El Faro http://elfaro.net Periodismo independiente y audaz de El Salvador y Centroamerica con noticias, reportajes, investigac es Copyright 2021, El Faro Mon, 06 Dec 2021 02:01:44 +0100 El Faro Mentiras, acusaciones y secretos en el caso por la desaparición de los hermanos Guerrero http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036764.jpg https://www.elfaro.net/es/202112/el_salvador/25881/Mentiras-acusaciones-y-secretos-en-el-caso-por-la-desaparición-de-los-hermanos-Guerrero.htm La desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero ha sido motivo de conferencias de prensa, capturas y un proceso penal, pero ellos no han sido encontrados. El Faro tuvo acceso a la versión fiscal del caso, habló con amigos de los jóvenes, con la familia y presenció una parte de la reconstrucción de los hechos. Así se conoció que la madre de los Guerrero permanece con custodia policial frente a su casa y que los primeros dos imputados por el caso denunciaron haber sido torturados por policías para ofrecer una versión de los hechos. Ivette Toledo sueña que sus hijos le piden que los busque a la orilla de un río. Ella ve el paisaje, escucha la voz de Eduardo, su hijo de 20 años, pero no puede verlo. Despierta y se empieza a preguntar dónde será ese lugar. “Debo de buscar a la orilla de un río”, se dice a sí misma. Otras noches sueña que encuentra a Karen, su hija de 18 años, en la entrada de casa.  Cuando se despierta, Ivette Toledo suele prepararse para buscar los restos de sus hijos en el Instituto de Medicina Legal.

Karen y Eduardo Guerrero Toledo son hermanos y desaparecieron el 18 de septiembre de 2021. Fueron vistos por última vez en Santa Tecla, La Libertad. Cada uno aún tiene planes pendientes. Antes de ser desaparecidos ya se habían propuesto las cosas que harían para cerrar el año: Karen iría a comer pizza con sus amigos, aprendería crochet, iría a la playa y visitaría a una amiga. Eduardo quería celebrarle el primer cumpleaños a su hermano de crianza, construir muebles de madera y terminar de lijar las sillas del comedor de su casa. Por ahora, los planes se amontonan.

La desaparición de los hermanos Guerrero Toledo ha sido retomada ampliamente por medios de comunicación y autoridades gubernamentales. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que su caso está relacionado con “droga y pandilla” en una conferencia de prensa el 8 de noviembre. Esas declaraciones han colocado a Ivette Toledo, la madre, en una situación aún más difícil.  “Él dijo que mis hijos eran pandilleros, ahora dígame, ¿qué pasa conmigo si vivo en una zona contraria? Yo me siento vulnerable ante las dos pandillas”, cuenta el jueves 25 de noviembre desde su casa en una zona popular de Lourdes.

Tras las declaraciones del gabinete de Seguridad, Ivette empezó a ser custodiada por dos policías que permanecen vigilantes frente a su puerta con la pretensión de protegerla. En la zona hay presencia de la pandilla Barrio 18.  Durante el día, Ivette presta el carro de un familiar y recorre los 26 kilómetros que separan su casa de Lourdes y la morgue de San Salvador. De noche no le queda más remedio que esperar a que suene el teléfono por si alguien tiene información de dónde están. En las madrugadas -cuando logra dormir- escucha la voz de Eduardo y sueña que Karen vuelve a casa con una maleta en la mano.

 La versión de los fiscales 

El Faro tuvo acceso a la versión que manejan los fiscales asignados al caso sobre la desaparición de Karen y Eduardo. Esta versión es la que ha servido para procesar penalmente a Víctor Ruiz Mejía de 21 años y José Martínez Saavedra de 26 años. De acuerdo con la Fiscalía, ambos son miembros de la Mara Salvatrucha-13. La hipótesis es que el menor de ellos, Víctor Ruiz, es el autor intelectual de la desaparición y que José Martínez Saavedra fue el conductor del taxi pirata donde los jóvenes se transportaron por última vez.

Víctor Ruíz Mejia y José Martínez Saavedra en la audiencia inicial por el caso de la desaparición de los hermanos Guerrero. Foto de El Faro: Valeria Guzmán.
 
Víctor Ruíz Mejia y José Martínez Saavedra en la audiencia inicial por el caso de la desaparición de los hermanos Guerrero. Foto de El Faro: Valeria Guzmán.

La acusación se basa en la activación de antenas desde los celulares de los Guerrero y en la declaración de tres testigos protegidos identificados con clave Nathaly, Cobra y Nihilista. Debido a su estatus, no se puede conocer la identidad real de estos testigos y tampoco se sabe si son miembros de pandillas o cuál es su vinculación con el caso. Ninguno de los testigos especificó qué sucedió desde que los hermanos Guerrero se subieron al taxi pirata. Sin embargo, una de las personas que declaró en la investigación del caso dijo que escuchó que el cuerpo de los jóvenes fue enterrado en la zona costera de La Libertad.

La Fiscalía ha logrado establecer que “a eso de las 11 horas del 18 de septiembre de 2021, Karen se comunicó con su hermano Eduardo” y le dijo que estaba en la casa de su mejor amiga. Ella vive en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla, una zona donde hay presencia eventual de pandilleros de la Mara Salvatrucha-13.

De acuerdo con lo consignado por los fiscales del caso, Eduardo llegó a esa casa donde además funciona un negocio. Luego, los dos hermanos caminaron un par de cuadras hacia la Senda París de la misma zona. Una cámara de seguridad los ubicó juntos caminando “con rumbo poniente” a la 1:16 pm. Veintidós minutos más tarde, a la 1:38 pm, es la última vez que los dos jóvenes son captados por una cámara de seguridad. Eduardo usaba un jeans color celeste y una camisa cuadriculada blanco con negro. Karen llevaba una blusa negra, una chamarra verde y botines.

El taxi pirata manejado por José Martínez Saavedra salió de una calle de la colonia Quezaltepec con Karen y Eduardo a las 2:07 pm del 18 de septiembre, de acuerdo con la reconstrucción de hechos de la PNC. Cinco minutos más tarde, el carro fue visto en el redondel Utila, cerca del ex rastro de Santa Tecla. A partir de entonces, la información se vuelve más escasa.  En redes sociales circuló una captura de pantalla de una conversación de Karen con una amiga. Esta luego fue retomada como prueba por parte de la PNC. A las 2:18 pm dicha amiga dijo que recibió la ubicación de Karen Guerrero vía Whatsapp. El punto marcaba el municipio vecino de Nuevo Cuscatlán.

El testigo con clave Cobra dijo -según la versión fiscal- que “a ellos ya los tenían controlados porque se dedicaban a vender droga en sector contrario y no estaban autorizados”. La Fiscalía también sumó la declaración de una persona entrevistada que dice conocer a Eduardo porque se juntaba con él a “tripear” y fumaban marihuana “ocasionalmente''.  La hipótesis de las autoridades que explica la desaparición de los hermanos se basa en esos dos testimonios.  El testigo protegido clave Nathaly aseguró que “al haberse hecho bulla” sobre la desaparición, el imputado de 21 años, Víctor Ruiz Mejía,  contó que se tomó la decisión de “irlos a desenterrar y llevarlos hacia la zona cercana a la playa San Diego”. 

 “Queríamos ir por una pizza a Plaza Merliot”

Karen y Eduardo estudiaron con becas en el Colegio Cristiano Flavio Josefo de Santa Tecla. Su padre migró a Estados Unidos antes de que ellos lograran ir al kínder. Desde allá, asegura la madre, nunca dejó de enviar remesas para sus hijos. “El papá ya había arreglado las cosas, entonces solo estábamos esperando la cita en la embajada de Estados Unidos”, cuenta Ivette. Los amigos de Karen sabían que ella pronto migraría junto a su hermano a Estados Unidos. Allá iban a reencontrarse con su padre. Por eso hacían planes pensando en cómo sacarle el máximo provecho a sus días en El Salvador.

A Karen sus amigas la describen como una fuerza de la naturaleza, alguien que lo quiere todo, como se suele querer todo a los 18 años: ser veterinaria o comunicadora. Gestionaba una página en Instagram para rescatar perros y gatos de la calle y tenía el sueño de montar un refugio. Solía vender ropa entre sus amigas y quería ganar dinero para ayudar en la crianza de uno de sus primos.  Pintaba sus propios cuadros, cantaba con voz aguda y grababa videos aprendiendo a rapear.

Eduardo, por su parte, solía ser más introvertido que su hermana. Desde pequeño, recuerda su madre, le gustaba armar y desarmar cosas. De grande, construyó la base de madera de su propia cama, una pared de tablaroca para la casa de una vecina y una mesa. Solía usar un pin de la caricatura “Rick and Morty” y entre las cosas de su cuarto aún se encuentran cuatro carritos miniatura. Su abuela cuenta que él quería migrar para poder comprar dos casas: una para una tienda y una para su familia.

Retrato de Eduardo Guerrero y su mini colección de carros miniatura en su habitación. Foto de El Faro: Valeria Guzmán.
 
Retrato de Eduardo Guerrero y su mini colección de carros miniatura en su habitación. Foto de El Faro: Valeria Guzmán.

El Faro habló con nueve amigos de Karen Guerrero. La mayoría, entre los 17 y 20 años, puso la condición de no ser identificados para poder hablar. De los nueve, solo uno de ellos - el mayor de todos- aceptó hablar en persona sobre su amiga. Con el resto se sostuvieron pláticas a través de Instagram, WhatsApp y llamadas telefónicas.  Desde la desaparición de Karen y Eduardo, tienen miedo de encontrarse con gente que no conocen previamente.

Quizá uno de los elementos que hacen que este caso haya tenido la alta repercusión mediática que ha tenido es que ocurrió en una colonia tranquila de clase obrera en Santa Tecla. La zona es densamente poblada, pero nunca ha sido famosa por altas estadísticas criminales. Las tiendas de la zona se mantienen abiertas hasta las diez de la noche, jóvenes y familias pasean por los parques de la zona sin problema a cualquier hora. A diferencia de otras colonias controladas totalmente por las pandillas, no hay “retenes” de pandilleros que exijan identificarse a los visitantes. Los amigos de Karen estaban acostumbrados a ser jóvenes, no a tener que lidiar con pandillas y mucho menos ver en las noticias a uno de ellos. Sin embargo, la sensación de seguridad se rompió.

De acuerdo con una investigación periodística, en lo que va del año las autoridades no han logrado dar con el paradero de 438 personas reportadas como desaparecidas. Al menos seis de esos casos han sido denunciados en Santa Tecla. Las autoridades solo han logrado encontrar a una de las personas reportadas como desaparecidas en la zona, Jimena Granados. Ella fue localizada tras haber sido asesinada.

En conferencia de prensa convocada por Ivette Toledo, madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, también se hizo alusión a los casos de otras personas desaparecidas en El Salvador.  Foto de El Faro: Valeria Guzmán.
 
En conferencia de prensa convocada por Ivette Toledo, madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, también se hizo alusión a los casos de otras personas desaparecidas en El Salvador.  Foto de El Faro: Valeria Guzmán.

La esperanza es algo que casi no cabe en el grupo de amigos de Karen. “A estas alturas es bien difícil que una persona que haya desaparecido hace dos meses se pueda encontrar con vida todavía”, dice una de sus amigas de 19 años. La chica tiene el pelo rizado y habla como quien busca consuelo en sus propias palabras. Un día antes de que Karen desapareciera, se pusieron de acuerdo para celebrar su cumpleaños juntas. “Quisiera con todo mi corazón que apareciera con vida. Karen es la única amiga que yo tenía”, confiesa.

Karen tenía más amigos y amigas. “Nunca nos dio indicios de que estaba en malos pasos”, dice otro de sus amigos, un muchacho de ojos rasgados.  Sus compañeras del colegio la recuerdan por servir en su iglesia. “La conocí porque ella era servidora en un retiro cristiano”, cuenta otra de sus amigas de 18 años.

“Ella es mi mejor amiga y hasta el día de hoy la necesito, Karen es una chica ejemplar, soñadora, graciosa, amante de las cosas sencillas como una canción con guitarra”, dice un muchacho moreno de ojos hundidos.

Los amigos de Karen y Eduardo se han organizado para difundir su información en redes sociales, han hecho una marcha exigiendo que sean encontrados con vida, han gritado sus nombres en las calles, han viralizado hashtags y han acompañado a la madre de los Guerrero en vigilias. Pero ahora, el enojo les empieza a llenar el cuerpo.

“Tengo 17 años y su desaparición en mi vida me ha afectado mucho, las primeras semanas me quitaba el sueño y el hambre”, cuenta un adolescente amigo de Karen. Antes de que ella desapareciera estuvieron chateando y planificaron el paseo que harían: “Queríamos ir por una pizza a Plaza Merliot”, escribe el muchacho a través de mensaje de texto. Pronto su discurso se endurece y critica a las autoridades del gabinete de Seguridad. “Como su amigo me llena de asco escuchar a personas que andan difamándola y que den falsas declaraciones por la ineptitud de no poder hacer su trabajo”.

Gobierno versus familia

Al mediodía de este jueves 25 de noviembre, Ivette Toledo manda a comprar las tortillas. Estas no son solo para ella y su madre, son también para compartir con los policías que vigilan la entrada de su casa. Han pasado 17 días desde que el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro relacionara a sus hijos con pandillas y posteriormente se instalara un dispositivo de vigilancia en su puerta. Algunos vecinos -dice Ivette- la han empezado a ver distinto en la calle, con miedo de los supuestos vínculos criminales de su familia.

Mientras afuera un par de policías observa y cuestiona a cualquier desconocido que se detenga frente a la casa de Ivette, adentro hay una abuela lavando ropa en la pila y una madre que habla de los instrumentos que sus hijos tocaban cuando niños. Karen tocaba la guitarra y Eduardo, la flauta. En los últimos meses habían comprado un ukelele y lo compartían.

El 8 de noviembre, cuando el ministro de seguridad Gustavo Villatoro habló de Karen y Eduardo lo hizo reduciéndolos a supuestos vendedores o consumidores de drogas. “Hay una relación directa de jóvenes, droga y pandilla. Hay una relación entre las víctimas y los victimarios y es por el consumo o la venta de droga”, dijo Gustavo Villatoro ante las cámaras de medios de comunicación. Esas declaraciones luego se repitieron en los noticieros nacionales.

El ministro Gustavo Villatoro mintió sobre la denuncia del caso de los hermanos Guerrero en esa misma ocasión. “Recibimos la denuncia casi 48 horas después de que los hermanos habían desaparecido”, acusó el funcionario. En la misma conferencia se encontraba el fiscal general impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado. Él repitió la mentira donde aseguraba que la denuncia fue hecha tarde. En la versión de los hechos que fue presentada ante la jueza del caso se asegura que “en la fecha 19 de septiembre del año 2021 a las 12:22 minutos denuncia la madre en la delegación”. Es decir, no había pasado ni siquiera un día cuando la Policía Nacional Civil ya tenía conocimiento del caso.

Ivette Toledo dice que ella incluso se acercó antes a la Policía. “A las ocho de la mañana estaba allá. Como mamá fui a poner la denuncia y me tuvieron hablando una y mil veces lo mismo toda la mañana”, lamenta. Incluso, cuenta que la misma noche de la desaparición de sus hijos, un familiar fue a denunciar el hecho a la delegación “y le dijeron que había que esperar”. Cuando a Ivette se le pregunta quién es esa persona, se niega a responder. Lo único que detalla es que su familiar le ha pedido que no le mencione más. “Después de las declaraciones del ministro, mi familiar tiene miedo de lo que pueda pasar”, explica Ivette.

Tras las declaraciones del gabinete de Seguridad, Ivette Toledo no tardó en reaccionar. A la mañana siguiente convocó a una conferencia de prensa en un salón de un pequeño hotel en la capital. “Lamento que las autoridades del Estado tengan un discurso que revictimice y estigmatice a mis hijos”, dijo ante un salón repleto de periodistas locales y extranjeros.

Ivette estuvo acompañada por una representante del Servicio Social Pasionista, activistas de la plataforma en línea “Alerta Raquel” y los abogados Pedro Cruz e Idalia Zepeda de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU). Cruz ha representado a Sigfredo Reyes y Vanda Pignato, ambos exfuncionarios del FMLN procesados penalmente. Zepeda, por su parte, fue candidata a diputada del FMLN en las elecciones de inicios de 2021, pero no ganó. 

El involucramiento de estos abogados en el caso provocó que medios afines al gobierno  dijeran que Ivette Toledo está siendo manipulada por el FMLN. Diario El Salvador, un medio de propaganda pagado con fondos públicos, tituló una nota diciendo: “Defensor de exfuncionarios corruptos del FMLN está en caso de hermanos Guerrero”.

La desaparición de los hermanos se hizo viral en redes sociales, donde fue retomada por la colectiva feminista “Alerta Raquel”. Esta colectiva refirió el caso al Servicio Social Pasionista (SPASS). Johana Ramírez, coordinadora de atención a víctimas de esa organización, explicó a El Faro que el SPASS fue quien canalizó este caso con ASDEHU para la representación legal.

De vuelta en la conferencia de prensa, en un salón lleno de micrófonos, cámaras y reporteros, Ivette termina su intervención con una promesa y una pregunta. “No voy a descansar hasta saber dónde están mis hijos. Señor ministro, así como dio esas declaraciones ayer, como dijo saber tantas cosas de mis hijos, ¿dónde están Karen y Eduardo Guerrero?”. Después salió a una terraza anexa al salón de la conferencia. A pesar de que había una puerta de por medio, desde el salón se escuchaba su llanto a gritos.

Un caso con reserva total

La audiencia inicial para procesar a los imputados por la desaparición de Karen y Eduardo ocurrió el 10 de noviembre de este año. Se ventiló en el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla y la prensa no tuvo acceso. Afuera de la sala de audiencias 7, en la segunda planta del juzgado, uno de los fiscales del caso dio declaraciones escuetas a los medios de comunicación.  “El caso tiene reserva total, en consecuencia, no es posible brindar detalles al respecto”, dijo. Luego procedió a mencionar lo que sí podía decir sobre el caso. El único problema: se equivocó de delito.

