que supera en un 35% el salario de Bukele, que es de 5,181 dólares. De hecho, el salario del secretario jurídico de Casa Presidencial (Capres) equivale a lo devengado por tres viceministros como Maritza Calderón del Ministerio del Trabajo, Mauricio Cabrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ricardo Cardona del Ministerio de Educación. Carolina Recinos, comisionada presidencial, gana 6,000 dólares, lo mismo que los familiares y el compadre de Bukele. Esta cantidad representa casi lo que ganan juntos la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y Edgar Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. Recinos y Castro aparecieron recientemente en la Lista Engel, elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre políticos presuntamente involucrados en actos de corrupción y narcotráfico. Hasta el momento, el Gobierno no ha iniciado ninguna investigación al respecto. 20 de los funcionarios que ganan más que el presidente trabajan en Casa Presidencial. La mitad de ellos inició su vida política cuando se sumaron al equipo de confianza de Bukele; una de estas personas ha estado en ambas esferas del presidente: la política y la empresarial. Se trata de la actual secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, que entre el 2008 y 2014 fue ejecutiva de cuentas de Obermet, la empresa de publicidad de la familia Bukele. En 2018, cuando Bukele era edil capitalino, pero ya apuntaba para la campaña presidencial, aseguró que conformaría un equipo donde el 90% serían mujeres. Sin embargo, entre los 73 perfiles analizados por El Faro -cuatro de ellos de funcionarios que no presentaron declaración de patrimonio- alrededor del 74% -56 puestos- son hombres. Los perfiles analizados por El Faro representan los más altos funcionarios que han ocupado cargos de poder en el Gobierno de Bukele. Entre ellos, 16 funcionarios de Capres, 21 ministros, 22 viceministros y 14 presidentes de autónomas. En estos documentos consta que el 45% de las 69 declaraciones patrimoniales revisadas se entregaron a destiempo. Otras cuatro no se entregaron nunca. Hasta el momento de publicar este reportaje, no existe información pública disponible que permita validar que estos últimos sí cumplieron con el trámite semanas o meses más tarde. Sin embargo, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia nunca ha multado a ningún funcionario por entregar extemporáneamente su declaración patrimonial, de acuerdo con una respuesta ante otra solicitud de acceso a la información entregada a El Faro el pasado 31 de mayo. En los mismos documentos obtenidos para este trabajo consta que Suecy Callejas, ex ministra de Cultura y actual vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, incumplió con esta obligación, por ejemplo. Entregó su declaración de patrimonio a destiempo. En la comisión política del 12 de julio, la vicepresidenta aseguró que entregaba su declaración como lo mandata la ley, sin embargo documentos de Probidad contradicen lo que aseguró Callejas. En el índice de Percepción de la Corrupción en el mundo 2020, elaborado por Transparencia Internacional, El Salvador obtuvo 36 puntos sobre 100. Esta es la primera calificación obtenida durante el actual Gobierno y está un punto abajo del promedio histórico, que es 37. Este índice es una herramienta usada para medir cómo la población percibe la corrupción en el sector público de la mayoría de los países del mundo, en una escala de 0 a 100, donde 0 es la percepción de niveles altos de corrupción y 100 es la percepción de niveles bajos de corrupción. En el estudio -publicado cada año a partir de la mitad de la década de los noventa- El Salvador continúa entre los países que nunca han conseguido una calificación mínima de 60 y fue colocado en el lugar 104 de los 180 países involucrados.

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El Salvador Tue, 20 Jul 2021 09:55:52 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25614/Este-es-el-patrimonio-de-los-funcionarios-de-Bukele-según-sus-declaraciones.htm
El Salvador criminaliza a sus desaparecidas - Por Celia Medrano https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25613/El-Salvador-criminaliza-a-sus-desaparecidas---Por-Celia-Medrano.htm 360 grados Mon, 19 Jul 2021 14:53:51 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25613/El-Salvador-criminaliza-a-sus-desaparecidas---Por-Celia-Medrano.htm Gobierno Bukele busca sepultar el acceso a la información pública http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034982.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25608/Gobierno-Bukele-busca-sepultar-el-acceso-a-la-información-pública.htm Estas reformas promueven la corrupción, propician un ambiente de opacidad y por ende, los ciñe de impunidad distanciando al país del cumplimiento de compromisos internacionales. Mientras que Nayib Bukele despertó esperanza de una nueva era en El Salvador —donde habría cambios visibles en lucha contra la corrupción y mejora de la transparencia— la realidad dista de la ilusión que vende en sus discursos gubernamentales.

Una buena mayoría de la ciudadanía salvadoreña se rehúsa reconocer que el presidente ha incumplido varias de sus promesas de campaña. Si bien ha brindado paquetes alimenticios, el bono de $300 durante la emergencia por la pandemia, muchos siguen careciendo de agua, salud y vivienda digna, educación, oportunidades de empleo y otros están siendo desplazados de sus viviendas por las pandillas o sufren consecuencias de familiares o amigos desaparecidos. La seguridad sigue siendo deuda en este Gobierno. A pesar de no tener grandes avances para mejorar su calidad de vida, y de que algunos incluso sufren retrocesos, prevalece un silencio ensordecedor, una inacción de exigencia hacia el presidente para que cumpla sus promesas en favor de la transparencia y lucha contra corrupción de manera general y no solo selectiva, pues de ello depende mejora en sus vidas en años venideros. Ese silencio fortalece su mandato, porque pareciera que perdonan la corrupción actual porque se identifican con un personaje que les sacia la sed de venganza contra partidos políticos que en gobiernos anteriores han estado plagados de corrupción –nada diferente del partido oficial–. Saber canalizar ese hartazgo de la población es precisamente lo que favorece su popularidad.

Su popularidad le ha permitido salir impune, por ahora, pese al incumplimiento de las promesas que hizo durante su campaña en favor de la transparencia. Por el contrario, en los dos años que lleva de gobierno no ha habido más que señales alarmantes de una nueva embestida a la lucha contra la corrupción, arrasando con los pequeños avances que se habían logrado en los últimos diez años. Esta semana el turno le llegó a la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP), que entró en vigencia en 2011, y que por casi una década ha significado una ventana de oportunidad para empezar a traer luz a toda la opacidad al interior de las instituciones públicas. La LAIP ha sido y es una herramienta de participación ciudadana y lucha contra la corrupción, permite conocer y vigilar el quehacer de cada funcionario, la toma de decisiones y cuál es el uso que dan a los fondos públicos.

Gracias a esa contraloría que permite la LAIP a la ciudadanía y al periodismo de investigación es que existe una resistencia, casi natural, de la gran mayoría de funcionarios públicos para rendir cuentas de su gestión. De todos es sabido que no es fácil que el Estado garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, someterse a ser fiscalizado socialmente, por esta razón se debe exigir la protección y eficacia del mismo. Entre mayores sean las acciones para mantener en secreto la gestión de los funcionarios, más estruendosamente deberían sonar las alarmas para la población respecto a cómo la corrupción se arrecia en la administración pública

Esas alarmas de una grave corrupción en el gobierno actual ya están sonando, pero pareciera ser que gran parte de la sociedad salvadoreña tiene sordera selectiva, nuevamente, como lo hicieron con gobiernos anteriores. Luego viene el desencanto, pero esta vez puede ser demasiado tarde. Entre las últimas acciones impulsadas por el presidente, está la iniciativa de reformar la Ley de Acceso a la Información, y busca que los diputados oficialistas y afines de la Asamblea Legislativa, ante la mirada de una Sala de lo Constitucional impuesta por el mismo gobernante, aprueben la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y exfuncionarios públicos. Hay que recordar que la apertura de las auditorías de estas declaraciones, en años anteriores, permitió que autoridades investigaran el enriquecimiento ilícito de expresidentes y otros funcionarios,  quienes abusaron de su cargo público para su propio beneficio.

Las propuestas de reformas abren la oportunidad de incrementar los abusos de reserva de información, pues aquella información que es oficiosa, es decir cualquiera puede consultarla sin hacer una solicitud, ya no estará disponible con inmediatez. Se incluye, además, el alargamiento de los plazos de respuesta desde las instituciones públicas, de 10 a 20 días. Esto es una clara violación a los principios de prontitud y sencillez, y contrario a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativos. La cereza en el pastel es que propone brindar un mayor poder administrativo al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, cambia requerimientos para nombramiento de comisionados del IAIP, entre otras.

Estas reformas, en lugar de reforzar y beneficiar a la legislación para garantizar este derecho y actualizarla a los estándares que brinda la nueva Ley Modelo Interamericana 2.0, atentan contra lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomienda a los Estados que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, es decir no deben abusar de las reservas de información, y que, ante una duda o vacío legal, debe primar la garantía y efectividad de este derecho, máxima publicidad. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido enfático que para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del acceso a información, las instituciones públicas (Estado) deben regirse por los principios de máxima divulgación, de buena fe y transparencia activa como regla general.

En El Salvador, buscan oficializar que la regla general sea la reserva y confidencialidad de la información, principalmente aquella que es sensible para los funcionarios, porque pone a la luz pública prácticas corruptas o antiéticas. Estas reformas promueven la corrupción, propician un ambiente de opacidad y por ende, los ciñe de impunidad distanciando al país del cumplimiento de compromisos internacionales sobre promover normas e instituciones cuyo efectivo funcionamiento disuada a los servidores públicos de prácticas de corrupción. Igualmente, son contrarias a cualquier principio democrático que fomenta la contraloría y fiscalización ciudadana a las instituciones públicas; pasarán a formar parte de una serie de acciones que dan cabida a la existencia de una política de opacidad que se enquista en el Estado salvadoreño y se suman al cierre de la CICIES por haber investigado a funcionarios de este gobierno; a los nombramientos irregulares que han afectado la robustez del funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Públicaente garante del DAIP–; ataques a la libertad de presa; ocultamiento de información de muertes por otras enfermedades ajenas al COVID-19;  aprobación por diputados oficialistas la ley Alabí que brinda impunidad a funcionarios del actual gobierno por la corrupción  en el marco de la atención a la pandemia; aprobación de Ley Bitcoin, que abre puertas a lavado de dinero y otros delitos; remoción de la jefa de la Unidad Anticorrupción que investigaba casos de corrupción contra funcionarios de este gobierno; negativa a aplicar principios de gobierno abierto; cierre de espacios cívicos; entre otras.

La estrategia de implementación de este política ha sido a cuenta gotas, dispersa pero muy puntual sobre qué áreas necesitan debilitar, se beneficia de la concentración de poder que tiene el presidente Bukele, del servilismo de funcionarios y profesionales piezas necesarias para consolidar la opacidad e impedir una real y efectiva lucha contra la corrupción, esa que necesitamos  trascienda de discursos y propaganda engañosa realizada por el ciudadano presidente y la maquinaria gubernamental.  

La corrupción ha sido un flagelo que por años nos ha robado a la ciudadanía salvadoreña una mejor calidad de vida, mejores escuelas, mejor educación, un servicio de salud digno, mejor acceso a tratamientos médicos para personas con enfermedades terminales, políticas de seguridad efectivas y eficaces, así como, una respuesta rápida frente a la escaladas de violencia como desapariciones de personas, desplazamientos forzados, muertes violentas y extorsiones. De no afrontar efectivamente este fenómeno, los afectados seguiremos siendo la ciudadanía, las generaciones actuales y las nuevas en este país.

El Salvador continúa, a pasos acelerados, retrocediendo en democracia, transparencia y lucha contra la corrupción

Xenia Hernández es especialista en temas de derecho al acceso a la información pública, transparencia y lucha contra la corrupción. Directora Ejecutiva de Fundación DTJ.
 
Xenia Hernández es especialista en temas de derecho al acceso a la información pública, transparencia y lucha contra la corrupción. Directora Ejecutiva de Fundación DTJ.

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Columnas Mon, 19 Jul 2021 11:41:31 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25608/Gobierno-Bukele-busca-sepultar-el-acceso-a-la-información-pública.htm
Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_190_0_1898_1135/images%7Ccms-image-000036117.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25609/Bukele-y-sus-hermanos-planean-emitir-colones-digitales.htm El Gobierno de Bukele planea la introducción de una criptomoneda que sirva para pagar servicios, según muestran vídeos donde aparecen dos de los hermanos del presidente. Preliminarmente, la llaman "Colón Dólar" y su implementación está planificada para finales de 2021, de acuerdo con lo que los promotores de la medida, Ibrajim y Yusef Bukele, dijeron en reuniones con inversionistas extranjeros. Los hermanos de Nayib Bukele dicen operar en su nombre. El Faro obtuvo grabaciones de más de dos horas y documentos que detallan la medida. El Gobierno respondió que son propuestas descartadas, pero los hechos coinciden con la planeación. Read in English La Ley Bitcoin es solo la puerta de entrada para un plan del Gobierno que Nayib Bukele dirige junto a sus hermanos: han ideado la creación de una nueva moneda nacional, una versión digital de los colones de antaño, según El Faro pudo constatar a través de videos de esas negociaciones privadas con inversores extranjeros de bitcoin. Preliminarmente, la moneda se llama  “Colón Dólar”. Es una criptomoneda distinta al bitcoin y cuyo valor se amarra al de una moneda física, como el dólar, lo que la hace menos volátil. Este plan no ha sido discutido en público por el Gobierno desde que el 9 de junio la Asamblea Legislativa dominada por Bukele aprobó el uso del bitcoin como moneda de curso legal, siendo el primer país del mundo en hacerlo.

En los videos se observa una planificación detallada que va más allá de crear una moneda: el Gobierno también tiene en mente la creación de un nuevo sistema financiero. Así lo dicen los principales tomadores de decisiones de este plan, que no son funcionarios públicos con nombramientos oficiales, sino Ibrajim y Yusef, dos hermanos de Nayib Bukele que se presentan como asesores de la Presidencia.  Son, junto al otro hermano Karim, los principales estrategas de este gobierno.

El plan de los hermanos Bukele implicaría el uso cotidiano de otra moneda distinta al bitcoin y el dólar. La ejecución de este plan ha sido trabajada en privado y lo conoce una amplia comunidad -principalmente anglosajona- de inversores y empresarios de criptomonedas y sus aplicaciones derivadas. 

El Faro tiene copia de varios vídeos que suman más de dos horas de reuniones virtuales, en los que aparecen distintas negociaciones con delegados de al menos cinco empresas de tecnología y donde los hermanos Bukele son protagonistas. El Faro obtuvo también documentos en los que está registrado el plan de acción propuesto por las empresas extranjeras para ejecutar la implementación de un nuevo sistema financiero y la nueva moneda. 

Las reuniones de las que El Faro tuvo acceso son del 27 de mayo, del 4 y del 7 de junio. “En ese tiempo se estaban viendo diferentes propuestas. Al final, la propuesta que más hizo sentido fue la de adoptar el Bitcoin a la par del dólar y que el dólar siga siendo la moneda de referencia”, respondió Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la Presidencia, la tarde del 16 de julio. “La única política pública que se ha impulsado es la del Bitcoin a la par del dólar, con el dólar como moneda de referencia. Todo lo demás quedó en ideas descartadas o simplemente propuestas de terceros”, agregó Sanabria. Sin embargo, en los videos son los hermanos Bukele quienes proponen crear esa moneda e incluso discuten un calendario para operativizarlo antes de que acabe este año. Aunque el secretario de Prensa asegura que esas conversaciones son parte de planes ya descartados, tres pasos fundamentales discutidos en los videos ya ocurrieron o se anunciaron: la aprobación de la Ley Bitcoin, la creación de la billetera gubernamental, y la entrega de un bono en bitcoin para fomentar el uso de la billetera. Una fuente de este periódico que conoce del proceso de negociaciones aseguró a este medio que incluso después de la aprobación de la Ley Bitcoin el plan de terminar emitiendo una moneda digital salvadoreña seguía sobre la mesa. 

“Los hermanos del Presidente no trabajan en el Gobierno, pero para nadie es secreto que el presidente los escucha y muchas veces los consulta para la toma de decisiones”, reconoció Sanabria a El Faro.

En la reunión del 4 de junio, cinco días antes de que la Asamblea aprobara la ley, Ibrajim habló del Colón Dólar. Dijo que el Gobierno de El Salvador quiere crear una criptomoneda nacional: “Lo que queremos hacer primero es construir nuestra billetera gubernamental y una stablecoin (moneda estable)”. 

“La única forma de conseguir la moneda del Gobierno es comprarla”, dijo Ibrajim. “Lo que queremos hacer con la stablecoin del Gobierno es que no se pueda minar”, agregó el hermano del presidente ante una docena de interlocutores. Minar es el proceso en el que un conjunto de computadoras se usa para verificar millones de transacciones de criptomonedas y los ‘mineros’ reciben bitcoin como compensación por su labor. Eso no es necesario con una moneda estable, así sea digital. 

Para fomentar el uso masivo de la nueva moneda, Ibrajim mencionó dos ideas que costarían millones de dólares de los contribuyentes. La primera es una promoción. “No sé, podemos dar el 5% de descuento en cada servicio del Gobierno si (el ciudadano) paga con nuestra billetera, con nuestra moneda”, dijo. El hermano del presidente no mencionó una estimación de lo que costaría su primera idea, pero sí la segunda. Dijo que, para incentivar el uso de esa nueva moneda, el Gobierno de su hermano podría empezar con un fondo de respaldo de al menos 500 millones de dólares.

Los hermanos Yusef e Ibrajim Bukele (abajo) durante las reuniones con inversionistas para adoptar el uso de una moneda virtual. Foto de El Faro. 
 
Los hermanos Yusef e Ibrajim Bukele (abajo) durante las reuniones con inversionistas para adoptar el uso de una moneda virtual. Foto de El Faro. 

Casi medio centenar de personas saben y han participado en este proyecto, según consta en las sesiones de planificación de los hermanos Bukele, quienes trabajan de la mano con más de una docena de altos funcionarios o asesores de este Gobierno. Son quienes conocen algunos detalles de la creación de estas nuevas instituciones, que también pasa por un nuevo sistema de banca que, en la práctica, devolvería al país un eje de la política monetaria: capacidad de emitir dinero virtual que serviría, al menos, para pagar servicios ofrecidos por el Gobierno.

El Gobierno de Bukele no está improvisando, según la presentación de diapositivas de Whizgrid, una empresa de Chipre cuyos ejecutivos aparecen en los vídeos hablando del colón digital como algo ya decidido. Esta empresa es la que presentó un calendario de aplicación que describe dos años de trabajo en el uso de blockchain, la tecnología base del bitcoin, desde noviembre de 2019. La cartera de Gobierno protagonista en la implementación es la Secretaría de Innovación de la Presidencia, a cargo de Vladimir Hándal y Fabrizio Mena, que también aparecen en los videos. 

En los documentos y los videos, todo en inglés, hay un cronograma para la construcción de una superintendencia financiera para este nuevo ecosistema. La llaman El Salvador Blockchain Committee (ESBCC), que se traduce en el Comité de Blockchain de El Salvador. En una diapositiva presentada en las reuniones virtuales aparecen, al lado del nombre del ESBCC, los logos de la Secretaría de Innovación, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Registro Nacional de las Personas Naturales. 

Las conversaciones en Google Meet de los hermanos Bukele abundan en conceptos técnicos propios del rubro de las criptomonedas. Para entender la dimensión de la política pública que se planea en las conversaciones hay que entender tres de esos conceptos: blockchain, wallet y stablecoin.

Blockchain significa literalmente cadena de bloques. Es la esencia del nuevo sistema monetario que nació junto al bitcoin. Se trata de un registro público de las transacciones de criptomonedas. Ese registro se lleva en bases de datos cifradas, la mayoría de acceso público. Es la tecnología que permite un nuevo sistema de pago entre pares sin necesidad de que bancos centrales o comerciales -intermediario fiable- tengan que participar. En otras palabras, es la estructura de carreteras por las que transitan las transacciones de las criptomonedas y que permiten la verificación de autenticidad de cada operación. Es el equivalente a un libro de registros de un banco, pero no está centralizado. 

Una wallet es una billetera digital usada en los teléfonos celulares, aplicación similar a la usada por los bancos para que sus clientes puedan hacer transferencias, ver su estado de cuenta, y acceder a otros servicios. De la billetera se pueden derivar otros productos, como tarjetas de débito. El presidente Bukele anunció el 28 de junio que la wallet de El Salvador se llama Chivo y será lanzada el 7 de septiembre, y que a quien la instale le entregará 30 dólares en bitcoin, luego de registrarse con el documento de identidad y datos biométricos, como las huellas digitales o reconocimiento facial. 

La stablecoin, o moneda estable, es una clase de criptomoneda entre las cientos de criptomonedas del mundo. A diferencia del bitcoin, el valor de una stablecoin se mueve menos. Esa relativa estabilidad sucede porque el valor de una stablecoin no depende de cuánta gente quiera comprar y vender en cualquier momento, sino que su valor está anclado al de una divisa física como el dólar, o un activo como el oro.

No es raro que el valor del bitcoin oscile, hacia arriba o abajo, un 10 % a diario. Eso significa que, si usted tiene el equivalente a 100 dólares en bitcoin, al siguiente día puede tener 110 o 90. El precio se mueve de arriba hacia abajo de forma abrupta. 

La moneda digital salvadoreña, preliminarmente conocida como Colón Dólar, sería una stablecoin respaldada en dólares.  

Por ejemplo, la stablecoin más usada del mundo se llama Tether. Si usted intercambia hoy 100 dólares, le darán 100 Tethers. Y mañana también. Esto funciona así porque la empresa privada que creó Tether, en 2014, dice contar con un dólar de reserva por cada Tether que emite, de manera tal que puede garantizar que todos sus usuarios puedan intercambiar sus Tether a dólares en cualquier momento. 

Según los videos, el plan salvadoreño se parece a esto último.  “Sí, podemos hacer que esta billetera del Gobierno esté respaldada, no sé, pueden ser 500 millones de dólares estadounidenses en el Banco Central para tener este cajero de stablecoin donde podemos otorgar subsidios y préstamos a esta gente, eso nos ayudaría para ir comenzando”, dijo Ibrajim en la reunión del 4 de junio.

En público, el Gobierno ha ofrecido la legalización del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. En privado, ha negociado un camino que, con la infraestructura del bitcoin, le permita emitir su propia moneda digital.

Yusef Bukele: “Ya está decidido”

El 27 de mayo, ocho días antes del anuncio en Miami de la Ley Bitcoin, los hermanos Yusef e Ibrajim se reunieron en Google Meet con Jack Mallers, fundador de Strike. Strike es el nombre más común asociado a la iniciativa bitcoin en El Salvador, porque fue su fundador, Mallers, quien dio al mundo la primicia de que el país adoptaría la criptomoneda. Mallers es promotor del experimento bitcoin de la playa El Zonte, lugar donde vivió tres meses. Strike es una aplicación desarrollada por la empresa Zap Solutions, basada en Chicago. En la misma sesión estuvo el director financiero de Strike, Bob Scully. El Faro tuvo acceso a un video de esta reunión. 

Ahí, los hermanos Yusef e Ibrajim son asesorados por un grupo de funcionarios: Vladimir Hándal, secretario de Innovación; Fabrizio Mena, subsecretario de Innovación; Andrés Ortiz, experto en desarrollo web de la Presidencia; Alejandro Muyshondt, asesor de seguridad, y  Guillermo Hasbún, presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). En la reunión, también estuvo Carlos Alfaro, director de operaciones de la empresa de blockchain Finblok, y participaron al menos otras cinco personas que El Faro no logró identificar. 

En esa sesión, el CEO de Strike asegura que su aplicación tiene más de 100,000 usuarios en El Salvador, aunque advierte de un problema: “El gran obstáculo con el que nos encontramos es la aceptación de los comerciantes. Es que se ponen un poco nerviosos cuando mencionamos bitcoin porque no saben exactamente cómo está regulado o si van a hacer algo un poco mal”. Ibrajim le responde que tiene proyectado dar incentivos: “Sí, el plan de adopción rápida es dar 50 dólares a todos los que se registren. De esa manera, todos se registrarán automáticamente en la aplicación de pago”. Más de un mes después, cuando el presidente Bukele anunció que la billetera gubernamental se llamaría Chivo, esa cantidad se redujo a 30 dólares para quien instale la billetera digital Chivo. 

Al cierre de la reunión con Strike, el 27 de mayo, Yusef anunció que el presidente de El Salvador ya había decidido seguir adelante con bitcoin y la billetera. “La decisión de cuándo lanzar el primer anuncio y cuál sería ese anuncio, eso lo haremos en los próximos días”, dice Yusef. Una semana después, el presidente apareció en Miami anunciando que mandaría el proyecto de ley Bitcoin a la Asamblea Legislativa. 

No hay evidencia en los videos a los que El Faro tuvo acceso de que pretendan reemplazar el dólar por el Colón Dólar, pero sí de que el Gobierno ya tiene calendario de ejecución y espera tener una prueba de concepto para el 7 de septiembre de 2021, día en que entra en vigencia la ley Bitcoin, y un “producto mínimo viable” de la nueva moneda para el 14 de septiembre. 

“En un futuro, nos gustaría poder hacer de curso legal todas las criptomonedas, pero para eso nosotros necesitamos una infraestructura gubernamental que pueda hacerle frente a lo que se viene”, dijo Ibrajim el 7 de junio, en la reunión con altos ejecutivos de otra empresa, Algorand. 

Las empresas que compiten por la máquina de colones digitales 

El 4 de junio, un día antes del anuncio hecho por el presidente Bukele en Miami, Yusef e Ibrajim se reunieron con expertos en stablecoin y desarrolladores de aplicaciones involucradas en este rubro. Los ejecutivos que El Faro ha identificado en las reuniones representan a tres empresas: la ya mencionada Strike, Whizgrid y Algorand. 

Algorand es una empresa especializada en blockchain, basada en Massachusetts, Estados Unidos. Algorand es uno de los competidores por el contrato con el Gobierno salvadoreño para desarrollar la infraestructura digital de criptomonedas en el país. Los representantes de Algorand en la reunión con la contraparte salvadoreña fueron el director de operaciones, Sean Ford, y el director de soluciones de negocios, David Markley. 

WhizGrid es otra empresa de desarrollo de blockchain con sede en Chipre, que se promociona como defensora de “conceptos creativos no probados de blockchain”. “Los convertimos en soluciones financieras totalmente formadas, operativas e innovadoras”, dice en su misión. Su empresa ha presentado en las reuniones un extenso documento en el que propone el nombre de la criptomoneda salvadoreña y los tiempos y plazos para ejecutar el plan. El principal vocero de Whizgrid en las conversaciones a las que El Faro tuvo acceso es Ramy Copty, un empresario chipriota, cofundador de Whizgrid.