“Fiscalía ha presentado el requerimiento fiscal en contra de dos personas por el delito de privación de libertad en perjuicio de las dos víctimas”, declaró el fiscal ante las cámaras.

 -¿El delito es privación de libertad o desaparición?- preguntó El Faro.

-Eh, perdón, es desaparición de personas. Corrijo, corrijo, les ruego las disculpas, corrijo. Es desaparición de personas.

-Si quiere nos puede decir esa parte- pidió un camarógrafo para obtener la toma correcta.

En El Salvador la figura del delito de desaparición de personas es reciente. En noviembre de 2019 se tipificó la desaparición de personas en un contexto de privación de libertad como delito. Actualmente se encuentra recogido en el artículo 148-A del Código Penal.

La audiencia inicial comenzó con más de media hora de retraso ese 10 de noviembre. Antes de que iniciara, personal del juzgado y Fiscalía permitió que la prensa se dividiera en tres grupos para entrar a hacer tomas. Ahí, se observó que uno de los imputados tenía un raspón en las muñecas, a la altura de las esposas.

Dos personas que tuvieron acceso a la audiencia, entre ellas una persona empleada de los juzgados, dijeron que uno de los imputados denunció prácticas de tortura ante la jueza. Según expresó, estaba siendo golpeado y amedrentado para dar una versión específica del caso. 

Al mediodía del 11 de noviembre, se consultó a uno de los fiscales del casó qué se haría con la denuncia de los imputados sobre estar siendo torturados. “No puedo brindar mayores detalles de esa información y...eh… pues, no sé quién le habrá brindado esa información, yo no se la he brindado”, respondió.

Por su parte, el abogado Pedro Cruz alegó a los medios que no podía decir qué se había hablado en la audiencia. Cuestionado por las razones de la reserva del caso, se limitó a decir que la reserva había sido a petición de la Fiscalía. Según Cruz, el argumento de la FGR para solicitarla fue “salvaguardar la intimidad de las víctimas, de los imputados y para que no haya un juicio paralelo de los medios”. La encargada de comunicaciones de la Fiscalía dijo desconocer los argumentos legales de la solicitud de reserva. Cuando se le solicitó consultar la fundamentación de la reserva se desmarcó diciendo que “los únicos que tienen esa información son los fiscales”.

La audiencia inicial se pausó el día que inició. El 10 de noviembre por la noche se realizó una diligencia en el lugar de los hechos.  Un fiscal del caso se negó a llamarla una “reconstrucción” y un técnico que estaba en la zona dijo que en realidad se trataba solo de un “recorrido”. Esa diligencia provocó tráfico en toda la colonia Quezaltepec y una parte de la carretera Monseñor Romero.

A las 7:09 pm, los fiscales del caso, los abogados de ASDEHU y la jueza del Primero de Paz estaban reunidos frente a la casa de la mejor amiga de Karen. Ese es el último lugar donde se sabe con certeza que Karen estuvo bajo su propia voluntad. Los juristas, acompañados de técnicos policiales y personal de Fiscalía fueron custodiados por agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil.

Veinte minutos más tarde, la jueza del caso y los fiscales se trasladaron unas cuadras arriba en la colonia Quezaltepec hacia una calle empedrada. Desde ahí se supone que salió el carro en el que se transportaron por última vez Karen y Eduardo. Cuando faltaba un cuarto de hora para las ocho de la noche, se estaban afinando detalles para empezar a tratar de emular el recorrido que realizó el carro en el que iban los hermanos Guerrero. Para ello se usó un pick up blanco y las autoridades se dieron cuenta de que faltaban “dos actores” para que dentro del carro se condujeran la cantidad de personas que según la Fiscalía iban dentro. Para solucionarlo, llamaron a dos de los agentes que se encontraban brindando seguridad. Ellos subieron al pick up con sus armas largas y bromearon sobre no caber en ese espacio. A las ocho de la noche, el pick up blanco salió de la calle donde supuestamente inició el viaje de taxi pirata de Karen y Eduardo.

Carro en el que se realizó el recorrido de la ruta que hicieron los hermanos Guerrero el día en que desaparecieron. Esta diligencia fue hecha el 10 de noviembre y empezó en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla. Foto de El Faro: Valeria Guzmán.
 
Carro en el que se realizó el recorrido de la ruta que hicieron los hermanos Guerrero el día en que desaparecieron. Esta diligencia fue hecha el 10 de noviembre y empezó en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla. Foto de El Faro: Valeria Guzmán.

Al recorrido se sumaron diferentes cámaras de televisión, pero los abogados Pedro Cruz e Idalia Zepeda se habían retirado de la zona antes de que iniciara la ruta hacia Nuevo Cuscatlán.  A la mañana siguiente, el 11 de noviembre, se retomó la audiencia inicial. Ahí Cruz expresó su descontento cuando fue entrevistado por los medios.  Dijo que para que dicha diligencia se correspondiera a unas circunstancias similares a los hechos, tendría que haberse realizado de día, a las horas en las que se observó a los jóvenes en la zona, y, aunque Karen y Eduardo desaparecieron un domingo entre la una y dos de la tarde, la diligencia solicitada por Fiscalía se hizo en la noche de un miércoles.

Karen Guerrero cumpliría 19 años este siete de diciembre. Para esta fecha, Eduardo tenía planeado haber renovado ya los sillones de su casa. Más de dos meses después de su desaparición, se ha capturado a una tercera persona acusada de estar involucrada en el caso. Además, se ha decretado detención provisional para los dos primeros acusados mientras el caso pasa a la etapa de instrucción. Las capturas aumentan, el proceso penal avanza, pero los hermanos aún no son localizados.

Este jueves de noviembre Ivette Toledo está en su casa porque se quedó sin dinero para la gasolina del carro prestado en el que llega casi todos los días a Medicina Legal.  Dice que estos días son más difíciles de afrontar que los primeros. Se esmera por hablar de los talentos de sus hijos y muestra las cartas que su hija Karen le escribía. Quiere encontrarlos vivos y luchar contra el discurso del ministro de Seguridad que los relaciona con pandillas y drogas.  “¿Cómo lo desmiento a él si es la máxima autoridad?”, se pregunta desde su sala. Presiente que las autoridades de seguridad la “aislaron totalmente”. “Socialmente me han tachado”, agrega. Las pruebas las observa en su misma comunidad. “Algunos vecinos ahora me miran y agachan la cabeza, no me saludan”, relata. Frente a ella hay una mesa baja que Eduardo construyó. Encima están las fotos de sus hijos. En el suelo ha colocado dos velas blancas que se mantendrán encendidas hasta que vuelva a ver a sus hijos. “Los estoy esperando”, dice.

Altar que ha armado la madre de los hermanos Guerrero para pedir su vuelta segura a casa. Foto de El Faro: Valeria Guzmán.
 
Altar que ha armado la madre de los hermanos Guerrero para pedir su vuelta segura a casa. Foto de El Faro: Valeria Guzmán.

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El Salvador Sun, 05 Dec 2021 21:45:00 +0100 https://www.elfaro.net/es/202112/el_salvador/25881/Mentiras-acusaciones-y-secretos-en-el-caso-por-la-desaparición-de-los-hermanos-Guerrero.htm
Bukele: de “socio confiable” a conspirador - Por Ricardo Valencia https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25880/Bukele-de-“socio-confiable”-a-conspirador---Por-Ricardo-Valencia.htm 360 grados Fri, 03 Dec 2021 15:09:48 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25880/Bukele-de-“socio-confiable”-a-conspirador---Por-Ricardo-Valencia.htm El genocidio silencioso contra el pueblo q’eqchi’ http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036761.jpeg https://www.elfaro.net/es/202112/columnas/25878/El-genocidio-silencioso-contra-el-pueblo-q’eqchi’.htm La conducta oficial con respecto a la crisis generada en El Estor contra las comunidades q’eqchi’s sugiere que se han cometido al menos cuatro de los cinco hechos que encuadran el delito de genocidio. La conflictividad social en la región de El Estor, Izabal, al norte de Guatemala, es un fenómeno de larga data, originado con la licencia otorgada y ampliada por diversas administraciones presidenciales, desde mediados del siglo XX. Por acción u omisión, el gobierno de Guatemala, al respaldar desde el año 2000 las operaciones no autorizadas de la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), podría ser considerado un cómplice necesario del nuevo genocidio silencioso contra el pueblo q’eqchi’. 

La región impactada por las operaciones de la empresa CGN-Pronico, cuyo capital mayoritario actualmente se divide entre empresarios suizos y rusos, está habitada por comunidades del pueblo maya q’eqchi’. Desde inicios del presente siglo, los eventos que han significado la muerte de integrantes de la comunidad, a manos de personal de seguridad de la mina o de elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, se han repetido como una constante.

En el 2006, la CGN, ya convertida en CGN-Pronico, logró anular los títulos comunitarios de propiedad y ejecutar órdenes de desalojo de las comunidades del pueblo q’eqchi’ que habitaban la tierra previamente. Pese a que se ha señalado que los límites marcados por la CGN-Pronico rebasan las dimensiones registradas y se traslapan con tierras comunales, las autoridades judiciales y de gobierno, se han coludido para accionar contra los pobladores originarios.

Pero no solo se trata de la expulsión de las comunidades mediante la cancelación de sus títulos de propiedad, sino también del daño a la fuente de vida de quienes viven de la pesca. La mina, a la cual la Corte de Constitucionalidad ordenó cancelar operaciones por incumplimiento de la ley, continúa operando impunemente en las orillas del Lago de Izabal, colindante con el municipio de El Estor.

Distintos miembros de la comunidad indígena q’eqchi’ participan en una manifestación contra una empresa minera suiza en El Estor, Guatemala, el 22 de octubre de 2021. - La policía guatemalteca desalojó con gas lacrimógeno a decenas de indígenas que mantenían cerrada una carretera en protesta contra una empresa minera suiza, dejando varios residentes y soldados uniformados heridos, informaron las autoridades y la prensa. Foto: Nelton RIVERA / AFP.
 
Distintos miembros de la comunidad indígena q’eqchi’ participan en una manifestación contra una empresa minera suiza en El Estor, Guatemala, el 22 de octubre de 2021. - La policía guatemalteca desalojó con gas lacrimógeno a decenas de indígenas que mantenían cerrada una carretera en protesta contra una empresa minera suiza, dejando varios residentes y soldados uniformados heridos, informaron las autoridades y la prensa. Foto: Nelton RIVERA / AFP.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), obliga a la consulta previa e informada sobre disposiciones que pueden afectar su modo de vida. Algo que, en el caso de licencias de explotación minera implica forzosamente la consulta a las comunidades q’eqchi’s. Un requisito incumplido, lo cual dio base para que la CC cancelara en el 2019 la licencia de la CGN-Pronico y ordenara la suspensión de operaciones.

Pese a la notificación oficial de la sentencia, la mina no solo continuó funcionando sino que, ante la protesta comunitaria, logró el respaldo del gobierno de Alejandro Giammattei. Este no solo promulgó el estado de sitio sino que ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC), la protección de los vehículos de la minera, luego de romper el bloque comunitario que intentaba impedir el incumplimiento de la sentencia de la CC.

Por más de 15 años, desde la reactivación de la mina, el lago ha recibido los desechos de sulfato, aluminio, cloro y  nitrato utilizados por la mina, los cuales han incidido en la muerte de la fauna lacustre, misma que servía de alimento y supervivencia a los pobladores. La Gremial de Pescadores de El Estor ha insistido en la necesidad de proteger su fuente de vida. Ha reclamado por los medios legales a su alcance que el Estado proteja la vida del lago y que obligue a la mina a respetar la ley.

Sin embargo, la respuesta oficial, lejos de apoyar a las comunidades, ha sido la de reprimir la acción legítima de sus integrantes y tolerar las actuaciones criminales de la empresa. En 2006, durante los desalojos, operados ilegalmente por miembros de la seguridad de la CGN-Pronico, al menos 11 mujeres de la comunidad Las Nubes fueron violadas sexualmente. Esa denuncia consta en procesos penales que no han avanzado.

En esos mismos eventos, el líder comunitario Adolfo Ich Chamán fue asesinado por un miembro de seguridad de la mina, el militar retirado Mynor Ronaldo Padilla González. Padilla fue condenado en primera instancia y liberado de cargos por la sala de apelaciones de la región, pese a la evidencia en su contra. En 2017, durante un intento de desalojo, Carlos Maaz Coc, miembro de la Gremial de Pescadores, fue asesinado y Germán Chub Choc, otro de los líderes gremiales, fue herido y desde entonces sufre pareplejía.

Guatemala ratificó en 1949 la Convencion Internacional para prevenir y sancionar el delito de genocidio, aprobada un año antes por la Organización de Naciones Unidas (ONU). De esa cuenta, el artículo 376 del Código Penal de Guatemala establece que: “Comete delito de genocidio quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos: 1o. Muerte de miembros del grupo. 2o. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo. 3o. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial. 4o. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo. 5o. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra manera impedir su reproducción. El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años”. Lo ocurrido en El Estor demuestra que para el Estado, este artículo es letra muerta.

El análisis de la conducta oficial con respecto a la crisis generada por CGN-Pronico contra las comunidades q’eqchi’s sugiere que se han cometido al menos cuatro de los cinco hechos que encuadran el delito de genocidio, así como que se sustenta la intención de destruir parcial o totalmente a este grupo étnico. El jurista colombiano Alejandro Valencia Villa en su ensayo sobre el encuadre del delito de genocidio en Guatemala concluye que “La evidencia de la destrucción del liderazgo puede demostrar la intención de destruir parcialmente al grupo”. 

El ataque ha sido parejo a todos los integrantes de la comunidad. Con respecto a la situación de la niñez, la misión de verificación de la Convergencia por los Derechos Humanos concluyó que “Se pudo constatar y verificar la gravedad en uno de los allanamientos en donde la Policía Nacional Civil realizó abusos físicos, psicológicos y denigrantes a niñez que se encontraba en la vivienda, sin la presencia de los padres. Con engaños obligaron a un familiar (18 años) de presenciar el allanamiento. Así como ejercieron actos de intimidación en contra de las y el menor. En otro allanamiento, amenazaron a una menor con golpearla y contra otro menor ejercieron abuso físico pues le exigían decir en dónde estaban ocultas las armas, que ellos creen que la población tiene.Todos estos abusos se dieron mientras se llevaba a cabo el procedimiento y tenían a los padres en procesos de interrogatorio”.

Esta no es la primera vez en la historia reciente que los pueblos indígenas guatemaltecos enfrentan ataques a su integridad que pretenden eliminarlos. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) concluyó que en Guatemala se cometieron actos de genocidio durante la acción contrainsurgente del Estado entre 1960 y 1996. Señaló acciones encaminadas a la eliminación de los pueblos mayas, kiché, q’eqchí, achi’ , ixil y caq’chiquel. Igual conclusión se produjo en los tribunales en 2013 y 2015, al sentenciar que sí hubo genocidio contra el pueblo ixil.

Un cuarto de siglo después de la firma de la paz y pese lo que el informe y las sentencias resaltan sobre la necesidad de garantías de no repetición, un nuevo genocidio se fragua contra un pueblo que ha vivido siglos de exclusión, persecución y discriminación.


*Iduvina Hernández Batres es una activista y defensora de derechos humanos guatemalteca. Ha estudiado a profundidad la reforma a los servicios de inteligencia de Guatemala, los cuales fueron responsables de múltiples abusos durante la guerra civil.

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Columnas Thu, 02 Dec 2021 17:36:49 +0100 https://www.elfaro.net/es/202112/columnas/25878/El-genocidio-silencioso-contra-el-pueblo-q’eqchi’.htm
Lester Toledo: “Yo armé toda la logística de los paquetes de alimentos” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_190_0_1980_1193/images%7Ccms-image-000036748.jpg https://www.elfaro.net/es/202112/el_salvador/25876/Lester-Toledo-“Yo-armé-toda-la-logística-de-los-paquetes-de-alimentos”.htm Lester Toledo explica por primera vez qué tipo de trabajo ha hecho en El Salvador. En una entrevista de más de una hora, se reconoce como una especie de cerebro de la logística de las canastas de alimentos (PES) y en ese contexto es que acepta haber impartido instrucciones a ministros y funcionarios del Gobierno de El Salvador. También contó en primera persona su versión de casi 3 años de asesorías con el proyecto político de Nayib Bukele y de sus hermanos. Sobre montos y origen de los fondos, dice que es información confidencial por contrato. Lester Toledo, consultor venezolano que trabajó para el gobierno de Nayib Bukele, se revela a sí mismo como una pieza fundamental en la organización territorial y en el aparato de defensa del voto de Nuevas Ideas. Toledo dio una entrevista telefónica a la revista de investigación venezolana Armando Info, a la que explicó su trabajo con los hermanos Bukele, el partido Nuevas Ideas y el Gobierno de El Salvador. La revista venezolana compartió a El Faro el audio completo de la conversación realizada el 25 de septiembre de 2021 y autorizó su publicación a este periódico. En toda la conversación, Toledo matiza su rol en el Gobierno de Nayib Bukele, aunque reconoce que dio instrucciones a ministros y funcionarios públicos.

Lester Toledo dio algunas explicaciones sobre el tipo de trabajo que realizó en El Salvador. Dice, por ejemplo, que su empresa ganó cinco contratos en los que él participó como consultor: es decir, él como empleado de Salto Ángel Consulting, una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal (Delaware, Estados Unidos), que antes promocionaba como propia, pero de la que ahora trata de desligarse.

Salto Ángel Consulting  fue inscrita en Delaware en septiembre de 2017 y Toledo asegura que recibió al menos cinco contratos con el bukelismo para trabajar desde trincheras que aunque están conectadas, son –al menos formalmente– distintas: uno con los hermanos Bukele, para la campaña presidencial, tres contratos con el partido Nuevas Ideas y uno más con el Gobierno.

Lester Toledo afirma que él diseñó la logística del programa de entrega de alimentos. Dice que se trató de un contrato para una empresa en Delaware para la que él trabaja. Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.
 
Lester Toledo afirma que él diseñó la logística del programa de entrega de alimentos. Dice que se trató de un contrato para una empresa en Delaware para la que él trabaja. Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.

Los contratos y honorarios de Toledo son un secreto, porque -según el asesor- los acuerdos tienen “cláusulas de confidencialidad con el cliente”, es decir, el Gobierno, Nuevas Ideas y los cuatro hermanos Bukele. El venezolano se limitó a afirmar que le parecía un pago justo: “estoy satisfecho con lo que cobro, como profesional siento que se valora mi trabajo, pero con detalles del monto no puedo… porque es un tema de mi compromiso con el cliente”, respondió.

Aunque la cara visible de la empresa ha sido Lester Toledo, que a nombre Salto Ángel Consulting recibió un premio internacional por la exitosa campaña presidencial de Bukele. “Los dueños de la empresa me contrataron a mí como director ejecutivo de la compañía”, dice Toledo, al matizar que no es dueño de esa sociedad. De sus empleadores no dice casi nada: “Son venezolanos y americanos, que registraron la compañía en Delaware para proteger su identidad. Porque emplearme a mí pone en riesgo la integridad de sus familias en Venezuela, donde por ser dirigente de Voluntad Popular, me han estigmatizado como promotor de magnicidios y por eso tuvieron que hacer el registro privado”, explicó.

Hay un sexto contrato: el único contrato a título personal. Asegura que fue la “asesoría de organización del partido Nuevas Ideas”, de cara a la elección legislativa y municipal de 2021. Esta asesoría, de octubre de 2020 a febrero de 2021, fue la única contratación en la que no intervino Salto Ángel Consulting: “Firmé un contrato entre Lester Toledo Soto y Nuevas Ideas para darle consejos, para darle asesoría al equipo de organización del partido en su participación en las elecciones legislativas y de alcaldes. Ayudé a montar la estructura organizacional de Nuevas Ideas para las elecciones”.

En marzo de 2021, El Faro publicó que él fue el creador y administrador del padrón de Nuevas Ideas. En la entrevista con Armando Info, él admite haber jugado ese rol: “Soy el director de Salto Ángel Consulting y nos contrataron para armar todo el padrón y asegurar las inscripciones de muchos militantes para que Nuevas Ideas fuera un partido como tal”, dijo.

Salto Ángel Consulting se asoció con la empresa española Dialoga Consultores SL para crear un software usado para monitorear en tiempo real los resultados de la elección de diputados y alcaldes del 28 de febrero de 2021. En esa jornada, Nuevas Ideas obtuvo una súper mayoría de diputados que le ha permitido, desde el 1 de mayo de 2021, aprobar todas las iniciativas enviadas por el presidente Bukele sin dialogar con la oposición.

En junio de 2021, El Faro publicó un reportaje en el que Toledo aparece como parte de un grupo de un gabinete oculto de asesores venezolanos con más poder que los ministros y que sirve de enlace entre los hermanos Bukele, el partido Nuevas Ideas y el Gobierno. “Jamás he sido empleado del gobierno de El Salvador, jamás he trabajado para el presidente Bukele, ya como presidente. Trabajé con él como candidato”, aseguró. Dice que él cómo persona natural no lo ha hecho, pero si como empleado de una empresa de dueños anónimos.

Toledo trata de desligarse de esta estructura oculta, pero admite que, entre el 15 de abril y 30 de mayo de 2020, impartió instrucciones a ministros y a titulares de instituciones públicas que participaron en la compra, importación y distribución de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Dice que fue “como parte de sus responsabilidades como contratista del Gobierno de El Salvador”.

“Yo lo que hice en ese momento para Salto Ángel Consulting fue recomendarle al Gobierno de El Salvador el número de paquetes y el tiempo que necesitaba para armar un plan de emergencia y entregué una serie de recomendaciones y me pagaron por eso. Y ahí cómo ejecutó el gobierno es tema de ellos”, asegura Toledo. El estratega venezolano no reveló el monto del contrato ni accedió a dar una copia del acuerdo entre el Gobierno y Salto Ángel Consulting.  En los expedientes de la unidad de compras del Ministerio de Agricultura del PES, filtrados a El Faro, no consta que exista ese documento.

Las declaraciones del estratega venezolano fueron contrastadas con otro audio de Toledo, de una conferencia privada de comunicación política de julio de 2020. A inicios de este año, El Faro habló con dos técnicos que tuvieron acceso a información de las reuniones del gabinete en 2020. También consultó los expedientes de compras de alimentos de la pandemia y un documento de una investigación abierta por la Fiscalía sobre el manejo del PES.

La empresa Salto Ángel Consulting, según el Registro de Delaware, fue inscrita el 5 de septiembre de 2017. A través de esta empresa, Toledo manejó cinco contratos con Nuevas Ideas, los hermanos Bukele y el Gobierno de El Salvador.
 
La empresa Salto Ángel Consulting, según el Registro de Delaware, fue inscrita el 5 de septiembre de 2017. A través de esta empresa, Toledo manejó cinco contratos con Nuevas Ideas, los hermanos Bukele y el Gobierno de El Salvador.

“El jefe de organización de la campaña presidencial”

Lester Toledo arribó a El Salvador en octubre de 2018 para trabajar en la campaña presidencial de Nayib Bukele y la descripción de las responsabilidades que cumplió son propias del “jefe de organización” de un partido político: el manejo de las bases de datos de simpatizantes, el reclutamiento y estructuración del comando de campaña, el entrenamiento de los vigilantes y su distribución en los centros de votación para ejercer la defensa del voto.

En la entrevista con Armando Info asegura que fue Karim Bukele –el hermano del presidente con más influencia– quien lo convenció en Miami de unirse al equipo a finales de 2018: “Estaba en un evento saliendo de Miami a Madrid y Karim iba de Miami a El Salvador. Él se quedó una noche ahí en el hotel y nos reunimos”, dijo. Tras esa reunión, visitó El Salvador para conocer a Nayib, a sus hermanos Ibrahim y Yusef y a 10 colaboradores más.  Aunque en un foro de comunicación política dio una versión distinta, dijo que un equipo de campaña lo buscó en Colombia por esas mismas fechas.

Indistintamente del país, Toledo dice que por esas fechas fue la primera reunión en la que pidió conocer al encargado de manejar la organización territorial de la campaña presidencial. Le presentaron a Xavier Zablah, quien era novato en ese rol, ya que Bukele nunca había necesitado un encargado de organización, porque militaba desde 2012 en el FMLN  y había sido alcalde en 2012 y 2015 con esa bandera. “Él venía de ser alcalde con la bandera del FMLN, que era un partido tradicional, y siempre le pusieron toda la organización”, dijo. Toledo fue contratado para llenar esa necesidad.

El estratega venezolano se describe como un experto en organización, en entrenamiento de comandos de campaña y en su movilización para la defensa del voto. “Yo pedí conocer a Xavier Zablah, porque lo que yo hago tiene que ver directamente con quien organiza la estructura del partido. Me enseñaron lo que tenían y lo que no tenían. Yo le dije: mira, aquí hay una oportunidad de construir una gran base de gente que los apoye, pero eso tiene que traducirse en votos. Hay que montar una estructura para que esa gente pueda ser testigo en las mesas y no les roben la elección”, contó.

Antes de trabajar en El Salvador, había trabajado con Pablo Casado, en el Partido Popular, en España en 2012 y con Guillermo Lasso, cuando perdió la elección presidencial en Ecuador en 2017. También trabajó en Colima, México, en una campaña regional del PRI en 2018. “Puedes hablar con Mauricio de Bengoechea, Edgar Gutiérrez o con JJ Rendón. Ellos dicen que son excelentes haciendo estrategia, pero poca gente sabe organizar estructuras en territorio, como yo. Yo soy bueno en eso”.

Dice que no conocía a los Bukele y sugiere que Sara Hanna pudo haber incidido en su contratación en octubre de 2018. “Sara conoce a los Bukele y estaba vinculada a ellos en El Salvador antes que yo”, dijo Toledo. “Ella ya estaba ahí y obviamente como los conocía seguramente le habrán pedido opinión”, dijo. El primer acto público del que hay registros de la presencia de Hanna en El Salvador es de noviembre de 2018, cuando acompañó a Karim Bukele a una presentación de Nayib Bukele en Fusades donde habló de sus promesas de campaña.

Este primer trabajo para la campaña presidencial concluyó en febrero de 2019 cuando Bukele ganó en primera vuelta la elección presidencial. “Yo subí la foto a Instagram con Nayib la noche que se convirtió en presidente, porque fue un logro profesional para mí. Venía de hacer campañas de alcaldes, de líderes internos o de gobernadores. La campaña de Nayib fue mi primera gran campaña como asesor de un presidente electo”, dijo. Afirma que tras la elección presidencial se fue de El Salvador y regresó hasta noviembre de 2019, cuando el partido le pidió que se sumara como “asesor de organización”.

Regresó por segunda vez a El Salvador a trabajar con Nuevas Ideas, que se alistaba a competir por primera vez en una elección. “A mí me contrataron en noviembre de 2019 para organizar la data del partido, porque tenían unas elecciones internas”, dijo. En julio de 2020, Salto Ángel Consulting coordinó las elecciones por internet para elegir a los candidatos a diputados y a alcaldes de Nuevas Ideas. “Querían un software y lo monté para que pudieran hacer unas elecciones por internet. Ese es otro de los trabajos que yo hago, que fue un emprendimiento con tecnología de creación y venta de sistemas”.

El 5 de febrero de 2019, Lester Toledo compartió una fotografía en Instagram con Nayib Bukele, tras haber resultado electo presidente de El Salvador. Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.
 
El 5 de febrero de 2019, Lester Toledo compartió una fotografía en Instagram con Nayib Bukele, tras haber resultado electo presidente de El Salvador. Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.

Las empresas que venden software a Nuevas Ideas

En julio de 2020, Toledo fue invitado como gurú a brindar una ponencia a un foro de comunicación política en Washington. El estratega venezolano presumió durante el evento que en ese momento su equipo estaba organizando las elecciones por internet de Nuevas Ideas. “Salto Ángel Consulting organizó la primera elección virtual de El Salvador, un proceso en el que votaron más de 160,000 personas para elegir a cientos de candidatos a alcaldes y decenas de candidatos a diputados”.

En esta línea de negocio, una pieza clave de Salto Ángel Consulting es el hermano de Lester: Lender Toledo, ingeniero en electrónica y en sistemas. En julio de 2020, esta empresa vendió un software para las internas y en febrero de 2021, otro software de seguimiento de resultados de la elección. “Mi hermano me ayuda a manejar tecnología. Tengo un emprendimiento con él y hacemos sistemas y tecnología”, dice Lester, quien aclaró que tanto Lender y Esteban Vicuña trabajan con él en temas de organización territorial de campañas y que no participan en actividades de propaganda ni de redes sociales.

Aunque, en julio de 2020, el estratega sí mencionó que su empresa tuvo un rol importante en el manejo de redes sociales para la campaña de Nuevas Ideas durante los meses de confinamiento por la pandemia. “Yo creo que nos debe buen dinero el Sr. Zuckerberg de Facebook. Toda la plata que se podía gastar en volantes y en hacer territorio lo que hicieron fue meter pauta en publicidad. ¿En tiempo de pandemia cómo nos organizamos? Lo hacemos con redes sociales, con “fanpages”, segmentamos y puedes poner publicidad y seleccionar el público objetivo”, aseguró.

Según Toledo, no solo hay venezolanos trabajando en este Gobierno, pero dice que las otras nacionalidades no han sido mencionadas por El Faro: “Ahí también están unos españoles, pero a ellos no los nombran porque no son venezolanos. Mis socios en tecnología son de España, son de Sevilla, yo trabajo con una empresa española, se llama Dialoga Consultores y es una empresa de tecnología.”  Esta empresa se dedica a la consultoría política, a la segmentación de audiencias y al geomarketing: asesorar a los políticos sobre los territorios donde deben focalizar sus esfuerzos durante una campaña.

El propietario de Dialoga Consultores es David Hijón, un español que estuvo en El Salvador y se reunió con Lester Toledo para poner en producción una herramienta  llamada “Cyan”, con la que hicieron el monitoreo de los resultados de la elección de 2021. Salto Ángel Consulting hizo el dibujo y Dialoga Consultores programó la herramienta. “Logramos consolidar en un sola herramienta tecnológica todos los tipos de información que requiere una elección, que te permite saber quiénes son tus electores, dónde están, quién los busca y a qué hora votaron. Te permite saber si tienes los jefes de centro, la presencia del cuerpo electoral, la apertura de las mesas, la foto de cada acta con el dato electoral y un “exit poll” que permite con un algoritmo contar con una previsión de los resultados iniciales mucho antes”, dijo Toledo en un spot de la asociación de comunicación política MPR Group.

Salto Ángel Consulting y Dialoga Consultores, del empresario español David Hijón, diseñaron un software para Nuevas Ideas para contar con un monitoreo de los resultados de la elección de febrero de 2021. En la fotografía aparecen -de izquierda a derecha- Lender Toledo, Esteba Vicuña, Danny Lozada, David Hijón, Víctor Barboza y Efrendy Campos. Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.
 
Salto Ángel Consulting y Dialoga Consultores, del empresario español David Hijón, diseñaron un software para Nuevas Ideas para contar con un monitoreo de los resultados de la elección de febrero de 2021. En la fotografía aparecen -de izquierda a derecha- Lender Toledo, Esteba Vicuña, Danny Lozada, David Hijón, Víctor Barboza y Efrendy Campos. Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.

El cerebro detrás del PES

El 12 de mayo de 2020, Lester Toledo compartió en Instagram una fotografía en la que aparece en una reunión con ministros y titulares de instituciones del Ejecutivo que participaron en el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), que consistió en el reparto de 2.7 millones de despensas a los hogares salvadoreños. Toledo explicó en la entrevista esa fotografía: dijo que el gobierno contrató a Salto Ángel Consulting durante 60 días, entre el 15 de abril y el 30 de mayo de 2020, para diseñar la logística del programa de entrega de alimentos. Entre esas fechas sucedieron el 95% de las compras de alimentos por 231.2 millones de dólares, aunque Toledo no menciona si tuvo algún rol en la selección de los proveedores.

En esa reunión, dirigida por Toledo, estuvo el ministro de Agricultura, Pablo Anliker; el director de aduanas, Gustavo Villatoro y el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, entre otros funcionarios. Toledo les dio instrucciones de cómo debía funcionar el PES. “Les expliqué a los ministros, miren, aquí falta la Policía en la etapa de despacho, porque cuando los camiones salen a la calle con la comida y se meten a zonas populares es probable que haya saqueo. En el aeropuerto y en aduanas tienen que manejar las cosas así para que quepan tantos barcos diarios para poder descargar los contenedores. Señor de transporte, usted tiene que cumplir con tantas góndolas y tantos camiones por día para el despacho y le di instrucciones técnicas de cómo se hacía eso. Luego el presidente visitó la planta y nos pidieron a nosotros ir y yo fui a la planta. Yo le hice un tour con mi equipo al presidente”, relató Toledo.

Dijo que entre sus responsabilidades estaba definir las especificaciones técnicas por metro cúbico de las toneladas de alimentos que iba a comprar el gobierno, la temperatura con la que debía preservarse, los barcos, los contenedores, los camiones para repartir, la gente que iban a necesitar para armar los paquetes por minuto. “Hay una gran carga de logística para que esto salga bien así que ellos contactaron a mis jefes y Salto Ángel Consulting firmó un contrato. Fui a El Salvador e hice todo el trabajo técnico; llevé arquitectos; visité bodegas. Hicimos medidas; vimos la planimetría; conté la distancia entre el puerto y el aeropuerto con las plantas; monté todo un diseño de cómo creía yo que debía hacerse y presenté un plan al gobierno”.

Toledo entregó un informe al Gobierno con las recomendaciones tras 45 días. ”Ellos tomaron algunas recomendaciones que yo di y otras no y arrancaron su plan. Sugerí que hubiera centros de acopio en las escuelas y que con documento de identidad recogieran los paquetes, pero luego contrataron a unos salvadoreños y decidieron mejor hacerlo casa por casa”, relató. En el documento, incluyó otro tipo de recomendaciones. “Les armé la logística de en cuánto tiempo y qué cantidad de paquetes podían armar. Tuve ese contrato por 45 días; lo cumplimos; me pagaron y listo”.

El 18 de mayo de 2020, el presidente Bukele lanzó el Programa de Emergencia Sanitaria (PES). El asesor venezolano, Lester Toledo le dio un tour al presidente y a su hermano Karim Bukele en el
 
El 18 de mayo de 2020, el presidente Bukele lanzó el Programa de Emergencia Sanitaria (PES). El asesor venezolano, Lester Toledo le dio un tour al presidente y a su hermano Karim Bukele en el "Centro de Operaciones del Plan de Emergencia", en San Bartolo Ilopango.  Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.

Antes de ganar este contrato, Lester Toledo ya había manejado logística para la ayuda humanitaria para el gobierno interino de Juan Guaidó y fue coordinador de la Coalición Ayuda y Libertad, que manejó el envío de víveres de Miami a la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta. “Estoy especulando, pero alguien en el gobierno de El Salvador dijo vamos a dar comida: necesitamos un lugar para almacenarla y repartirla. Los galpones y la recepción de la ayuda humanitaria en especie que un montón de países donaron a Venezuela fue un operativo que yo coordiné. Entonces quizá pensaron: algo sabe Toledo de temas de logística y además es una de las ramas que trabaja mi equipo”, dijo.

El programa PES ha sido señalado en varias investigaciones periodísticas por el manejo discrecional y poco transparente del reparto y manejo de los alimentos: por ejemplo, este periódico obtuvo documentos de una investigación que llevaba a cabo el ex fiscal general Raúl Melara, en las que se revela que el candidato a alcalde de San Salvador, Mario Durán, usó paquetes de alimentos para su campaña y el director de Centros Penales se apropió de 43 mil sacos de alimentos para venderlos a título personal. La Prensa Gráfica documentó recientemente que el gobierno compró alimentos a sobre precio, a pesar de no cumplir con los estándares nutricionales necesarios.

Todas las compras realizadas en el marco del PES han sido declaradas como información reservada por parte del gobierno.