En la reunión, Copty hace el preámbulo para una presentación que se extiende por 56 minutos: “Hablamos de esto con Vladimir, y creo que fue Andrés, y también con Fabrizio. Es sobre la creación de una stablecoin, Colón Dólar”. Vladimir Hándal y Fabrizio Mena son, respectivamente, secretario y subsecretario de Innovación de la Presidencia, y se encontraban en esa misma reunión virtual, según El Faro pudo constatar en los videos. En una de las reuniones también participó Andrés Ortiz, empleado de la Secretaría de Innovación.  

“Sí, sí, es un buen nombre, es un buen nombre”, respondió Ibrajim cuando Copty le propuso el Colón Dólar como nombre de la stablecoin nacional. Según dijo, este cripto colón debe ser comprado al precio del dólar y se dará incentivos para que sea ampliamente utilizado. El costo de la transacción solo sería del uno por ciento, explica el hermano del presidente: “Compras $50 en monedas, pagas $51 y obtienes 50 criptomonedas salvadoreñas” (sic, el uno por ciento de 50 dólares son 50 centavos, con lo que en este ejemplo, el costo de transacción es del dos por ciento). Además, añade un incentivo más: “luego vas y pagas el servicio o impuestos con él y obtienes un descuento. De esa manera, mantenemos la proporción de uno a uno”. 

El respaldo, dice Ibrajim a los expertos de WhizGrid, sería en dólares.

Ibrajim Bukele: “Cambiar todo el Gobierno, digitalizarlo todo”

Lo que el Gobierno de Bukele ha estado impulsando —a puertas cerradas, con empresas extranjeras y consultores expertos en blockchain— va más allá de recuperar la habilidad de emitir su propia moneda. Se trata de un proyecto a largo plazo de digitalizar el sistema financiero, los registros estatales y contratos privados. En la reunión del 4 de junio, Ibrajim lo dijo con claridad: el objetivo es “cambiar todo el Gobierno, digitalizarlo todo”.

La infraestructura blockchain que apoya las criptomonedas también servirían para digitalizar registros gubernamentales, como el Documento Único de Identidad (DUI), formularios de impuestos, contratos privados, registros médicos y escrituras de propiedad.

El plan develado por la empresa Whizgrid sitúa la implementación de documentos digitales en El Salvador entre marzo y noviembre de 2022. Los primeros serían un número de identificación digital de impuestos y seguro social. Luego, el DUI, escrituras de propiedad, partidas de nacimiento, cartilla de vacunación, carnés de subsidios, certificados profesionales y académicos, hasta antecedentes policiales y penales. 

Aunque en público la ley Bitcoin se operativizó en solo tres días, el Gobierno Bukele lleva más de un año en conversaciones para impulsar esta iniciativa en El Salvador. Al menos eso es lo que se desprende de la conversación entre Ramy Copty, de la empresa WhizGrid, e Ibrajim Bukele. Copty presentó una diapositiva donde describe la línea de tiempo de las operaciones de su empresa en El Salvador. El primer contacto se remonta a noviembre de 2019, cinco meses después de la llegada de Bukele a la Presidencia.

Copty asegura que su empresa participó en un “evento de tecnología digital” en San Salvador, durante el que “presentó los beneficios de la tecnología blockchain para el Gobierno y los ciudadanos”. Ese mismo mes, Copty dijo que sus representantes sostuvieron reuniones con Vladimir (Handal) y sus asesores “para discutir varias posibles soluciones de blockchain”. Acordaron continuar la comunicación y presentar posibles usos.

Desde entonces, según la presentación de WhizGrid, ha habido un trabajo de 18 meses, hasta abril de 2021, en el que analizaron soluciones para diferentes asuntos del Gobierno y presentaron propuestas de servicios en tres áreas. 

Para el sector público: “reducir la burocracia y aumentar la confianza ciudadana en el Gobierno”. Para el sector financiero: “reducir el fraude financiero y aumentar el estándar económico de la nación y los ciudadanos”. Y para la creación de trabajos: “atraer una nueva industria, crear empleos y atraer empresas extranjeras al país”. En esta última oferta se incluyen ellos mismos. “No tenemos una oficina regional para Centroamérica o Sudamérica”, dijo Copty. “Si hacemos un proyecto de esta escala, ¿por qué El Salvador no es el centro principal de Cardano para toda la región? Hace perfecto sentido”, dijo. Cardano es otra empresa de blockchain que también comercia con su propia criptomoneda.

En la reunión del 4 de junio proyectaron los siguientes pasos. Por ejemplo, para agosto de este 2021, plantean tener un análisis estratégico y legal para ajustar las leyes salvadoreñas a la tecnología de blockchain. La propuesta del desarrollo del Colón Dólar debería entregarse el 7 de septiembre, junto con las carteras digitales y el mecanismo de pago, con sus respectivas aplicaciones para los sistemas de Android e iOS. 

El siguiente paso es una semana después. El 14 de septiembre de 2021 debería entregarse el producto mínimo esperable. Esto incluye la prueba de concepto para métodos de pago digital y criptocolón, un análisis macroeconómico sobre la estabilidad del precio y la arquitectura del sistema del Colón Dólar, las billeteras, y los métodos de pago e intercambio. Además, un análisis de estrategia legal y asesoría para los registros públicos y subsidios. 

Al final de este año, si todo sale según lo discutido en los videos, el salvadoreño de a pie debería estar usando criptocolones.

En la reunión del 7 de junio, dos días después del anuncio de que el bitcoin sería moneda legal en El Salvador, Ibrajim dijo a sus interlocutores  en una reunión vía Google Meet que su hermano, el presidente, tenía prisa.

“Acabo de recibir un mensaje del presidente para que pongamos en marcha esto. Tienen que apresurarse porque ahora mismo hay mucha gente interesada”, dijo Ibrajim. “La reunión iba a ser un tanto diferente, pero, desde el anuncio del sábado y esta conversación, ahora tenemos que acelerarlo más”.

Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva y exdelegado para Centroamérica ante el Fondo Monetario Internacional, dice que la propuesta de la digitalización de todo le gusta y eventualmente cree que el mundo terminará adoptando el modelo de Estonia, pero señala que en el contexto actual de El Salvador es una propuesta que solo añade ruidos.

Sobre la moneda digital, no es tan optimista. Advierte que la situación en El Salvador es diferente a países como China, que ya anunció la creación de su yuan digital. “Esos bancos centrales ya emiten moneda fiduciaria. El respaldo de la moneda digital sería esa moneda fiduciaria. El “respaldo” en El Salvador serían los dólares, que El Salvador no emite. Gran diferencia”, explica Acevedo. 

Para Acevedo, “la lógica del experimento implica un proceso de desdolarización de facto, con todos los efectos disruptivos catastróficos que tendría desdolarizar.” Este economista cree que si El Salvador estuviera en mejor forma macroeconómica y ya emitiera su propia moneda, el experimento podría resultar. “Pero estamos en una situación fiscal realmente crítica. Esta iniciativa solamente exacerba la vulnerabilidad fiscal y orilla más al país hacia una situación de default. Las multilaterales han expresado claramente que no apoyan la bitcoinización y los bitcoiners obviamente no aportarán recursos para evitar la debacle fiscal.”

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El Salvador Fri, 16 Jul 2021 19:48:06 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25609/Bukele-y-sus-hermanos-planean-emitir-colones-digitales.htm
La problemática mirada de Oliver Stone sobre la guerra en El Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_331_2000_1665/images%7Ccms-image-000036116.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/ef_academico/25610/La-problemática-mirada-de-Oliver-Stone-sobre-la-guerra-en-El-Salvador.htm El famoso director cinematográfico de Hollywood, Oliver Stone, estrenó su película Salvador en 1986, una de las pocas películas que moldearon la percepción del público internacional sobre el conflicto salvadoreño. Stone viajó a El Salvador por unos días, en 1985, para explorar posibles localizaciones de películas. Poco se sabía de ese viaje, hasta el año pasado, cuando Stone habló sobre él en su libro de memorias Chasing the Light.
 

Cuando Oliver Stone se propuso dirigir Salvador, su carrera estaba en un punto de inflexión. Quería ser director de cine, pero las dos primeras películas que dirigió, Seizure (1974) y The Hand (1981), fueron fracasos críticos y de taquilla. Tenía cuarenta años, un hijo recién nacido, casi dos décadas fuera de la escuela de cine, y el único éxito profesional que había tenido hasta la fecha era como escritor, incluyendo el guion de Scarface (1983), la película sobre mafiosos. Al elegir la guerra civil de El Salvador como tema de su próxima película se estaba perjudicando a sí mismo. Era un tema controvertido que iba a ser difícil de vender al público. Luchó por conseguir financiamiento y contrajo una deuda personal significativa para sacar adelante el proyecto.

La idea de Salvador surgió de la reunión fortuita de Stone en 1984 con un excéntrico periodista estadounidense llamado Richard Boyle, quien en algunas ocasiones había cubierto el conflicto salvadoreño como corresponsal. Cuando conoció a Stone, estaba tratando infructuosamente de escribir un libro sobre sus experiencias. Stone se sintió atraído por la excentricidad de Boyle y también por la dinámica política de El Salvador. Stone era veterano de Vietnam y sus experiencias allí lo habían convertido no solo en opositor a esa guerra, sino, también, de manera más general, en crítico implacable de la política exterior estadounidense de la guerra fría. Salvador coincidía con su posición política. Stone y Boyle decidieron colaborar en el guión de Salvador. Cuando terminaron el primer borrador en 1985, fueron a El Salvador a buscar posibles locaciones de filmación. En retrospectiva, Stone admite que fue una locura pensar que podían filmar una película en El Salvador en medio de un conflicto armado. El viaje duró solo unos pocos días y, al final, filmaron la película en México. No obstante, la descripción de Stone de su viaje presenta la imagen de un forastero neófito, pero muy conocido, que tuvo un papel descomunal en la presentación del conflicto armado de El Salvador al mundo a través del medio cinematográfico.

Desde la perspectiva de quienes estudiamos El Salvador y buscamos comprender mejor su historia en sus propios términos, la película Salvador es una obra profundamente desacertada. Dejando de lado las inexactitudes históricas y las sobredramatizaciones que el mismo Stone admite, el principal problema es que el personaje de Richard Boyle, interpretado por el actor estadounidense James Woods, es la fuerza impulsora de la película. El Salvador y su conflicto armado son meros telones de fondo del carácter de Boyle y las elucubraciones ideológicas de Oliver Stone sobre la política exterior de Estados Unidos canalizadas a través de la boca de Boyle. Todos los demás personajes de la película, sobre todo los salvadoreños, son planos y estáticos. El único personaje redondo y algo complejo es Boyle, lo que parece un artificio autobiográfico, dado que fue coautor del guion. Creo que deberíamos tomarle la palabra a Stone cuando dijo en una entrevista en Los Angeles Daily News (26 de marzo de 1986), poco antes del estreno de la película: “No me propuse hacer una película con mensajes sobre El Salvador, quería hacer una película sobre un corresponsal”. Salvador podría haberse ambientado en cualquier país en desarrollo que estuviera atrapado en la política de la guerra fría de la época, y el guion apenas habría necesitado cambios.

La descripción de Stone de su viaje a El Salvador con Boyle en 1985 en Chasing the Light prueba el punto. Stone revela que no sabía casi nada sobre El Salvador. Su principal informante fue Boyle, cuya disfuncionalidad domina el relato del viaje de Stone. A través de los contactos de Boyle, Stone conoció a algunos oficiales de alto rango en el Ejército, e hizo sus rondas a otros sitios y ciudades relevantes. La totalidad de su descripción tiene solo cinco páginas. Un sorprendente número de escenas en Salvador se asemejan a las descripciones que ofrece de sus pocos días en el país en 1985. Claramente, el viaje lo impactó o, más probablemente, ese aislado y superficial encuentro le proporcionó el único material de primera mano sobre El Salvador con el que tenía que trabajar.

En cierto nivel, deberíamos estar agradecidos de que Stone haya dirigido Salvador. Lo hizo con un gran riesgo personal y profesional y, a pesar de los defectos de la película, generó conciencia internacional sobre el conflicto salvadoreño. Sin embargo, la ambición de Stone era hacerse un nombre en Hollywood y construir una carrera como director de cine. Entender los matices de una tragedia como la de El Salvador, y quizás desafiar sus propias nociones preconcebidas, fue para él algo tangencial. Por lo tanto, cualquier imagen o significado que se derive de Salvador siempre estará definido por esas limitaciones.

Formación en un campamento guerrillero en Guazapa, departamento de San Salvador. Foto de El Faro: Giovanni Palazzo/Museo de la Palabra y la Imagen.
 
Formación en un campamento guerrillero en Guazapa, departamento de San Salvador. Foto de El Faro: Giovanni Palazzo/Museo de la Palabra y la Imagen.

PASAJES DE LA OBRA DE STONE

Primera impresión de El Salvador

Alex Ho [el futuro productor de cine de Stone] me acompañó en el horrible vuelo. Encontramos a Boyle en el aeropuerto de San Salvador. Estaba en su elemento: “Amo este maldito país. Sin yuppies, sin controles de computadora, no necesitas ni licencia de conducir. ¡Odio los países eficientes!” Sin embargo, ¿estaba diciendo Richard que aquí teníamos la infraestructura para filmar la película?

[…]

Reuniones con importantes oficiales del Ejército

Boyle había preparado una versión falsa de dos páginas de nuestro guion, intencionalmente sesgado para mostrar a los militares salvadoreños como los buenos, y representando a los rebeldes como comunistas homicidas. El plan era conseguir que los salvadoreños cooperaran con nuestra producción. Boyle nos llevó a conocer a su viejo amigo, el teniente coronel Ricardo Cienfuegos, en el Ministerio de Defensa, un personaje de relaciones públicas conocido por los periodistas como “Ricky”, a quien pareció gustarle el “guion” cuando lo leyó allí mismo frente a nosotros. Dijo que nos llevaría con el general Blandón, el jefe del Estado Mayor, para una respuesta rápida. Guau. Boyle nos estaba impresionando después de todo, nos explicó que dado que los militares dirigían el lugar el gobierno civil accedería a cualquier cosa. Por supuesto, había una gran ironía en el hecho de que los “malos” eran realmente los militares, alineados con los notorios escuadrones de la muerte de derecha y el régimen anticomunista de Reagan en los Estados Unidos. Después de haber conseguido el hardware salvadoreño para nuestra producción y filmado las escenas de batalla, nuestro plan era rectificar esta percepción errónea yendo a México para filmar a los guerrilleros en sus escenas de batalla como los verdaderos agentes de cambio. Era un plan audaz, muy arriesgado, pero si funcionaba, sería genial. Tal era el poder de mi deseo, francamente debo haber estado loco para pensar que esto realmente podría funcionar.

Reunión con el ministro de Turismo

Cuando nos reunimos con Blandón, que tenía una reputación difícil, le impresionó Gloria, nuestra recién contratada secretaria. Una mujer bilingüe, elegantemente sexy, a quien Boyle había reclutado sabiamente por unos cuantos dólares. Leyó el guion en el acto, o fingió hacerlo, y dijo que le gustaba, aunque necesitábamos obtener la aprobación del general Vides Casanova en el Ministerio de Defensa. Vides era el capo. Nadie mencionó a José Napoleón Duarte, el presidente, pero en el impulso del momento, lo fuimos a visitar al palacio, donde fuimos bloqueados por la seguridad y nos desviaron al Ministerio de Turismo y Comercio. Boyle hizo que Gloria volviera a trabajar los teléfonos de nuestro hotel. Ella era eficiente y nos llevó a ver al ministro de Turismo, que era un tipo clave cercano a Duarte. Le gustó el guión. “Todo lo que quieras, lo queremos para ti”, dijo. “Sería bueno para el turismo aquí”. ¿Qué turismo? La ciudad estaba sucia y mal pavimentada. ¿Tal vez en el campo, donde la guerra hacía estragos? Pero explicó que nuevamente aquí la vida era segura porque un poderoso Ejército estaba a cargo.

[…]

El ojo del director de cine

Boyle regresó a ver a Cienfuegos, quien ahora quería que verificáramos con el general de la Fuerza Aérea el préstamo de algunos helicópteros. Todo era factible, nos dijo Boyle, estaba seguro de ello. “Solo tenemos que maniobrar por la burocracia del estudio [de cine] desde aquí. ¡Por menos de cincuenta mil dólares podemos orquestar un ataque en helicóptero contra la guerrilla al estilo de [la película de Francis Ford Coppola] Apocalipsis Ya!” Todo esto dentro del presupuesto proyectado de $500 000 del préstamo bancario estadounidense que presumiblemente iba a obtener. ¿Por qué no? Alex Ho era silenciosamente cínico, pero asintió con la cabeza que era concebible. Ahora tenía visiones de un equipo de documentales de ocho hombres y dos furgonetas recorriendo el campo. Este guion que habíamos comenzado en diciembre, hace menos de un mes, ¡en realidad estaba llegando a buen término! A veces, cuando realmente quieres hacer una película, simplemente comienzas, y a veces te alcanza.

Se corría la voz sobre nosotros, y pasamos por la sede del partido fascista Arena en un cuartel bien protegido (un pequeño fuerte militar) bordeado de alambre de púas. Fuimos recibidos calurosamente por Francisco Mena Sandoval, el número dos de d’Aubuisson. Me fascinaron sus ojos asesinos magnéticos, de la misma manera que él, a su manera, estaba fascinado conmigo, el escritor de [Scarface] Caracortada. Finalmente, esa película me estaba sirviendo para algo práctico, mejor que en Hollywood. Mena preparó nuestra visita a la Asamblea Nacional para el día siguiente, y nos invitó al santuario interior de la reunión del partido Arena cinco días más tarde. Ahí pude conocer al “Mayor Bob”, Roberto d’Aubuisson, el líder del partido, el más alto honor de todos. Esa tarde adquirimos todo tipo de parafernalia de Arena, el equivalente centroamericano de los emblemas nazis, y brindamos con tequila con hombres de aspecto duro luciendo pistolas en fundas en sus caderas, dándome palmadas en la espalda mientras realizaban sus escenas favoritas con brindis al protagonista de Scarface Tony Montana— “¡Mucho coliandes!” [sic] (¡Muchos huevos!) “ Ratta-tat-tat! ¡Maten a los cabrones comunistas!” ¡Yo era “muy macho”!

Nos dirigimos a la Puerta del Diablo, la “Puerta del Diablo”, un conjunto de acantilados en las afueras de la ciudad donde antes se reunían los amantes y ahora los escuadrones de la muerte arrojaban a sus víctimas, un recordatorio inquietante de la verdad detrás de las sonrisas. Me preguntaba por qué los salvadoreños eran tan crueles en sus formas de matar, y Boyle, confundiendo diferentes culturas mesoamericanas, especuló: “Como los aztecas, ya sabes, cuando se descuartizaban entre sí y cocinaban la cena”. En el infame lupanar de Gloria, donde el consumo de alcohol iba paralelo a cualquier investigación, conocimos a varios extranjeros: asesores militares, tipos de la CIA, chusma varia y periodistas. Era el lugar de reunión favorito de Boyle, y durante tres noches seguidas desapareció con una u otra de las noventa chicas que trabajaban allí. A $30 la noche por chica, se las arregló para soplarse los $300 que le habíamos confiado en concepto de fondos para reconocer el terreno.

[…]

Cerca de la acción

Le di a Boyle más dinero en efectivo, y nos encaminamos hacia el norte en nuestro coche alquilado, más cerca de las áreas rebeldes aún activas. En el Puente de Oro, pasamos a los soldados del Gobierno en un enorme puente cortado por la mitad por las bombas, cables de suspensión retorcidos yacían inútiles, el viento soplaba a través de un silencio espeluznante, el sonido distante de la artillería del Gobierno reanudaba una sensación de guerra. Condujimos a través de una vía de ferrocarril sobre un puente desvencijado en San Vicente, sede de la 5ª División de Infantería. El viejo “amigo” de Boyle, un capitán Núñez, un oficial entrenado por la aviación estadounidense, estaba ahora a cargo de cuatrocientas tropas de élite —unidades cazadoras-asesinas conocidas como “cazadores”— que nos dijeron que trece tropas regulares habían sido asesinadas el día anterior en patrulla. En Vietnam eso significaba algo, pero aquí la vida parecía más barata. También nos dijo que un habían volado un tren más al norte, dejando treinta civiles muertos, y que había fuertes combates en la zona. Esta guerra definitivamente no había terminado en 1985. Fuimos a una base de la fuerza aérea, donde un coronel Novoa no recordaba a Boyle y despreciaba a los reporteros, por lo que Boyle asumió su rutina de “odio a los reporteros” y, sin más, sacó un recorte amarillento de un artículo de periódico que había escrito años antes, recordando a Novoa una vez más de su heroico papel “en la gran guerra de fútbol del 69 contra Honduras”. No importa lo loco que parecía Boyle, había un método en su locura, porque ahora a Boyle le caía bien a Novoa y nos invitó a cenar, compartiendo con nosotros historias pintorescas, probablemente muy exageradas. Todavía estábamos esperando a los jefes militares en la capital, pero, según Boyle, todo se veía muy bien.

Nos dirigimos a La Libertad, en la costa, un antiguo lugar de surf conocido en los EE.UU., donde Boyle había conocido a “la mujer de sus sueños”, María, que desde entonces se había refugiado en Guatemala. A menudo los salvadoreños más pobres sin “cédula” (documentos de identidad apropiados) se metían en problemas con las autoridades y, temiendo la muerte a manos de los paramilitares de derecha, huían del país si era posible. La ciudad en sí era de ensueño: el surf, las pequeñas chozas en la playa donde nos acostamos en hamacas alquiladas, los mariscos, los monstruos babeando “Tic Tack” caminando por la ciudad como zombis, sus cerebros obnubilados con “Tic Tack”, el barato aguardiente nacional. También visitamos un orfanato con unos doscientos niños dirigido por unas valerosas monjas irlandesas, que recordaban con cariño el gran corazón de Richard.

[…]

Richard Boyle

Me preocupaba, no había más noticias de Gloria en la capital, ni progreso real. Los mosquitos me atacaban toda la noche en la habitación. No tenía ningún deseo de confiar mi cuerpo a las sábanas mugrientas. Fui a buscar a Boyle al amanecer y lo encontré con la “secretaria”, otra prostituta, y una botella de ron barato. No dije nada; mis ojos lo decían todo. Mientras bebimos café fuerte en la plaza llena de basura del pueblo de mierda, los buitres masticando todo lo que podían encontrar, le di una oportunidad más, una prueba de autocontrol. Tres días para que me demostrara. ¡Sin alcohol, o sin película! Él prometió, pero las palabras no significaban lo mismo para Richard que para mí. Se mantendría relativamente sobrio durante unos días, pero como dijo mi padre, un hombre puede virar a la izquierda o a la derecha, pero al final siempre regresa a su naturaleza básica, y Richard era un alcohólico/drogadicto /lo que fuera, de gran corazón y bien intencionado. ¿Podría aceptarlo así para hacer esta película?


*Erik Ching es docente de historia en Furman University, Carolina del Sur. Su universidad acaba de concederle un importante honor al nombrarlo  titular de la Cátedra de Historia Walter Kenneth Mattison. Los extractos son traducciones del libro de Oliver Stone Chasing the Light: Writing, Directing, and Surviving Platoon, Midnight Express, Scarface, Salvador and the Movie Game (Mariner Books, 2020).

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EF Académico Fri, 16 Jul 2021 11:43:05 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/ef_academico/25610/La-problemática-mirada-de-Oliver-Stone-sobre-la-guerra-en-El-Salvador.htm
“Ahora es difícil encontrar jueces honestos en Guatemala” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036109.JPG https://www.elfaro.net/es/202107/centroamerica/25606/“Ahora-es-difícil-encontrar-jueces-honestos-en-Guatemala”.htm Helen Mack es una institución en Guatemala. Su fundación Myrna Mack es una de las principales protagonistas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En esta entrevista, Helen Mack describe grandes retrocesos en su país. Hoy son tiempos de venganza. Mack sostiene que ha habido represalias abiertas y sistemáticas en las cortes contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos que protagonizaron la primavera chapina. Se cuenta entre ellos. Read in English

Cada vez que un escándalo de corrupción sacude la clase política de Guatemala, Helen Mack invariablemente toma su posición en las trincheras. Como destacada defensora de derechos humanos en el país, ha luchado por décadas en el sistema judicial contra la corrupción de los gobiernos y contra la impunidad que remonta al conflicto armado del país. Para ella todo comenzó con el asesinato de su hermana en 1990 por la Fuerza Armada. 

Cuando la corrupción estructural y ataques abiertos contra jueces independientes este año parecieron poner en peligro los intereses de Estados Unidos, hasta Kamala Harris pidió su lectura del país. “Para ellos la prioridad es el tema de migración y si es necesario ceder en otros temas donde la sociedad civil guatemalteca no va a ceder, ellos van a ceder”, dice del gobierno de Biden. “El reto nuestro es ver cómo logramos una agenda gana-gana.”

Para ella, esa agenda ganadora incluirá justicia para crímenes de la guerra civil, así como rendición de cuentas para el manejo de la pandemia del presidente Alejandro Giammattei.

El pasado noviembre, cuando las llamas consumieron el Congreso de Guatemala en medio de protestas contra recortes al presupuesto de salud y otros gastos del Estado, Giammattei logró esquivar una ola de peticiones de renuncia. Ocho meses después, políticamente herido pero reacio, Giammattei anunció que buscará desplegar las fuerzas de seguridad, una vez más, para apagar las protestas reanudadas contra su respuesta a la pandemia.

El gobierno guatemalteco pagó 80 millones de dólares por ocho millones de dosis de la vacuna Sputnik-V en abril, que siguen sin llegar de Rusia. El canciller Pedro Brolo viajó a fines de junio, presuntamente para renegociar los términos del contrato mientras el gobierno guatemalteco amenazaba con exigir un reembolso. A su regreso, Brolo no pudo brindar cronograma para la entrega de las vacunas y dijo en una citación del Congreso que no había leído el contrato. El Ministerio Público lanzó una investigación en mayo, pero hasta donde se sepa públicamente el Ministerio de Salud se ha negado a entregar el contrato a los fiscales.

La Fundación Myrna Mack, que Helen fundó y bautizó en honor a su hermana, es una de las organizaciones de sociedad civil más destacadas en sumarse a una petición de renuncia a Giammattei, Brolo y la ministra de salud Amelia Flores.

No es la primera vez que Mack se enfrente con los gigantes de la política guatemalteca. Cuando el Estado y las Naciones Unidas negociaron la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Mack brindó sus conocimientos como representante de la sociedad civil. En los 13 años de investigaciones arrolladoras antes de que fuera desmantelada en el 2019, la CICIG mandó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina por fraude aduanera y logró una condena efímera del ex dictador y general retirado Efraín Ríos Montt por el genocidio en 1982 perpetrado contra el pueblo Maya Ixil.