Dos técnicos que tuvieron conocimiento de las reuniones en Casa Presidencial y en otros espacios de planificación de los programas para mitigar la pandemia dijeron que los promotores de incluir un programa de entrega de alimentos habían sido un equipo de venezolanos, coordinado por Sara Hanna, y que Miguel Kattán, el secretario de comercio y tío del presidente, había apoyado la idea. “Desde el inicio, los asesores venezolanos insistieron en las reuniones de planificación sobre los beneficios que podía tener la entrega de estas canastas para la campaña legislativa y municipal de 2021”, dijo uno de los técnicos que participó en una de las reuniones.  Estas fuentes narraron que era común que Xavier Zablah se conectara de manera virtual a esas reuniones de planificación a la que asistían ministros y titulares de instituciones del Ejecutivo.

La entrevista a Toledo muestra que la misma persona que estaba encargada de darle forma a la estrategia para movilizar a la militancia de Nuevas Ideas en las elecciones legislativas y municipales también diseñó la logística del programa de entrega de alimentos que Nuevas Ideas usó para hacer campaña y pedir el voto.

La Fiscalía había iniciado una investigación sobre el uso de este programa para la campaña electoral de Nuevas Ideas y entre los principales imputados estaba el presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah; el secretario de Comercio, Miguel Kattán, y Sara Hanna, quien coordina a un grupo de venezolanos que transmite órdenes del presidente Bukele y de sus hermanos a titulares de instituciones del Ejecutivo. Entre los asesores venezolanos, subordinados a Hanna que también estaban siendo investigados, estaban Miguel Arvelo, Tomás Hernández y María Alejandra García, quienes se encargaban de tareas operativas del PES desde el Ministerio de Gobernación. Los fiscales encargados de la investigación describieron este programa, como un “proyecto de acumulación de poder con finalidad político partidaria”.

Lester Toledo rechaza las comparaciones del PES con el programa de Comités Locales de Abastecimiento (Clap), implementado por el régimen de Nicolás Maduro. “Yo no he escuchado la primera denuncia de que una comida se pudrió; de contenedores que llegaron vacíos o de contrataciones de empresas de maletín”, dijo. Defendió el programa con los resultados de encuestas. “Ese programa tuvo el 87% de aprobación del pueblo de El Salvador y Bukele registró un 93% de aprobación, algo se hizo bien en la ejecución. No me compares”. pidió.

En diciembre de 2020, un candidato a alcalde de Tlahualilo, en México, repartió 1,500 paquetes de alimentos, que tenían impresos etiquetas del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) y de “Bienestar Social”, una oficina del gobierno de El Salvador dirigida por la primera dama, Gabriela Rodríguez.

El 28 de febrero de 2021, Lester Toledo celebró junto con el presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, el triunfo en las elecciones con el que conquistaron una súper mayoría de asientos en la Asamblea Legislativa. Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.
 
El 28 de febrero de 2021, Lester Toledo celebró junto con el presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, el triunfo en las elecciones con el que conquistaron una súper mayoría de asientos en la Asamblea Legislativa. Fotografía, cuenta oficial de Instagram de Lester Toledo.
Toledo se desvincula del equipo de Sara Hanna

Lester Toledo afirma que Sara Hanna y el equipo de venezolanos que asesoran a Bukele no tienen relación con Voluntad  Popular (partido venezolano de oposición), ni con el gobierno alterno de Juan Guaidó. También desvinculó a su equipo que trabaja en Salto Ángel Consulting y trató de contextualizar los servicios de asesoría que prestó al gobierno, a Nuevas Ideas y a los hermanos Bukele como contratos asignados a Salto Ángel Consulting. Dice que tras la elección presidencial de 2019, él se dedicó a apoyar a Juan Guaidó y al gobierno interino en Colombia.

”Cuando yo empecé toda esta lucha por la libertad de Venezuela en 2019, Sara se quedó en El Salvador y se quedó muy cercana siempre al gobierno”, dijo. La versión de Toledo omite que Sara Hanna -al igual que él - estuvo en Cúcuta, Colombia, en febrero de 2019 y aparece en fotografías junto con líderes y consultores de comunicación política de la oposición venezolana. Ese evento, al que asistió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue usado por el gobierno interino de Guaidó para mostrar respaldo internacional. También asistieron el senador cubano americano Marco Rubio, los presidentes Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile).

Toledo afirma que Sara Hanna nunca militó en Voluntad Popular, pero admite que fue una de las asistentes más cercanas de Leopoldo López -fundador de Voluntad Popular- y de su esposa Lilian Tintori. Le adjudica a ella la responsabilidad en la contratación de asesores para el gobierno de El Salvador. “Que haya unas personas trabajando en El Salvador como un tema profesional, que tiene que ver con los perfiles y cómo seleccionó ese equipo, cómo los fichó, eso es algo que tienes que preguntarle a Sara. Yo no recomendé ni llevé a nadie a que fueran actores de ninguna instancia, ministerio ni nada que tenga que ver con el gobierno de El Salvador”, dijo.

“Es falso (que los asesores venezolanos que trabajan para el gobierno de El Salvador estén vinculados a Voluntad Popular o a Guaidó). Acá yo me quito el traje de asesor por un minuto y me pongo el chaleco del partido, que estoy autorizado para ello, porque soy un vocero oficial de Voluntad Popular, soy miembro electo de la dirección nacional, donde hay 11 personas: Leopoldo López y 10 personas más, y soy una de ellas. Es falso que nuestro partido tenga asesores apoyando al gobierno de El Salvador”, dijo.

Lester Toledo restó importancia a la presencia de asesores venezolanos en puestos de decisión. “Si yo soy un empleado y me ponen un asesor y ese asesor es más capaz que yo… Y trajeron a alguien para mi cargo y tal, digamos, esa molestia interna del ambiente laboral es probable que exista, pero los detalles no lo sé”, aseguró.

Toledo se quejó del énfasis en la presencia de asesores venezolanos en El Salvador y habló del equipo que trabajó en la campaña presidencial de Bukele en 2018. “Sí, en 2018 Elisa Totaro (asesora venezolana) trabajó en la campaña, pero también estaban Yago de Marta y Víctor López, que son españoles. La empresa que veía el Social Media (redes sociales) era americana. Estaban unos asesores ticos (Esteban Porras y Danilo Morales) que han trabajado con Bukele toda la vida y siguen con él”, dijo. Hizo hincapié que eso sigue ocurriendo ahora. “En el gobierno pasa lo mismo: hay argentinos, gringos, costarricenses y venezolanos”, añadió. La mayoría de estos asesores que mencionó Toledo han sido piezas importantes del proyecto “bukelista”.

El 1 de marzo de 2021, Alejandro Rodríguez, de la revista Campaign and Elections México, compartió una fotografía en su cuenta de Twitter en la que aparece el presidente Nayib Bukele y tres de sus asesores: el entrenador de oratoria y discurso, Yago de Marta y los representantes de Consulta Mitofsky y T-Research, Roy Campos y Carlos Penna Charolet. “Victoria histórica en El Salvador. El liderazgo más potente del continente cuenta con Luis Verdi, Roy Campos, Yago de Marta, Carlos Penna Charolet, Lester Toledo y Sara Hanna. Aquí está la foto del triunfo”, escribió Rodríguez. La fotografía fue tomada en un piso del Hotel Barceló, centro de reunión del presidente Nayib Bukele, de su hermano Karim Bukele y de sus asesores para esperar los resultados de las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021.

Alejandro Rodríguez compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que nombró a los estrategas del
 
Alejandro Rodríguez compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que nombró a los estrategas del "bukelismo", entre asesores de imagen, de encuestas, de oratoria y discurso, de redes sociales y de organización del territorio. De izquierda a derecha, aparece Roy Campos, el presidente Bukele, Yago de Marta y Carlos Penna Charolet.

*Marcos Valverde es periodista de la revista de investigación venezolana Armando Info.

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El Salvador Thu, 02 Dec 2021 12:20:28 +0100 https://www.elfaro.net/es/202112/el_salvador/25876/Lester-Toledo-“Yo-armé-toda-la-logística-de-los-paquetes-de-alimentos”.htm
El documental que captura la crueldad de un centro de detención de migrantes http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036746.jpg https://www.elfaro.net/es/202112/centroamerica/25877/El-documental-que-captura-la-crueldad-de-un-centro-de-detención-de-migrantes.htm El Centro de Detención de Irwin County, una instalación privada en Ocilla, Georgia, cobró notoriedad en 2020 por albergar algunos de los abusos recientes más atroces del Gobierno de Estados Unidos contra migrantes. Negligencias médicas extremas, como exponer a los detenidos al Covid ocultando señales obvias de un brote del virus en el centro, fueron indicadores tempranos de que algo terrible estaba pasando adentro. El reportero Seth Freed Wessler concibió y dirigió el documental Detención a partir de su trabajo previo para The New York Times Magazine, y usando testimonios grabados por videoconferencia de Nilson Barahona y Andrea Manrique, dos migrantes detenidos en Irwin durante los meses iniciales de la pandemia. Field of Vision se ha aliado con El Faro y Time Magazine para distribuir este documental tanto en su versión en español como en inglés.

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Centroamérica Thu, 02 Dec 2021 08:35:44 +0100 https://www.elfaro.net/es/202112/centroamerica/25877/El-documental-que-captura-la-crueldad-de-un-centro-de-detención-de-migrantes.htm
Senador Menéndez: “Nicaragua y El Salvador no deberían gozar de preferencia comercial” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036757.jpg https://www.elfaro.net/es/202112/centroamerica/25875/Senador-Menéndez-“Nicaragua-y-El-Salvador-no-deberían-gozar-de-preferencia-comercial”.htm Demócratas en el Senado de Estados Unidos han pedido al Gobierno de Biden endurecer sanciones por corrupción o debilitamiento democrático en Centroamérica. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores hasta exigió al Departamento de Estado el martes a que analice la posible suspensión del tratado de libre comercio CAFTA no solo de Nicaragua, sino también de El Salvador. Durante la misma sesión del comité, en la que se discutía el estado de la democracia en América Latina y el Caribe, los republicanos callaron sobre Centroamérica. El senador demócrata Bob Menéndez pidió ayer a la administración de Joe Biden que analice la suspensión de Nicaragua y El Salvador del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR). Lo hizo durante una audiencia pública del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense en la que se discutía la democracia en América Latina y el Caribe con el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Bryan Nichols, y el Subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, Todd Robinson.

“En el caso de Nicaragua tenemos una dictadura ascendente y en el de El Salvador, tenemos retrocesos dramáticos en la democracia”, dijo el senador de Nueva Jersey, presidente del Comité. “No deberían gozar de preferencia comercial,” añadió. “Es una acción fuerte que podría tomar la administración [Biden] y la recomiendo”. El embajador Nichols no respondió a la insistencia de Menéndez y se limitó a evadir con un ambiguo: “Deberíamos de pensar en usar todas las herramientas disponibles”.

En los últimos meses, organizaciones estadounidenses de sociedad civil y de defensa de los derechos humanos han presionado al Departamento de Estado y a congresistas interesados en la política latinoamericana para que Estados Unidos mantenga una posición dura frente al gobierno de Bukele y haga uso de su peso en el Fondo Monetario Internacional para que este condicione cualquier posible plan de financiamiento a El Salvador a la garantía de ciertos estándares democráticos. Otra de sus propuestas hechas en privado fue que en el tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica, CAFTA, se incluyan cláusulas democráticas y posibles sanciones a los países que las incumplan.

El demócrata de Nueva Jersey Robert Menendez, de 67 años, es presidente del Comité de Relaciones Exteriores e hijo de inmigrantes cubanos. Desde que llegó al Congreso en 1993, Menendez se ha destacado como demócrata conservador y uno de los principales arquitectos de la política exterior en el partido. Photo: Kevin Dietsch/POOL/AFP
 
El demócrata de Nueva Jersey Robert Menendez, de 67 años, es presidente del Comité de Relaciones Exteriores e hijo de inmigrantes cubanos. Desde que llegó al Congreso en 1993, Menendez se ha destacado como demócrata conservador y uno de los principales arquitectos de la política exterior en el partido. Photo: Kevin Dietsch/POOL/AFP

La relación del gobierno de El Salvador con el FMI se tensó de hecho este año después de que el 1 de mayo la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, destituyó ilegalmente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General, que en ese momento investigaba casos de corrupción en el Ejecutivo. En los últimos meses el gobierno de El Salvador había creado expectativa sobre la posibilidad de que un acuerdo de financiamiento se alcanzará antes de fin de año, pero a mediados de noviembre el vocero del Fondo, Gerry Rice, aclaró que en estos momentos ni siquiera existe una negociación para llegar a un acuerdo de ese tipo. 

En previsión de un posible fracaso de las negociaciones con el Fondo, el Gobierno salvadoreño ha comenzado a explorar la posibilidad de financiar su creciente deuda pública con la emisión de “bonos bitcoin” y el apoyo de una red de empresas radicadas fuera de Estados Unidos.

La recomendación de Menéndez para endurecer sanciones pone una vez más en evidencia la fractura entre el gobierno de Nayib Bukele y el partido demócrata estadounidense, actualmente en la Casa Blanca. En mayo pasado otro destacado senador demócrata, Patrick Leahy, ya hizo referencia al CAFTA y a la relaciones comerciales entre Estados Unidos y El Salvador en un durísimo comunicado de condena a los hechos del 1 de mayo. “El presidente Bukele es consciente de que sus acciones dictatoriales son un desafío directo a Estados Unidos de América”, dijo entonces.

Tanto funcionarios del Gobierno Biden como demócratas en el Congreso insisten en que la corrupción y los retrocesos democráticos en Centroamérica impulsan la migración indocumentada hacia Estados Unidos. “El presidente de El Salvador se está portando como un autoritario y hasta quizá nuestro mejor socio en la región, Guatemala, ha retrocedido desde que el Senador Portman y yo visitamos en julio, en cuanto al despido de fiscales anticorrupción”, dijo este martes el senador de Virginia Tim Kaine, candidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton en 2016. “Esta es una región sumamente importante para nosotros. La crisis migratoria en la frontera está siendo alimentada en gran medida por la inestabilidad en el Triángulo Norte”.

Silencio republicano

Los senadores republicanos presentes aprovecharon la sesión del martes para pedir nuevas sanciones contra Venezuela y Cuba y condenar la remoción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista estadounidense de terroristas sin el aval del Gobierno colombiano, pero no hicieron preguntas o referencias directas al estado de la democracia en los países centroamericanos. Esto último podría considerarse un éxito de los intensos esfuerzos de lobby hechos en Washington por la administración Bukele, especialmente después de la derrota electoral de Donald Trump, con el que había forjado una relación fluida.

Desde mediados de 2020 el gobierno de El Salvador ha invertido sumas millonarias en cabildeo especialmente entre las filas republicanas del Congreso y el Senado estadounidense. Los principales despachos demócratas en ambas cámaras aseguran de hecho no haber recibido visitas o llamadas de esos lobistas. “Bukele quiere hacer ver que el problema es solo con el partido demócrata”, asegura un funcionario de la administración Biden. Entre las filas demócratas se ha asentado la idea de que la apuesta de fondo de Bukele es preservar las relaciones con políticos conservadores en Estados Unidos y confiar en que a finales de 2022 los republicanos recuperen el control del Senado o incluso de la Cámara de Representantes, lo que limitaría todavía más el margen de acción de Biden en la región.

Si bien la mayoría de las críticas al Gobierno de Bukele han venido del Partido Demócrata, el golpe legislativo en mayo provocó una condenación rotunda de los principales arquitectos republicanos de la política exterior. “Acciones arbitrarias que socavan la independencia del Órgano Judicial y dañan nuestra colaboración duradera para mejorar la transparencia, seguridad y condiciones económicas”, escribieron el 4 de mayo los senadores Jim Risch y Marco Rubio, ambos miembros del Comité de Relaciones Exteriores.

Estados Unidos firmó el CAFTA con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 2006.  La República Dominicana y Costa Rica se sumaron en 2007 y 2009, respectivamente. El acuerdo exenta de tarifas a todos los productos comerciales e industriales y muchos productos agropecuarios. En 2020, Estados Unidos reportó que $50 mil millones de dólares de productos cruzaron las fronteras estadounidenses bajo el acuerdo. El 9 % de este comercio se hizo con El Salvador y el 10 % con Nicaragua.

“Una de las herramientas más fuertes es remover las preferencias comerciales. No firmamos el CAFTA con países que iban en sentido contrario a la democracia, sino que estaban acercándose a la democracia, respeto a los derechos humanos y estado de derecho”, argumentó Menendez este martes. 

CAFTA entró en vigor un año antes de la vuelta al poder de Daniel Ortega, el mismo año en que el Gobierno de Guatemala firmó el acuerdo marco con Naciones Unidas para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El Salvador,  tras la dolarización de la economía en 2001, sumaba su cuarto gobierno del partido Arena, el de Antonio Saca, hoy encarcelado por corrupción.

Mensajes directos e indirectos

El Departamento de Estado señaló ante el comité el martes que acudirá cada vez más a la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, así como a Costa Rica y Panamá, para impulsar su agenda regional.

“En áreas como el norte de Centroamérica, donde el estado de derecho está bajo amenaza constante, la [Oficina de Antinarcóticos del Departamento de Estado] pretende enfocar su asistencia a socios dispuestos e instituciones confiables”, dijo Todd Robinson, subsecretario para asuntos antinarcóticos. Destacó, por ejemplo, el apoyo de su oficina a la creación de una fuerza de tarea contra el lavado de activos y corrupción en Panamá. 

Robinson criticó a los gobiernos del norte de Centroamérica en materia de respeto a la prensa: “Bajo el régimen autoritario en Nicaragua los ataques gubernamentales a la prensa libre se han vuelto cotidianos”, dijo Robinson. “También lo estamos viendo cada vez más en El Salvador y Guatemala”. Hace solo una semana, la Asociación de periodistas de El Salvador, APES, denunció que al menos 24 periodistas salvadoreños recibieron el martes 23 alertas por posible espionaje por parte del Estado a través de sus dispositivos iPhone. En el caso de Nicaragua, desde 2018 más de 60 periodistas se han visto forzados al exilio por la persecución judicial contra ellos orquestada desde el gobierno de Daniel Ortega.