Los tiempos han cambiado, y Mack sugiere que la lucha anticorrupción es ahora más precaria de lo que fue cuando se creó la CICIG. Desde que la comisión abandonó el país, Mack sostiene que ha habido represalias abiertas y sistemáticas en las cortes contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos que protagonizaron la primavera chapina. Se cuenta entre ellos.

Mack habló con El Faro a principios de julio sobre el estado del país. Desde su oficina en la lujosa Zona 14 de Ciudad de Guatemala, brinda las reflexiones lúgubres de una defensora que está presenciando el derrumbe de décadas de trabajo en las calles y las cortes.

¿Por qué pidieron la renuncia de Giammattei, el Canciller Brolo y la Ministra Flores? 

El Estado está obligado a que la Constitución se cumpla. Esto va relacionado con tu derecho a la salud y el bien común. En el manejo de la pandemia, concretamente con las vacunas, ha sido demasiado oscuro y nos ha dejado a todos los guatemaltecos sin acceso a la salud. Y de transparencia cero. ¿Cómo te podés tú creer que va un ministro de relaciones exteriores y no lee el contrato? No puede tener la excusa de que es confidencial, porque de acuerdo a la constitución, cuando una ente penal está haciendo una investigación tienen la responsabilidad de entregar la información porque es un organismo del Estado. Aquí lo que hay es mala fe por parte del Gobierno. 

Y esa mala fe, ¿cree que constituye un delito?

Por supuesto que hay delitos, pero tiene una fiscal general que le encubre esos delitos. Él tiene cooptada la justicia. Los fenómenos comunes en la región son las asimetrías de poder político y económico que te atraviesan por la brecha entre los distintos sectores, pasa por la distorsión democrática y una justicia cooptada, que fue lo último que hizo aquí este presidente, cooptando la Corte de Constitucionalidad. Entonces ellos tienen garantizada su impunidad. Pero yo creo que Guatemala ha sido la más descarada porque lo que están haciendo es retroceder todos los avances en casos de corrupción que habían investigado la CICIG y la FECI.

Vimos los nombres de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia en la Lista Engel, un listado de centroamericanos sancionados por el Departamento de Estado por socavar la democracia o estar involucrado en actos de corrupción. ¿Hasta qué punto diría que ha llegado la cooptación? 

Para los que son sus amigos, candidatos, magistrados o jueces, que están recibiendo instrucciones y que son afines a ellos, para ellos no hay ninguna sanción y no se les aplica la ley. Sin embargo, a otros jueces u otros ciudadanos, que no estamos alineados con el gobierno, viene todo el peso de la ley. 

Helen Mack ha sido testigo del desmoronamiento de la lucha anticorrupción desde la expulsión de la CICIG en 2019. Ahora afirma que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) está bajo el mismo asedio. En su oficina en Ciudad de Guatemala. Foto de El Faro: Simone Dalmasso/Plaza Pública
 
Helen Mack ha sido testigo del desmoronamiento de la lucha anticorrupción desde la expulsión de la CICIG en 2019. Ahora afirma que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) está bajo el mismo asedio. En su oficina en Ciudad de Guatemala. Foto de El Faro: Simone Dalmasso/Plaza Pública

En el caso concreto mío, tengo once denuncias o más. Además hay categorías de enemigos porque es el mismo Estado que te está persiguiendo. En el caso de Gloria Porras, Juan Francisco Sandoval, Érika Aifán, Jordán Rodas y todos los jueces de mayor riesgo, el ochenta por ciento de las denuncias las ponen precisamente por la Fundación Contra el Terrorismo, con Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, que están en la Lista Engel por la obstrucción de la justicia. Utilizan las redes para desacreditarte, deslegitimarte socialmente, y matarte civilmente a través de un litigio malicioso en donde tú tenés jueces y fiscales que en un día te pueden armar un caso pero para investigar la corrupción nunca hay tiempo o es muy complicada la investigación. No existe el Estado de Derecho y el sistema judicial está siendo utilizado como una herramienta de persecución.

La Fiscalía de Derechos Humanos está imputando responsabilidades en el caso Diario Militar, que se trata de la desaparición forzada, tortura y asesinato sistemáticos de personas percibidas como disidentes políticos entre 1983 y 1985. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló culpable al Estado de Guatemala en 2012. ¿Qué se puede esperar del caso para la lucha contra la impunidad?

Para mí el caso del Diario Militar es un caso bien sustentado. Tenés sobrevivientes que reconocen a sus torturadores. Son 183 historias que tenés ahí y creo que ya se ha demostrado suficiente en los distintos casos de derechos humanos, como fue en el caso de genocidio, cómo eran los planes [de la fuerza armada]. Entonces creo que la prueba es lo suficientemente fuerte como para que salga con una condena. Si se va a lograr condena o no, el problema es cómo depuramos a un sistema de justicia que antes había un respeto a la autonomía fiscal. El sistema de Inteligencia de aquella época son los mismos fundadores de los partidos políticos de la Fundación Contra el Terrorismo, que vivieron y siguen viviendo de la corrupción.

¿Cuál es la influencia actual de los militares en la política guatemalteca?

La Inteligencia es una herramienta para la toma de decisiones. En el caso de Guatemala, los miembros que formaron y forman parte del sistema de Inteligencia son un poder mucho más fuerte que cualquiera de las armas que tiene el Ejército, por la cantidad de información y el control que tienen. 

Usted estuvo involucrada en la propuesta para crear la CICIG en el 2006. ¿Cómo contrasta ese momento con el que estamos viviendo ahora, en cuanto a la lucha contra la corrupción e impunidad?

En aquella época lo que tú tenías eran jueces honestos de carrera. Lo que necesitabas encontrar era un juez con valor. Lo que es difícil encontrar ahora son jueces honestos, porque los jueces con valor son los que están siendo perseguidos. Antes estabas en una dictadura militar en medio del conflicto armado. Mataron jueces. Hoy el problema es que hay muchos jueces y magistrados que están involucrados en este pacto de corruptos. Y tú lo ves, en el caso de Mynor Motto, por ejemplo, donde es obvio que resuelve a cambio de que lo iban a nombrar magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Es esa cooptación de instituciones que están aliadas, que ahora se te complejiza más esta clase de redes porque estás usando lo legal con lo ilegal, lo público con lo privado, y esa zona gris que hace que el fenómeno tenga muchas capas. La corrupción derivada del crimen organizado o del narcotráfico ha permeado todo el sistema político.

Se habla mucho ahora de una comisión anticorrupción regional. ¿Cuáles son los cauces para hacerlo una realidad, y usted cree que es la apuesta correcta?

A nivel regional, creo que en ninguno de los tres países del norte de Centroamérica hay condiciones políticas en este momento para aprobar una comisión internacional. Pero creo que a nivel mundial, estamos viendo un juego de posicionamiento geopolítico de China, Rusia, Estados Unidos, Europa en donde el tema de la cleptocracia y la corrupción van a ser un eje transversal. Entonces el hecho de que en este momento, en el caso concreto de Guatemala, nos hayamos convertido en una amenaza para Estados Unidos quiere decir que en Europa y otras partes del mundo la kleptocracia será un tema que se va a tener que discutir, porque son las armas que utilizan quienes quieren llegar a ser parte de las potencias del mundo.

Usted estuvo en las reuniones con la vicepresidenta Harris y la administradora Power de USAID. ¿Cree usted que Estados Unidos puede ser un socio confiable de sociedad civil en la región?

Todos tienen su propia agenda e intereses. Para ellos la prioridad es el tema de migración y si para ellos es necesario ceder en otros temas donde la sociedad civil guatemalteca no va a ceder, ellos van a ceder. Mirá cómo estamos ahora. Mirá cuánta gente tenemos que ir buscando cómo vacunarnos, los que tenemos capacidad económica y medios para que nos den la vacuna. ¿Y la gente cómo no va a migrar si no tenés la solución para nuestra gente? No tenés otra alternativa. Tampoco es suficiente que te digan, ‘no vengan’, que es lo que hizo la vicepresidenta. Eso lo tienen claro ellos, pero tienen que ir evaluando. El reto nuestro es ver cómo logramos una agenda gana-gana.

A mediano y largo plazo, ¿hay una alternativa política al oficialismo en Guatemala?

No sé cómo vamos a lograr que el pueblo recupere el poder. Es parte de los objetivos de mantener esas asimetrías de pobreza y miedo, precisamente para que ellos se mantengan en el poder. Nunca vamos a lograr tener el poder ni llegar. Por eso es que para ellos, aunque ya no tenga sentido hablar de comunistas, socialistas, ellos lo siguen metiendo porque siguen llamando la época del genocidio en la que estás conmigo o contra mí, para evocar el temor y lograr controlar la población.

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Centroamérica Thu, 15 Jul 2021 10:08:11 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/centroamerica/25606/“Ahora-es-difícil-encontrar-jueces-honestos-en-Guatemala”.htm
Gobierno de Bukele busca multar a quien divulgue datos patrimoniales de funcionarios http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_320_183_2000_1304/images%7Ccms-image-000034651.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25603/Gobierno-de-Bukele-busca-multar-a-quien-divulgue-datos-patrimoniales-de-funcionarios.htm La Presidencia ha pedido 11 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Son reformas que buscan clasificar como secreta la información sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios, y viajes oficiales o datos de contratos públicos, además de los listados de asesores de las oficinas de Estado, y los salarios de todos los empleados públicos, entre otras. Una de las reformas abre la puerta a que las oficinas de Gobierno declaren bajo reserva 25 tipos de información que hasta ahora debían poner a disposición del ciudadano sin que mediara una solicitud específica. Otra reforma indica que habrá sanciones para cualquier persona particular que viole la LAIP, algo que por ahora solo aplicaba a funcionarios. El presidente Nayib Bukele ha propuesto 11 reformas a Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que marcan un retroceso sin precedentes en cuanto al derecho de la ciudadanía a pedir datos públicos al Estado.  De ser aprobadas por la Asamblea, estas reformas habilitan el bloqueo de las oficinas públicas al acceso a información sobre el quehacer del Gobierno y todas las instancias del Estado.  En la práctica, se pondría un candado a la información sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y se habilita a que sean reservados los datos sobre viajes oficiales, sobre los contratos públicos del Gobierno, los listados de asesores de las oficinas de Estado, los salarios de todos los empleados públicos, y otra información de relevancia que ha sido clave para la investigación de los distintos casos de corrupción destapados hasta la fecha.

La propuesta con las reformas fue conocida este lunes 12 de julio, cuando el documento se subió al portal web de la Asamblea Legislativa en la sección de piezas de correspondencia que ingresan cada semana al Órgano Legislativo. El documento, según un sello plasmado en las primeras hojas, había sido recibido en la Asamblea el 7 de julio. En la sesión plenaria del martes 13, sin embargo, la pieza no ingresó y el documento desapareció de la web. Hasta el momento, ningún vocero del Gobierno ha explicado los pormenores de las reformas. Es probable que la pieza ingrese formalmente en futuras sesiones plenarias. Podría aprobarse inmediatamente, como ocurrió con la Ley Bitcoin , o podría enviarse a una comisión de trabajo de la Asamblea para su discusión. 

Lo que está claro es que si se aprueban las reformas tal cual fueron enviadas a la Asamblea, el acceso a información pública será casi un imposible de ahora en adelante. Una de las reformas convierte en “confidencial” la información financiera y patrimonial de los funcionarios. Es uno de los retrocesos más evidentes que promueve ahora el Gobierno porque, según esa interpretación, esa información será considerada como parte de la esfera íntima del funcionario y que, por tanto, no está obligado a compartir. Pero esa información debe ser pública y debe ser puesta a disposición de los ciudadanos, según resolvió la Cámara de lo Contencioso Administrativo, en julio de 2020.

La información confidencial está definida en la ley, en el artículo 24 y comprende los datos relacionados a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen así como archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad. También incluye datos relacionados al secreto profesional (en el caso de médicos o abogados), secreto comercial, industrial, bancario o fiduciario, entre otros. Con la reforma, Bukele quiere que dentro de esas categorías se coloque la información patrimonial y financiera de todos los funcionarios. “Adiciónase al Art. 24, la letra e., de la siguiente manera: e) La declaración patrimonial de probidad de inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleados públicos y los documentos anexos a estas incluyendo sus adendas”, dice la propuesta enviada por Bukele.

La información patrimonial la recaba la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. A partir de 2015, la anterior Sala de lo Constitucional (2009-2018) reactivó el trabajo de la Sección de Probidad y gracias a ello se logró que la justicia salvadoreña investigara y procesara la corrupción de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, por mencionar solo dos casos. Tony Saca, fue condenado a 10 años de cárcel gracias a que un tribunal concluyó que la información patrimonial mostraba que había malversado dinero público. Probidad había examinado el patrimonio de Saca porque después de años de parálisis, en 2015, la información fue solicitada por ciudadanos que la pidieron usando la LAIP.

Desde 2015 a la fecha, la Sala de lo Constitucional y el máximo ente supervisor del derecho de acceso a la información pública, el Instituto de acceso (IAIP), habían sostenido que los informes de Probidad podían ser compartidos con la ciudadanía mediante versiones públicas. Pero en junio de 2017, la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocaron ese criterio y determinaron que los informes de Probidad debían ser declarados bajo reserva durante siete años cuando no se encontraran indicios de enriquecimiento ilícito, y que, cuando sí se encontraran indicios, los informes tampoco se hicieran públicos sino hasta que se terminara el respectivo juicio de enriquecimiento ilícito en instancias civiles. Ese proceso puede durar años. Por eso es relevante que la Cámara de lo Contencioso Administrativo dijera en julio de 2020 que la información patrimonial era pública. 

El patrimonio de Bukele también fue investigado por Probidad y Corte Plena determinó en 2019 que no había indicios de enriquecimiento ilícito y el expediente fue archivado por la CSJ para un período de siete años. El IAIP contravino esa decisión en junio de 2020 y le ordenó a la CSJ entregar la información a la periodista Jéssica Ávalos. La Corte Suprema no obedeció y en octubre reafirmó que no entregaría la información. Siete días después, el IAIP —que antes había abogado para que se conociera la información patrimonial de Bukele— revirtió su postura y resolvió que dichos datos debían mantenerse alejados del público. Para ese momento, el IAIP había sufrido reacomodos y los nuevos comisionados habían tomado decisiones que torpedeaban el acceso a la información pública .

Ocho meses después, la opacidad crece. Aquella decisión que mantiene secreta la información patrimonial de Bukele se pretende elevar a LAIP (a través de la reforma al artículo 24) para que beneficie a todos los demás funcionarios con expedientes abiertos en Probidad. Las reformas llegan semanas después de que la Asamblea, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, también otorgara inmunidad para todos los funcionarios que participaron en las compras de la pandemia y que estaban siendo investigadas por la Fiscalía General de la República, que desde el 1 de mayo tiene a alguien impuesto por Casa Presidencial . También llegan después de que Bukele y el fiscal acordaran expulsar del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) que había sido la promesa de campaña para combatir la corrupción.

Contrario a lo que decía Bukele en febrero de 2013, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, ahora parece que Bukele cree que la LAIP es dañina para la sociedad. En febrero de 2013, esa fue la causa de la primera disputa pública entre Bukele y el FMLN. Las reformas de ese momento buscaban quitarle poder al Instituto de acceso. “De la forma en la que está redactado el texto (de reformas a la LAIP), es un golpe a la transparencia que tanto predicamos como oposición, y que como recién partido de Gobierno aprobamos. ¿Por qué ahora nos echamos para atrás? ¿Acaso ya no creemos en la transparencia? ¿Por qué le damos armas a ARENA?”, decía Bukele en su cuenta de Facebook, mediante una publicación que tituló “Hubiera sido un gran día para la izquierda...”

De aquellas palabras quizás no queda nada. Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación DTJ, consideró que las reformas a la LAIP muestran “una clara política de opacidad por parte de este gobierno”. Según la abogada, con amplia experiencia en el derecho a información pública, “las reformas ponen como regla general la reserva de información, es decir, hacerle más engorroso a la ciudadanía ejercer este derecho, desmotivar a ejercer este derecho y promover una cultura de opacidad”.

En cuanto a la reforma que echa sombras sobre la información patrimonial de funcionarios, Hernández asegura que se trata de un evidente retroceso. Ella fue una de las ciudadanas, junto con el abogado Roberto Burgos, que pidieron a la CSJ la información patrimonial de los expresidentes. “Pedir esa información fue una de las acciones, cuando el Instituto era sólido y robusto, que contribuyó a dar paso a las primeras investigaciones sobre enriquecimiento ilícito. Ahora no solo la Corte Suprema ha dado un revés sino también este Gobierno en complicidad con la misma Asamblea”, dijo Hernández. 

Instituto de Acceso a la Información Pública, ubicado sobre la prolongación de la calle San Antonio Abad de San Salvador, Edificio Oca Chang. Foto: El Faro.
 
Instituto de Acceso a la Información Pública, ubicado sobre la prolongación de la calle San Antonio Abad de San Salvador, Edificio Oca Chang. Foto: El Faro.

Portales de información... reservada

Otra reforma promovida por la administración Bukele abre la posibilidad para que cualquier particular puedan ser multados en caso de infringir algún artículo de la LAIP. Hasta ahora, la LAIP solo contemplaba multas para los funcionarios que violaran la ley, y esto era útil cuando un funcionario divulgaba datos personales o confidenciales de algún ciudadano. En marzo del año pasado, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, el diputado Mario Ponce, fue procesado en el IAIP por divulgar información de un ciudadano.

Pero con la reforma al artículo 77, la multa también recaerá sobre el particular que divulgue la información. Sin embargo, el artículo que describe las multas deja claro que ese artículo se pensó para funcionarios públicos, no para particulares.

Son infracciones muy graves, por ejemplo: “A) Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. B). Entregar o difundir información reservada o confidencial. C) No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto. D) El incumplimiento por parte del funcionario competente de nombrar a los Oficiales de Información. E). Negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación. F) Tenerla información bajo su custodia de manera desactualizada, desordenada, en violación ostensible a las medidas archivísticas establecidas en esta Ley y por el Instituto.”

Eso quiere decir que cualquier ciudadano o incluso empresa que se niegue a entregar información al Estado podría ser sancionado.

La LAIP establece tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Las multas que se imponen oscilan entre uno y cuarenta salarios mínimos, según el artículo 77 de la LAIP. Otra reforma propuesta por Bukele establece que para establecer el monto de la multa se tomará en cuenta el salario del infractor. La multa podría oscilar entre los $300 y los $12 mil. 

Otra reforma abre la puerta a que las oficinas de Gobierno declaren bajo reserva 25 tipos de información que hasta ahora debían estar a disposición del ciudadano sin que mediara una solicitud específica. Eso quiere decir que ahora las oficinas estatales tienen luz verde, si lo justifican de alguna manera, de declarar reservada información que antes era de obligatoria entrega al ciudadano. Esto incluye la información de contratos públicos, el listado de viajes de los funcionarios, el listado de asesores, el salario de todos los empleados públicos, e incluso cosas tan básicas como el organigrama institucional, o la memoria de labores, entre otras cosas. Con la reforma que propone Bukele, ahora esa información podrá ser declarada bajo reserva.

Hasta ahora, cuando el Gobierno ponía bajo reserva información de este tipo, el solicitante podía apelar ante IAIP o ante la Sala de lo Constitucional. Con la reforma al artículo 16 de la LAIP que propone Bukele, se cierra esa puerta porque la ley establece que es válido declarar esos datos como información reservada.

Para Xenia Hernández las reformas implican que el Gobierno podrá “seguir abusando de las causales de reserva de información que establece el artículo 19”. “Aquí hay información de viajes, de gastos de publicidad, que en años anteriores había generado controversia y permitieron mostrar el mal uso de fondos públicos”, explicó.

Las reformas propuestas también golpean las investigaciones de corrupción hechas por la Corte de Cuentas de la República (CCR), que es la institución que por ley puede investigar el buen uso de los fondos públicos. Por ejemplo, la reforma que se hará al artículo 16 de la LAIP también elimina la obligación de que la CCR divulgue los resultados de sus auditorías. Eso quiere decir que ya no serán públicos los informes finales de los exámenes y auditorías que la CCR haga, por ejemplo, a las finanzas del Ministerio de Agricultura por las compras de alimentos para la atención de la pandemia, o del Ministerio de Salud, por la compra de medicamentos.

Ruth López Alfaro, jefa anticorrupción y justicia de la fundación Cristosal, lamentó el retroceso que marcan las reformas a la LAIP y dijo estar especialmente preocupada la eliminación del artículo 16 que establecía que la Corte de Cuentas iba a hacer públicas sus auditorías a las oficinas de Gobierno. “El manejo irregular de fondos públicos ha sido una constante en el ejercicio gubernamental, lo que quedó evidenciado tanto a partir de los avisos de la Cicíes a la Fiscalía General, como de los informes de auditoría de la Corte de Cuentas. El gobierno, al reservar esa información, lo que pretende es ocultar a la ciudadanía la corrupción que ha enervado el gobierno”, dijo.

Entre las reformas también hay dos modificaciones al esquema de administración del IAIP. Una de las reformas entrega al presidente del instituto un poder paralelo al del pleno de comisionados. Por ejemplo, el presidente podrá modificar a su antojo la estructura orgánica del instituto, su voto valdrá doble cuando haya empate en una decisión del pleno y, podrá de manera unilateral, pedir que se inicie el proceso de destitución de empleados del instituto, entre otras. Hasta ahora, el IAIP se manejaba de manera colegiada, es decir, debía existir un consenso en el pleno de cinco comisionados para tomar decisiones. La LAIP, en consonancia con el espíritu colegiado del instituto, dicta 21 atribuciones para el pleno de comisionados. Con la reforma, si bien esas atribuciones se mantienen, al presidente le crean 11 atribuciones que antes no tenía.

Para Xenia Hernández es un retroceso también que el presidente del IAIP tenga mayor margen de maniobra frente al resto de comisionados en temas no solo jurisdiccionales y administrativos. “Eso es contrario al espíritu colegiado con el que se creó el IAIP”, dijo. Durante 2019 y 2020, ya en la administración Bukele, el IAIP ha cambiado de presidente dos veces. No es casualidad, el pleno de comisionados comenzó a fracturarse porque consideraban que la presidencia estaba acumulando demasiado poder. Uno de los presidentes del IAIP renunció después de que se descubriera que había estado compartiendo información confidencial con la Presidencia de Bukele. En agosto de 2019, Bukele aprobó un reglamento nuevo del IAIP que también le daba más poder al presidente del IAIP y que fue duramente criticado por organizaciones vigilantes del derecho de acceso a información pública .

Otra de las nuevas reformas quitan la posibilidad al Instituto para que emita la orden —sin que nadie lo haya pedido— de desclasificar información pública en poder de las oficinas de Gobierno. Con la reforma, solo si un ciudadano pide al Estado que quite la reserva sobre ciertos datos, el Instituto podría entrar a conocer el tema. Con esa reforma al artículo 29, el Gobierno está interesado en quitarle al Instituto una herramienta para que la ciudadanía tenga acceso que el Estado quiere ocultar. En noviembre de 2019, por ejemplo, el IAIP decidió de oficio eliminar la reserva que la Presidencia de Bukele impuso sobre toda la información que explicaba los despidos de más de 600 empleados del Órgano Ejecutivo. Con la reforma, el IAIP no podría tomar la iniciativa para desclasificar ninguna información reservada por un oficial de información.

Otra de las reformas autoriza también a las oficinas de Gobierno a que defiendan en instancias judiciales su decisión de denegar información a los ciudadanos. Hasta ahora, la LAIP únicamente daba esa posibilidad a los ciudadanos que pedían información, aunque desde los Gobiernos del FMLN, fue un recurso que ocuparon los funcionarios para evadir rendir cuentas. Por ejemplo, cuando el IAIP ordenó en 2015 al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) que entregara información sobre un fideicomiso a un periodista de El Faro, Bandesal buscó protección judicial y colocó un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para evitar dar la información. La reforma al artículo 101 de la LAIP que promueve Bukele ahora institucionalizan esa práctica.

El Ministro Bidegain justificó parte de las reformas diciendo, en la pieza enviada a la Asamblea, que buscan cumplir con los principios de “celeridad” y “coherencia” que deben caracterizar todas las acciones que haga la administración pública. Esos principios los establece la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) aprobada en febrero de 2018. De acuerdo a la LPA, todos los procedimientos que un ciudadano inicia ante el Estado —por ejemplo, la solicitud de información pública de cualquier tipo o tema— debe ser tramitado en el Estado con la menor dilación posible. Por eso las reformas a la LAIP propuestas por Bukele son contradictorias porque establece que el tiempo de respuesta para cualquier solicitud de información es de 20 días hábiles, y ya no 10, como estaba previamente en la LAIP.

El Ministro Bidegain también dice que las reformas son necesarias para que la LAIP cumpla con el principio de “antiformalismo” que, según la LPA se exige a todos los trámites del Gobierno. Ese principio implica que ningún requisito que no sea esencial debe obstaculizar de manera injustificada un trámite iniciado por un ciudadano. Pero eso es contradictorio con una de las reformas propuestas que establece, por ejemplo, si se cita a un ciudadano a que recoja personalmente la información que ha pedido y este no se presenta en cinco días contados a partir de la notificación, la información se archivará y el ciudadano deberá hacer una nueva solicitud, es decir, debe volver a esperar 20 días hábiles, como máximo, para volver a obtener una respuesta

El documento de reformas, también incluye una propuesta que busca cambiar la forma en que se eligen a los comisionados que dirigen el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), instancia clave en asegurar el derecho al acceso a información pública.  Según la reforma propuesta al artículo 53, se reduce la cantidad de propuestas que deben enviar los ministerios (serían 2 en lugar de 3) y los candidatos propuestos por el sector privado no están obligados a pertenecer a una ninguna gremial. 

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El Salvador Wed, 14 Jul 2021 11:08:27 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25603/Gobierno-de-Bukele-busca-multar-a-quien-divulgue-datos-patrimoniales-de-funcionarios.htm
Editorial de El Faro: La expulsión de Daniel Lizárraga https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25604/Editorial-de-El-Faro-La-expulsión-de-Daniel-Lizárraga.htm 360 grados Wed, 14 Jul 2021 10:49:46 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25604/Editorial-de-El-Faro-La-expulsión-de-Daniel-Lizárraga.htm El Salvador criminaliza a sus desaparecidas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035294.JPG https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25601/El-Salvador-criminaliza-a-sus-desaparecidas.htm Al reportarse un caso de persona desaparecida, si la persona desaparecida es una mujer, las autoridades tienden a criminalizar a las víctimas por cuestiones de género. Cada día, al menos 16 mujeres, adolescentes o niñas son víctimas de algún tipo de violencia sexual en El Salvador. Entre 2014 y 2019 fueron reportados 35 mil casos. En ese mismo periodo, 12 mil mujeres jóvenes y niñas fueron asesinadas. De enero a junio del 2021 se registraron por la Policía Nacional Civil 675 homicidios en el país, un 13 % más que los 596 registrados en el primer semestre del año pasado. Para el primer semestre del 2021, se han registrado 83 casos de mujeres asesinadas, un 43 % más que el registrado en el mismo periodo en el 2020. 