Robinson, que fue embajador de Estados Unidos en Guatemala de 2014 a 2017, se destacó en aquellos años por su dura postura contra la corrupción en las altas esferas políticas y económicas del país, al grado que empresarios y funcionarios de Gobierno conspiraron para lanzar una campaña de desprestigio contra él en Washington y tratar de que la administración Obama lo retirara del país.

Biden ha afirmado que la corrupción y debilitamiento democrático en Centroamérica amenazan la “seguridad nacional” e impulsan la migración indocumentada. Este año sancionó bajo estos criterios a al menos 60 individuos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluyendo miembros del gabinete de Bukele y a la fiscal general de Guatemala. Esta última cerró “la mayoría de las avenidas de cooperación con el Ministerio Público hasta la selección de un nuevo fiscal”, dijo Nichols. 

Biden ha enviado mensajes tanto por sus acciones como por sus omisiones. No invitó, por ejemplo, a ninguno de estos cuatro gobiernos a la Cumbre para la Democracia que se celebrará la semana que viene en Washington, a la que ha convocado a más de 100 países.

Miembros de ambos partidos exigieron a Biden actuar más agresivamente contra actores inconformes a los intereses de Estados Unidos. “No he visto el uso robusto de las sanciones Magnitsky en el hemisferio”, ejemplificó el demócrata de Maryland Ben Cardin. La Ley Magnitsky faculta al Gobierno para imponer sanciones financieras y revocar visas por violaciones a derechos humanos. Añadió: “Tiene que ser zanahoria y palo”.

Mientras sesionaba el comité, Honduras esperaba confirmar la victoria electoral de la izquierdista Xiomara Castro, la primera presidenta de ese país, sin fraude ni violencia electoral. El Senador demócrata de Oregon, Jeff Merkley, destacó preocupaciones internacionales sobre la pausa en el conteo de votos por diez horas por la mañana después del cierre de urnas. 

“Esta es una nación que ha tenido golpes militares en el pasado, incluyendo contra el esposo de la señora Castro en 2009”, dijo. Ese año, tras pronunciarse inicialmente contra el golpe contra Manuel Zelaya por militares afines al Partido Nacional, el Departamento de Estado de Obama dio media vuelta para avalar el llamado del partido a una nueva elección, en lugar de exigir la reinstalación de Zelaya. El golpe allanó el camino a 12 años de gobiernos nacionalistas flagelados por la narcopolítica y corrupción. “Estados debe enviar un mensaje poderoso que ningún golpe militar será tolerado”, añadió.

“La semana pasada estuve en Honduras”, dijo Nichols. “Me reuní con Xiomara Castro, Tito Asfura, los ministros de relaciones extranjeras, seguridad pública y defensa y el jefe de la Fuerza Armada. Hablé de la importancia de elecciones libres, justas y transparentes y un proceso pacífico”, dijo. “Ellos me reiteraron su compromiso”. El Secretario de Estado Antony Blinken reconoció la victoria de Castro el miércoles tras la concesión del Partido Nacional.

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Centroamérica Wed, 01 Dec 2021 21:04:33 +0100 https://www.elfaro.net/es/202112/centroamerica/25875/Senador-Menéndez-“Nicaragua-y-El-Salvador-no-deberían-gozar-de-preferencia-comercial”.htm
Bukele: de “socio confiable” a conspirador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035944.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25874/Bukele-de-“socio-confiable”-a-conspirador.htm El mandatario salvadoreño ha hecho historia. Se ha convertido en el presidente con menos apoyo en Estados Unidos –incluidos quienes gobernaron durante la guerra civil–de los últimos 40 años. El presidente Nayib Bukele ha logrado lo que ningún mandatario ha logrado los últimos 50 años: llevar al país de un aliado confiable a una situación que raya con la rivalidad geopolítica.

No es solo que Washington esté en desacuerdo con la gestión de Nayib Bukele, sino que lo considera un potencial adversario en la región. En la mente de muchos tomadores de decisiones en EE. UU., Bukele encabeza un gobierno truhán (o rogue en inglés). Es decir que coloca al centro de su política exterior el engaño, la estafa, las bufonadas y prácticas ilegales y antiéticas contra sus aliados. De hecho, las revelaciones periodísticas de que el Estado salvadoreño pudo haber usado programas espías contra diplomáticos y ciudadanos estadounidenses en El Salvador, periodistas y activistas, colocó al gobierno salvadoreño en el radar de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE. UU.

Bukele ha pasado de “socio confiable” –como algunos de los funcionarios de Bukele llaman a EE. UU.– a cuasi adversario de Estados Unidos en menos de dos años. En sus últimas declaraciones como encargada de negocios interina de EE. UU. en El Salvador, Jean Manes perfiló el estado de la relación entre Washington y San Salvador como una en donde no había contraparte para el diálogo, razón por la que a partir del 22 de noviembre de 2021 su país le ponía “una pausa”.   

Washington espera lo peor de adversarios como China, Rusia, Irán y Venezuela. Sin embargo, durante 50 años, Washington ha dado un trato preferencial a los gobiernos de El Salvador, y El Salvador ha respondido de la misma forma. Uno puede discutir si estos tratos han convertido al país en una nación dependiente de EE.UU., pero la verdad es que esa dinámica ha establecido una serie de reglas no escritas en la relación no bilateral. Una de ellas es asumir que la cooperación entre ambas naciones es de buena fe y no busca subvertir el sistema político del otro. Como se puede apreciar, esa regla no escrita no es revolucionaria, sino profundamente conservadora. Estas reglas se han vuelto materia de sentido común en la relación con Estados Unidos.

Sin embargo, Bukele –en su esfuerzo por consolidar su poder y la paranoia con la que mira enemigos en todas partes– ha subvertido ese sentido común, sumergiendo al país en una distopía geopolítica, donde el humor de Bukele son el horizonte estratégico.

En estos momentos, Washington cree que El Salvador está en camino a convertirse en otro de sus adversarios, de la misma forma en la que lo hizo Daniel Ortega. A diferencia de Ortega –un autócrata con una visión geopolítica refinada y de largo aliento–, Bukele responde con un instinto cortoplacista. Mientras Ortega se ha alineado con Venezuela, Cuba, Irán y Rusia, Bukele ha coqueteado con China y la nueva presidenta hondureña, Xiomara Castro. Sin embargo, el mandatario ha preferido refugiarse en la secta Bitcoin. 

Hay dos factores clave que han llevado a que Washington reconsidere sus límites con Bukele: la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros y los constantes ataques pagados por el Gobierno salvadoreño contra Manes y un buen grupo de funcionarios y legisladores estadounidenses, entre los que se incluye la representante Norma Torres, el jefe del subcomité de Asuntos Hemisféricos occidentales de la Casa de Representantes, Albio Sires, el asesor de seguridad del presidente Joe Biden, Juan González, entre otros.

El borrador de la Ley de Agentes Extranjeros que se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa no solo es un esfuerzo por criminalizar la cooperación externa, sino también una clara advertencia para la comunidad internacional. De aprobarse esta ley tal y como está planteada, implicaría que El Salvador no considera la buena fe detrás cooperación de los países occidentales, sino que piensa que es subversiva. Otros países han aprobado leyes similares, pero los casos más importantes, como Rusia y Nicaragua, han establecido regulaciones para detener cualquier influencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Para estas dos naciones y sus estrategias geopolíticas, es muy consistente una ley que considera a USAID y a la cooperación alemana y holandesa como peligrosa. 

En el caso de El Salvador, que se percibe como aliado de Occidente, una ley como esa significa una declaración de guerra. El impuesto –40 % sobre el monto total– y los costos humanos son graves, pero lo más grave es que esa regulación abriría una época en la que El Salvador pasaría a ser un país adversario de EE. UU. y Occidente. Por años, la izquierda salvadoreña buscó expandir los horizontes de la política exterior para que fuera más allá de EE. UU. y Europa. El FMLN abrió relaciones con China y reforzó sus relaciones con los países del ALBA (Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina).

Sin embargo, pese a los malos augurios de la derecha, mantuvieron como prioridad una relación efectiva con EE. UU. en temas como migración y seguridad. El FMLN buscaba colocarse como un país no alineado, pero con buenas relaciones con EE. UU. y el ALBA al mismo tiempo. Esa era su apuesta, influida por el balance geopolítico que el expresidente Inácio “Lula” Da Silva estableció en Brasil. Bukele –con su política exterior nihilista–no tiene alternativa más que el caos.

El segundo factor es que el Gobierno ha usado todos sus instrumentos para atacar de forma pública a los personeros de Washington, tal como Manes lo expresó en sus últimas declaraciones en el puesto. La congresista Normas Torres, por su parte, ha informado directamente al FBI de los ataques de los seguidores de Bukele que incluyeron vigilancia de sus propiedades en el sur de California.

La salida de Manes y el aviso del posible espionaje político de parte del Estado salvadoreño a periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, y políticos opositores y oficialistas, complejiza la relación con Washington y le va dejando menos margen de maniobra para justificar su cooperación de seguridad y militar. Hasta el momento –por lo ventilado en público– Washington se ha limitado a presionar a San Salvador usando las herramientas que el Congreso le ha permitido ejecutar por medio del Departamento de Estado, como la Lista Engel. También se ha sumado a la investigación de la corrupción regional el Departamento de Justicia, lo que deja clara la desconfianza de EE. UU. con las instituciones de justicia que consideran cooptadas por los poderes Ejecutivo del Norte de Centroamérica. No sería raro que las relaciones en el tema de seguridad y militar sufran a partir de esta clara posición de animadversión y ataque que Bukele ha mostrado.

El mandatario salvadoreño ha hecho historia, ciertamente. Se ha convertido en el presidente con menos apoyo en Estados Unidos –incluidos los presidentes que gobernaron durante la guerra civil–de los últimos 40 años. Y casi, sin duda, el único que ha tenido que alquilar amigos como cabilderos –como el exdiplomático estadounidense Thomas Shannon– para hacer creer que tiene interlocutores en Washington. Como dije en una columna anterior, Washington no quería pleito con Bukele. Ahora no tiene ninguna otra opción que responder a la escalada. Solo que no será solo el Departamento de Estado, sino el de Justicia, el FBI y el NSA. Si Bukele quería la atención de Biden y su gobierno, ahora la tiene.

Ricardo Valencia es profesor asociado de Comunicaciones en Fullerton, la universidad estatal de California. Twitter: @ricardovalp.
 
Ricardo Valencia es profesor asociado de Comunicaciones en Fullerton, la universidad estatal de California. Twitter: @ricardovalp.

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Columnas Tue, 30 Nov 2021 16:55:51 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25874/Bukele-de-“socio-confiable”-a-conspirador.htm
Salvador Nasralla: “No podemos dejar impune ni el robo ni los asesinatos de 2017” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036743.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/centroamerica/25872/Salvador-Nasralla-“No-podemos-dejar-impune-ni-el-robo-ni-los-asesinatos-de-2017”.htm Los hondureños asistieron masivamente a las urnas: casi un 70 % del electorado acudió a votar. Con la mitad de las actas escrutadas, la ventaja de la oposición es de 20 puntos y la candidata Xiomara Castro se declaró presidenta electa: la primera mujer que gobernaría Honduras en toda su historia. Su compañero de fórmula y excandidato a la Presidencia, Salvador Nasralla, asegura que su partido tenderá la mano a sus opositores, sin que eso implique perdonar a quienes tengan que pagar por los señalamientos de corrupción y narcotráfico. Un día antes de las elecciones, nadie en Tegucigalpa daba un centavo porque el final de los comicios generales de Honduras fuera pacífico. Las calles se llenaron de negocios que cubrieron sus ventanas con placas de metal y madera. Algunas personas fueron a las gasolineras a llenar los tanques y algunos galones extra que compraron en recipientes plásticos. Académicos, periodistas y líderes sociales daban por hecho que el margen sería muy estrecho y no se imaginaban que ninguno de los dos principales contendientes cediera un centímetro de terreno.

La mañana del domingo 28 de noviembre, día en que los hondureños acudieron a las urnas a elegir a todos los cargos de elección popular en su país, parecía darle la razón al pesimismo: antes de las once de la mañana, a media jornada electoral, tanto Libre, el partido opositor, como el oficialista partido Nacional, ya se habían declarado en ventaja a través de sus redes sociales, argumentando, unos y otros, que sus encuestas de salida de urna les daban ya tendencias claras. Y el final de la jornada no disminuyó la tensión: pese a los ruegos del Consejo Nacional Electoral, que pidió en reiteradas ocasiones a los candidatos y a los partidos que no manejaran cifras hasta no haber concluido el conteo de votos, ambos se declararon ganadores. El primero fue el partido Nacional, que publicó en su cuenta de Twitter, 43 minutos después del cierre oficial de las urnas, un lapidario “GANAMOS, TENEMOS PRESIDENTE”, acompañada de una fotografía de Nasry Asfura. 5 minutos después, el expresidente Manuel Zelaya, líder indiscutible del partido Libre, y esposo de la candidata Xiomara Castro, publicó en la misma red social: “¡GANAMOS! La Alianza de oposición… convoca a conferencia a las 8:00”. Y todo quedó en suspenso.

Centenares de personas se reunieron en la sede del partido Libre para celebrar el virtual triunfo de la alianza del partido Libre y Salvador de Honduras liderada por Xiomara Castro y Salvador Nasralla en las elecciones presidenciales de Honduras. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Centenares de personas se reunieron en la sede del partido Libre para celebrar el virtual triunfo de la alianza del partido Libre y Salvador de Honduras liderada por Xiomara Castro y Salvador Nasralla en las elecciones presidenciales de Honduras. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Alrededor de las seis de la tarde, algunos seguidores de Libre comenzaron a concentrarse frente a la sede del partido. En los altoparlantes sonaban los hits de campaña: el repetitivo y pegajoso “se van, se van, se van”, una cancioncilla que no hace más que repetir eso, y el bailable que asegura que “Juanchi (el actual presidente Juan Orlando Hernández) va para Nueva York, los gringos lo están esperando”, una cumbia que hace alusión a los señalamientos de fiscales y testigos en el juicio estadounidense que relacionan al mandatario con el tráfico de cocaína a gran escala.

A las 8:37, el Consejo Nacional Electoral  (CNE) anunció sus primeros resultados: con el 16.1 % de actas contadas, anunciaron que Libre aventajaba en 20 puntos al partido oficial. Una fanfarria. La página del CNE transmitía en vivo el avance del conteo. El porcentaje de actas subía: con el 19 % la distancia se mantenía, y también con el 22 %, y con el 29 %. Entonces apareció Xiomara Castro, que fue anunciada como la presidenta electa de Honduras. Hay que decir que si los resultados se mantienen estables, ella sería la primera mujer en la historia de los países del Triángulo Norte centroamericano en convertirse en presidenta, en 200 años de historia.

Su discurso contenía algunas promesas muy destacables: “Vamos por una democracia directa y participativa”; “fuera la guerra, el odio, los escuadrones de la muerte, la corrupción, el narcotráfico, fuera las ZEDES”. Esta última promesa toca un tema muy sensible en honduras, las ZEDES (zonas de empleo y desarrollo económico), o “Ciudades Modelo”, son una de las medidas más polémicas de la gestión del presidente Hernández: básicamente son parcelas de territorio hondureño autónomas en términos económicos y jurídicos, en los que se otorgan amplísimas libertades a inversionistas extranjeros. Prometer deshacerse de ella no es una promesa menor.

Castro también se esforzó por desterrar cualquier matiz revanchista y repitió que su gobierno tendería la mano a sus contendientes: “Tiendo la mano a mis opositores, no tengo enemigos, todos somos hondureños”. Esa idea contrasta directamente con una campaña muy polarizada en la que su partido ha generado la idea –tal como lo dice en su jingle de campaña– que harán pagar al Gobierno de Juan Orlando Hernández por sus corruptelas y por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Finalmente, cedió la palabra a los representantes de los otros cuatro partidos políticos que conformaron la alianza opositora, uno de ellos, el primero en hablar fue Salvador Nasralla, compañero de fórmula de Xiomara Castro y excandidato presidencial en 2013. Nasralla todavía asegura que en 2017, cuando él era el candidato a la Presidencia, hubo fraude. De hecho, la OEA, recomendó repetir las elecciones debido a la enorme cantidad de irregularidades que se presentaron. Pero el Gobierno de los Estados Unidos respaldó la elección y el asunto quedó zanjado.

Luego de la conferencia de prensa, el candidato a la vicepresidencia (vicepresidente electo, según su partido), conversó unos minutos con El Faro.

A las 2:40 de la madrugada del día lunes 29 de noviembre, la página oficial del CNE, aseguraba que la votación había sido masiva: casi un 70 % de hondureños acudieron a las urnas. Con el 50 % de las actas escrutadas, Libre mantenía intactos sus 20 puntos de ventaja y en las calles había petardos, pitos de vehículos y fiesta.

Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras y Xiomara Castro del partido Libre se dieron como ganadores a las 9:00 de la noche del 29 de noviembre del 2021 cuando aún se realizaba el proceso de escrutinio de los votos de las elecciones generales. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras y Xiomara Castro del partido Libre se dieron como ganadores a las 9:00 de la noche del 29 de noviembre del 2021 cuando aún se realizaba el proceso de escrutinio de los votos de las elecciones generales. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En el discurso de Xiomara Castro se ha insistido en tender puentes con sus adversarios, pero sus votantes esperan en gran medida que cumplan con lo que prometieron en campaña: tomar acciones contra quienes han sido señalados por narcotráfico y corrupción del Gobierno actual. ¿Cómo se pueden conciliar ambas cosas?
En este momento, todo lo que tiene que ver con la justicia para quienes han dañado y han robado, no se puede tocar, porque la justicia está en manos del crimen organizado y es precisamente el congreso que se está eligiendo el que va a determinar la nueva Corte Suprema de Justicia, el nuevo fiscal y el nuevo Ministerio Público, que serán los encargados de hacer justicia para todas esas personas que han cometido actuaciones en contra del pueblo.

¿La oferta de diálogo no implica pues que desde el ejecutivo se dejará de tomar acciones contra quienes hayan estado implicados en hechos de corrupción en este Gobierno?
Totalmente, no podemos olvidar ni dejar impune ni el robo ni los asesinatos, ni los mártires que murieron en 2017 cuando ganamos las elecciones también.

¿Entonces qué significa la oferta de diálogo? ¿Cómo se va a cristalizar esto?
Llamando al diálogo y que entiendan que somos un solo pueblo. Lo de hoy no es el triunfo de un partido político sino que es el triunfo de cinco partidos políticos y del pueblo hondureño en contra de quienes han vendido a nuestra nación.

¿Abrirán canales de comunicación con el partido Nacional?
Sí. Dentro del partido Nacional hay gente buena, el problema son los de la banda de Juan Orlando Hernández, que han tomado decisiones que han significado pobreza.

El candidato a la vicepresidencia, Salvador Nasralla, fue recibido por simpatizantes del partido Libre en la sede ubicada en Tegucigalpa. En el lugar Salvador y Xiomara Castro se proclamaron ganadores de las elecciones presidenciales de Honduras. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
El candidato a la vicepresidencia, Salvador Nasralla, fue recibido por simpatizantes del partido Libre en la sede ubicada en Tegucigalpa. En el lugar Salvador y Xiomara Castro se proclamaron ganadores de las elecciones presidenciales de Honduras. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En este período ha habido una explosión de la migración de hondureños hacia el norte. ¿Qué ofertas para esos hondureños tiene la alianza opositora?
Estoy seguro que al igual que me dijeron en 2013, que si yo ganaba la Presidencia no se irían, y los que me dijeron en 2017 que si yo ganaba se quedaban… todos ellos van a tener ganas de volver. Aunque Estados Unidos no lo sepa, ahí hay 1 millón 800 mil hondureños y no el millón que ellos creen, porque diariamente entran un montón de personas. Solamente en los últimos 8 meses han migrado 10,000 personas, que es una cantidad enorme. Les vamos a dar facilidades para que vengan con los emprendimientos que ya tienen en Estados Unidos y que puedan regresar y hacer su vida aquí para crear trabajo.

Por cierto, los Estados Unidos son un tema clave: el respaldo de ellos a Juan Orlando Hernández fue clave para decidir las elecciones que usted insiste que le robaron ¿ha habido comunicación con la embajada, hay una nueva conversación con los Estados Unidos?
El Gobierno de los Estados Unidos nos prometió que se van a respetar los resultados y los resultados muestran abrumadora diferencia a favor nuestro. Ellos saben, no lo dicen, pero saben que en 2017 su encargado de negocios estuvo en el tribunal electoral supervisando órdenes superiores que venían desde los republicanos que dirigía el presidente Trump. Hoy es un Gobierno demócrata en el que están de acuerdo con que Honduras se autodetermine según la voluntad de la mayoría de gente.

¿Han recibido de forma explícita esa promesa de Estados Unidos?
Bueno, eso nunca había pasado, a mí no me ofrecieron eso cuando yo fui participante y gané. Todo este tipo de cosas las han platicado con la señora Xiomara Castro.

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Centroamérica Mon, 29 Nov 2021 10:22:36 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/centroamerica/25872/Salvador-Nasralla-“No-podemos-dejar-impune-ni-el-robo-ni-los-asesinatos-de-2017”.htm
Honduras teme a sus elecciones generales http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_198_129_2000_1329/images%7Ccms-image-000036734.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/centroamerica/25871/Honduras-teme-a-sus-elecciones-generales.htm El segundo país más pobre del continente, arrasado por la corrupción, los desastres naturales y la violencia encara sus elecciones generales con miedo a que el país vuelva a sumirse en el caos, como ha ocurrido en las últimas dos elecciones. El domingo se vota por todos los cargos de elección popular luego de una campaña polarizada hasta el extremo, en la que ya han muerto 33 personas. Tegucigalpa, la capital hondureña, se prepara para las elecciones generales que tendrán lugar este domingo 28 de noviembre, con una mezcla de ansiedad y terror. En distintos puntos de la ciudad, varios locales han sellado sus ventanas y cualquier otro punto vulnerable, para protegerse de eventuales disturbios callejeros.

A lo largo del extenso bulevard Francisco Morazán, al menos 15 negocios se habían blindado desde el viernes 26: un pequeño centro comercial se había atrincherado tras placas de láminas; una venta de porcelana y mármol había instalado unas coquetas maderas en todos sus ventanales; la concesionaria de Volkswagen, una venta de muebles y algún hotel se han blindado, como esperando una invasión.

Días previos a las elecciones generales de Honduras, varios negocios del bulevar Francisco Morazán colocaron protección en las ventanas de vidrios, ya que tienen temor de que los resultados electorales provoquen protestas en la ciudad. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Días previos a las elecciones generales de Honduras, varios negocios del bulevar Francisco Morazán colocaron protección en las ventanas de vidrios, ya que tienen temor de que los resultados electorales provoquen protestas en la ciudad. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Los temores de los hondureños no son gratuitos: los eventos electorales en este país suelen ser citas sangrientas. Según el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional de Honduras, las elecciones de 2013 dejaron 48 personas asesinadas por “violencia electoral”, antes, durante y después de las votaciones. En las elecciones pasadas, en 2017, murieron 50 personas: siete antes del día de la elección, cinco el mismo día y 48 durante las protestas que se prolongaron durante semanas.

La campaña electoral de este año ya batió los infames records de los eventos pasados y ha dejado 33 personas asesinadas y un candidato a alcalde –del partido de centroizquierda, Libre– desaparecido, antes siquiera de que se abran las urnas. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia, tiene un mal presagio con lo que pueda pasar: “Así como es la víspera, así va a ser la fiesta”, anticipa. Y hay que decir, de nuevo, que la víspera ya se cobró 33 vidas.

Los hondureños se refieren a las últimas elecciones como un evento traumático y es casi imposible hablar del tema sin que aparezca la palabra “fraude”. En aquel momento competía el opositor Salvador Nasralla, un ex presentador de televisión, contra el actual presidente Juan Orlando Hernández, que buscaba su segundo período, pese a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. JOH, como es conocido por sus ciudadanos, controlaba –aún controla– el sistema de justicia hondureño y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia básicamente declararon inconstitucional a la Constitución en los artículos que prohibían la reelección, de modo que en 2015 los inhabilitaron para que JOH pudiera reelegirse. El día de las elecciones de 2017, Nasralla mantenía una mínima ventaja contra el presidente, hasta que llegó un apagón del sistema de conteo de votos. Cuando finalmente se reiniciaron las máquinas, JOH aventajaba la elección por un punto. Ambos candidatos se declararon ganadores antes de que el Tribunal Supremo Electoral ofreciera siquiera el primer corte oficial del conteo, y se desató el pandemonio. Los seguidores de la alianza opositora que respaldaba a Nasralla se lanzaron a la calle a protestar.

Los disturbios duraron semanas en las que se saquearon comercios, se destruyeron locales, se incendiaron vehículos, se instalaron salvajes batallas campales a tiros y pedradas. En el departamento de Colón, los protestantes prendieron fuego a una estación de policía, hubo cerca de 2,000 detenidos, según el comisionado nacional de Derechos Humanos; y, según distintas gremiales empresariales, se perdieron más de 4,000 puestos de trabajo y se reportaron pérdidas diarias de 50 millones de dólares durante los días más álgidos. Hubo desabasto de combustible en algunos departamentos y paralización de gran parte de la actividad económica. Aunque la ley hondureña exige resultados tres horas después de cerradas las urnas, casi un mes después no había resultados firmes y eso permitió que el descontrol y la violencia se prolongaran con intermitencias durante las semanas que siguieron a la elección. Finalmente triunfó JOH y la oposición guarda aquel evento como una batalla perdida injustamente.

La Policía Nacional y la Militar son las encargadas de custodiar las maletas electorales que salen del Centro Logístico Electoral hasta los distintos departamentos de Honduras durante las elecciones general. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La Policía Nacional y la Militar son las encargadas de custodiar las maletas electorales que salen del Centro Logístico Electoral hasta los distintos departamentos de Honduras durante las elecciones general. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En estas elecciones se disputan absolutamente todos los cargos de elección popular: 32,845 candidatos se disputan 3,038 cargos públicos. Este domingo los hondureños elegirán a los 128 diputados del congreso nacional y a igual número de suplentes, así como a los alcaldes, vicealcaldes y regidores de los 298 municipios del país y a los 20 diputados del Parlamento Centroamericano, junto a sus suplentes.

Y, desde luego, la joya de la corona: la Presidencia de la república, por la que contienden 15 candidatos. Uno de ellos, el ex capitán del Ejército, Santos Orellana Rodríguez, tendrá su rostro en la papeleta, como candidato independiente, pero ni siquiera él votará por sí mismo, y tampoco lo hará su esposa ni su suegra, por encontrarse todos detenidos desde el pasado 4 de noviembre, acusados de delitos de lavado de dinero, asocio con bandas criminales, venta ilegal de armas y homicidio. 11 de los 14 candidatos que gozan de la libertad son competidores sin mayor relevancia y sin ninguna posibilidad de hacerse con la Presidencia.

Aunque no existe en el país ninguna encuesta independiente que goce de credibilidad, hay consenso en que los que encabezan el pelotón son tres: Nasry Asfura, conocido a nivel nacional como “Papi, a la orden”, dos veces alcalde de Tegucigalpa, candidato del oficial Partido Nacional; Xiomara Castro, la principal candidata de oposición, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, que busca por segunda vez la Presidencia, candidata por el partido de centroizquierda Libertad y refundación, conocido como Libre. A la zaga de Asfura y Castro, pero con un considerable caudal de votos, se encuentra Yani Rosental, candidato de uno de los partidos tradicionales hondureños, el partido Liberal. Rosental vivió 37 meses en una prisión de Estados Unidos tras declararse culpable del delito de lavado de dinero. Los fiscales de EEUU lo acusaron de limpiar recursos relacionados al narcotráfico. Cumplió su sentencia en agosto del año pasado, regresó a su país y ahora espera convertirse en presidente.

¿Quiénes son los candidatos?

Cada vez que el director del canal de televisión, HCH (Hable Como Habla), Eduardo Maldonado, dice una bendición de connotaciones cristianas, Papi se persigna una y otra vez. En el lugar se realiza una “entrevista” de programa matutino, es uno de esos shows en los que se cocina para el invitado y se come frente a las cámaras. HCH es uno de los canales más populares en Honduras, amarillista y chabacano, pero muy visto por el segmento de la población a la que dirige sus mensajes la campaña de Papi. En la entrada de las instalaciones del canal un grupo de simpatizantes de Papi espera para poder verle por un minuto y rogarle por ayuda económica, comida, casa, o curas para las enfermedades que padecen.

En el interior del canal el programa avanza. Cuando está fuera del aire, a Nasry Asfura –Papi, a la orden– le hacen bromas porque come mucho. En el set está instalada una cocina con comedor donde Papi está sentado y los trabajadores del canal se acercan para hacerle fotos; atrás una mujer le hace las tortillas y le sirve comida. Nasry es un hombre imponente de estatura, durante la intervención lleva camisa de botones arremangada hasta el codo, con jeans y unas botas negras llenas de polvo. Dice que no tiene chofer, que él maneja su vehículo y que cuando llegue a la Presidencia, si Dios se lo permite, no va a dejar que nadie toque su carro. Dice que tampoco usa guardaespaldas, que solo tiene “ayudantes”. Antes de volver al aire, dejan pasar al set al puñado de personas que esperaban en la entrada. Todos son habitantes de las comunidades más pobres de Tegucigalpa y unos más del departamento de Olancho. Papi sigue comiendo y derrochando encanto ante las cámaras, mientras sus seguidores lo observan frente al set. Al terminar el desayuuno hay una sorpresa para el público: Papi camina al centro del set. La sorpresa era un corte de pelo en vivo, transmitido por televisión nacional. Nasry Asfura ha buscando presentarse ante el país como un hombre campechano, que habla y entiende las preocupaciones del hondureño medio.

Antes de terminar el programa Nasry Asfura hace la promesa de estar del lado del pueblo, Eduardo Maldonado lo bendice y él se persigna más. Al salir del canal, otro grupo espera a Papi, llevan banderas del Partido Nacional y gritan, "Que viva Papi a la orden’’. Decenas se abalanzan sobre Papi que sobresale por su estatura. Le entregan cartas con peticiones, a un lado una mujer llora y trata de acercarse al candidato. Al no poder, le grita: “Papi, mi hermana está secuestrada”, pero por el ruido de la gente Papi nunca la escucha. 

Nasry Asfura en el set de televisión de HCH donde recibió a un grupo de simpatizantes del Partido Nacional por el cual corre como candidato a presidente de Honduras. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Nasry Asfura en el set de televisión de HCH donde recibió a un grupo de simpatizantes del Partido Nacional por el cual corre como candidato a presidente de Honduras. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Papi, el candidato del partido en el poder, de 63 años, ha perseguido a los votantes más conservadores de su país, agitando la bandera religiosa y arengando contra el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y desempolvando viejos eslóganes de la guerra fría como el célebre “patria sí, comunismo, no”, y repitiendo hasta el cansancio los apellidos de viejos cucos de izquierda como Castro, Chávez y Ortega.

“Somos un país más pobre que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cuando la gente me dice que les da miedo que Honduras se convierta en uno de esos países, yo les digo que revisen sus indicadores, porque nosotros somos el segundo país más pobre del continente, sólo después de Haití, donde ha habido un terremoto y mataron al presidente”, reflexiona César Castillo, sociólogo y director de investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales (FLACSO).

El otro segmento al que el partido Nacional ha dirigido su campaña es a los más pobres, a los que ha intentado seducir con dádivas y regalos. Un par de semanas atrás el congreso, controlado mayoritariamente por el oficialismo, aprobó un desembolso de 1,300 millones de dólares para regalar dinero a destajo: en medio de las elecciones, el Gobierno regala a los habitantes de las comunidades más empobrecidas el llamado “bono bicentenario”, de unas 7,000 lempiras (un poco menos de 300 dólares) y la campaña de Papi le ha sacado el máximo provecho posible.

“Hay que decir que el partido Nacional es el mejor organizado y con más estructura a nivel nacional”, advierte el sociólogo.

Del lado de la oposición se respira optimismo, uno de los candidatos a diputados se pasea por las entrevistas televisivas pregonando que Libre está 16 puntos arriba en las encuestas. Sus encuestas, se entiende. También han deslizado de forma constante la preocupación por “otro” fraude electoral.

La candidata Xiomara Castro, de 62 años, tiene menos talento para las tablas, y su exposición a medios ha sido mucho más limitada que la de Papi. Se convirtió en una figura pública en 2009, cuando su esposo, el entonces presidente Manuel “Mel” Zelaya, fue derrocado por un golpe de estado orquestado por empresarios y militares que recelaban su giro a la izquierda. Ella lideró las protestas sociales que se desataron en todo el país y fue la cara pública del descontento.

En 2013 compitió por primera vez por la Presidencia y perdió contra el actual presidente del país.

Castro vive perseguida por la sombra de su esposo, fundador y líder indiscutible del partido, hábil negociador político y principal figura de oposición.

“Libre es Mel Zelaya. De todos es sabido que el hombre fuerte del partido es Mel, no se puede ocultar que quien maneja los hilos del partido es él”, asegura el sociólogo Castillo. La directora del observatorio de la violencia, Migdonia Ayestas, coincide con menos vehemencia: “Cualquiera que se ponga al lado de Mel va a ser opacado, pero en este caso creo que ella ha tomado la suficiente distancia de su esposo”, considera.

Libre encuentra su mayor respaldo entre los sectores progresistas de Honduras, fortalecido por los aterradores indicadores en casi todos los aspectos de la vida nacional, como la violencia –Honduras es el país con mayor tasa de homicidios de Centroamérica y el tercer país de América más violento–, la economía –es el segundo país más pobre del continente–, devastada por la corrupción rampante, por la pandemia mundial y por dos huracanes de categoría 4 que azotaron al país con una semana de diferencia en noviembre del año pasado.

La candidata de oposición también es respaldada por gran parte del empresariado de San Pedro Sula, principal motor económico del país, y por la clase obrera de esa ciudad, con una larga tradición de organización y sindicalismo, heredada desde el tiempo de las compañías bananeras.

Kevin Suazo y Cristian Corea venden banderas de los partidos en contienda en las elecciones generales de Honduras.
 
Kevin Suazo y Cristian Corea venden banderas de los partidos en contienda en las elecciones generales de Honduras. "Por el momento, de las que más hemos vendido son las del partido Libre", dijo Kevin. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Finalmente, Yani Rosental, perseguido siempre por el aura de delincuente y de colaborador del narco, aspira en realidad a conseguir suficientes diputados para convertir a la representación del partido Liberal en imprescindible a la hora de tomar decisiones en el Congreso. Sus acercamientos con el narcotráfico y su condena en Estados Unidos, que en casi cualquier otro país lo marcarían con la letra escarlata, no espantan ni sorprenden tanto a los hondureños, cuyo presidente ha sido señalado por testigos y fiscales estadounidenses como narcotraficante, en medio del juicio que condenó a su hermano a cadena perpetua por tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.

¿Qué pasará el día después de la elección?

Ninguna de las personas con las que El Faro conversó en Tegucigalpa espera que el lunes posterior a las votaciones haya paz. Periodistas, académicos y líderes de movimientos sociales temen que se repita el escenario de 2017.

“De no ganar la oposición, la sensación será que les han robado por tercera vez una elección, sumando el golpe de estado de 2009 y la elección pasada. Y por otro lado, el partido oficial está muy confiado en que su despliegue de recursos y su organización territorial los va a hacer ganar”.

Luego de una campaña polarizada hasta el extremo, en la que el oficialismo agitó el miedo al comunismo y llegó a representar a Xiomara Castro con un cuchillo apuñalando a una mujer embarazada, como parte de su campaña contra el aborto, es muy poco probable que el domingo alguien acepte pacíficamente la derrota y conceda la victoria a su rival.