También del 2014 al 2019, la Fiscalía General de la República registró 22 mil denuncias de personas desaparecidas, un promedio diario de 10 casos, de los cuales el 40 % son niñas y mujeres. Un número mucho mayor que el de 12 495 denuncias de desapariciones registradas en los mismos años por la Policía Nacional Civil. Ambas cifras dejan ya atrás las estimaciones de 8 mil a 9 mil personas desaparecidas durante los años de conflicto armado vivido entre 1980 y 1992. 

En un tuit publicado en enero del año pasado en la cuenta del presidente Nayib Bukele, se aseguraba que en los primeros 24 días del 2020 se registraba una reducción del 45 % de personas desaparecidas con relación a los primeros 24 días del 2019. Sin embargo, el 2019 concluyó con un registro de 593 personas desaparecidas, de las cuales 89 fueron mujeres, en su mayoría entre 12 a 19 años de edad. De enero a mayo del 2021, unas 368 familias denunciaron la desaparición de alguno de sus integrantes. Interpusieron la denuncia ante la PNC, y ese familiar aún no ha aparecido; ni vivo ni muerto, aunque el director de la Policía haya asegurado que “la mayoría de los desaparecidos aparece con vida”, sin aclarar en su afirmación que no se refiere a los cientos de casos, un 70 %, en que las investigaciones aún no ofrecen resultados o han sido archivadas. 

De continuar este incremento progresivo de registros de homicidios y personas desaparecidas se cerrarán aún más las fuentes de acceso a información pública y aumentarán sanciones o amenazas de sanciones para operadores estatales que brinden datos. La desaparición de personas se ha constituido en un talón de Aquiles para una gestión gubernamental centrada en distorsionar la realidad en función de su imagen, aunque ello pase por sacrificar el derecho a la verdad y a una investigación despojada de prejuicios a la que tienen derecho cientos de familias que buscan y exigen saber el paradero de sus parientes. Esto se presenta con mayor gravedad cuando se trata de mujeres desaparecidas, ya sea por la comisión del delito de desaparición o de un caso de desaparición forzada, puesto que se presenta otra coalición de delitos cometidos específicamente por ser mujeres, sumándose un número aún más amplio conforme se aplique no solo enfoque de género, sino también enfoque diferencial en la investigación de los hechos, una mujer joven, una mujer de una familia pobre, una mujer que vive en una zona de alta peligrosidad, una mujer indígena, una mujer activista, una mujer trans, una mujer política.  

Al reportarse un caso de persona desaparecida, si esta persona es un hombre, la línea de investigación oficial suele orientarse a una acción criminal. No obstante, si la persona desaparecida es una mujer, las autoridades tienden a criminalizar a las víctimas por cuestiones de género, sugiriendo, por ejemplo, que se fueron por su propia voluntad con “un novio”, migró hacia Estados Unidos abandonando a sus hijos o porque tenían algún problema que querían ocultar a sus familias, argumentos que a la larga solo revictimizan y entorpecen los procesos de búsqueda. 

Para el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, Convención Belém Do Pará, se entiende como la privación de libertad de una mujer o niña, o un grupo de mujeres y/o niñas, la cometida por uno o varios particulares debido a su género y cuya finalidad puede conllevar actos de violencia sexual, trata de personas o feminicidio y tortura. Este Comité de Expertas ha identificado patrones en los cuales la desaparición de mujeres tiene características específicas que la distinguen de las desapariciones de hombres. Es una dinámica enraizada en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que son causa y consecuencia de la violencia de género, que puede preceder y formar parte de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, feminicidio y de la violencia sexual. La desaparición de mujeres y niñas cometida por un particular es una forma de violencia contra ellas por el hecho de ser mujeres, por lo que los Estados tienen la obligación general y especial de prevenir este tipo de violencia.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en el marco de lo establecido en la Convención Belém Do Pará, los Estados podrían no cumplir con su deber de debida diligencia en casos de mujeres y niñas desaparecidas. A pesar de que estos hechos eventualmente se le atribuyan a un particular, dicha conducta en cierto modo sería auxiliada por el poder público, involucrando la responsabilidad internacional del Estado y teniendo consecuencias y daños similares a los de la desaparición forzada, entendida como una violación de derechos humanos pluriofensiva, continuada y permanente. La prevención general de la violencia contra las mujeres y las niñas, requiere de la adopción de medidas integrales de diversa índole destinadas a reducir los factores de riesgo y eliminar las posibles causas, así como también la prevención especial contempla en el marco de la protección de los derechos de las mujeres los aspectos relacionados con las fases de la denuncia, investigación y documentación de los casos ocurridos, las actuaciones de los funcionarios públicos (policiales, fiscales y judiciales), al enjuiciamiento y sanción de los autores y a la reparación a las víctimas. 

Ante el negacionismo de las autoridades por reconocer los graves hechos de desaparición de personas, son sus familias las que día a día se lanzan a las calles a buscar indicios de su paradero. A esta cruz se suma el tener que luchar contra la autoridad que criminaliza a las desaparecidas y los desaparecidos, a sus familiares, a sus amistades y a cualquiera que les exija investigaciones fiables, información oportuna y resultados.  No se discute que pueda haber algunos casos en que las personas que han sido reportadas como desaparecidas sean localizadas y se descubra que no se encontraban en peligro alguno. Lo que se señala es que se pretenda generalizar este tipo de casos y desconocer que otro grupo si sea víctima de hechos de criminalidad organizada, algunos de ellos con aquiescencia del Estado o evidente negligencia de este. 

Las autoridades han hecho llamados a las familias para que se abstengan a publicar en redes sociales las fotografías de sus desaparecidos y desaparecidas. Atender o desatender ese llamado no es una opción para quienes no encuentran otra salida que pedir ayuda públicamente. Son las fotografías y hashtag como #TodosSomosFlor las iniciativas que van generando conciencia de la gravedad de este drama del que al parecer solo se busca ocultar bajo la alfombra. A iniciativa de la FGR, una jueza ordenó a un periódico digital quitar de sus páginas un completo artículo sobre las fosas comunes encontradas en el municipio de Chalchuapa cuya responsabilidad se atribuye al expolicía Hugo Osorio. De los 13 cuerpos oficialmente reconocidos, 8 son de mujeres y 2 de niñas. Es más que claro que el fenómeno de desaparición de personas también tiene rostro de mujer. Son los cuerpos de mujeres encontrados en Chalchuapa, cuyas desapariciones fueron mayoritariamente ocurridas durante el 2020, los que aumentaron las cifras de registros de homicidios en el segundo trimestre de este año, despertando nuevamente la especulación de que El Salvador puede ser una inmensa fosa común, donde puedan estar sepultadas mujeres víctimas de diferentes delitos, en razón de marcas de control de territorio o de aleccionamiento social. 

Para la antropóloga Malathi Alwis, la desaparición es una de las formas de violencia más insidiosas, puesto que busca la obliteración del encuentro del cuerpo de la persona desaparecida e impide con ello cerrar el proceso del cierre psicosocial.  Para la mexicana Marcela Lagarde, la categoría de feminicidio pone en el centro la consideración de que cualquier forma de violencia contra las mujeres es constitutiva de una violación de derechos humanos y, por lo tanto, resalta la responsabilidad de las instituciones estatales en su ejecución. Al ser el feminicidio el resultado extremo de un continuum de violencias contra las mujeres basadas en las jerarquías de poder por género, además de poder involucrar subordinaciones por edad, clase social, orientación sexual o racialización, tales trayectorias de violencia únicamente han sido posibles por la permisividad, inacción, omisión, negligencia o complicidad de las instituciones estatales. Por tanto, hechos de violencia extrema que ponen en riesgo la vida de las mujeres, como lo es la desaparición y desaparición forzada de mujeres, constituye un crimen de Estado. 

De persistir la tendencia gubernamental, a través del control de las instituciones estatales, de imponer su propia narrativa ocultando o minimizando lo que realmente sucede, es la continuidad de la búsqueda de las familias, y de las acciones colectivas que en solidaridad con ellas se generen, lo que podría desarrollar un movimiento que garantice mantener vigente la identidad de las y los desaparecidos y que a su vez construya una base para la acción social.  Esto, en clave de mujer, escala a una fuerza política capaz de marcar agenda para que no perdamos la memoria de la identidad de las niñas y mujeres desaparecidas y la violencia basada en género que en cada caso se evidencia. Con ello, rompemos la normalización de la violencia contra las mujeres y garantizamos realmente avanzar hacia una vida libre de violencia a la que todas, sin distinción alguna, tenemos derecho.

Celia Medrano estuvo entre las cinco finalistas para asumir la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Medrano ha sido parte de instituciones salvadoreñas que trabajan en favor de las víctimas del conflicto armado, la violencia social. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Celia Medrano estuvo entre las cinco finalistas para asumir la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Medrano ha sido parte de instituciones salvadoreñas que trabajan en favor de las víctimas del conflicto armado, la violencia social. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

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Columnas Wed, 14 Jul 2021 10:20:28 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25601/El-Salvador-criminaliza-a-sus-desaparecidas.htm
Peña Bética: a la cancha tras una amputación http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036096.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/ef_foto/25555/Peña-Bética-a-la-cancha-tras-una-amputación.htm Es un hecho que cuando alguien es sometido a una amputación la parte física se corta, pero la mente del paciente recordará y dará órdenes al miembro amputado por largo tiempo. Amputar es -o debería ser- el último recurso para salvar la vida del paciente. En las salas de operaciones, después de recibir anestesia raquídea, alrededor de la médula espinal, el paciente queda completamente sedado a los cinco minutos. Luego de eso, el cirujano corta la piel, cauteriza carne, arterias, nervios y, por último, corta el hueso con una cadena de acero cuyo sonido es similar al de una sierra de carpintero. Según datos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, desde enero del 2017 al primer trimestre del 2021, hay registro de 79,616 accidentes de tránsito en El Salvador. En más de 10,000, el tipo de vehículo involucrado fue la motocicleta. El Registro Nacional de Personas Naturales cuenta en su base de datos con 289,700 personas que poseen una discapacidad física o mental. Muchas personas entran a esas cifras luego de un accidente vial. En esos datos entra Eduardo Meléndez, quien era un amante de la velocidad. Su vida giraba en torno a las motocicletas y los vehículos modificados para competiciones. Un día, el 12 de mayo de 2017, Eduardo conducía su motocicleta cuando un vehículo hizo un giro indebido y se atravesó en su camino. El impacto al vehículo causó múltiples fracturas y un coma de 22 días. Los muertos y lesionados son miles anualmente y van desde los golpes leves hasta los que como Eduardo pierden un miembro de su cuerpo y se someten a terapias de rehabilitación que pueden durar años. El caso de Eduardo es excepcional: un año después de perder el brazo ya estaba jugando fútbol y al siguiente ya había fundado un equipo, Peña Bética, donde recibe a personas que por diversas circunstancias, incluyendo los accidentes, han perdido un miembro de su cuerpo.
El equipo Peña Bética está integrado por adolescentes y adultos que, debido a accidentes de tránsito, enfermedades e incluso mordedura de serpiente han perdido un miembro superior o inferior de sus cuerpos. Su nombre se lo deben al equipo de la primera división del fútbol español que ha colaborado con indumentaria y charlas a los integrantes del equipo.
 
El equipo Peña Bética está integrado por adolescentes y adultos que, debido a accidentes de tránsito, enfermedades e incluso mordedura de serpiente han perdido un miembro superior o inferior de sus cuerpos. Su nombre se lo deben al equipo de la primera división del fútbol español que ha colaborado con indumentaria y charlas a los integrantes del equipo.

 

 

 

Eduardo Meléndez tiene 44 años de edad. En 2017 su vida cambió cuando un automóvil se cruzó en su camino mientras él conducía su motocicleta.''El último recuerdo que tengo fue ver el color azul del carro. Después de eso desperté de un coma de 22 días y sin un brazo'', dijo. Eduardo es licenciado en ciencias de la comunicación y, después del accidente, se le hizo imposible encontrar un trabajo. Hay días en lo que siente que algo le pica en el brazo derecho y se lo quiere tocar, pero el brazo no está más. A eso se le llama Síndrome del Miembro Fantasma.
 
Eduardo Meléndez tiene 44 años de edad. En 2017 su vida cambió cuando un automóvil se cruzó en su camino mientras él conducía su motocicleta.''El último recuerdo que tengo fue ver el color azul del carro. Después de eso desperté de un coma de 22 días y sin un brazo'', dijo. Eduardo es licenciado en ciencias de la comunicación y, después del accidente, se le hizo imposible encontrar un trabajo. Hay días en lo que siente que algo le pica en el brazo derecho y se lo quiere tocar, pero el brazo no está más. A eso se le llama Síndrome del Miembro Fantasma.

 

 

 

Debido al accidente, la amputación que se le realizó a Eduardo fue desde el hombro, y la prótesis que debe usar es de un brazo completo. La persona culpable del accidente contaba con un seguro que le permitió comprar una prótesis avanzada para Eduardo.
 
Debido al accidente, la amputación que se le realizó a Eduardo fue desde el hombro, y la prótesis que debe usar es de un brazo completo. La persona culpable del accidente contaba con un seguro que le permitió comprar una prótesis avanzada para Eduardo.

 

 

 

Un año después del accidente, en 2018, Eduardo se encontraba con un cuadro de depresión, no salía, ya no tenía una vida normal. Por las madrugadas se despertaba asustado y sudando después de la pesadilla de aquel carro azul que se cruzaba en su camino. Ese mismo año, Eduardo volvió a practicar fútbol. El deporte le funcionó como terapia para mejorar su estado de ánimo e inició con la búsqueda de más personas que como él habían sufrido de alguna amputación.
 
Un año después del accidente, en 2018, Eduardo se encontraba con un cuadro de depresión, no salía, ya no tenía una vida normal. Por las madrugadas se despertaba asustado y sudando después de la pesadilla de aquel carro azul que se cruzaba en su camino. Ese mismo año, Eduardo volvió a practicar fútbol. El deporte le funcionó como terapia para mejorar su estado de ánimo e inició con la búsqueda de más personas que como él habían sufrido de alguna amputación.

 

 

 

A inicios del 2021, dos años después de iniciar la búsqueda de personas amputadas Eduardo ya había juntado a 17 personas, entre adultos y jóvenes, que por razones como accidentes en motos o enfermedades fueron amputadas de una pierna o brazo. Algunas de las personas que conforman el equipo viajan desde el interior del país para hacer lo que les gusta, jugar al fútbol.
 
A inicios del 2021, dos años después de iniciar la búsqueda de personas amputadas Eduardo ya había juntado a 17 personas, entre adultos y jóvenes, que por razones como accidentes en motos o enfermedades fueron amputadas de una pierna o brazo. Algunas de las personas que conforman el equipo viajan desde el interior del país para hacer lo que les gusta, jugar al fútbol.

 

 

 

Alexánder Mejía, de 24 años, y Josué Pérez, de 19, en plena disputa del balón durante un entrenamiento en una cancha del municipio de Ciudad Delgado, San Salvador. Ambos futbolistas ya practicaban este deporte antes de ser amputados. Cuando perdieron sus miembros, según dicen, su vida se reinició. Alexánder, oriundo de Cojutepeque, perdió su pierna derecha después de ser arrollado por un vehículo mientras se conducía en su motocicleta. Josué, debió ser amputado de su pierna derecha debido a un osteosarcoma que surgió después de un golpe en su rodilla.
 
Alexánder Mejía, de 24 años, y Josué Pérez, de 19, en plena disputa del balón durante un entrenamiento en una cancha del municipio de Ciudad Delgado, San Salvador. Ambos futbolistas ya practicaban este deporte antes de ser amputados. Cuando perdieron sus miembros, según dicen, su vida se reinició. Alexánder, oriundo de Cojutepeque, perdió su pierna derecha después de ser arrollado por un vehículo mientras se conducía en su motocicleta. Josué, debió ser amputado de su pierna derecha debido a un osteosarcoma que surgió después de un golpe en su rodilla.

 

 

 

Cuando Eduardo Meléndez comenzó a buscar personas amputadas le sugirieron ir al hospital de niños Benjamín Bloom. Del hospital logró integrar a dos niños. Uno de ellos es William Díaz, de 13 años, a quien hace poco más de dos años, un 31 de diciembre, mientras jugaba con sus amigos, un mortero le estalló en su mano derecha y le causó la perdida del miembro desde la muñeca. William es uno de los tres porteros del equipo de amputados, Peña Bética.
 
Cuando Eduardo Meléndez comenzó a buscar personas amputadas le sugirieron ir al hospital de niños Benjamín Bloom. Del hospital logró integrar a dos niños. Uno de ellos es William Díaz, de 13 años, a quien hace poco más de dos años, un 31 de diciembre, mientras jugaba con sus amigos, un mortero le estalló en su mano derecha y le causó la perdida del miembro desde la muñeca. William es uno de los tres porteros del equipo de amputados, Peña Bética.

 

 

 

Erick López, de 14 años, también estuvo en el hospital de niños Benjamín Bloom. Él perdió su brazo debido a un osteosarcoma. Por su falta de recursos, no tenía como conseguir un lugar de rehabilitación. Su familia es campesina y vive en San Vicente. En 2019 conocieron a Eduardo y Erick fue incluido como uno de los elementos más jóvenes del equipo.
 
Erick López, de 14 años, también estuvo en el hospital de niños Benjamín Bloom. Él perdió su brazo debido a un osteosarcoma. Por su falta de recursos, no tenía como conseguir un lugar de rehabilitación. Su familia es campesina y vive en San Vicente. En 2019 conocieron a Eduardo y Erick fue incluido como uno de los elementos más jóvenes del equipo.

 

 

 

William Díaz y Erick López son los más jóvenes del equipo. El fútbol les ha devuelto la alegría y les ha llevado a lugares impensados para dos niños de orígenes sencillos. En 2019 viajaron a Alemania junto a Eduardo Meléndez, como parte de un campamento europeo diseñado para los niños que han vivido una amputación. La invitación les llegó directamente de la Federación Mundial de Fútbol de Amputados. Los dos niños salvadoreños entraron en lista de los diez mejores de aquel campamento.
 
William Díaz y Erick López son los más jóvenes del equipo. El fútbol les ha devuelto la alegría y les ha llevado a lugares impensados para dos niños de orígenes sencillos. En 2019 viajaron a Alemania junto a Eduardo Meléndez, como parte de un campamento europeo diseñado para los niños que han vivido una amputación. La invitación les llegó directamente de la Federación Mundial de Fútbol de Amputados. Los dos niños salvadoreños entraron en lista de los diez mejores de aquel campamento.

 

 

Hugo Medina tiene 27 años y hace un año y tres meses sufrió una amputación. Ese día estaba realizando su trabajo de repartidor de comida rápida en motocicleta. Según la División de Tránsito Terrestre de la PCN, anualmente hay más de 2,000 accidentes donde se ve involucrada una motocicleta y en 2020 más de 700 personas fueron detenidas por manejar vehículos después de consumir alcohol. Hugo fue embestido por una persona que manejaba borracha. A mediados de 2020, se sometió a su última operación y meses después empezó a entrenar en el equipo de fútbol de amputados.
 
Hugo Medina tiene 27 años y hace un año y tres meses sufrió una amputación. Ese día estaba realizando su trabajo de repartidor de comida rápida en motocicleta. Según la División de Tránsito Terrestre de la PCN, anualmente hay más de 2,000 accidentes donde se ve involucrada una motocicleta y en 2020 más de 700 personas fueron detenidas por manejar vehículos después de consumir alcohol. Hugo fue embestido por una persona que manejaba borracha. A mediados de 2020, se sometió a su última operación y meses después empezó a entrenar en el equipo de fútbol de amputados.

 

 

 

José Mejía se dedica a elaborar artesanías en madera. Debido a la pandemia y a la cuarentena vivida en 2020, José se dedicó a ser repartidor de encomiendas en motocicleta. A mediados de 2020, el hombre de 30 años se conducía en su moto cuando un vehículo hizo un giro indebido y lo impactó. El accidente le causó la perdida de su pierna izquierda. Dos meses después de salir del hospital fue contactado por Eduardo Meléndez.
 
José Mejía se dedica a elaborar artesanías en madera. Debido a la pandemia y a la cuarentena vivida en 2020, José se dedicó a ser repartidor de encomiendas en motocicleta. A mediados de 2020, el hombre de 30 años se conducía en su moto cuando un vehículo hizo un giro indebido y lo impactó. El accidente le causó la perdida de su pierna izquierda. Dos meses después de salir del hospital fue contactado por Eduardo Meléndez. "Una de mis pasiones siempre había sido el fútbol, pero nunca había visto que ese deporte lo practicaran personas amputadas, y recién me había recuperado cuando vine al equipo y empecé a correr con los bastones. Yo le doy gracias a Eduardo, porque conocer esto cambió mi vida y él fue el canal para yo reintegrarme y sentirme bien con mi vida", dijo.

 

 

 

La mayoría de los integrantes del equipo son personas jóvenes que antes de perder un miembro de su cuerpo ya practicaban el fútbol, como la gran mayoría de jóvenes en El Salvador. Para Eduardo Meléndez, director del equipo, la familia y las personas que rodean a un amputado son base fundamental para la recuperación: '
 
La mayoría de los integrantes del equipo son personas jóvenes que antes de perder un miembro de su cuerpo ya practicaban el fútbol, como la gran mayoría de jóvenes en El Salvador. Para Eduardo Meléndez, director del equipo, la familia y las personas que rodean a un amputado son base fundamental para la recuperación: '"A mí me gusta platicar con los familiares e invitarlos para que sean parte. Para mí, una de mis grandes inspiraciones era ver a mi hija cuando estaba entrenando". Cada domingo, los familiares conviven con los integrantes del equipo de amputados.

 

 

Magdalena Figueroa tiene 15 años y vive en la zona rural de Sonsonate. es parte del equipo Peña Bética. Cuando tenía dos años, fue mordida por una serpiente mientras dormía y cuando fue llevada al hospital tuvo que ser amputada debido al efecto del veneno en su pequeña extremidad.
 
Magdalena Figueroa tiene 15 años y vive en la zona rural de Sonsonate. es parte del equipo Peña Bética. Cuando tenía dos años, fue mordida por una serpiente mientras dormía y cuando fue llevada al hospital tuvo que ser amputada debido al efecto del veneno en su pequeña extremidad. "Hubo un año que ya no quería ir a la escuela, mis compañeros me molestaban y me decían que era una fenómeno y que no servía para nada y entonces entré en depresión, le dije a mi mamá que ya no quería estudiar más. Así estaba hasta que conocí este deporte, aquí me siento incluida, la depresión se me ha ido y ahora estoy feliz y me siento capacitada para realizar cualquier actividad", dijo.

 

 

 

Cada domingo, los integrantes del equipo se reúnen para entrenar en San Salvador. Los jugadores viajan desde departamentos como Ahuachapán, Cuscatlán, Santa Ana, San Vicente y Sonsonate. Invierten todo un día en su rehabilitación, para tratar de llevar una vida más normal, como algunos de ellos dicen.
 
Cada domingo, los integrantes del equipo se reúnen para entrenar en San Salvador. Los jugadores viajan desde departamentos como Ahuachapán, Cuscatlán, Santa Ana, San Vicente y Sonsonate. Invierten todo un día en su rehabilitación, para tratar de llevar una vida más normal, como algunos de ellos dicen.

 

 

En el equipo, Eduardo hace de todo, es entrenador, director, hace los videos y las fotografías para las redes sociales y consigue los contactos para poder tener indumentaria. Gracias a ello, reciben capacitaciones del Real Betis de España, quienes también han hecho donativos de uniformes deportivos. Actualmente, Eduardo está en pláticas con el Benfica de Portugal para poder conseguir patrocinio para el equipo. También consiguió que el Instituto Nacional de los Deportes los reconozca e inscriba como Asociación Bética Salvadoreña del Deporte Adaptado e Inclusivo.
 
En el equipo, Eduardo hace de todo, es entrenador, director, hace los videos y las fotografías para las redes sociales y consigue los contactos para poder tener indumentaria. Gracias a ello, reciben capacitaciones del Real Betis de España, quienes también han hecho donativos de uniformes deportivos. Actualmente, Eduardo está en pláticas con el Benfica de Portugal para poder conseguir patrocinio para el equipo. También consiguió que el Instituto Nacional de los Deportes los reconozca e inscriba como Asociación Bética Salvadoreña del Deporte Adaptado e Inclusivo.

 

 

 

Practicar fútbol en El Salvador es precario, si se trata de fútbol de amputados lo es aún más. No hay canchas habilitadas para que los deportistas puedan correr con los bastones. Debido a eso, las lesiones en los brazos son comunes.
 
Practicar fútbol en El Salvador es precario, si se trata de fútbol de amputados lo es aún más. No hay canchas habilitadas para que los deportistas puedan correr con los bastones. Debido a eso, las lesiones en los brazos son comunes. "Imagínese el dolor de brazos después de correr teniendo que depender de los bastones en un terreno lleno de cráteres", dijo José Mejía.

 

 

El fútbol le regresó la vida a Eduardo y a cada uno de los integrantes del equipo de amputados Peña Bética. Ahora, según comentan, son una familia y velan por la necesidad de cada uno de los deportistas. Al equipo también se han integrado los familiares de cada uno y colaboran con diversas actividades, como en la celebración de los cumpleaños. En la imagen, la celebración del de Eduardo, el 23 de mayo del 2020.
 
El fútbol le regresó la vida a Eduardo y a cada uno de los integrantes del equipo de amputados Peña Bética. Ahora, según comentan, son una familia y velan por la necesidad de cada uno de los deportistas. Al equipo también se han integrado los familiares de cada uno y colaboran con diversas actividades, como en la celebración de los cumpleaños. En la imagen, la celebración del de Eduardo, el 23 de mayo del 2020.

 

 

Al finalizar cada partido los futbolistas que tienen una prótesis la usan. Poder comprar una no es sencillo. En el equipo, la mayoría de miembros que tiene una es debido a que los alumnos de una universidad privada las diseñan para su proceso de graduación y utilizan a una persona amputada como modelo de prótesis. Los costos de dichas prótesis en el mercado van de los $2,000 a los $6,000 una cantidad que muchos amputados no pueden pagar.
 
Al finalizar cada partido los futbolistas que tienen una prótesis la usan. Poder comprar una no es sencillo. En el equipo, la mayoría de miembros que tiene una es debido a que los alumnos de una universidad privada las diseñan para su proceso de graduación y utilizan a una persona amputada como modelo de prótesis. Los costos de dichas prótesis en el mercado van de los $2,000 a los $6,000 una cantidad que muchos amputados no pueden pagar.

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EF Foto Sun, 11 Jul 2021 21:57:24 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/ef_foto/25555/Peña-Bética-a-la-cancha-tras-una-amputación.htm
Monólogo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_216_32_818_432/images%7Ccms-image-000036095.jpeg https://www.elfaro.net/es/202107/el_farolero/25600/Monólogo.htm La mirada de Otto a la reacción del Gobierno ante las voces críticas. El Farolero Thu, 08 Jul 2021 14:45:13 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_farolero/25600/Monólogo.htm Publicada la lista Engel, Nayib Bukele está solo y ante un abismo - Por Ricardo Valencia https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25599/Publicada-la-lista-Engel-Nayib-Bukele-está-solo-y-ante-un-abismo---Por-Ricardo-Valencia.htm 360 grados Thu, 08 Jul 2021 12:39:23 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25599/Publicada-la-lista-Engel-Nayib-Bukele-está-solo-y-ante-un-abismo---Por-Ricardo-Valencia.htm La expulsión de Daniel Lizárraga http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_48_0_1955_1271/images%7Ccms-image-000036093.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25596/La-expulsión-de-Daniel-Lizárraga.htm La expulsión de Lizárraga es grave pero no sorpresiva: el periodismo capaz de revelar actos de corrupción es un obstáculo serio para los planes de los corruptos. Read in English

El régimen de Nayib Bukele ha expulsado del país a Daniel Lizárraga, reconocido periodista latinoamericano y parte del cuerpo de editores de este medio, en una grave escalada en la serie de ataques contra El Faro y contra el periodismo salvadoreño.

La resolución entregada a Lizárraga por agentes migratorios, especifica que se le ha negado el permiso de trabajo y de residencia por no haber podido probar que es editor o periodista. Es un argumento tan absurdo y bajero como los utilizados por el Ministerio de Hacienda en el curso de las auditorías que lleva a cabo también contra este medio.

Lizárraga es un periodista reconocido en todo el continente; maestro de periodismo de la Fundación Gabo y del CIDE de México; multipremiado editor de investigaciones regionales y coordinador de equipos de investigación que lograron, en México, destapar emblemáticos casos de corrupción durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. 

La verdadera razón de su expulsión no es que no pueda acreditar ser un periodista profesional; sino lo contrario: que es un periodista especializado en investigar casos de corrupción. Eso es lo que verdaderamente molesta al régimen de Bukele, tan plagado de escándalos de corrupción como comprometido con proteger a sus propios corruptos.

El editor mexicano de El Faro, Daniel Lizárraga, dejó El Salvador luego de que el gobierno de Nayib Bukele le negara la estadía bajo el argumento de que el periodista no pudo demostrar su trayectoria periodística. Foto de El Faro: Víctor Peña
 
El editor mexicano de El Faro, Daniel Lizárraga, dejó El Salvador luego de que el gobierno de Nayib Bukele le negara la estadía bajo el argumento de que el periodista no pudo demostrar su trayectoria periodística. Foto de El Faro: Víctor Peña

Los actos de corrupción en este Gobierno no solo han sido reportados en investigaciones periodísticas, sino confirmados en los reportes de la hoy extinta Cicíes; y en las conclusiones de la comisión del Congreso estadounidense que preparó la llamada Lista Engel. La respuesta del gobernante que prometió combatir la corrupción ha sido proteger a los funcionarios señalados y perseguir a la prensa. 

La expulsión de Lizárraga es grave pero no sorpresiva: el periodismo capaz de revelar actos de corrupción es un obstáculo serio para los planes de los corruptos.

Por eso llevan meses en campaña de acoso, ataques, censuras y amenazas contra El Faro y contra el periodismo que escapa de su control. En su concepción del poder, no tienen cabida ni las organizaciones ni las universidades ni los periodistas críticos; ni las instituciones encargadas de ejercer contraloría, de investigar o de garantizar acceso a la información pública. Ni siquiera la Constitución ni nuestros cuerpos de leyes merecen el respeto de quienes hoy gobiernan.

Varios medios, entre ellos este periódico, llevamos más de un año denunciando no solo la corrupción en este Gobierno (como hicimos en los anteriores); sino también los abusos de poder, las amenazas, seguimientos y hostigamiento a que hemos sido sometidos por los operadores del régimen.

La resolución 12-2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que emitió medidas cautelares a favor de 34 miembros de El Faro, da cuenta precisa de estos hechos hasta enero de este año. Eso incluye una comparecencia presidencial de Bukele en cadena nacional, en la que nos acusó, sin prueba alguna, de lavar dinero. Incluye también amenazas y campañas difamatorias orquestadas en Casa Presidencial y publicadas en plataformas administradas por el Estado o por funcionarios del Gobierno de Bukele, así como seguimientos y obstáculos a nuestro trabajo.

Pero todos los esfuerzos de este régimen por callar a la prensa son inútiles, incluyendo la expulsión de Daniel Lizárraga. Él trabajará con nosotros, independientemente del lugar donde se encuentre. Su expulsión es una expresión de la naturaleza del régimen que se ha instalado en El Salvador, no un impedimento a que los talentos de Lizárraga y todos nuestros colaboradores sean puestos al servicio de El Faro y nuestros lectores. 

El ataque contra el periodismo crítico, que se niega a someterse a la propaganda oficial, es un ataque contra la sociedad entera, porque atenta contra su derecho a estar informado. En anteriores gobiernos, las investigaciones periodísticas revelaron el uso indebido de fondos públicos y la corrupción del sistema. Esas investigaciones dieron pie, entre otras cosas, a la judicialización de casos de corrupción al más alto nivel; y al descrédito de los dos principales partidos políticos que encubrieron estos actos. De esas investigaciones se abrió camino Bukele y su grupo.

El periodismo profesional está obligado a continuar auscultando las decisiones de este y de todos los gobiernos, porque son de interés y afectación públicos. Y lo seguiremos haciendo. 

Condenamos este nuevo ataque contra el periodismo independiente y refrendamos nuestro compromiso: el de continuar practicando un periodismo sometido a altos estándares editoriales, y no a gobernantes antidemocráticos que requieren de la amenaza y el hostigamiento para responder a los cuestionamientos sobre su ejercicio del poder.

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Columnas Thu, 08 Jul 2021 12:06:23 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25596/La-expulsión-de-Daniel-Lizárraga.htm
La participación popular es clave en la Ley de Recursos Hídricos - Por Julio Gutiérrez https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25597/La-participación-popular-es-clave-en-la-Ley-de-Recursos-Hídricos---Por-Julio-Gutiérrez.htm 360 grados Thu, 08 Jul 2021 11:14:18 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25597/La-participación-popular-es-clave-en-la-Ley-de-Recursos-Hídricos---Por-Julio-Gutiérrez.htm La participación popular es clave en la Ley de Recursos Hídricos http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000030705.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25589/La-participación-popular-es-clave-en-la-Ley-de-Recursos-Hídricos.htm El mayor acierto que tiene la propuesta es el de retomar muchos de los puntos del proyecto de Ley General de Aguas. Entre estos puntos está el reconocimiento del agua como un derecho humano y su clasificación como un bien de uso y dominio público La Ley de Aguas ha entrado nuevamente a la mesa de discusión y, dada la gravedad de la crisis hídrica que atraviesa el país y la urgencia de una normativa que regule el uso del agua en el territorio, es importante que en esa mesa estemos todas y todos. El pasado viernes 18 de junio representantes del Ejecutivo llevaron a la Asamblea Legislativa un nuevo borrador de ley de aguas titulado Ley General de Recursos Hídricos. La propuesta llega poco más de un mes después de que la comisión de medioambiente enviara al archivo el anteproyecto de Ley General de Aguas, impulsado desde el 2006 por las organizaciones de sociedad civil que trabajan por el derecho humano al agua.

Personalmente, creo que el mayor acierto que tiene la propuesta es el de retomar muchos de los puntos del proyecto de Ley General de Aguas. Entre estos puntos está el reconocimiento del agua como un derecho humano y su clasificación como un bien de uso y dominio público. La incorporación de estos elementos es todavía más valiosa considerando las declaraciones de la presidenta de la comisión de medioambiente de la Asamblea Legislativa, Sandra Yanira Martínez, quien el día en que se archivó el anteproyecto afirmó que no tenía “ni la más mínima palabra” en beneficio del pueblo.

No obstante este acierto, existe una serie de vacíos que vale la pena analizar detenidamente. Por ejemplo, es peligroso que se hable de otorgar permisos a la gran empresa privada para la explotación industrial cuando el anteproyecto pretende centralizar la toma de decisiones respecto al uso del agua y carece de mecanismos de participación de la población en la gestión hídrica y el cuidado de la cuenca. Asimismo, tampoco hay artículos que fortalezcan a los sistemas rurales de agua ni se ha tomado en cuenta la creación de mecanismos que hagan efectivo el enfoque de género. A continuación profundizaré en cada uno de estos aspectos.

Gestionar los recursos hídricos requiere de participación popular

Una de las grandes diferencias entre la propuesta del Ejecutivo y la propuesta del movimiento social es la ausencia de casi todo tipo de participación ciudadana. Esto puede verse claramente en el artículo 3, en donde se plantean los objetivos de la ley. Si bien la nueva propuesta retoma de manera textual varios de los objetivos de la propuesta del movimiento social, elimina el punto relacionado a la participación activa de la población en la gestión del agua. Otra sección en donde puede verse una supresión de la participación ciudadana es en la eliminación de los comités de cuenca (Título 2°, capítulo 1, sobre el régimen administrativo). En la antigua propuesta, uno de los pilares centrales era la participación de la población a través de comités de cuenca. Estos comités estarían formados por representantes de la sociedad civil en los territorios, como por ejemplo las juntas de agua y organizaciones comunitarias. Los comités ayudarían al ente rector en la tarea de protección de las cuencas, vigilando y proveyendo información sobre las demandas y conflictos de agua en las diferentes zonas hidrográficas.

Otra de las instancias de participación ciudadana que fue eliminada fue el comité consultivo del ente rector. La idea de este comité era que operara como un organismo contralor y deliberativo que fiscalizara y asistiera al ente rector en cosas como la formulación de planes hídricos. En este consejo se pensaba integrar tanto a representantes de los comités de cuenca como a otros grupos de la población, como las universidades y las organizaciones ambientalistas. Si bien esta entidad no estaba pensada como una tomadora de decisiones sobre la regulación y uso del agua, su función consultiva y de contraloría serviría de enlace directo entre el ente rector y la población.

La gran empresa privada necesita límites claros y efectivos

Otro de los puntos que genera preocupación es el de las autorizaciones al aprovechamiento del agua con fines industriales, agroindustriales y recreativos. En el artículo 61 se menciona que el ente rector, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones para dichos usos. Estas autorizaciones se clasifican en dos tipos: mayores a 473 040 metros cúbicos al año, y menores a 473 040 metros cúbicos al año. Lo extraño de esto no es sólo la enorme cantidad de agua puesta a disposición de diferentes industrias, sino que las autorizaciones de mayor demanda de agua tienen un plazo de vigencia de hasta 15 años. Por el contrario, las autorizaciones de menor demanda tienen plazo de 5 años. Esta disparidad favorece claramente a los grandes consumidores, como los monocultivos de caña de azúcar y las embotelladoras de bebidas carbonatadas. Por otro lado, desfavorece a los pequeños agricultores, incluyendo productores de alimentos que forman parte de la dieta básica de la población. 

Es importante que el Ejecutivo aclare por qué los grandes monocultivos, que impactan muchísimo más el medioambiente y reducen la disponibilidad de agua para consumo humano, tendrían ese beneficio. Asimismo, es importante que se establezcan límites al consumo, puesto que según la propuesta actual, quienes obtengan el permiso que dura hasta 15 años pueden explotar la cantidad de agua que deseen, sin mayores restricciones.

Sigue la deuda con la población rural y los sistemas comunitarios

Un vacío importante de la nueva propuesta es la ausencia de artículos que favorezcan a los sistemas comunitarios de agua, localizados en su mayoría en el área rural. Históricamente, las poblaciones rurales han sido las más afectadas por la mala gestión hídrica en El Salvador. Esto se debe a que instituciones como ANDA se han concentrado principalmente en el abastecimiento de grandes áreas urbanas. Como respuesta a esa desatención, los sistemas comunitarios de agua han proveído una alternativa viable al desabastecimiento de agua potable. Estos sistemas funcionan a base de asociaciones comunitarias, también conocidas como juntas de agua, que se organizan con el objetivo de instalar y autogestionar sistemas que provean un servicio de agua regular a sus comunidades. Según un diagnóstico del subsector rural de agua potable realizado por ANDA en 2016, en El Salvador existen alrededor de 2325 sistemas comunitarios. Estos abastecen a un aproximado de un millón doscientas mil personas.

No obstante este alto nivel de cobertura, sus recursos son bastante limitados y no existen leyes orientadas al fortalecimiento de estos sistemas. Esto quedó claro durante la cuarentena domiciliar por la pandemia de covid-19. Durante ese período los sistemas rurales tuvieron grandes dificultades para cubrir gastos básicos, como la cuenta de energía utilizada para el bombeo de agua a los hogares. En vista de estas limitaciones, el Estado debe saldar su deuda con las poblaciones rurales mediante leyes y políticas que reconozcan y fortalezcan los sistemas comunitarios.

La ausencia de un enfoque de género

Otro vacío importante de la propuesta de Ley de Recursos Hídricos es el enfoque de género. Si bien el artículo 11 dice que, “La Autoridad Salvadoreña del Agua será la encargada de la gestión integral de los recursos hídricos (…) debiendo incorporar en todas sus acciones, planes y programas institucionales el enfoque de género”, el resto de la propuesta carece de mecanismos claros de aplicación de dicho enfoque. Esto es grave debido al rol histórico que las mujeres han jugado en el abastecimiento de agua en aquellos lugares donde el Estado no ha podido proveerla. También es importante por las implicaciones que dicho trabajo tiene en la vida cotidiana de las mujeres salvadoreñas. Acarrear agua a las comunidades no sólo implica tiempo y energía, sino también una constante exposición a la delincuencia y las agresiones provocadas por la violencia machista, muy arraigada a la cultura del país.

La tarea de abastecimiento de agua también ha implicado que sean las mujeres quienes estén más pendientes de la calidad de agua que emana de las cuencas hidrográficas, pues en su rol de cuidadoras velan por la salud de sus familias. Es por esta razón que, en numerosas comunidades del territorio, las mujeres han asumido la tarea del cuidado del medioambiente, liderando esfuerzos colectivos en defensa del agua. Esto les ha expuesto a las intimidaciones de las grandes industrias contaminadoras y acaparadoras de recursos hídricos. Pese a la importancia de estos liderazgos, la participación de las mujeres en los puestos de decisión (a todos los niveles) continúa siendo obstruida en base a discriminación y prejuicios de género. Por esta razón, cualquier iniciativa de Ley de agua debe incorporar mecanismos que hagan efectiva la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos.

Centralización de las decisiones respecto al uso de bienes públicos

Un artículo que genera bastante preocupación en la nueva propuesta es el 64, el cual habla sobre las autorizaciones de bienes nacionales. “La ASA evaluará técnicamente la procedencia de autorizar a particulares el uso de bienes nacionales establecidos en el artículo cinco de la presente ley, las cuales podrán ser renovadas y tendrán un plazo no mayor de 10 años”. Entre los bienes nacionales que menciona el artículo cinco están ríos, playas, acuíferos, lagos, esteros, bocanas, entre otros. Uno de los problemas con este artículo es que no explica a qué tipo de “uso de particulares” se refiere. Esa ambigüedad es preocupante puesto que, si bien pudiera tratarse de actividades a pequeña escala y de impacto mínimo, también podría prestarse a la concesión de bienes naturales a empresas privadas a través de Asocios Público-Privados (APP) y Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Un artículo de tanto alcance, no puede dejar abierta esas posibilidades. Asimismo, las decisiones sobre el uso de bienes públicos tan importantes para la sostenibilidad de la vida en el territorio, no pueden ser tomadas de manera tan centralizada. Estas decisiones deben ser ampliamente estudiadas, debatidas y consultadas con la población.

Estos son sólo algunos de los aspectos que la comisión de Medioambiente de la Asamblea Legislativa debe reconsiderar. La discusión está abierta y aún hay tiempo de hacer los cambios adecuados para que la ley sea realmente una ley en favor de las grandes mayorías. Ante todo, esperemos que la discusión pueda darse de forma transparente, de cara a la población, y en consulta con las organizaciones que por más de 15 años han luchado por el derecho humano al agua. El arduo trabajo que esa lucha ha involucrado – mediante numerosos foros, consultas, denuncias, investigaciones, marchas y otras actividades – debe ser reconocido a través de un diálogo abierto y respetuoso.  

*Julio Gutiérrez es antropólogo e investigador de temas relacionados al vínculo entre economía y medioambiente. Es licenciado en Economía, con una maestría en Estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es candidato a doctor en antropología social por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
 
*Julio Gutiérrez es antropólogo e investigador de temas relacionados al vínculo entre economía y medioambiente. Es licenciado en Economía, con una maestría en Estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es candidato a doctor en antropología social por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

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Columnas Thu, 08 Jul 2021 10:47:39 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25589/La-participación-popular-es-clave-en-la-Ley-de-Recursos-Hídricos.htm
Nueva York es una casita con cenizas de migrante http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1334/images%7Ccms-image-000036087.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/internacionales/25595/Nueva-York-es-una-casita-con-cenizas-de-migrante.htm Nueva York fue uno de los estados más golpeados por la pandemia en Estados Unidos. Los cientos de miles de indocumentados que viven ahí padecieron y siguen padeciendo el virus y sus estragos: fosas comunes, contagios masivos, hambre, deudas, hacinamiento habitacional y desempleo son la herencia de 2020. Abundan quienes, tras años de luchar, deben volver a empezar. Esta crónica forma parte de un proyecto de Ruido Photo con El Faro. La publicamos en paralelo con Revista 5W, de periodismo narrativo y fotografía en España. En la casita del barrio de Corona, en Queens, ya ningún migrante teme contagiarse. El virus invadió todos esos cuerpos. El virus convirtió en cenizas a Nemesio y a Gabriel. Ya no hay miedo, pero sí luto. Por eso, toda la familia Méndez ahí rejuntada en la pequeña sala besará las urnas al final de la ceremonia. Botando lágrimas, se pasarán las reliquias uno a uno, las besarán, para que el otro las bese también, y luego se abrazarán entre todos. La pandemia ya no puede reducirlos más.

12 de abril de 2021. De camino a Corona, Nueva York se transmuta en una ciudad que no es newyorker ni alta ni moderna. Estación tras estación, el vagón del metro se vacía de tacones de aguja, oficinistas y bolsas de souvenirs. Cruzando el East River, la célebre Manhattan pierde sus íconos y el estereotipo de Queens gana cuerpo: un hombre con el pantalón manchado de pintura blanca, una señora que por teléfono dice en español que no puede pagar la luz, un muchacho que ni dormido suelta su caja de herramientas. Afuera, en la parada de la calle Flushing Main, la ciudad responde: La Gitana, El Gallo Negro, Mendoza Agencia de Vivienda.

 

Por aquí, migración y coronavirus anduvieron de la mano. En junio de 2020, Corona era ya la zona postal de todo Nueva York con más muerte por el virus: 394. Y también el lugar con más contagios identificados: más de 4.000. Desde hace más de una década, Corona es también uno de los vecindarios con más migrantes de toda la ciudad: el 63% de sus más de 110. 000 residentes nacieron fuera del país, y más de la mitad de ese porcentaje, en algún país de Latinoamérica. Por eso, es normal encontrar que en un restaurante vendan pupusas, tacos y baleadas con un toque ecuatoriano, o incluso que el carrito de la esquina ofrezca comida china, cordero sobre arroz y tortas mexicanas.

Si Nueva York fue capital del virus, Corona fue el kilómetro cero. Si Nueva York es capital del mundo, en Corona vive su internacional clase obrera.

Para entender, hay que entrar. Desde afuera no se entiende.

En la calle 111, nos dijo el padre Fabián Arias. Casita de segunda planta, dijo el padre Fabián. A las cuatro de la tarde es la misa de la familia Méndez, dijo el padre.

Llueve finamente y el edificio de tres plantas es un armatoste imposible de descifrar desde afuera: una puerta de reja, un pasillo con un foco pelón, unas gradas, ninguna certeza de cómo caben ahí seis familias. Todo parece un secreto detrás de la reja. ¿Cómo viven ahí unas 40 personas? ¿Cómo duermen ahí esas 40 personas? Porque en este edificio viven unas siete personas tras cada puerta. ¿En qué mesas cenan y almuerzan y desayunan esas 40 personas? ¿Dónde esas 40 personas se duchan en las correrías matinales y se aíslan cuando están tristes o circunspectas?

El padre Fabián llega tarde. A las 4:40, el señor cano de camisa negra y cuello clerical aparece agitado, cargando un maletín con los vasos sagrados del catolicismo. “Perdón, muchachos, entremos, entremos, que vamos tarde”, nos dice al fotógrafo y a mí con su marcado acento argentino. Tras el padre Fabián, camina un adolescente poco anglosajón, de 1,60 metros de altura, cuerpo macizo, moreno y pelo crispado. “Estaremos apretados, pero ustedes ubíquense donde puedan, será linda la ceremonia, sentida”, dice el padre Fabián cuando ya subimos las escaleras.

Abren una puerta. Abrazan al padre Fabián. Nos dan la bienvenida al fotógrafo y a mí. Nos ubican en la cocina, donde solo se cabe de pie.

La casita de Corona es un pasillo, una cocina del tamaño de un clóset, tres cuartos donde cabe una cama y poco más y una sala que más bien parece una pequeña tienda centroamericana: enormes bolsas de chucherías apiladas contra las paredes, cartones de sopas instantáneas, la mesa plegable y un colchón recogidos en una esquina.

El sueño americano, dicen todavía algunos osados.

La sala se ha convertido en un altar íntimo con las fotos de Nemesio y de Gabriel; y las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. En la sala, nueve adultos, tres niños y una pantalla desde la que una abuelita en Atlixco, Puebla, México, ve la ceremonia.

No es posible dar un paso sin tropezar con alguien.

“No tengan miedo, el desprendimiento es doloroso, como dar a luz, pero es necesario”, dice el padre Fabián a los Méndez, ya oficiando misa y enfundado en su casulla.

Entran dos familiares más. Uno de ellos, aún con la camiseta de su trabajo: una carita feliz en la espalda y el logo movin crew (equipo de mudanza). Lleva los músculos de los antebrazos aún tensos. Se soba, dice que recién terminó una mudanza. Ya son once adultos y tres niños. Ya apenas cabe el cura.

Por un momento, pienso que una casita así no es distinta a una en cualquier colonia populosa de San Salvador o San Pedro Sula. Luego pienso que sí que lo es: aquí hay comida acumulada en el salón, y nadie nos atacó afuera mientras esperábamos en la lluvia fina.

La misa termina. Y el momento más emotivo llega. Las urnas pasan de mano en mano. Los Méndez las besan y abrazan con la delicadeza de quien besa y abraza a un recién nacido. “Siempre vas a ser el mejor abuelito del mundo. Te amo mucho”, dice el menor de los Méndez a las cenizas de Nemesio.

Griselda Méndez se despide de las cenizas de su padre al final de la misa oficiada por el padre Fabián en el salón de su casa en Corona, Queens. En abril de 2020 el Covid-19 entró en esta casa de migrantes mexicanos y terminó con la muerte de Nemesio y Gabriel Méndez, padre y hermano de Griselda. Este barrio obrero de Nueva York fue uno de los epicentros de la pandemia en Estados Unidos. Un laboratorio local calculó que, en julio de 2020, el 68% de su población ya había sido contagiada. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
Griselda Méndez se despide de las cenizas de su padre al final de la misa oficiada por el padre Fabián en el salón de su casa en Corona, Queens. En abril de 2020 el Covid-19 entró en esta casa de migrantes mexicanos y terminó con la muerte de Nemesio y Gabriel Méndez, padre y hermano de Griselda. Este barrio obrero de Nueva York fue uno de los epicentros de la pandemia en Estados Unidos. Un laboratorio local calculó que, en julio de 2020, el 68% de su población ya había sido contagiada. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

Entregan al padre Fabián las dos urnas. El padre, con ayuda del muchacho que le acompaña, sale de aquel apartamento repleto de deudos y camina por las calles de Corona chineando las cenizas de dos humanos, para repatriarlas a México.

—¿No teme contagiarse, padre? —pregunto.

—Aquí ya a todo el mundo le dio.

—¿Cuántas misas como esta ha oficiado, padre?

—En el último año, yo, personalmente, unas 90, 100.

—¿De migrantes, padre?

—Todas.

¿Qué es peor, pandemia o pospandemia?

En mayo de 2020, tras una semana en el hospital, murió Nemesio Méndez a sus 72 años, contagiado con el virus. Dos meses antes, siendo un hombre joven, también murió Gabriel Méndez, hijo de Nemesio, contagiado con el virus. Ambos salieron hoy de su casita en Corona en las urnas cargadas por el padre Fabián.

Antes de los contagios, el patriarca compartía la casita de Corona con Gabriel, Alejandra, una de sus hijas, de 46 años, su marido y dos hijos, todos migrantes poblanos.

Cuando ya la misa ha terminado, aprovecho para salir de la cocina, y camino la sala: tres pasos a lo ancho, cinco a lo largo.

Me reúno en uno de los cuartos con los hijos de Nemesio. El cuarto es cuadrado, tres pasos. Dolores, Alejandra, Griselda y Valentín intentan explicarme su dolor. “Mutilados”, dice Griselda, y el adjetivo me parece el más potente de los que pronunciaron.

Griselda, Dolores, sus hijos y parejas, ocho personas, se han pasado a esta casita de Corona tras la muerte de Nemesio y Gabriel. “Por la situación económica, decidimos dejar los pisos donde vivíamos y juntarnos aquí”, explica Dolores.

“Guarde su distancia social” fue uno de los lemas durante la pandemia. “Quédese en casa” fue otra de las consignas. Aquí, en Corona, esos lemas son muy poco migrantes.  

Les pregunto cuánto pagan por la casita. Siempre que pregunto eso en Nueva York espero la respuesta como quien aguarda un trueno, un tanto compungido. En este caso, no esperaba que tronara tan fuerte: “2.600 dólares al mes”.