Miriam Miranda, líder de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) es una de las líderes sociales más combativas y más respetadas en el país. Su organización vela por las luchas de una de las poblaciones más abandonadas y castigadas por el Estado hondureño: los garífunas. Miranda llegó a ser invitada para acompañar como candidata a la Vicepresidencia por varios partidos de oposición, incluyendo el que preside Xiomara Castro, pero ella mantiene un explícito y sonoro recelo frente al sistema de partidos de su país. Miranda no es la única persona decepcionada del sistema político: según el Latinobarómetro, solo el 42% de hondureños cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, el otro 58% asegura que le da igual, o incluso preferiría un régimen autoritario si este es capaz de solucionar sus problemas económicos. Eso último tiene particular importancia en un país que ha protagonizado todas las caravanas de migrantes que huyen de la pobreza y de la violencia. 

“La gente no cree en la democracia, porque para ellos la democracia es el político más cercano que ve en su pueblo, en su municipio y ve que es corrupto o violador de derechos humanos. ¿Cómo la gente va a creer en la democracia?”, se cuestiona Miranda. Actualmente hay 18 alcaldes hondureños vinculados por la débil fiscalía local a actividades criminales varias. Aparte, desde luego, del hecho de que el propio presidente de la república haya sido señalado como un importante pieza del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos durante el juicio contra su hermano en Nueva York.

“Hay que cambiar el sistema, ¿cómo es posible que personas vinculadas al narco sean candidatos? ¿Cómo es posible que haya diputados que tengan 40 años en el congreso haciendo leyes contra el pueblo? Hay que cambiar los procedimientos que usamos para que esa gente llegue al poder. Hay que repensar un pacto de convivencia entre los hondureños”, dice.

Aunque la líder garífuna cree que un triunfo del oficialismo sería catastrófico para su país, tampoco se hace muchas ilusiones con un eventual triunfo de Xiomara Castro: “Lo único que va a cambiar es que sería la primera mujer en ocupar la Presidencia de Honduras, nada más. Los grupos de poder que controlan el país no la van a dejar hacer cambios profundos”, cree y agrega: “Si no hay una base social sólida que defienda el cambio, que proteja a quien quiere hacer los cambios, eso no sirve… y eso no se ha construido”, lamenta.

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Centroamérica Sat, 27 Nov 2021 16:04:35 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/centroamerica/25871/Honduras-teme-a-sus-elecciones-generales.htm
Las bolsas de alimentos llegaron a Soyapango de la mano de Nuevas Ideas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000033913.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25870/Las-bolsas-de-alimentos-llegaron-a-Soyapango-de-la-mano-de-Nuevas-Ideas.htm A mediados de 2020, dos reporteros de El Faro atestiguaron la manera en que Nuevas Ideas sacó provecho de la entrega de paquetes de alimentos en Soyapango. En el populoso municipio, el reparto de paquetes lo controlaban dirigentes del partido y distintos militantes que aspiraban a un cargo de elección popular en las internas de Nuevas Ideas. Ellos admitieron que recibían órdenes del Ministerio de Gobernación, entonces dirigido por Mario Durán, actual alcalde de San Salvador. A las 9 de la mañana de aquel 12 de junio de 2020, decenas de hombres y mujeres entraban y salían presurosos el Centro Escolar Reino de Dinamarca, ubicado en el corazón de la populosa colonia Guadalupe de Soyapango. Cuando entraban, iban sin nada en las manos. Cuando salían, cargaban sacos blancos, paquetes llenos de alimentos que el Gobierno entonces repartía por todo el país para aliviar el hambre de los afectados por la cuarentena por la Covid-19. Los paquetes los cargaban en los distintos camiones que estaban estacionados afuera de la escuela y luego esos camiones recorrían las calles de Soyapango, para distribuir los alimentos.

Dos periodistas de El Faro presenciaron esta escena cuando el país cumplía casi tres meses de cuarentena y confirmaron que entre las personas que cargaban los paquetes había empleados de la Dirección General de Correos y otros a quien unos gafetes identificaban como empleados temporales del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Había otros que no tenían ni gafetes ni uniforme de la Dirección de Correos pero, igual que el resto, respondían a un solo jefe: Carlos Mauricio Canizales, el secretario municipal de Nuevas Ideas en Soyapango.

Los camiones repartidores tenían matrículas nacionales y logos de Correos en su carrocería. Esa es una dependencia del Ministerio de Gobernación, que en ese momento era dirigida por una de las personas de mayor confianza del presidente Nayib Bukele, Mario Durán, actual alcalde de San Salvador.

En el Centro Escolar Reino de Dinamarca, el coordinador de la logística era Carlos Mauricio Canizales, según confirmaron al menos seis fuentes consultadas en el lugar aquella mañana de junio: dos voluntarios que cargaban las bolsas, dos policías y un empleado de Correos. Hubo quienes mencionaron que junto con Canizales había un responsable por parte de Correos, pero nadie supo identificarlo. Cuando El Faro preguntó para qué institución trabajaba el señor Canizales, una de las fuentes respondió: "No sé, pregúntele a él".

Carlos Mauricio Canizales sigue siendo secretario municipal de Nuevas Ideas en Soyapango. Canizales era el encargado del centro de distribución de alimentos del Gobierno en el municipio en junio de 2020, cuando El Faro lo abordó para esta nota. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Carlos Mauricio Canizales sigue siendo secretario municipal de Nuevas Ideas en Soyapango. Canizales era el encargado del centro de distribución de alimentos del Gobierno en el municipio en junio de 2020, cuando El Faro lo abordó para esta nota. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Carlos Mauricio Canizales portaba un gafete del PES en la camisa y cargaba consigo una tabla portapapeles. Cuando se le preguntó si su presencia era a título de secretario municipal de Nuevas Ideas o de empleado de Gobierno, Canizales respondió que estaba ahí "como voluntario". Luego agregó que no estaba autorizado para dar entrevistas.

Dos días más tarde, el 14 de junio, Nuevas Ideas inscribió a más de 7,000 aspirantes a candidaturas para diputaciones y alcaldías para los comicios que se llevarían a cabo ocho meses después, en febrero de 2021. Entre los miles y miles que se inscribieron como precandidatos de Nuevas Ideas estaban algunos que en Soyapango se dedicaron a la distribución de los paquetes PES. Canizales ahora está contratado como asesor del despacho en la alcaldía que Nuevas Ideas ganó en esas elecciones.

Desde Gobernación hasta Altos de Santa Anita

Una semana antes de que El Faro contactara a Canizales en la escuela de la colonia Guadalupe, una protesta de vecinos de la colonia Altos de Santa Anita con banderas blancas reveló la manera en que el partido de Bukele coordinaba las labores de distribución de los paquetes del PES. El sábado 6 de junio, justo después del azote por las lluvias de la tormenta Amanda, habían transcurrido casi 80 días de la cuarentena y los vecinos de Altos de Santa Anita llamaron a los medios de comunicación para que cubrieran la protesta. Cerca de las 11 de la mañana, alertado por las noticias en redes, un joven de nombre Roberto Carranza llegó a la comunidad y dijo que su misión era aliviar los clamores de la gente. Carranza portaba un intercomunicador de radio tipo walkie-talkie y también se comunicaba por celular: “Decile a Canizales que sí, que aquí está la gente y que sí tienen necesidad”.

Pregunté a Carranza si había llegado en nombre de alguna institución de Gobierno pero respondió que no, que él era el responsable de Nuevas Ideas para esa zona de Soyapango. En sus declaraciones, criticó a la alcaldía que entonces gobernaba Arena y que, según él, no había enviado ayuda a la gente necesitada. Dijo que tampoco el Ejecutivo había entregado nada, pero dio a entender que eso estaba por cambiar y que por eso él estaba ahí, para tratar de corregir la ausencia estatal. “El Gobierno está haciendo su parte, pero hay lineamientos que se siguen para poder trasladar la ayuda”, me dijo.

Al preguntarle qué respuesta había recibido a su solicitud de ayuda, Carranza explicó que el coordinador del centro de acopio, o sea Canizales, aún no había recibido el lineamiento para enviar la ayuda a Altos de Santa Anita. “El responsable es Mauricio Canizales, y el centro de distribución está en el Centro Escolar Reino de Dinamarca”, dijo. Pregunté si Canizales era del partido Nuevas Ideas y Carranza respondió que sí. “Pero esta ayuda la estamos haciendo por humanidad, para ayudar a la gente que de verdad lo necesita”, respondió. Se le preguntó si no le resultaba un conflicto que figuras de Nuevas Ideas repartieran ayuda pagada con fondos públicos. La Constitución en su artículo 218 prohíbe a los funcionarios hacer proselitismo o usar recursos estatales para favorecer a un partido político.

Es difícil saber cuánto ha gastado el Gobierno para la entrega de alimentos, sobre todo porque la principal oficina involucrada, el Ministerio de Gobernación, aseguró en diciembre de 2020, en una respuesta a una solicitud de información ciudadana, que no tenía datos al respecto. El Ministerio de Agricultura, por el contrario, confirmó (a través de otra respuesta de información pública) que había recibido 189 millones de dólares de Gobernación, específicamente, del Fondo de Protección Civil para la prevención y mitigación de desastres (Fopromid). En redes sociales la información ha sido variopinta. El costo de cada paquete de alimentos, según tuits de Bukele, ha oscilado entre 35 y 50 dólares. En abril de 2020 dijo que se repartirían 1.7 millones de paquetes y que el costo individual era 50 dólares. En julio de 2021, anunció la entrega de 2.1 millones de paquetes más y en un video que compartió se decía que el costo era de $39.93 .

Aquel muchacho, Roberto Carranza, era por entonces un aspirante a miembro del concejo municipal de Soyapango. En Altos de Santa Anita, directivos de la comunidad explicaron que Carranza se presentó, el día 6 de junio, como aspirante a concejal. En ese momento, estaba en campaña. El 14 de junio, Carranza confirmó en sus redes sociales que se inscribiría en las internas de Nuevas Ideas. Las 300 familias de Altos de Santa Anita recibieron los paquetes de Bienestar Social seis días después de la protesta de banderas blancas. Según la directiva, Carranza no se hizo presente ese día y quienes entregaron la ayuda eran empleados del Gobierno.

En las internas de Nuevas Ideas, Carranza y su planilla perdieron y ganó quien ahora es la alcaldesa del municipio, Nercy Montano. Ella contrató a Canizales como asesor, según un documento oficial de la municipalidad, disponible en su sitio de transparencia .

A Canizales y Carranza se les puede ver en fotografías y videos publicados por cuentas de redes sociales que llevan por nombre “Nuevas Ideas Soyapango” y que suelen publicar asuntos partidarios (comunicados, convocatorias, acciones de campo) y las acciones de Gobierno central.

Una hora después la conversación en Altos de Santa Anita, Carranza llamó al celular de uno de los periodistas de El Faro para pedir que no se subiera un video con su declaraciones. Según explicó, “ya había averiguado bien” y Canizales no coordinaba nada en el centro de acopio de la colonia Guadalupe sino que solo “recibía órdenes de los funcionarios del Ministerio de Gobernación”. Cuando El Faro le preguntó cuál era el cargo de Canizales, Carranza dijo que él y otras personas que están colaborando solo eran “líderes comunitarios”.

El Faro intentó, a mediados de junio de 2020, obtener una reacción del entonces director general de Correos, Franklin Castro, pero la persona encargada de comunicaciones explicó que toda gestión de entrevista se debe tramitar en la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Este periódico buscó respuestas a través de Ernesto Sanabria, secretario de Prensa y Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones, pero ninguno contestó la petición hecha. El presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah, no contestó la llamada ni los mensajes dejados en su celular. También se buscó al entonces ministro Durán y su entonces viceministro Agustín Hernández, pero ninguno atendió ni las llamadas ni los mensajes.

En redes sociales, la cuenta de Twitter del partido Nuevas Ideas también sacó provecho de los favores del Gobierno y los paquetes de alimentos. A las 10:17 a.m. desde la cuenta @nuevasideas , se difundió la imagen de un soldado con mascarilla y fusil, entregando una bolsa de Bienestar Social a una mujer mayor. “¡Todo es posible!”, decía el texto que acompañaba la imagen.

“Nosotros solo obedecemos órdenes de Gobernación”

El viernes 12 de junio de 2020, Canizales se mostró esquivo para hablar con periodistas. A través de una tercera persona mandó a decir que no tenía tiempo para hablar porque estaba en una reunión, que estaba ocupado. Minutos más tarde, El Faro lo esperaba en la entrada de la escuela, Canizales salió, miró de reojo a los periodistas y siguió caminando.

—Buenos días, señor Canizales, quisiera una entrevista con usted, soy periodista.

—No estoy autorizado a dar declaraciones.

—Pero usted es el coordinador y responsable de este lugar, según lo que todo mundo me dice aquí

—Pues todos ellos se equivocan- dijo Canizales, al tiempo que siguió caminando hacia el exterior de la escuela.

Carlos Mauricio Canizales secretario municipal de Nuevas Ideas pide a un agente policial que impida el ingreso de periodistas de El Faro al centro escolar donde  funcionaba el centro de distribución de alimentos en Soyapango, el 12 de junio de 2020. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Carlos Mauricio Canizales secretario municipal de Nuevas Ideas pide a un agente policial que impida el ingreso de periodistas de El Faro al centro escolar donde  funcionaba el centro de distribución de alimentos en Soyapango, el 12 de junio de 2020. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Acto seguido, a pesar de haber dicho que no era el responsable del lugar, se acercó al fotoperiodista de este medio y le dijo que tenía prohibido tomar fotografías. Después habló con policías y les dio la indicación de no dejar entrar a nadie no autorizado a la escuela. Canizales portaba un gafete que lo identificaba como parte del personal del programa PES.

—¿Usted qué cargo tiene aquí? -volvió a preguntarle El Faro, esta vez afuera de la escuela.

—Yo solo soy un voluntario.

—Pero usted es el secretario municipal de Nuevas Ideas.

—Pero eso no tiene nada que ver. Ya le dije que yo soy voluntario y no puedo dar declaraciones, no estoy autorizado -dijo.

El Faro le preguntó quién era el responsable, y en un primer momento Canizales dijo que no podía dar esa información. En un segundo momento, ante las repreguntas, Canizales se comprometió a llamar a la persona responsable de la Dirección de Correos que estaba ahí en la escuela. Minutos más tarde apareció con una persona que no se identificó, pero que portaba un gafete de Correos. “Nosotros solo obedecemos órdenes de Gobernación”, dijo esta segunda persona.

—¿Usted me puede decir quién es esta persona que tiene a la par? -preguntó El Faro al empleado de Correos.

—Eso pregúnteselo a él -respondió el empleado.

En ese momento, Canizales volvió a mencionar que él solo era un voluntario que se había inscrito en la página habilitada por el Gobierno para ese fin (la página está disponible en https://heroes.covid19.gob.sv/ ) y que no podía dar entrevistas.

En el centro escolar, más voluntarios que hablaron con El Faro explicaron que Canizales estaba distribuyendo los paquetes alimenticios solo en algunas colonias de su preferencia. Sonia, una líder de la colonia Las Margaritas que llevó a casi un centenar de jóvenes para cargar bolsas, dijo que Canizales estaba usando la ayuda del Gobierno para que candidatos a la alcaldía de Soyapango hicieran campaña. Sonia se quejaba de que las bolsas tardarían en llegar a Las Margaritas a pesar de que gente de la comunidad estaba acarreando los bultos.

Durán era, en junio de 2020, uno de los miembros más importantes del partido Nuevas Ideas, pues tres meses antes había sido elegido como uno de los seis miembros del Consejo Nacional . Además, fue el segundo personaje más votado después de María Chichilco, actual Ministra de Desarrollo Local. Durán también fue socio fundador de Nuevas Ideas, y acompaña a Bukele desde 2012, cuando el ahora presidente lanzó el canal TVX . Durán fue de los primeros presentadores que tuvo ese canal televisivo. Luego, en 2015, formó parte del concejo municipal de la alcaldía de San Salvador mientras el alcalde era Bukele; y también fue de los militantes que desertó del FMLN casi al mismo tiempo en el que Bukele salió expulsado. Luego fue nombrado ministro de Gobernación y ahora es el alcalde capitalino hasta 2024.

El centro escolar Reino de Dinamarca, en Soyapango, funcionó como centro de distribución de paquetes alimenticios del Gobierno para las familias del municipio. En el lugar, el 12 de junio de 2020, un dirigente municipal del partido Nuevas Ideas hacía las funciones de coordinador. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
El centro escolar Reino de Dinamarca, en Soyapango, funcionó como centro de distribución de paquetes alimenticios del Gobierno para las familias del municipio. En el lugar, el 12 de junio de 2020, un dirigente municipal del partido Nuevas Ideas hacía las funciones de coordinador. Foto de El Faro: Carlos Barrera

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El Salvador Fri, 26 Nov 2021 20:09:56 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25870/Las-bolsas-de-alimentos-llegaron-a-Soyapango-de-la-mano-de-Nuevas-Ideas.htm
Investigación Catedral concluyó que Mario Durán y Nuevas Ideas usaron el PES para campaña http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_5091_3394/images%7Ccms-image-000036704.JPG https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25828/Investigación-Catedral-concluyó-que-Mario-Durán-y-Nuevas-Ideas-usaron-el-PES-para-campaña.htm El alcalde de San Salvador y exministro de Gobernación, Mario Durán, participó en una trama para desviar paquetes de alimentos para los afectados de la pandemia hacia su campaña, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, según una investigación de la Fiscalía anterior. Según Catedral, su asistente y ahora concejal, Michelle Castro, coordinó trasegar los paquetes para que no aparecieran los logos del Gobierno. El Faro tiene nuevos documentos de la trama de corrupción que, con información de escuchas telefónicas, apunta al uso de reos para descargar alimentos del PES en favor de la campaña de Durán. El PES, concluyeron los fiscales del Grupo Especial Antimafia, desmantelado por la actual administración, era un programa sin manuales, sin aclarar cuáles eran las instituciones participantes y sin documentos que detallaran cómo se ejecutaba. Más de seis meses de escuchas telefónicas permitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir que el Gobierno de Nayib Bukele utilizó miles de paquetes de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para beneficiar al partido Nuevas Ideas durante las elecciones municipales y legislativas de febrero 2021. La Fiscalía perfiló que la cúpula de Nuevas Ideas y los asesores venezolanos que no tienen un cargo oficial en el Gobierno estuvieron a cargo de la compra y distribución, mientras que otros mandos medios del Ejecutivo coordinaron con estructuras municipales del partido el reparto de la ayuda. Los fiscales que investigaban la corrupción del Gobierno de Bukele calificaron al PES como un “proyecto de acumulación de poder con finalidad política partidaria” y determinaron que la campaña del ahora alcalde de San Salvador, Mario Durán, fue uno de los casos insignias del abuso de recursos estatales con fines electorales.