También siempre hago cuentas mentales. Con eso, en Centroamérica o México, pienso, alquilarían una casa con jardín y piscina. Pero en Centroamérica o México, la familia Méndez en pleno no juntaría con todos sus salarios los 2.600 dólares al mes.

—¿Y cómo pagan eso? —pregunto.

—Pues ese es el problema —contesta Valentín—, no hemos estado pagando.

La primavera fracasó en Nueva York cuando la ciudad se preparaba para florecer una vez más. Asomaban las flores y el buen tiempo de 2020 cuando el virus se impuso. Para finales de marzo, con más de 25.000 contagios detectados y 125 muertes, el estado de Nueva York tenía el 6.5 % de casos a nivel mundial, y cada día se duplicaban las personas contagiadas. Sin otro remedio, el estado de Nueva York, incluida su ciudad insomne, cerró. 

“El año pasado, el sonido de la ciudad era el de una ambulancia”, recuerda Dolores.

Ellas trabajaban haciendo limpieza en casas, y cada vez hubo menos trabajo hasta que no hubo ninguno a mediados de 2020. Valentín trabajaba de mesero en un restaurante, hasta que el negocio cerró. Ahora que el restaurante ha abierto hace un mes, el jefe solo llamó a un muchacho, y Valentín recién empezó a trabajar en una empresa de mudanzas. “A veces, sale jale; a veces, no”.

—Debemos cuatro meses de renta —dice Valentín en el cuarto de tres pasos.

2.600 por cuatro es 10.400. Salir de esa deuda es una faena si, como dijo Valentín, a veces, sale jale; a veces, no.

La pandemia ya acabó en Corona. En el mundo, no. En Corona, el abandono estatal, la aglomeración habitacional y la necesidad de salir a trabajar aceleraron el contagio y el virus hizo que allá por junio de 2020 este barrio migrante adquiriera eso que suena tan severo: inmunidad de rebaño. El montón contagiado, el montón muerto. Para ese mes, el 68 % de las personas que visitaban una clínica en Corona tenían anticuerpos; se habían contagiado, pues. La media de la ciudad era del 26 %

Ahora, la pandemia en Corona es esto: luto, precariedad e incertidumbre allá donde los neoyorkinos son migrantes indocumentados.

El padre Fabián y su ayudante Diego, un adolescente guatemalteco, trasladan las urnas de Nemesio y Gabriel Méndez por las calles de Corona, Queens. Este sacerdote ha oficiado un centenar de misas por la muerte de migrantes desde que inició la pandemia en 2020, todas en casas particulares de migrantes, ya que las iglesias han permanecido cerradas. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
El padre Fabián y su ayudante Diego, un adolescente guatemalteco, trasladan las urnas de Nemesio y Gabriel Méndez por las calles de Corona, Queens. Este sacerdote ha oficiado un centenar de misas por la muerte de migrantes desde que inició la pandemia en 2020, todas en casas particulares de migrantes, ya que las iglesias han permanecido cerradas. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

La tragedia de los delivery boys

Tras la misa de los Méndez, el padre Fabián, que siempre parece tener prisa, nos dijo que lo buscáramos este día, 13 de abril, por la mañana, en Manhattan, cerca del río Harlem. Dijo que habría una marcha de los delivery boys, los repartidores. Dijo que eran puros migrantes mexicanos y centroamericanos, que llegáramos, que era importante, que ahí entenderíamos que la pandemia les puso la vida más empinada. Y se fue apurado.

Por la Primera Avenida, baja la romería de unos 60 migrantes. Caminan en dirección al puente Willis, que une la isla con el sur del Bronx. Predominan las banderas mexicanas, pero asoman dos guatemaltecas y una hondureña.

Un ataúd simbólico encabeza la marcha. Un asesinato la convoca.

Hace 20 días, allá por el puente, el repartidor de comida Francisco Villalba Vitinio, indígena nahua de Xalpatláhuac, Guerrero, México, fue baleado hasta la muerte a sus 29 años mientras se dirigía a entregar un pedido. Vitinio era migrante indocumentado, como buena parte de los repartidores. Vitinio tenía nueve años de haber llegado a Nueva York.

La teoría policial es que cerca de uno de los condominios de vivienda social aledaños al puente Willis, un grupo de afroamericanos quiso robar la bicicleta motorizada de Vitinio, de esas que nuevas cuestan unos 2.000 dólares. El guerrerense se resistió y fue asesinado a tiros. Sin embargo, la bicicleta quedó ahí, a unos metros del cuerpo de Vitinio.

Atrás de la marcha camina Mauricio Salgado, otro migrante de Guerrero. La gorra casi le cubre los ojos y la ropa tumbada y los escapularios le proveen un estilo que en Centroamérica haría que muchos se cambien de acera, pero Salgado es amable desde la primera palabra. Le pregunto si tiene papeles. Responde que solo cuando necesita ir al baño. Le pregunto su edad y cuántos años lleva aquí. 33, 7, responde. Le digo que han venido varios repartidores a la marcha. “Qué varios ni qué varios, antes éramos un chingo, pero muchos murieron el año pasado, mucho mexicano y centroamericano. No quedaba otra más que andar chambeando con esa bestia verde suelta en el aire. Si no, la aplicación te baja de categoría o tu familia se queda sin comer, a cuál peor”.

Los repartidores trabajan para diferentes aplicaciones, como Uber Eats, Relay Rider o Doordash. Las condiciones de cada una son distintas, pero el denominador común es que no dan ninguna prestación social ni bicicleta ni mochila ni nada gratis. Ofrecen un porcentaje por entrega y la propina, como si saliera de sus bolsillos.

O sea, si los repartidores pedalean, ganan; si no, nada. Sin embargo, es uno de los pocos empleos para un migrante indocumentado en la ciudad, pues las empresas apenas chequean los números de Seguro Social, que en estos casos son falsos. De un día para otro, si se tiene una bicicleta en la que montarse, el migrante está en la calle trabajando. Rompiéndose el lomo y tensando las piernas unas 12 horas al día, un delivery boy puede hacer alrededor de 150 dólares por jornada. Es decir, el mínimo en esta ciudad, que es de 12,50 dólares por hora.

Pregunto a Salgado, el tumbado repartidor, si este año la cosa ha mejorado. “De la pandemia, sí, pero ahora estos morenos nos están robando y matando. Este año me han quitado dos bicicletas los pinches morenos. Es mucho, uno ya viaja con un bate en la bici”, dice. 

Hay realidades que no son agradables de contar, pero eso no las hace desaparecer. En los últimos cinco años he viajado a Los Ángeles, Long Island, Carolina del Norte y Nueva York a contar historias de comunidades migrantes centroamericanas. En todos esos lugares la hostilidad hacia la comunidad afroamericana es punzante. Marginados contra marginados, un clásico de este mundo moderno.

El pasado 29 de marzo de 2021, Francisco Villalba Vitinio, indígena nahua nacido en  Xalpatláhuac, México, fue asesinado en Nueva York. Recibió un disparo cuando le intentaron robar la bicicleta con la que repartía comida. en la imagen, su fotografía es cargada por uno de sus familiares en una marcha de protesta en el Bronx. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
El pasado 29 de marzo de 2021, Francisco Villalba Vitinio, indígena nahua nacido en  Xalpatláhuac, México, fue asesinado en Nueva York. Recibió un disparo cuando le intentaron robar la bicicleta con la que repartía comida. en la imagen, su fotografía es cargada por uno de sus familiares en una marcha de protesta en el Bronx. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

En la página de Facebook llamada El Diario de los Deliveryboys en la Gran Manzana, donde se convocan a eventos como el de hoy, hay decenas de imágenes de bicicletas robadas y de guardias nocturnas montadas por los mismos repartidores al pie del puente Willis, en sus días libres, para prevenir que asalten a otros. 

Para evitar problemas, la marcha la pastorean cuatro agentes de Asuntos Comunitarios de la Policía de Nueva York. El agente Miguel Murphy, de ascendencia dominicana, va a pie adelante del ataúd. Le cuento lo que recién me dijo Salgado, y el agente Murphy responde sin matices y en español: “No lo dudes, los delitos contra estos muchachos han aumentado mucho este año, más en esta zona en la que hay tantos projects (edificios de vivienda social)”. “¿Por las bicis?”, pregunto. “Y no solo por eso”, responde. “¿Por los 30, 40 dólares que puede andar en la bolsa un delivery boy?”, insisto. “Y después de la pandemia, no solo por eso”, responde. “¿Por qué más?”, pregunto. “Por la comida, señor, por la comida”.

La marcha cruza el puente Willis. Debajo del puente, a la par del padre Fabián, un líder de los delivery boys con megáfono da un discurso que cierra así: “Sigue ocurriendo a diario. Solo ayer, hubo seis robos a los nuestros”. Pasa el megáfono. El ruido de los carros se impone al pequeño parlante y solo escucho frases sueltas. Estas anoté: “Me atropellaron”. “Mataron a puñaladas a mi cuñado cuando hacía un viaje”. “Murió mi hermano de la enfermedad, por andar en esto”.

La muerte, el hambre y los impuestos

Han pasado apenas unas horas desde la ceremonia en el puente Willis, y el padre Fabián ya está en la calle 34 y el bulevar Junction, en Queens, al otro lado de la ciudad. Esta vez reparte 386 cajas de comida a los migrantes que se presenten.

Pregunto su nacionalidad a las primeras tres personas que veo en la fila: colombiano, dominicana, guatemalteco. Les pregunto de qué trabajan. Los tres dicen estar desempleados. Quien menos, desde hace siete meses.

La entrega la coordina Miguel, un migrante oaxaqueño y parte de la enorme red de voluntarios del padre Fabián.

Mientras Miguel despacha las últimas cajas de comida y de pañales para bebé, me dice que la red de esta zona de Queens son 22 migrantes organizados desde marzo de 2020, cuando empezaron a llevar cajas de comida a casas de otros migrantes que estaban encerrados y sin nada que llevarse a la boca. El dinero o las donaciones las recauda el padre Fabián con organizaciones humanitarias o empresas solidarias. “Esto no nos lo dio el Gobierno, sino el padre”, se apura a recalcar Miguel.

Mientras ellos andaban repartiendo comida, la pandemia les iba mutilando la familia. Miguel perdió a un hermano y a un primo aquí en Nueva York en 2020. Por si eso no fuera demasiado, los 22 de esta red de voluntarios perdieron su trabajo. Diez siguen desempleados, Miguel entre ellos.

Pregunto al padre Fabián y a Miguel cuántas cajas creen haber repartido. “¿En general? Bueno, es difícil contar. Repartimos en el Bronx, Queens, Alto Manhattan, Staten Island, Brooklyn”, dice el padre Fabián. Miguel complementa: “Solo este grupo hemos hecho unos cuatro repartos semanales desde hace un año, nunca menos de 200 cajas por reparto. Haga cuentas”. Hago cuentas: unas 40.000 cajas de comida, calculando por lo bajo.

La solidaridad migrante salvó a muchos, al menos del hambre.

Un grupo de voluntarios mexicanos entregan cajas de comida en el sur del Bronx. Esta práctica se ha vuelto habitual en las zonas más afectadas por la pandemia y la crisis económica. La repartición la organiza el padre Fabián Arias y su red de voluntarios. Durante la pandemia e incluso en estos días, la solidaridad migrante ha salvado a esa comunidad del desamparo estatal. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
Un grupo de voluntarios mexicanos entregan cajas de comida en el sur del Bronx. Esta práctica se ha vuelto habitual en las zonas más afectadas por la pandemia y la crisis económica. La repartición la organiza el padre Fabián Arias y su red de voluntarios. Durante la pandemia e incluso en estos días, la solidaridad migrante ha salvado a esa comunidad del desamparo estatal. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

El Gobierno de Trump, que manejó la pandemia en 2020, supo rápidamente de los efectos del encierro, y a través de su Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) entregó lo que llamó cheques de estímulo: 1.200 dólares en abril, 600 en diciembre y 1.400 en marzo de 2021. Claro, los entregó a las personas elegibles: ciudadanos estadounidenses, residentes en Estados Unidos o poseedores de un número de Seguro Social. O sea, todo lo que un migrante indocumentado no es.

Así, hubo profesores universitarios que recibieron su salario y su cheque de estímulo, y también abogados y dueños de restaurantes. Pero la señora hondureña que vende sombreros en la calle de Corona, no. Y aquel repartidor de Xalpatláhuac al que mataron por el puente Willis, tampoco.

Cuando este país quiere, encuentra la manera. Por ejemplo, existe un número para que un indocumentado pague impuestos. Se llama Número de Identificación Personal de Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), y está diseñado, literalmente, para aquellos que no pueden acceder a un número de Seguro Social y que, como indica el IRS, “se emite independientemente del estado migratorio”. Eso sí, el IRS lo deja clarito en su sitio: el ITIN no te autoriza a trabajar en Estados Unidos ni a recibir los beneficios del Seguro Social ni a créditos estatales. Solo te autoriza a pagar. Muchos indocumentados lo tienen, sabedores de que, si un día ocurre una amnistía migratoria, el ITIN será necesario para aplicar.

Los cheques de estímulo fueron solo uno de los servicios públicos a los que un indocumentado no pudo acceder: tampoco al seguro de desempleo, ni a las estampas alimentarias, ni al conocido como One Shot Deal, que permitía ayudas por deuda de alquiler si se trataba de la primera vez en mora y la persona iba a la Corte a declararlo. Para todo ello se necesitaba el número de seguro social. Aquí no se ayudó al necesitado, sino al documentado. 

Ya no queda ninguna caja. El padre Fabián, que parece nunca parar, nos dice que hablemos en el carro, que nos lleva hacia Midtown, en Manhattan, donde tiene una reunión en el consulado argentino. En el asiento de atrás va el muchacho pequeño, recio y silencioso que lo acompañó a la misa de los Méndez.

Desde 2002, el padre Fabián es uno de los cuatro sacerdotes a cargo de la iglesia Saint Peter, en pleno Manhattan, en la avenida Lexington, rodeada de galerías de arte, bares de jazz y hoteles como el Waldorf Astoria. Eso solo hace más admirables las correrías diarias del padre, que lejos de tomar confesiones y bautizos en la cómoda Saint Peter se la pasa dando misas privadas en Corona o marchando con los repartidores en el Bronx. Le pregunto por qué. “Porque con la grandiosidad de este país, la política de Estado contra los migrantes me parece terrible, me conmueve, me mueve, me moviliza”, responde.

Este fin de semana, el padre Fabián tiene otras dos misas como aquella en la casita de Corona. Dice que muchas de las decenas de servicios que dio eran para familias sin cenizas. Con muertos, sin cenizas. 

“Muchos no tenían dinero para pagar una morgue o una casa fúnebre, sus cuerpos iban a fosas comunes porque nadie los podía reconocer. Había fosas comunitarias. Los cuerpos los tiraban tipo la basura. Miles de cuerpos tirados”, dice el padre Fabián mientras conduce hacia Midtown.

El padre Fabián Ariaas, sacerdote argentino que atiende a la comunidad latina en Nueva York, oficia una misa en memoria de Raúl Luis López, migrante mexicano muerto por Covid-19 el 18 de abril de 2020, a los 39 años. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
El padre Fabián Ariaas, sacerdote argentino que atiende a la comunidad latina en Nueva York, oficia una misa en memoria de Raúl Luis López, migrante mexicano muerto por Covid-19 el 18 de abril de 2020, a los 39 años. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

Desde abril de 2020, cuando Estados Unidos apenas superaba los 15.000 muertos por la pandemia (y no más de 600.000 como ahora), las autoridades neoyorkinas empezaron a enterrar cadáveres a unos kilómetros de la costa este del Bronx, en la isla de Hart, que siempre ha tenido un uso infame: prisión, institución psiquiátrica, sanatorio de tuberculosis, albergue de indigentes, reformatorio juvenil y ahora cementerio de los sin nombre.

En Nueva York, según estimaciones de su gobierno, hay al menos un millón de hispanos indocumentados, y más del 34% de los fallecidos por el virus eran hispanos. No es ningún secreto que en la isla de Hart yacen los restos de decenas de indocumentados que vivían en la ciudad, que enfermaron y languidecieron como murieron: solos.

“Y lo de los centros de detención de migrantes, uuuh, eso fue bárbaro”, dice el padre Fabián. “Él vivió el covid en uno de esos centros”, dice y señala atrás con el pulgar.

El muchacho recio se llama Diego, tiene 19 años y es de Quiché, Guatemala, de donde huyó. Estuvo más de dos años en centros de detención desde que lo detuvieron cruzando por Texas en 2019. Como menor, pasó su primer año en ese estado, pero cuando cumplió 18 lo trasladaron a un centro de adultos en Nueva York, mientras su proceso de asilo continuaba. Lo dejaron salir recién hace unas semanas, y el padre Fabián es su guardián legal, como lo ha sido de otros 139 niños y muchachos migrantes en los últimos 12 años.

Le pregunto por qué huyó de Guatemala. Contesta, parco: “Porque está perro morirse a los 16 años”. Luego dice: “En mi celda habíamos dos”, y es todo lo que dice Diego, cuya voz parece un murmullo, y vuelve a perder la vista en las calles de la ciudad, que en esta parte es despampanante.

“Te diría que el 75% de la clase migrante en Nueva York quedó sin trabajo y no ha pagado su renta. La crisis es la que viene. Es un efecto calamitoso”, dice el padre Fabián ya bregando con el tráfico del corazón de Manhattan.

Le cae una llamada al teléfono que lleva empotrado en el tablero. Contesta. Es un líder garífuna hondureño que le dice algo de un problema de un menor migrante para su cita en la corte. El padre Fabián promete llamar a un despacho pro bono. Cuelga.

Pasamos la calle 52 Este y le cae otra llamada. Una mujer con un acento latino difícil de distinguir le pide una vacuna contra el virus para una migrante que tiene VIH. El padre le dice que verá qué puede hacer.

No terminamos de llegar al semáforo y cae otra llamada. Otra mujer le pide “comidita” para dos señoras con cáncer que no pueden salir a trabajar porque no están vacunadas y son indocumentadas. Al parecer, una es colombiana.

Llegamos a la 54 y llama una mujer que apenas puede con el inglés. Tiene un acento que a mí me parece de Europa del Este. Dice al cura que le dieron su número en un albergue, que tiene cuatro hijos, que uno tiene un año, y le dice help, help, help. “Yo te voy a ayudar, ya veré cómo”, le promete el padre mientras intenta virar a la izquierda.

Calaica con coco tierno

Cuando hace cuatro días hablé por teléfono con doña Carla García, me dejó claro que no cree en la medicina tradicional. Dijo que su comunidad allá en Honduras, en la costa atlántica de los departamentos de Colón y Atlántida, tampoco creía en eso. Que tenían mucho tiempo defendiendo sus costumbres del aplastamiento foráneo como para no saber cuidarse.

Ella es la coordinadora de relaciones internacionales de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), pero ahora vive en Nueva York. Salió de Honduras en 2012 por una mezcla muy sincrética de motivos centroamericanos: busca de mejores oportunidades y amenazas de muerte.

Su padre, que llevaba años viviendo en Estados Unidos, la había pedido desde hacía más de una década, y el proceso parecía cuajar justo cuando doña Carla lideraba en la costa garífuna hondureña la lucha contra el canadiense Randy Jorgensen. Él intentaba construir un complejo de casas vacacionales en la bahía de Trujillo; doña Carla intentaba impedírselo. La comunidad garífuna lo acusaba de haber usurpado tierras. Por esos días, varios líderes garífunas fueron atacados a balazos. Tres días antes de que doña Carla y sus hijos salieran rumbo a Estados Unidos, varios hombres llegaron a buscarla a las oficinas de Ofraneh. Una semana después de haber aterrizado en esta ciudad, balearon la casa de su madre. Desde entonces, doña Carla vive aquí.

Por teléfono me dijo que lamentaba no estar allá, pues estaba convencida de que la mezcla de calaica con coco tierno es potente contra el virus, pero Nueva York, que todo lo tiene, flaquea de coco tierno y no se diga de esa fruta carnosa, amarilla y verrugosa que crece en el trópico centroamericano, la calaica.

Con lo cual, me dijo doña Carla, aceptaba mi entrevista, pero nos veríamos en el parque Prospect de Brooklyn, al aire libre, ya que de momento solo podía tomar sus tés de manzanilla con naranja agria y hacer gárgaras de agua tibia con yodo cada mañana.

Es 14 de abril, la primavera está aquí, tímida aún, hace fresco, y el parque Prospect es un cliché: gente sana trota con toda la indumentaria con la que la gente sana trota, bebés abrigados pasean en sus inmaculadas carriolas y perros con envidiables melenas se atraviesan cada dos por tres.

Doña Carla aparece y buscamos una banca para charlar. Es directa para hablar, proyecta seguridad y firmeza. Es una de las líderes de la comunidad garífuna en Nueva York, que ella estima en unos 100.000 migrantes, la mayoría en el sur del Bronx.

Doña Carla dice que en 2020 hubo muchos muertos: “En el Bronx, era una cadena de muertes diaria”.

Estados Unidos reaccionó tarde ante el virus. Si bien Nueva York se adelantó a otros estados, no fue hasta finales de marzo de 2020 cuando ordenó cuarentena obligatoria, salvo contadas excepciones. Para entonces, ya habían detectado casi 10.000 contagiados en el estado de Nueva York. Algunos países donde el virus aún parecía lejano, como El Salvador, decretaron cuarentenas desde principios de marzo.

Doña Carla, que aún lleva mascarilla y careta plástica en una ciudad que vuelve a la normalidad, explica que la comunidad garífuna hace sus fiestas al sol y celebra sus bailes, rituales espirituales y gastronómicos en comunidad. Para finales de marzo, cuando la primavera quedó afuera y los neoyorkinos adentro de sus casas, muchos garífunas se encerraron ya contagiados y en casas que estaban tan repletas como aquella casita de Corona.

A eso, doña Carla agrega una circunstancia, la desinformación: “Alguna información que circulaba del covid decía que las personas de comunidades negras tenían pocas posibilidades de contagiarse. Esto se dijo mucho entre los garífunas. El negro regular se sentía protegido”.

Así, muchos garífunas se encerraron en sus casas o en los albergues habilitados por la ciudad donde muchos indigentes y migrantes en proceso de asilo pasaron la cuarentena. “Hasta diez personas en un cuarto”, explica doña Carla.

Ese cóctel de circunstancias no podía resultar sino en tragedia: “Solo yo registré alrededor de 85 muertes en la comunidad garífuna. Soy coordinadora de atención de Salud (con una organización neoyorquina), y puedo decirle que mucha gente llamaba pidiendo auxilio a las líneas que habilitó la ciudad. Yo hablé con muchos de mis clientes, y muchos murieron después de que les dijeron que tomaran acetaminofén (paracetamol) y se alimentaran bien”.

Un hombre carga una caja de comida la primera avenida de Nueva York, en la zona sur del Bronx. La caja le fue entregada por la red de solidaridad del padre Fabián Arias. El Gobierno estadounidense quiso paliar el golpe económico de la pandemia con una serie de “cheques de estímulo”. Los migrantes indocumentados, uno de los colectivos más afectados por la crisis de salud,  nunca recibió ese cheque. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
Un hombre carga una caja de comida la primera avenida de Nueva York, en la zona sur del Bronx. La caja le fue entregada por la red de solidaridad del padre Fabián Arias. El Gobierno estadounidense quiso paliar el golpe económico de la pandemia con una serie de “cheques de estímulo”. Los migrantes indocumentados, uno de los colectivos más afectados por la crisis de salud,  nunca recibió ese cheque. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

El virus se volvió tabú entre la comunidad garífuna. Nadie quería decir que en su familia habían sufrido el contagio o, peor aún, que alguien había muerto. Sabían que la vida volvería tarde o temprano y, como dice doña Carla, la vida garífuna es en comunidad y al sol.

Ofraneh se preocupó por la situación. Doña Carla, justo en los días en los que el gobernador Andrew Cuomo anunció la cuarentena, tuvo un sueño. “Yo soy guía espiritual, tenemos sueños, revelaciones, diferentes formas de escuchar cómo los ancestros quieren que la comunidad se dirija”, explica.

Doña Carla llamó a Miriam Miranda, la directora de Ofraneh, hasta Honduras para contarle su sueño: “Dije a Miriam que los ancestros me dijeron que había que sobar, los masajes en las coyunturas, como cuando un niño tiene fiebre. No me dijeron nada nuevo, solo que recordara las prácticas para despertar el sistema inmunológico. Yo no solo tengo sueños, pero en Estados Unidos es bien difícil decir que escucho voces, porque aquí te dicen esquizofrénica. A veces tenemos lo que llamamos concentración, que es como la meditación de los hindúes, donde entramos en un espacio mucho más cercano con el espíritu, y se nos pueden acercar distintos tipos de espíritus. Yo no sé nada, yo puedo pasar el mensaje y me dieron el permiso de darlo. En ese momento, los ancestros me enseñan que la calaica, o cundeamor, una enredadera que se da mucho cerca de los ríos en la costa atlántica, era la mejor medicina. Me lo dijeron entre garífuna y español. Era la mejor, por ser amarga, y me dijeron: no hay cura, lo que hay es que el cuerpo se acostumbre a luchar. Si siguen los consejos, no van a morir”.

Esto no tiene que ver solo con usos y costumbres. La población indocumentada quedó excluida no solo de las ayudas financieras del Gobierno, sino también de su atención hospitalaria. En estos días en Nueva York me ha quedado claro que la comunidad migrante relacionaba hospitalización con posible deportación o, en caso de tener permiso para vivir aquí, hospitalización con una deuda impagable o un futuro sin oportunidades.

El miedo a recibir una factura exorbitante existe, aunque muchos indocumentados saben que pueden acudir a los servicios públicos de Medicaid, un sistema diseñado para atender a aquellas personas con ingresos por debajo del salario mínimo (12,5 dólares la hora en Nueva York). Sin embargo, los Estados Unidos de Trump fueron particularmente crueles con sus cálculos de tiempo.

Justo cuando la pandemia asomaba, el 24 de febrero de 2020, el Gobierno implementó una nueva regla que básicamente dice que aquel indocumentado que algún día aspire a una regularización debe demostrar que nunca recibió una ayuda pública. O sea, que nunca pidió nada gratis a Estados Unidos. O sea, que no se gastó ni un centavo estadounidense en su salud. O sea, que vino, sudó, limpió, construyó, repartió, cuidó, cocinó, atendió, jardineó, y siempre sin pedir nada, calladito, sin molestar.

El indocumentado ideal no se queja, esa es la lógica gubernamental en este país.

Pero el miedo que más surgió en mis conversaciones con migrantes fue el de acercarse a un hospital y terminar deportado.

Hace unos días hablé con Nathaniel Kratz, médico que ahora trabaja en el norte de Manhattan, en el hospital Columbia Presbyterian, y que antes trabajó en el sur del Bronx, en el Montefiore. Nate, como lo llaman sus amigos, también colabora en proyectos de apoyo a la comunidad migrante. Le pregunté al respecto:

—¿Hubo discriminación en los hospitales por ser indocumentados, hubo persecución de parte de Migración?

—La respuesta corta es claro que sí. A pesar de que en esta ciudad sí existe atención a todo el mundo, hay muchísimas barreras. Muchos pacientes míos que estaban graves no querían ir al hospital porque… Acuérdese en qué momento y bajo qué régimen vino la pandemia. Nunca ha habido una política buena para los migrantes, pero fue mucho peor en los cuatro años (de Trump). Ese ambiente de miedo tiene raíces en amenazas reales. He estado trabajando en las salas, superviso residentes, médicos en proceso de especialización, y han recibido llamadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) preguntando por pacientes bajo nuestro servicio. Es una amenaza cotidiana y real.

—¿Han recibido llamadas de ICE?

—Preguntando por pacientes que están ahí, enfermos, preguntando detalles de ellos. Es algo que pasa y todo médico lo puede testificar que eso sí pasa en el hospital. Muchos pacientes murieron en sus casas negando ir al hospital, pacientes míos. Es totalmente real y tiene raíces en una realidad vivida en esta pandemia. Sé de casos que han localizado pacientes y les deportan cuando ya están en sus casas. Siempre están buscando cualquier tipo de dato para luego localizarles y deportarles. Llaman al trabajo, a sus casas, al hospital.

De vuelta en el parque Prospect, decenas de sanos corredores se pasean frente a nosotros, cuando doña Carla me dice: “Esto no me lo crea si no quiere, pero es lo que se decía en la comunidad garífuna, que a los indocumentados no se les daba la atención médica, que se les dejaba morir”.

También me cuenta que, en sus sueños, los ancestros le hablaron de baños de mar, que su comunidad allá en el Caribe echó guacaladas de esa agua en las calles, que hicieron dos manuales alternativos para el cuidado de su gente, que en cierta forma la calaica se parece a la bola verdosa y orejona de la covid-19, que tiene muchas ganas de volver a reunirse con los suyos alrededor de un tambor a comer casabe de yuca y pan de coco y agradecer a sus ancestros.

“A todos nos dio, a todos toditos”

El buzón de la familia Portillo parece la alineación de un equipo de fútbol. Trece nombres decoran la negra caja de correspondencia.

Nueva Jersey ya no es Nueva York, en términos formales. En términos migrantes, Nueva Jersey no se entiende sin Nueva York. Decenas de miles de indocumentados que viven en este pequeño estado huyen de los precios de las rentas neoyorkinas y se alejan hasta los suburbios de Nueva Jersey. Precios amables, según la familia Portillo, significa 800 dólares al mes por un sótano, 700 por un cuarto con baño; 500 por un cuarto con el baño compartido.  

Es complicado dar una cifra real de toda la población migrante en la ciudad, pero, según datos del consulado salvadoreño, en Nueva Jersey viven más de 50.000 personas del país más pequeño de Centroamérica.

Trece de ellos viven en esta casa de la calle Adams.

Los Portillo son “tepecianos”, ese grupo de casi 200.000 salvadoreños que tienen papeles de trabajo que renuevan año a año desde que Estados Unidos concedió el estatus temporal en 1990 (TPS, por sus siglas en inglés), cuando el país salía de la guerra civil de 12 años.

Aquilino y Nidia, patriarca y matriarca de los Portillo, llegaron en 1990 y 1994, respectivamente, huyendo de la guerra y de lo que la guerra dejó: parientes muertos y un país en los huesos. 

Los nombres de los 13 miembros de la familia Portillo están escritos a mano en el buzón en su casa en Nueva Jersey, un estado en el que viven más de 50,000 salvadoreños. en esa casa, todos se contagiaron del virus y perdieron sus trabajos, lo que les acarreó una deuda de más de 5,000 dólares en pagos de hipoteca. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
Los nombres de los 13 miembros de la familia Portillo están escritos a mano en el buzón en su casa en Nueva Jersey, un estado en el que viven más de 50,000 salvadoreños. en esa casa, todos se contagiaron del virus y perdieron sus trabajos, lo que les acarreó una deuda de más de 5,000 dólares en pagos de hipoteca. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

Aquí el virus se metió en el cuerpo de todos, “de todos toditos”, me cuenta Nidia este 14 de abril. Incluso en el cuerpo de Karla, la ecuatoriana de 36 años que cuida al menor de los Portillo, un niño de nueve, y a la muchacha de 24, que tiene autismo. El virus también hizo a William retornar en abril. El hijo de 30 años de los Portillo perdió el trabajo repartiendo productos naturales y tuvo que refugiarse en el sótano de sus padres, junto con su esposa embarazada y su hija.

La casa es un retrato de la vida migrante en Estados Unidos, un laberinto que en cada recodo alberga a una familia. Una sala, dos cuartos al lado, donde duermen Aquilino, Nidia y sus dos hijos menores. Un cuarto arriba, que alquilan a una familia de tres salvadoreños. Un sótano en el traspatio, donde Erick, otro de sus hijos, vive con su pareja y tatúa. Otro sótano bajo la casa, con tres cuartos hechizos con tablaroca y una sala improvisada, con la tele sobre la lavadora, donde viven sus otros tres hijos, incluyendo a William y su familia, un gato y un perro.

La familia es el ejemplo de lo que la pandemia dejó: una deuda de 5.400 dólares por las cuotas hipotecarias de tres meses de la casa, una casa repleta, uno de los pulmones de Nidia con infección, otro de los pulmones de Karla con una masa y una familia que, tres décadas después de llegar, vuelve a empezar.

El virus redujo años de lucha migrante, minimizó décadas de esfuerzo y penurias. El virus ha obligado a mucha gente exhausta a volver a empezar. Esta es gente que en 30 años solo dejó de trabajar cuando la pandemia se impuso.

Al final de la plática, pregunto a Nidia cómo se contagió. Los Portillo creen que ella fue la primera, y aún recuerdan cómo cayó desmayada afuera del baño un día de abril de 2020.

Nidia me responde: “La señora a la que yo cuidaba se murió. Era colombiana. Se murió. Después de eso yo me enfermé. La internaron con una neumonía, no alcanzaba a respirar, y con una tos y una tos y una fiebre y una fiebre, pero, bueno, murió a las dos semanas en el apartamento, y yo estuve con ella hasta el último día y, la verdad, después de eso yo me enfermé. Ese virus sí se pasa rápido. Yo me cuidaba, guantes, máscara, pero no vale nada”.

Nadia Portillo mira por la ventana de la habitación que comparte con su hija autista en New Jersey. Nacida en El Salvador, Nadia llegó a los Estados Unidos en 1994 y aquí crió a sus hijos junto a su marido Aquilino. Durante la pandemia de Covid-19, en su casa vivían 13 personas. Todos se infectaron. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
Nadia Portillo mira por la ventana de la habitación que comparte con su hija autista en New Jersey. Nacida en El Salvador, Nadia llegó a los Estados Unidos en 1994 y aquí crió a sus hijos junto a su marido Aquilino. Durante la pandemia de Covid-19, en su casa vivían 13 personas. Todos se infectaron. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

“¡Abra, buscamos a Juan!”

La escena es repetitiva, pero su final no lo es.

Es 16 de abril y, una vez más, el padre Fabián reparte comida, 124 cajas, muy cerca del puente Willis, donde asesinaron a aquel repartidor de Xalpatláhuac, en la esquina de la calle 139 Este, en el Bronx.

Las cajas traen manzanas, papas, cebollas, leche en polvo, yogurt, queso americano, piernas de pollo precocidas y una variedad de carnes frías. Llueve y hace 12 grados centígrados, pero la fila de migrantes espera una hora por las cajas.

Una hondureña sale del negocio donde hacen uñas y pide que si sobra una caja se la guarden, por favor. Entra y vuelve a los pies de una señora. Aparece otra mujer desde el restaurante mexicano del que proviene el sonido gordo de la tuba norteña. Pide lo mismo. Sale otra mujer de una tienda que repara bicicletas. “¿Me pueden dar una?”. Los voluntarios responden que, si quienes se anotaron no llegan, les darán.

El padre Fabián abre la cajuela de su carro y saca cajas de pañales. Una mujer con un bebé en brazos le dice que es guatemalteca, que es indocumentada, y que la van a deportar. El padre Fabián, cargado de cajas, le responde: “¿Tu nombre, querida? Te llamo en 30 minutos y hablamos”. Ella le deja su nombre y su teléfono, le dice que no tiene saldo para llamar, que si él es tan amable y le llama, ella estará agradecida “siempre”. El padre Fabián le dice que lo hará. El padre Fabián, aún cargado de pañales, recibe otra llamada, una mujer le recuerda que debe ir a bendecir un estandarte de la Virgen de la Asunción. El padre Fabián le hace ver que no tiene la dirección. Ella se la dicta. El padre Fabián responde: “Gracias, querida, en una hora te bendigo a la virgen”. Está muy ocupado, pienso, y me alejo. El padre Fabián, en medio de un círculo de mujeres que le piden pañales, me grita: “Tenés que subir a casa de Javier. Él te va a contar cosas”.

Javier Rodríguez Méndez y Gabriela Valdez son mexicanos, pareja, llegaron hace 12 años, trabajan en un restaurante y son parte de la red de solidaridad del padre Fabián.

El 15 de enero de 2020, antes de la pandemia, a Javier lo detuvieron en una redada adentro del edificio. Llegaron, tocaron, dijeron que eran oficiales de la Policía de Nueva York, que buscaban a un tal Juan, que abriera, que nada pasaría, que no eran de ICE. Javier abrió. Lo detuvieron. Eran de ICE. Javier es indocumentado.

Lo detuvieron casi un mes. El padre Fabián logró sacarlo. Empezó la pandemia.

Las redadas siguieron. En este mismo edificio, ya con pandemia, la Policía arrestó a otros tres migrantes de la misma forma entre marzo y abril: buscamos a Juan, a Nidia, a Aquilino, a Fidencia. Buscamos a…

La casa no es una casa, es un cuarto y vale 1.375 dólares al mes. El edificio está frente al punto donde se repartieron las 124 cajas de comida, en el sur del Bronx. En el cuarto viven ellos, su hijo de nueve años, su bebé de siete meses y el hermano de Javier.

Cuando Javier salió de detención, su restaurante estaba cerrado y Gabriela había perdido el trabajo. Ahora, apenas trabajan algunas horas y buscan lo imposible: pagar menos por el alquiler en Nueva York. Pero hoy repartieron 124 cajas de comida al pie de su cuartucho.

Si hubiera tenido un sombrero, me lo habría quitado varias veces. Una por Javier, otra por Gabriela y otra por el padre Fabián.

—¿Qué van a hacer? —pregunto.

—Buscar —dice quedito Gabriela, cabizbaja.

Y hoy repartieron comida.

Vale la pena repetir, por si no quedó claro: y hoy, sin certezas ni futuro, Javier y Gabriela bajaron de su cuarto y repartieron comida.  

Manifestación de repartidores de comida en las calles del centro de Manhattan. Los “deliveristas” salieron masivamente para protestar por el aumento de la violencia en Nueva York. Desde el inicio de la pandemia, la Policía ha registrado un aumento del 73% en los tiroteos en la ciudad y los “deliveristas” sufren habituales asaltos y robos de sus bicicletas. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.
 
Manifestación de repartidores de comida en las calles del centro de Manhattan. Los “deliveristas” salieron masivamente para protestar por el aumento de la violencia en Nueva York. Desde el inicio de la pandemia, la Policía ha registrado un aumento del 73% en los tiroteos en la ciudad y los “deliveristas” sufren habituales asaltos y robos de sus bicicletas. Foto de El Faro: Edu Ponces/ Ruido Photo.

“Recuerde de dónde venimos”

La Morada es un ícono de la solidaridad migrante en Nueva York. La familia Méndez es de Oaxaca, indocumentada, y es la familia que fundó La Morada el 5 de abril de 2009. Es restaurante, es centro de acopio, es lugar de asistencia, es lo que hicieron en pandemia…

La última necesidad que tuve en mi viaje breve a esta inabarcable ciudad fue encontrar esperanza. Y la señora Natalia Méndez me la explicó, sin heroísmos ni grandilocuencias ni utopías, cocinando tamales verdes para regalar a migrantes. “Recuerde de dónde venimos”, me dijo casi al final. Y me dijo de dónde venía. Ya les contaré cuando termine este relato.

Hoy hay dos voluntarios en La Morada. Una de ellas es Alexandra Delano, profesora de la Universidad de Nueva York, que despepita chiles.

La señora Natalia Méndez me cuenta que llegó en 1992 desde Ahuehuetitlán, mixteca baja de Oaxaca, sin hablar español, con su marido, el señor Antonio Saavedra. Y me dijo cómo llegaron. Ya les contaré cuando termine este relato.

La pandemia les dio fuerte aquí en Nueva York. Natalia no podía caminar, su hija no tenía gusto y su hijo no tenía olfato. Se encerraron. Fue cuando el señor Antonio dijo: “Saquemos estos granos, que no se arruinen”. Y los sacaron.

Un día de abril hicieron 200 sopas de pollo. Las regalaron en una hora. Al otro día, 400; una semana después, 1.000; una semana después, 5.000. Se acabaron sus recursos.

La señora Natalia recuerda que entonces alguien llegó a entregar su cheque de estímulo. Fue un académico chileno de la Universidad de Nueva York, Marcial Godoy, y luego llegaron otros. Y, “sin planearlo, La Morada terminó enviando comida a edificios donde la gente se moría de hambre, y a albergues”.

—¿Cuántas comidas? —pregunto, y la señora Natalia, segura y oronda, me responde.

—Usted fue a la escuela, sabe matemáticas, 5.000 comidas cada semana durante un año.

—¿Y el Gobierno? —pregunto.

—Ni una verdura —responde.

—¿Y cómo pagan el local?

—Debemos siete meses, nos van a cerrar, son 5.000 dólares al mes, pero no tenemos miedo, sino satisfacción, hemos hecho lo que el humano debe hacer —dice la señora Natalia enrollando tamales verdes que regalará, y aún logro pronunciar la última pregunta.

—¿Hay futuro?

Y ella responde.

—Nos vamos a levantar. Nunca ha sido fácil. Nunca hemos dicho: aquí está mi ronco pecho, que venga la bala, pero… Qué me hace hablar usted... Le sabemos resistir. Nunca ha sido fácil. Se nos abre y se nos cierra. Lo siento por las personas que no saben estar descalzas, comer un día y otro no, lo siento por ellas. Con nuestras manos podemos trabajar. Aquí aprendí a hablar español, soy de Ahuehuetitlán. Yo entré con mi esposo el 4 de febrero de 1992, por Nogales, y lo único que traía era un hoyo en el alma por la separación de mis hijos. Dos hoyos en el alma. El coyote nos llevó hasta un parque de Washington Heights, aquí en la ciudad. Era invierno. Yo traía una camiseta; mi esposo, dos, y cinco dólares, con los que compramos dos abrigos a un indigente. Parecíamos papalotes, pero aquí estamos.

Y luego, la señora Natalia dice:

—¿Nos da miedo esto? Sí, pero venimos de donde venimos. Venimos del frío, venimos del hambre, venimos del esfuerzo y el dolor. De ahí venimos.

Y luego dice más:

—Los invito, vengan a pelar papas.

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Internacionales Thu, 08 Jul 2021 00:13:41 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/internacionales/25595/Nueva-York-es-una-casita-con-cenizas-de-migrante.htm
“Dar permisos por más de 15 años es una forma de privatizar el agua” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036075.JPG https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25593/“Dar-permisos-por-más-de-15-años-es-una-forma-de-privatizar-el-agua”.htm El abogado Luis González aplaude que en la Asamblea Legislativa se haya retomado la discusión sobre la Ley General de Aguas. Lo considera un logro de las organizaciones sociales ya que, según dice, ni el agua, ni el medio ambiente han sido "una prioridad del Gobierno”. En esta entrevista, González habla del proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Nayib Bukele y advierte los puntos que considera peligrosos. Dice que la ausencia de la contraloría ciudadana es la principal falencia. También señala como peligro "la conformación presidencialista del ente rector" y que se otorguen permisos por 15 años prorrogables. Este último, dice, abriría la puerta a la privatización del agua. Luis González es abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) desde hace 15 años. Desde que empezó a trabajar formó parte del equipo jurídico al que se le encomendó trabajar en una propuesta de Ley General de Aguas. Colaboró en la creación de la primera iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa el 22 de marzo de 2006 por Cáritas de El Salvador y la UNES.   

Ha leído la propuesta presentada por el Gobierno de Nayib Bukele y dice algunas medidas pueden poner en riesgo el acceso al agua. Lanza una alerta muy explicíta: teme una privatización disfrazada de política pública. González señala del riesgo de que empresas o sectores abusen del agua.

Al hablar de esta ley hay que contextualizar: ni Arena ni FMLN se pusieron de acuerdo en las distintas iniciativas presentadas y la propuesta  de distintas organizaciones de la sociedad civil estuvo estancada por más de 10 años. El debate transcurrió por 3 legislaturas: 2012-2015, la 2015-2018 y la 2018-2021. Fue en esta última, cuando ya no tenían poder, que Arena y FMLN avanzaron en la aprobación de 111 artículos de los 160.“Hay fuertes sectores económicos que no les interesa que se apruebe una ley general de agua”, dice  González.La ausencia de una ley ha beneficiado a explotadores de agua, añade, ya que la falta de regulación impide que el Estado exija pagar lo que vale o simplemente pagar por ella.   

En la discusión de 9 años, se había tomado en cuenta lo propuesto por las organizaciones, aglutinadas desde 2018 como Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua. Sin embargo, con la nueva Asamblea Legislativa, la Comisión de Medio Ambiente optó por enviar al archivo esa, como muchas otras propuestas en debate. “Lo cual sin duda es lamentable. Había propuestas buenas, como muy malas, pero también había otros temas importantes: ley de cambio climático, reformas a la ley forestal, revisión de agrotóxicos”, concluye. 

El 18 de junio pasado, el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa su propuesta de ley. El presidente Nayib Bukele dio 90 días para que el Legislativo los discuta y apruebe. Para esta entrevista, González se basa en un documento con 164 artículos que fue compartido ese mismo día de forma extraoficial. Este texto habla de una Autoridad Salvadoreña del Agua conformada por 11 instituciones del gobierno, pero sin la participación y contraloría de la ciudadanía.  "No es garantía de que su gestión será netamente pública", advierte. “¿Cómo vamos a poder monitorear que alguien a quien le den un permiso por 15 años para extraer más de 470 mil metros cúbicos (más de 473 millones de litros al año) no saca más? Eso no se puede garantizar. Si quitamos los órganos de participación ciudadana y de control, otro peligro de la ley es esto”, cuestiona. 

Luis González, abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), insiste en que la participación y contraloría ciudadana no puede dejarse de lado en ninguna ley de agua que se apruebe. Para él, las juntas comunitarias de agua, por ejemplo, son imprescindibles. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Luis González, abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), insiste en que la participación y contraloría ciudadana no puede dejarse de lado en ninguna ley de agua que se apruebe. Para él, las juntas comunitarias de agua, por ejemplo, son imprescindibles. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

¿Qué está discutiendo la Asamblea Legislativa? 

Cualquier ley que se discuta y se aprueba tiene que contener por lo menos cinco elementos infaltables para que sea una buena propuesta: el agua como bien público, que no debe ser sujeto a privatización, que la gestión del agua tiene que ser pública, con participación ciudadana, la gestión de cuencas. Todo lo que tiene que ver con el reconocimiento al derecho humano al agua y un régimen, financiero, justo y equitativo. El presidente de la República presentó una propuesta de ley que, como movimiento, consideramos, no reúne estas características, y que por tanto sería una propuesta perjudicial para la población.  

¿Es decir que los cinco puntos no negociables para las organizaciones de la sociedad civil no están presentes en la ley propuesta?

Están presentes de manera superficial, pero no se desarrollan y te voy a poner ejemplos concretos: la gestión pública con participación ciudadana. Si bien es cierto, y hay que reconocer, que la junta directiva del ente rector es pública, es una estructura centralizada, porque a todos los va a poner el presidente de la República. Desde el presidente la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que en nuestra propuesta era ANA (Autoridad Nacional del Agua), lo pone el presidente. Digamos que son puestos puestos por el presidente y tendrían carácter público, pero el tema de la participación ciudadana, que es como la colita de ese elemento infaltable, se elimina. Al final lo que queremos decir es que haya un espacio, no decisorio, de participación, que pueda dar opinión sobre las decisiones que toma el ente rector. Este espacio debería estar conformado por todos los sectores, y aquí estamos hablando de organizaciones sociales, mujeres, indígenas, juntas de agua, de la academia, incluso de la empresa privada.  Al eliminar la participación ciudadana, se pueden dar abusos. En el sentido de que esta empresa me cae mal, no le doy agua, esta junta de agua no me cae bien, no le doy agua, quiero hacer que quiebre Anda, no le doy agua o le doy muy poca para que cobre muy caro y quebrar a una autónoma. La estructura está hecha para que el presidente de la República decida sobre todo. En la ley de agua está ocurriendo un poco lo que ocurre en El Salvador.

Dentro de la conformación de la ASA, ¿es representativa la voz del único miembro de la sociedad civil? ¿Pesará lo que diga frente a todos los demás miembros?

No, porque ya de por sí, para comenzar, esa persona va a ser puesta por el presidente de la República, entonces, no sabemos a quién va a poner. Y si es una organización que no es representativa, que se la acaban de crear, que no sabe del tema, pues no nos va a representar. Lo otro es que para hacer quórum en las reuniones es de la mitad más uno. Igual y puede ser que no la convoquen, igual se pueden reunir y son seis, que serían solo los públicos; además de eso, el presidente de la ASA tiene voto doble. No necesitan para nada que lleguen las universidades, ni que esté la sociedad civil. 

También vemos al Ministerio de Turismo, la CEL y el Ministerio de Vivienda en el ente rector. ¿Qué implicaciones tendría su participación dentro de la Autoridad?

Hay que decirlo que también son sectores que tienen que ver con el agua. Incluso, en la propuesta original del 2006, se planteaba que al menos la CEL y Obras Públicas fueran parte de la junta directiva del ente rector, y es que hay que plantearlo: la CEL utiliza el agua para producir energía, al menos de las dos formas que tiene. Tiene sentido que forme parte del ente rector. Ahora, en el caso de Turismo, no lo siento tan así. Aunque si nos ponemos a pensar, vinculado al tema del Ministerio de Vivienda, todo el desarrollo urbano necesita agua. En ese sentido, es preocupante, porque sus aportes pueden ser para exigir agua o para permitir agua para esos sectores, más que para protegerla. Muestra de eso es lo que pasa en Valle El Ángel, en Paseo del Prado, en Sierra Verde, en donde se hacen construcciones en urbanizaciones que son de recarga hídrica o que son zonas vulnerables. También, hemos tenido hechos de privatización del agua, sin un marco legal, como lo que ocurrió con un convenio firmado entre Anda y la familia Dueñas para el proyecto urbanístico Valle El Ángel, que también es una forma de privatización, a nuestra lectura, e incluso consideramos que es ilegal, y por eso es que el Foro del Agua presentó un recurso de inconstitucionalidad de este convenio. 

¿Cómo debería ser la estructura del ente rector para que realmente se garantice la contraloría?

La propuesta de ente rector que presentó la Universidad de El Salvador en el 2018 planteaba una estructura interesante: tenés la ANA, que generaban una estructura de contraloría, como a la par. Casi como las juntas de vigilancia de las juntas de agua. Tenés la junta directiva, tenés una junta de vigilancia para la junta directiva. Toda una estructura como un espejo de vigilancia a lo que hacen. Pero, además, en medio estaba este consejo nacional del agua, como un espacio de participación ciudadana para todos los sectores. Esa podría ser una forma, que al final no se incluyó. Aunque esta participación no sea vinculante, con solo tener acceso a las decisiones que se toman, eso ya podría hacer un tipo de control.

Según esta propuesta de ley, habrá acceso a información pública.

Pero, claro, tenemos la actual Ley de Acceso a la Información Pública que no se cumple. Hay muchos aspectos de la ley que están planteados, pero no se dice cómo se van a operativizar. Si lo que van a dejar es que yo lo pida por medio de acceso a la información pública, pero previamente me lo han decretado reservado, ¿de qué me va a servir?  Aquí lo que necesitamos es que toda la información sea pública, toda la información hídrica esté colgada en una web y que la gente sepa: “en cada cuenca hidrográfica hay tanta agua”, “en esas cuencas hay tales usos”. Que la gente pueda decir: “Si aquí hay 100 mil metros cúbicos de agua que se producen en la cuenca y el 70 % de eso se ocupa para riego, para cultivos, y solo queda el 30 % para los demás uso y resulta que para consumo humano doméstico solo queda un 10 % y no alcanza, revisemos los otros usos. Ah, okay, el que más consume es la agricultura: un 70 %. Va, okay. Ah, pues, no, regulemos estos usos y si ya tenemos una cantidad, reduzcámosla a una cantidad que nos permita aumentar el consumo humano doméstico al doble. Ese tipo de análisis debería de ser público para que la gente opine y aporte. En un tema tan delicado como el agua no nos podemos dar el lujo de que las decisiones no puedan ser de alguna manera fiscalizadas, monitoreadas, darle seguimiento por parte de la sociedad civil. 

Si nos vamos al artículo 61, se habla de autorizaciones, pero no dice quiénes tendrán prioridad para el aprovechamiento del agua. ¿Cómo ven esto?

Exactamente, pone a todos en un solo guacal. Y es esto de “yo le puedo dar permiso a alguien que me lo solicite”, pero como yo no tengo estimado lo más importante, le puedo dar permiso a alguien que en realidad no lo necesite. En ese sentido, lo que plantea el artículo 61 es autorizaciones tipo 1 y autorizaciones tipo 2. Estas autorizaciones las va a dar la Autoridad Salvadoreña del Agua, o sea, va a decidir esta junta directiva nombrada por el presidente. Entonces, lo que se plantea es que aquellas autorizaciones tipo 1 son aquellas que van a pedir cantidades superiores a 473,040 metros cúbicos al año (39 mil pipas por año), por un periodo que puede ser renovable. Puede pedir mucho más. Es irresponsable dar autorizaciones para esta cantidad de agua en un país que sufre estrés hídrico, en un país en el que el agua no alcanza para darle de beber a su población, en un país que con el cambio climático tenemos fuertes impactos en nuestros ecosistemas y mantos acuíferos, y con esta cantidad de agua, asumiendo lo que dice la OMS, con lo que se le da en una empresa o una industria con esta ley, se le podría dar de tomar agua a 2 mil 629 familias. Además, dar ese tipo de permisos por más de 15 años es una forma de privatizar el agua.   

¿No se tiene claro de cuánto es el desabastecimiento de agua en la que estamos?

Eso es uno. Pero, en esto de los balances tenemos que saber cuáles son los usos, su demanda y disponibilidad, que va cambiando año con año. Plantear una cantidad de más de 473 mil metros cúbicos para 15 años, cuando tenemos una crisis hídrica, cuando tenemos un cambio climático que ya nos está impactando, es irresponsable. No responde a la crisis, no responde a los usos. Es una locura, para querer ser lo más coloquial en la respuesta.

¿Ustedes, en su propuesta, plantearon o determinaron una cantidad?

Lo que habíamos planteado, primero, es el tema de los usos. Y sí se planteó una cantidad. Se decía que para los sectores era bueno tener una cantidad, pero nosotros habíamos planteado periodos de uno a tres años para los permisos y habíamos hablado cantidades de litros por minuto. Ahora bien, eso probablemente no fue lo mejor, pero ya en la discusión, en la Asamblea Legislativa, en esto de los 112 artículos, lo que se habló y me parecía una propuesta bastante válida en la discusión de la comisión, era crear un transitorio: no se le va a poner la cantidad hasta que sepamos la disponibilidad de agua por cada una de las cuencas y tal vez sepamos cuál es la demanda por cada uno de los usos. 

¿Quiénes son los beneficiados de lograr permisos de grandes proporciones de agua? 

Creo que son los sectores que históricamente se han opuesto a que se apruebe una Ley General de Agua. ¿Cuáles son estos? El sector agroindustrial, principalmente, el productor de caña de azúcar, que son de los que utilizan grandes cantidades de agua. En estudios realizados por UNES, por hectárea de caña de azúcar, se pueden utilizar más de 5 mil metros cúbicos de agua por temporada. En El Salvador, según datos del MAG, hay entre 110 mil, 120 mil; si lo ponemos en hectáreas, digamos que son 100 mil hectáreas. Ahí hay un sector que utilizaría grandes cantidades de agua. Otro es el sector industrial, que utiliza el agua a granel, es decir, las industrias de bebidas carbonatadas, embriagantes o que la venden embotellada también son un sector que acá se va a ver “controlado-beneficiado”, porque también yo creo que estos sectores tampoco están de acuerdo con esta propuesta, porque creo que hay un temor de que no les van a autorizar lo que ellos quieren, o que solo van a autorizar a los que quiera el presidente. En los sectores privados, hay que decirlo, ellos quisieran que no hubiera ley o que hubiera una ley donde ellos fueran parte de la autoridad rectora. 

Aunque no hay una ley, hay prácticas sobre el agua que ya se hacen y que lo que buscarían algunos sectores es legitimarlas. 

Es correcto. Creo que en El Salvador, y lo he planteado en algunas entrevistas, el agua ya está privatizada de hecho. Por ejemplo, empresas que hacen un pozo que usan para extraer agua y hacer bebidas carbonatadas le pagan una cantidad risible a Anda, que no se acopla ni siquiera al monto que se les cobra a las familias. O, por ejemplo, en el caso de las agroindustrias que hacen riego lo que pagan es todavía más risible que lo que pagan las empresas que hacen uso del agua para hacer bebidas carbonatadas. Creería que estos sectores, en este río revuelto, han tenido ganancias y quisieran que las cosas siguieran igual o quisieran de alguna manera ellos definir qué pagar. En el caso de empresas que hacen bebidas carbonatadas, que tienen pozos privados y tienen algún tipo de medidor, ellos reportan la cantidad que consideran a Anda. No es que llegue Anda a verificar la cantidad de metros cúbicos que extrae, sino que mandan un correo y dicen: “bueno, te voy a pagar esta cantidad” y es casi voluntario.   

Nos preocupa que no está desarrollado el tema del control, el tema de las inspectorías. Y si en la actualidad están de hecho, con un permiso que no es monitoreado, ¿qué va a pasar cuando estén de derecho y tampoco se les va a monitorear? Y es que ahí voy a decir dos cosas: no ha existido voluntad política de Estado por regular ni por manejar el tema del agua, pero tampoco hay capacidad para hacerlo. Es decir, los bienes ambientales y su monitoreo no ha sido de la centralidad del funcionamiento del Estado a pesar de la importancia que tiene. 

¿Cuánto más puede soportar este país al hacer uso del agua de esta manera? ¿Hay estudios que indiquen de cuánto tiempo estamos hablando?

Fijate que en los últimos 30 años, todos los ríos de nuestro país han disminuido su caudal, de ahí, todos han ido transportando menos cantidad de agua, parte por el cambio climático que hace una concentración de lluvia; ha disminuido la cantidad de agua que cae en el país en lluvia. Lo demás, esta no se infiltra, todo lo que ya he comentado. Hay proyecciones, sin tomar en cuenta el riesgo climático, que el río Lempa, que es nuestra principal fuente de agua, duraría, y son reportes de hace 10 años, entre 100 y 160 años. Ahora, esto sin tomar en cuenta el componente climático. Y esto se puede hacer para todos los demás ríos.  

Acá se plantea, con el tema del componente climático, que no se hacen las labores necesarias para que la temperatura a nivel global no sobrepasen esos dos grados que se hablan. Si en algún momento sobrepasa los 4 grados, eso en la región centroamericana podría llegar a ser seis grados y con seis grados nos habremos quedado sin agua y sin comida, por todo el tema del ciclo hídrico, aquí estamos hablando 2050, 2100. Pero, el punto es que cada vez nos está afectando más y aparte estamos tomando decisiones que afectan la sustentabilidad de las cuencas. Por eso es importante que el Ejecutivo, la pensada de la ley, la dé desde un enfoque biocéntrico. La ley no debe ser para el desarrollo económico. Una Ley General de Agua es para proteger el agua en el país, porque no tenemos agua, y porque la que tenemos está sumamente contaminada. Esta ley tiene que tener un enfoque de vida, no un enfoque mercantil.

¿Cómo debe de contemplarse el uso del agua para las comunidades?

Lo ideal es dándole en plenitud a la población el reconocimiento del derecho humano al agua. Cuando uno reconoce el derecho humano al agua o uno parte de que debe garantizar el agua en calidad y cantidad para la población, para una vida digna. Decimos que la OMS plantea que mínimamente debe recibir cada persona 100 litros y que hablamos que por familia deben ser 15 metros cúbicos mensuales (15 mil litros). Garantizar plenamente el derecho humano al agua es eso, primero agua para la gente, agua para la vida, y después para los demás usos si es que alcanza.

 Me lleva a pensar en las condiciones que pueden generarse en el país de aprobarse esta propuesta. ¿Cree que puede abrirse la puerta para una guerra declarada por el agua?

Sin duda, sin duda. La realidad de Bolivia fue similar en 2002 cuando la privatización del agua, es lo que se vive en Chile. El tema del aguacate, en Chile, las cuencas sin agua, los pueblos sin agua, les llevan pipas de otros lados; pero, el agua está ahí, en piscinas para riego de aguacates. La mayoría de esos aguacates se van para Alemania y la gente no tiene agua. En Chile es todavía más radical, porque estas concesiones de agua se heredan entre familiares. Ahí hablan de derecho humano al agua, pero no se garantiza. El derecho humano al agua no debe ser una palabra puesta en la ley, sino que tiene que ser algo que se desarrolle con acciones. De igual manera, para que se privatice el agua no tiene que decir que “el agua se va a privatizar”, sino que en la medida que se dé un permiso, una autorización, una concesión a un ente privado de un bien que es público, común, por larga data, eso es privatizar, sin engañarnos, sin querer darnos casaca entre nosotros y nosotras.

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El Salvador Tue, 06 Jul 2021 21:25:52 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/el_salvador/25593/“Dar-permisos-por-más-de-15-años-es-una-forma-de-privatizar-el-agua”.htm
El viejo truco de la polarización - Por Manuel Alcántara https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25592/El-viejo-truco-de-la-polarización---Por-Manuel-Alcántara.htm 360 grados Tue, 06 Jul 2021 14:43:26 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/360grados/25592/El-viejo-truco-de-la-polarización---Por-Manuel-Alcántara.htm Publicada la lista Engel, Nayib Bukele está solo y ante un abismo http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035944.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25591/Publicada-la-lista-Engel-Nayib-Bukele-está-solo-y-ante-un-abismo.htm A diferencia de Bukele, Nicaragua cuenta con cierto apoyo internacional. El 25 de junio de 2021, los diez países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América -incluyendo Venezuela, Bolivia y Cuba- apoyaron las futuras elecciones en Nicaragua, a pesar de la creciente persecución del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores. En el caso de El Salvador, los mayores aliados internacionales de Bukele son algunos Bitcoiners, youtubers e influencers. Para considerarse a sí mismo un ajedrecista político, el presidente Nayib Bukele parece ser un experto en arrinconarse en el tablero internacional. A diferencia de Nicaragua, Bukele no tiene aliados internacionales y menos amigos sin condición. Ni Beijing, ni Moscú, ni Tel Aviv, ni Brasilia lo consideran suyo como para entrar en conflicto con Washington. A diferencia de Bukele, Nicaragua cuenta con cierto apoyo internacional. El 25 de junio de 2021, los diez países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América -incluyendo Venezuela, Bolivia y Cuba- apoyaron las futuras elecciones en Nicaragua, a pesar de la creciente persecución del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores. En el caso de El Salvador, los mayores aliados internacionales de Bukele son algunos Bitcoiners, youtubers e influencers. 

Lo que está claro, es que con la publicación de la Lista Engel por el gobierno de Estados Unidos,  la gestión del mandatario salvadoreño ha llegado a un punto de inflexión en el que la presión de Estados Unidos podría tener implicaciones económicas para su círculo cercano y el país.  Hasta ahora, el presidente ha pensado que puede salirse con la suya con experimentos económicos como las del Bitcoin, desplantes diplomáticos como la firma de acuerdo con China y propaganda en redes sociales. Ese tiempo se acabó. 

Si Bukele decide no cambiar nada en su política de erosionar el orden constitucional, muy seguramente Washington responderá con más nombres a la lista Engel – en los que podrían incluirse a varios de sus diputados y amigos personales. Después, Estados Unidos podría escalar su respuesta al incluir personas allegadas al presidente en las sanciones de la ley de Global Magnitsky que no solo revoca visas a acusados de violaciones de derechos humanos  y corrupción en cualquier parte del mundo, sino que le congela los activos a los sancionados. La Unión Europea y Canadá han aprobado leyes similares, lo que podría tener ramificaciones mundiales. Además, de esto, sus aliados con residencia o ciudadanía estadounidenses podrían ser investigados por el sistema judicial de Estados Unidos, como lo reveló la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.

Más allá del golpe a la imagen internacional del mandatario salvadoreño -que parece irreparable- la decisión de desoír a la comunidad internacional puede traerle consecuencias a la economía salvadoreña. Como explicamos en un artículo con el Dr. Michael Paarlberg en la revista Foreign Policy,  Estados Unidos puede tomar la decisión de escalar su respuestas en el terreno económico y financiero. La primera posibilidad es retrasar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de $1,300 millones. Este acuerdo no solo es importante por la cantidad de dinero, sino porque un acuerdo con el FMI abre las puertas para más posibilidades de préstamos en la banca internacional. La deuda pública se acerca al 100% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Recordemos que la palabra de Washington no solo pesa para El Salvador, sino para sus aliados internacionales como la Unión Europea y Japón en estos organismos internacionales.

Por si esto fuera poco, la legalización del Bitcoin como moneda oficial le ha abierto un nuevo flanco de batalla para el gobierno con Washington. Estados Unidos quiere mayor regulación de las cripto monedas y eso implica mayor escrutinio de los países que favorecen su uso. Washington cree que estas monedas favorecen el lavado de dinero y el gobierno salvadoreño al tratar de atraer inversión de Bitcoin parece beneficiar al dinero con orígenes oscuros. Los planes de que las remesas sean trasladadas en Bitcoin podrían encontrarse con una multitud de obstáculos puestos por el gobierno federal de Estados Unidos. Washington también podría influir en cómo los bancos internacionales en El Salvador operan en un contexto de criptomonedas. La nación del norte tiene una influencia poderosa en los mercados financieros, especialmente en los que usan el dólar americano.

En Washington, El Salvador es visto a través del espejo de Managua, por lo que el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca serán más severos en su reacción de Bukele, a quien leen como un Daniel Ortega en potencia. Esto podría implicar que se revisen tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD) para encontrar cláusulas que protejan el entorno laboral y de derechos humanos. Esto no es descabellado tomando en cuenta que el comité de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una ley que pide al Presidente Joe Biden revisar acuerdo en relación con Nicaragua. En el caso de El Salvador, la sola sugerencia de que Washington analiza revisar CAFTA-RD tendría consecuencias profundas sobre todo el ramo de la industria textil y otras que dependen de las ventajas arancelarias para exportar a Estados Unidos. Una reconsideración de Washington podría obligar a la Unión Europea a revisar su acuerdo con la región también, una cuestión que ha sido sugerida semanas atrás para el caso de Nicaragua. 

Hasta la aparición de la Lista Engel, Estados Unidos ha intentado la retórica para persuadir al mandatario salvadoreño, pero el gobierno salvadoreño ha decidido ignorar cualquier crítica y sumergirlas en un mar de propaganda y demagogia. En Washington, la desconfianza por Bukele es tal que sus últimos interlocutores- republicanos en el Senado y la Casa de Representantes- han decidido darle la espalda. El ex presidente Donald Trump  ha catalogado a los presidentes del Triángulo Norte como dictadores, lo que sugiere que también en el lado conservador hay una decisión de tener “mano dura” con los representantes políticos de la región. Si el presidente fuera un astuto ajedrecista, se daría cuenta que cada vez tiene menos opciones en el tablero y que unos pocos nombres en su gabinete no merecen sanciones a su círculo íntimo y repercusiones económicas para el país. A pesar de la propaganda oficialista, El Salvador sigue siendo un país sumamente pobre, inseguro, desigual y que depende de las remesas enviadas de los migrantes en Estados Unidos. 

 

Si bien es verdad que Washington piensa que Bukele es un mandatario legítimamente electo,  no dudará en ejercer paulatinamente presión sobre las acciones del mandatario a través de una multitud de herramientas diplomáticas y económicas. Pero podría ser peor.  Washington también espera una escaramuza oficialista que intente legalizar a través del órgano legislativo o el judicial una inconstitucional reelección presidencial. Si pasa esto, muchos escenarios que parecen imaginarios, podrían volverse en la nueva realidad de la relación entre El Salvador y el resto de la comunidad internacional.

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Columnas Tue, 06 Jul 2021 14:24:11 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/columnas/25591/Publicada-la-lista-Engel-Nayib-Bukele-está-solo-y-ante-un-abismo.htm
Diana busca a su hermano desaparecido http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036067.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/ef_foto/25588/Diana-busca-a-su-hermano-desaparecido.htm Este sábado 3 de julio, Diana Ortega, de 30 años, llegó junto a su familia a la vigilia "Si un día no estoy préstame tu voz", organizada por las víctimas de feminicidios y personas desaparecidas de El Salvador. Fue realizada en redondel Constitución de San Salvador. La familia de Diana Ortega llevó una foto que los llena de angustia todos los días. La persona que aparece en la fotografía es Daniel Alberto Ortega, hermano de Diana. Cuando la fotografía fue tomado en 2019, Daniel tenía 26 años, estudiaba bachillerato a distancia y ayudaba a trabajar a su padre en un negocio familiar. La tarde del lunes 20 de mayo de 2019, Daniel le pidió $10 a su padre, tomó las llaves de un pickup familiar y a las 5:30 p.m salió de casa. Fue la última vez que Diana vio a su hermano. Al día siguiente, martes 21 de mayo del 2019, Diana llamó a su hermano al su celular y no contestó. Ese mismo día a las 9:00 a.m unos agentes de la PNC llevaron el pickup de la familia, estaba chocado y lo habían encontrado en la zona del Aeropuerto Internacional de El Salvador, pero a Daniel no lo encontraron en el vehículo. Este 3 de julio, de día de la vigilia en el redondel Constitución, un grupo de agentes de la PNC se acercaron a Diana con sus celulares y le tomaron fotos. Cuestionaron sus razones para estar en ese lugar con esa fotografía. Diana no soportó y se tiró a llorar en los brazos de su pareja. La familia Ortega exige a las autoridades resultados: encontrar a Daniel Ortega o sus restos. Hasta abril del 2021, El Salvador reportaba 577 denuncias de desapariciones. EF Foto Sun, 04 Jul 2021 14:21:02 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/ef_foto/25588/Diana-busca-a-su-hermano-desaparecido.htm Las heroínas que revirtieron la política monetaria de 1921 http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_7_2000_1343/images%7Ccms-image-000036066.jpg https://www.elfaro.net/es/202107/ef_academico/25584/Las-heroínas-que-revirtieron-la-política-monetaria-de-1921.htm Los arrebatos presidenciales para imponer una política monetaria desfavorecedora para el pueblo son tan antiguos como 1921. Aunque la historia ha dejado en el olvido la gesta de las vendedoras de los mercados que obligaron al Gobierno de Jorge Meléndez a revertir su escandalosa reforma al sistema monetario salvadoreño. Una serie de notas periodísticas publicadas en Costa Rica permiten ahora a El Faro Académico sacar del olvido a estas mujeres para evidenciar su heroísmo y la tremenda violencia con que las atacaron las fuerzas del Estado. Hace exactamente cien años un giro repentino en la política monetaria tuvo un impacto devastador en la economía popular. La arbitraria decisión gubernamental impulsó a las vendedoras del mercado de San Salvador a tomar el liderazgo. Ellas organizaron manifestaciones multitudinarias que obligaron al Gobierno de Jorge Meléndez a suspender el decreto que había causado tanto escozor.

Los sucesos estaban relacionados con la recesión económica de 1921. El Salvador ya estaba maltrecho cuando llegó la crisis. Esta había empezado en Estados Unidos y se transmitió al país en la forma de una disminución abrupta de la demanda del café salvadoreño. Las arcas del Estado estaban empobrecidas debido a los gastos de reconstrucción después de los terremotos de 1917 y 1919, y los problemas generados por la pandemia de 1918. Más aun, la dinastía Meléndez Quiñónez había gastado fondos públicos para la campaña presidencial que colocó en el poder a Jorge Meléndez.

Para enfrentar la crisis fiscal, el Estado se endeudó rápidamente negociando créditos en el extranjero y con la banca nacional. En medio de esta situación, el Ministerio de Hacienda anunció un cambio abrupto para acelerar la adopción del régimen de “patrón oro puro” en la esperanza de que el nuevo sistema monetario facilitaría la consecución de préstamos. De la noche a la mañana, de acuerdo con el decreto respectivo, las monedas de plata que estaban en circulación perdieron todo su valor. El 26 de febrero, el día siguiente al anuncio del decreto, hubo una manifestación espontánea. Según La Prensa, “se veían ancianos de cabellos blancos, a quienes la ley en cuestión perjudica hondamente en sus intereses y que a pesar de los achaques de los años llegaba a unir su protesta a la de todo el pueblo”. Peor aún, personajes cercanos al gobierno aprovecharon la ocasión para hacer negocios con la desesperación de la gente comprando plata a una fracción de su precio como metal.

Las vendedoras del mercado, lideradas por doña Concepción Cornejo de Figeac, convocaron a una manifestación de mujeres para el 28 de febrero. La multitud se reunió a tempranas horas de la mañana a las afueras del Mercado Central y desde ahí comenzó su recorrido por las calles de la capital. Cuando llegaron al Palacio Nacional las fuerzas de seguridad las recibieron con golpes y balazos. Lograron entrar al edificio, irrumpieron en la sesión de la Asamblea Nacional Legislativa, y obligaron a los diputados a suspender la vigencia del decreto de desmonetización de la plata. Más tarde, esa misma mañana, llegaron mujeres de Santa Tecla con las que habían coordinado la acción. Las autoridades impidieron la llegada de otro grupo que venía de Santa Ana. Las calles se llenaron de manifestantes y el Gobierno sacó a la calle a todas las tropas de la Policía y el Ejército a las que pudo echar mano. Estas dispararon contra las mujeres que se defendieron con la única arma que tenían a su disposición: las piedras de la calle. Al menos 10 policías murieron lapidados. Los cuerpos de muchas mujeres, entre las que se encontraba la líder anónima de las tecleñas, quedaron tendidos en la calzada.

Este es uno de los acontecimientos importantes más olvidados de la historia salvadoreña del siglo XX. Su importancia deriva de que fue, en primer lugar, una confrontación que costó muchas vidas. Además, constituye un ejemplo temprano de liderazgo y activismo femenino, de movilizaciones populares urbanas, y de violencia estatal. 

Escena de la calle del Mercado Central donde se reunieron las manifestantes. 200 fotografías de la República El Salvador (San Salvador: n.p., 1924).
 
Escena de la calle del Mercado Central donde se reunieron las manifestantes. 200 fotografías de la República El Salvador (San Salvador: n.p., 1924).

La ausencia de estos sucesos de los libros de la historia nacional tiene mucho que ver con la estricta censura de prensa que impuso el Gobierno el día siguiente. Hubo testigos, pero no quedó récord escrito. La turbulenta historia salvadoreña se hizo cargo de que acontecimientos posteriores opacaran el recuerdo y pocos transmitieran a sus descendientes la memoria de lo que ocurrió.

Hace unas semanas, el historiador costarricense Víctor Hugo Acuña compartió con El Faro Académico copias escaneadas de periódicos de San José con relatos que proporcionan detalles sobre la tragedia de ese día. Gracias a ellos podemos rescatar para la historia el heroísmo de las manifestantes y la tremenda violencia con que las atacaron las fuerzas del Estado.

Diario de Costa Rica 18 de marzo de 1921

Origen de la última revuelta del Salvador

A su tiempo informamos a nuestros lectores que en la vecina y hermana República de El Salvador había estallado un movimiento revolucionario con el objeto de derrocar al Gobierno de don Jorge Meléndez.

Esa revuelta fue sofocada a tiempo con descontento casi general, según dicen diarios locales. pues no fue sino un negocio lo que produjo la colisión.

En El Salvador se había implantado por el uso común la legalidad de curso de las monedas de plata centro y sudamericanas, y por disposición inexplicable del Ministerio de Hacienda se decretó la suspensión de curso legal a aquella moneda. Que, dicho sea de paso, constituía la economía general del pueblo. Según otros informes, al quedar anulado el curso de ese dinero, todas las economías tuvieron que ser vendidas por la mitad de su valor con perjuicio de las pobres gentes del país. Lo grave del caso es que esa plata era comprada a mitad de precio por agentes del Gobierno, lo cual indignó al proletariado femenino, que fue el que dio el grito de rebelión.

Esa tarde fue ametrallado el pueblo, con numerosos heridos y varios muertos.

Uno de los funcionarios del Gobierno salió furtivamente para Guatemala, en donde aún permanece. La rebelión fue debelada [vencida], pero el descontento persiste.

Diario de Costa Rica 19 de marzo de 1921

Los sangrientos sucesos de San Salvador

El pueblo fue tiroteado en las calles

BALAZOS A LA ENTRADA DEL PALACIO NACIONAL

La invitación de las señoras del mercado para efectuar un mitin era para el día lunes, 28.

Las mujeres de San Salvador, en pacífica manifestación, llegaron al Palacio Nacional y en la puerta fueron apaleadas por la gendarmería que cuidaba el edificio. Los manifestantes portaban banderas federales. Pretendían ocupar dos barras y pedir la derogatoria del decreto sobre la moneda. cómo se les estorbó el paso, hubo lucha, lucha desigual, pues fueron por último agredidas a balazos.

Enseguida se dio la orden de concentrar la policía.

EN LA ESQUINA DEL CONSULADO MEXICANO. --MUERTE DE LA ABANDERADA DE SANTA TECLA

En la esquina del consulado mexicano se encontraron las señoras de El Salvador con una manifestación de señoras que venía de Santa Tecla, y unas y otras fueron estancadas por la gendarmería, hicieron fuego sobre ellas los policías de orden y seguridad y también les disparaban desde el cuartel de artillería situado a dos cuadras de allí. Esto pasó a las 10 a.m. Hubo allí muertos y heridos del pueblo. De las primeras en sucumbir fue la abanderada de las manifestantes de Santa Tecla, mujer varonil y de gran coraje.

ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES

SIETE MIL HOMBRES EN ARMAS

Al caer ultimadas las mujeres, los estudiantes de las universidades y colegios hicieron causa común con las señoras. Pronunciaron los estudiantes discursos violentos, subversivos y el Gobierno se dio en el caso de poner en pie de guerra 7000 hombres. Los sublevados fueron como 1500 entre hombres mujeres y niños.

El tiroteo siguió por las calles todo el día 28.

DIEZ POLICÍAS MUERTOS A PEDRADAS

Concluyó el movimiento popular a eso de las 4:00 de la tarde, habiéndose decretado inmediatamente el estado de sitio. los estudiantes fueron encarcelados y apaleados. Diez gendarmes murieron a pedradas, y de parte del pueblo hubo diez y seis muertos. una manifestación que llegaba de Santa Ana fue devuelta.

Todo pareció indicar ese día 28 que habría revolución en todo el país, pero se carecía de armas para ello. En cambio el Gobierno contaba con sobra de elementos para poner fin a los disturbios.

LA VELA Y EL ENTIERRO DE LOS CADÁVERES

Los muertos hechos por la policía y soldados fueron velados en los salones de la Confederación de Trabajadores. Al día siguiente se verificó el entierro de las víctimas. Pasó el cortejo fúnebre frente a la casa del presidente y sólo se escuchaban gritos airados de protesta. El partido unionista lanzó una proclama y logró calmar los ánimos. También consiguió que prominentes personalidades de la política fueran excarcelados.

Sabemos que a pesar de que el Ejecutivo ofreció levantar el estado de sitio, éste continúa y parece que se prolongará por tiempo indefinido.


 

*Héctor Lindo es profesor emérito de historia en Fordham University, Nueva York. Sus videos sobre la historia nacional se encuentran en YouTube.

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EF Académico Fri, 02 Jul 2021 21:28:19 +0100 https://www.elfaro.net/es/202107/ef_academico/25584/Las-heroínas-que-revirtieron-la-política-monetaria-de-1921.htm
Mujeres para hacer historia - Por Sergio Ramírez https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202106/360grados/25585/Mujeres-para-hacer-historia---Por-Sergio-Ramírez.htm 360 grados Thu, 01 Jul 2021 18:50:24 +0100 https://www.elfaro.net/es/202106/360grados/25585/Mujeres-para-hacer-historia---Por-Sergio-Ramírez.htm