La conclusión de que Nuevas Ideas utilizó recursos públicos para potenciar la campaña está consignada en documentos de “Catedral”, un expediente fiscal que tenía tres líneas de investigación: la corrupción en la Dirección General de Centros Penales, a cargo de Osiris Luna; la negociación del Gobierno con las tres principales pandillas del país, a cargo del director de Tejido Social, Carlos Marroquín; y la compra y distribución de paquetes del PES. Los fiscales elaboraron una presentación PowerPoint con los hallazgos más importantes de las pesquisas, la cual fue presentada por el Grupo Especial Antimafia (GEA) al exfiscal general, Raúl Melara, a finales de abril de 2021, justo una semana antes de ser destituido por la Asamblea Legislativa que controla Nuevas Ideas. El Faro tiene una copia de esa presentación. Cuando en agosto de este año se preguntó al fiscal Melara sobre esa información, su respuesta fue: "Prefiero no emitir comentarios". 

Este periódico obtuvo nuevo material relacionado al caso. Se trata de información de una segunda presentación que el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) de la Fiscalía elaboró para la investigación Catedral. En este documento hay una serie de cuadros con información que resumen cómo Mario Edgardo Durán Gavidia, entonces candidato a alcalde de San Salvador, utilizó paquetes alimenticios del Ministerio de Gobernación, para entregarlos a sus posibles votantes de San Salvador. También dan cuenta de cómo una comitiva de funcionarios de diferentes instituciones del Gobierno se organizaron para ayudar a repartir alimentos a su favor. En este segundo informe se ubica a Durán diciendo frases como:  “Los paquetes dicen Gobernación y no quisiera que alguien les tomara fotos. Hay que reempacar en la oficina”. En la investigación también se asegura que el director de Penales, Osiris Luna, puso a 200 reos a trabajar en el traslado de bolsas de alimentos en favor de la campaña de Durán.

En los documentos obtenidos por este periódico aparece mencionado de manera general que la anterior Fiscalía planeaba imputar a los funcionarios y empleados involucrados en el caso PES los delitos de actos arbitrarios, peculado, organizaciones ilícitas y tráfico de personas en modalidad de explotación. El asesor fiscal que detalló la investigación para este medio explicó que, en el caso de Mario Durán, el GEA encontró suficientes indicios para acusarlo por los cuatro delitos, incluyendo el de tráfico de personas, porque “él resultó beneficiado” del trabajo que realizaron los privados de libertad durante su campaña.

Según las fuentes de El Faro, todos estos documentos y muchos más quedaron en la Fiscalía tras la destitución del exfiscal Melara. El Faro contactó a la oficina de prensa de la Fiscalía el mediodía de este viernes 26 de noviembre, pero aunque recibieron la llamada y se les explicó el contenido de la investigación, hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.

Mario Durán, entonces candidato a alcalde de San Salvador, llegó a votar al Instituto Nacional Manuel José Arce, del barrio San Jacinto, el 28 de febrero de 2021. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Mario Durán, entonces candidato a alcalde de San Salvador, llegó a votar al Instituto Nacional Manuel José Arce, del barrio San Jacinto, el 28 de febrero de 2021. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Durán fue nombrado ministro de Gobernación el primero de junio de 2019 y renunció a su cargo el 20 de noviembre de 2020 para inscribirse como candidato a alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas. La capital era gobernada por Ernesto Muyshondt, uno de los hombres fuertes de Arena, el partido tradicional de derecha que buscaba la reelección para tratar de contrarrestar la aplastante popularidad de Bukele, que servía de manto protector a los candidatos de Nuevas Ideas. Según la investigación de la Fiscalía, el partido del presidente Bukele le apostó a ganar la principal ciudad del país. Para comprender mejor la presentación del CITE, El Faro consultó a un asesor fiscal con conocimiento de la investigación, quien pidió anonimato por temor a represalias, y dijo que “hubo un vuelco de todos los esfuerzos por ganar esa alcaldía”. La fuente agregó que para derrotar a Muyshondt: “Todos (funcionarios y empleados del Gobierno) estaban a disposición de Mario Durán”.

El Faro también conversó con un asesor sobre Centroamérica para el Gobierno estadounidense de Joe Biden, que fungió como tal durante el periodo de la investigación Catedral. Según este asesor, producto de la cooperación entre la Embajada en El Salvador y la Fiscalía (dirigida por Melara), la representación estadounidense conocía del contenido de la investigación "Catedral" y en concreto sobre el uso político de las ayudas alimentarias. Agregó que el caso también era del conocimiento de la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (Cicíes), que fue desmantelada por Bukele en junio de este 2021. La tarde de este viernes 26 de noviembre, El Faro llamó al teléfono móvil de Ronalth Ochaeta, quien fue comisionado de la Cicíes, pero no hubo respuesta. Se dejó un mensaje de texto, pero tampoco hubo respuesta. 

De acuerdo a la información fiscal obtenida gracias a las escuchas del CITE y según confirma el asesor fiscal, Durán y Michelle Alejandra Castro Amaya, ahora concejal de la Alcaldía de San Salvador, ordenaron destinar sacos de comida para su campaña política. Por ejemplo, en una de las láminas del CITE puede verse la triangulación de llamadas que involucran a Michelle Castro y Mario Durán con otros subalternos para sacar paquetes alimenticios de la bodega de Zapotitán, La Libertad,  y repartirlos con fines políticos. Michelle Castro fue oficialmente jefa del despacho ministerial cuando Durán ejerció como ministro de Gobernación. La fuente fiscal la describe como la “persona que giraba las órdenes” para la entrega irregular de alimentos.

La información fiscal en poder de El Faro incluye la fecha de inicio de las escuchas al entorno de Durán: el 4 de noviembre de 2020. En el documento, sin embargo, no aparece cuando finalizó la intervención telefónica.

Esta es una de las láminas elaboradas por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) de la Fiscalía. Según las minutas de las escuchas telefónicas, realizadas entre noviembre de 2020 y febrero 2021, Mario Durán, exministro de gobernación y actual alcalde de San Salvador, usó recursos del Estado para su campaña electoral.
 
Esta es una de las láminas elaboradas por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) de la Fiscalía. Según las minutas de las escuchas telefónicas, realizadas entre noviembre de 2020 y febrero 2021, Mario Durán, exministro de gobernación y actual alcalde de San Salvador, usó recursos del Estado para su campaña electoral.

En otras láminas de la presentación del CITE queda explícito que las escuchas incluyeron al ministro de Trabajo, Rolando Castro, y a Osiris Luna Meza, director de Centros Penales. También al exviceministro de Gobernación, Agustín Salvador Hernández Ventura Chacón, quien según la información cumplió el mismo papel: aprovecharse de los recursos del Estado para impulsar la imagen de Durán de cara a las elecciones.

En el caso del ministro Castro, Catedral consigna que Michelle le dio instrucciones para que se le entregaran paquetes alimenticios y los repartiera en nombre de Durán. Según los documentos, eso ocurrió luego de una reunión que Germán Alejandro Muñoz Herrera, exconcejal de la Alcaldía de San Salvador durante la administración de Muyshondt, sostuvo con el ministro Castro. Actualmente, Muñoz es el encargado de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador.

Esta es otra de las láminas que concentran información reunida por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, y donde se sitúa al ministro de TRabajo, Rolando Castro, como parte de la trama para apoyar, a través de recursos del Estado, la candidatura del actual alcalde de San Salvador, Mario Durán. 
 
Esta es otra de las láminas que concentran información reunida por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, y donde se sitúa al ministro de TRabajo, Rolando Castro, como parte de la trama para apoyar, a través de recursos del Estado, la candidatura del actual alcalde de San Salvador, Mario Durán. 

De acuerdo con la investigación, de la que la actual adminitración de la Fiscalía no ha dicho nada, Osiris Luna ordenó que reos en fase de confianza ayudaran a descargar paquetes con alimentos y otras actividades referentes a la campaña electoral. “Vamos a apoyar al Gobierno. Vamos con todo para el 2021”, dijo a una persona identificada como “René” en una llamada telefónica fechada el 24 de noviembre de 2020, según aparece consignado en una de las láminas.

A finales de diciembre de 2020, los fiscales también intervinieron conversaciones entre Franklin Alberto Castro Rodríguez y el exconcejal Germán Muñoz, en las que hablaban sobre la entrega de cajas de alimentos en comunidades para beneficiar la campaña de Durán. Franklin Castro fue director de Correos, coordinador del PES y viceministro de Gobernación tras la renuncia de Durán. En octubre de 2021, el Gobierno apoyó la postulación de Franklin Castro a un cargo internacional: secretario general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, una organización que promueve la prestación del servicio postal, cargo en el extranjero que asumirá en enero del próximo año.

Aunque Franklin Castro fue uno de los coordinadores oficiales del PES, la investigación Catedral revela que el manejo real del programa estuvo en manos de personas sin nombramiento oficial en el Gobierno, como la venezolana Sarah Abdel Karim Hanna Georges; la comisionada Carolina Recinos y Xavier Eduardo Zablah Bukele, conocido como Xavi, el presidente de Nuevas Ideas y primo del presidente Bukele. Ellos no firmaron documentos relacionados a las compras ni al nombramiento de funcionarios que ejecutaron el PES, pero la investigación asegura que tuvieron “injerencia” en el programa. “Hay personas que están fuera de la estructura gubernamental (…) su función es la labor de coordinación entre ministerios para el cumplimiento de las directrices, fueran estas conformes o no con el contenido y las finalidades legales”, dice el documento de la Fiscalía.

Esta es parte de la información obtenida por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones y presentada al grupo de fiscales que trabajaron el caso Catedral. En esta lámina se ofrecía información sobre el uso de privados de libertad para descargar alimentos del PES que luego serían repartidos como parte de la campaña de Mario Durán. 
 
Esta es parte de la información obtenida por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones y presentada al grupo de fiscales que trabajaron el caso Catedral. En esta lámina se ofrecía información sobre el uso de privados de libertad para descargar alimentos del PES que luego serían repartidos como parte de la campaña de Mario Durán. 

Los fiscales elaboraron un organigrama con nombres de 40 personas investigadas por anomalías en las compras y distribución de los alimentos: jefes de unidades de diversos ministerios, gerentes, directores, asesores, viceministros y ministros, así como otro grupo de gente sin cargo oficial, familiares o allegados de altos funcionarios. El organigrama describe una “línea de mando” que los fiscales hicieron a partir de las escuchas telefónicas, debido a la nula documentación oficial sobre el manejo del PES, que arrojó una de las conclusiones más contundentes de la investigación: “Durante el transcurso de la intervención (telefónica) se captó que el PES no tiene existencia formal”.

El PES era un programa sin manuales, sin aclarar cuáles eran las instituciones participantes y sin documentos que detallaran cómo se ejecutaba. “En las redes sociales del Órgano Ejecutivo, se publicó sobre la entrega de los paquetes alimenticios, haciendo referencia que eran del desarrollo del PES, pero en ningún sitio se publicó el texto del programa (…) Nunca existió regulación formal alguna sobre sus objetivos, sus participantes, forma de ejecución y la administración general del mismo. En un primer momento, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) negó conocer el contenido del PES”, escribieron los fiscales en los documentos en poder de este medio.

Este caso, como toda la investigación Catedral, fue dirigida por el exfiscal Germán Arriaza, que creó el GEA con fiscales que se encontraban en las unidades de crimen organizado y anticorrupción, y exclusivamente para investigar al Gobierno de Bukele. De acuerdo con tres fuentes fiscales, la nueva administración de la Fiscalía eliminó dicho grupo de investigación después de que Arriaza renunciara a su cargo como jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía tras la llegada del fiscal impuesto por el bukelismo. El Faro habló este viernes 26 de noviembre con el exfiscal Arriaza sobre la investigación, pero él contestó: “prefiero no emitir comentarios”. De igual forma se buscó a Melara, el exfiscal general, pero este día no atendió las llamadas.

Ante la falta de un marco legal, el cual debió ser elaborado por el MAG o por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el programa estuvo seis meses sin una persona que oficialmente fuera responsable y fue manejado por coordinadores “de hecho” que no tenían un nombramiento oficial: Carolina Recinos, la venezolana Sarah Hanna y Xavi Zablah. Según el asesor fiscal entrevistado por El Faro, Xavi Zablah también toma decisiones en el Gobierno y no solo en el partido Nuevas Ideas.

El PES fue anunciado oficialmente en la cuenta de Twitter del presidente Bukele el 24 de abril de 2020. Seis meses después, el cinco de octubre de 2020, la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (formada por ocho ministerios, la Policía y la Dirección de Protección Civil) nombró como coordinador nacional Ad Honorem del PES a Franklin Castro, exdirector de Correos.

La investigación Catedral concluyó que la falta de nombramiento de Xavi Zablah y de Sara Hanna es un “mecanismo” para evitar cuestionamientos a futuro. Es decir, los familiares y allegados de Bukele son operadores que tienen poder de decisión, pero no son responsables de los resultados. Ellos deciden cómo se manejan recursos públicos, pero no hay Corte de Cuentas que pueda hacerles ningún reclamo, porque oficialmente no son funcionarios.

Desde la mañana del 26 de noviembre de 2021, El Faro envió correos electrónicos, llamó y dejó mensajes telefónicos a siete funcionarios y empleados públicos que aparecen en la investigación de la Fiscalía. Además, se llamó a las oficinas de comunicaciones de Casa Presidencial, Ministerio de Trabajo, Nuevas Ideas y Alcaldía de San Salvador para obtener una versión oficial. Al cierre de esta nota, solo tres de las siete personas investigadas habían respondido. “No tengo una opinión, ni quisiera comentar nada al respecto”, respondió la concejal Michelle Castro. “Desconozco quiénes autorizaban los ingresos y salidas de los alimentos. Eso no era una competencia del viceministro, esos papeles no pasaban por mí, yo no podía dar la orden porque eso era competencia de otras unidades administrativas”, dijo Agustín Hernández, el exviceministro de Gobernación. El exconcejal de la Alcaldía de San Salvador, Germán Muñoz respondió: “No puedo dar opinión porque no me consta la procedencia de dónde llama”.

“1,800 bolsas para la campaña de Mario Durán”

La lámina titulada “Entrega de raciones de alimentos de MINDEL (Ministerio de Desarrollo Local) a favor de la campaña de Mario Durán” describe cómo el candidato, su asistente Michelle Castro y el exviceministro Agustín Hernández se organizaron para que empleados sacaran de una bodega en Zapotitán 1,800 paquetes y los colocaran en tres camiones de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, para repartirlos en una actividad electoral en la colonia Iberia, en San Salvador, el 19 y 20 de diciembre de 2020.

Michelle Castro, actual concejal de la Alcaldía de San Salvador, durante entrega de paquetes alimentarios en las comunidades de San Salvador. Foto de El Faro: Redes sociales de Michelle Castro. 
 
Michelle Castro, actual concejal de la Alcaldía de San Salvador, durante entrega de paquetes alimentarios en las comunidades de San Salvador. Foto de El Faro: Redes sociales de Michelle Castro. 

La bodega de Zapotitán, ubicada en el kilómetro 33 y medio de la carretera hacia Santa Ana, es el lugar donde el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) guardó 9,234 quintales de maíz blanco, 6,925 quintales de arroz blanco, 2,308 quintales de frijol rojo, 1,847 sacos de azúcar morena, 46,168 botellas de aceite, 462 quintales de sal y 92,336 paquetes de espagueti, según los documentos de Catedral. La presidenta del FISDL, María Chichilco, pagó $973,199.60 por los alimentos y firmó un convenio con el Ministerio de Gobernación para que esta dependencia organizara la entrega de las raciones a las familias afectadas por la pandemia.

No todos los alimentos llegaron a su destino. El 20 de febrero de 2021, la Fiscalía encontró un faltante de 597 quintales de arroz blanco en la bodega de Zapotitán, la mayoría de los cuales (500 quintales) fueron vendidos por el director de penales, Osiris Luna, a un comerciante con antecedentes penales, según la misma investigación Catedral, que incluso anexó imágenes de los camiones donde se dio el traslado de alimentos. Y esa no es la única anomalía. La nueva información recolectada por El Faro revela que otra gran parte de los alimentos se desvió para la campaña electoral de Durán.

La Fiscalía intervino las llamadas de Durán, Michelle Castro y Agustín Hernández el 18 de diciembre de 2020. Ese día, y a diferentes horas, los tres hablaron sobre los paquetes de la bodega de Zapotitan. Los fiscales colocaron en el informe las frases que más destacaban sobre el caso, explicó el asesor fiscal.

En la primera línea de una de las láminas aparece Durán, quien tuvo comunicación con Michelle Castro. El documento consigna que el candidato dijo la siguiente frase a las 4:14 de la tarde: “Los paquetes dicen Gobernación y no quisiera que alguien les tomara fotos. Hay que reempacar en la oficina”. Minutos más tarde, agregó que “400 paquetes tenían que cargarse ahí en Zapotitán porque un camión no sirve. Hay que pedir apoyarse con la Fuerza Armada”.

Luego, la diapositiva muestra unos mensajes que recibió y envió Michelle Castro el 18 de diciembre a las 10:40 de la mañana: “¿cómo salía mejor empacar?”, preguntó Agustín Hernández y ella respondió que “metían el saco a la otra bolsa”. Luego, a las 4:52 de la tarde, coordinó con una persona que dos camiones de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social llegarían por los paquetes a la bodega de Zapotitan para posteriormente repartirlos en una colonia de San Salvador. “Las entregas serán en la “Iberia” el 19 y 20 de diciembre apoyados por los de Tejido Social”. 

Sobre el uso propagandístico de los alimentos estaba enterado el exviceministro Agustín Hernández, según la Fiscalía. “En Zapotitán hay 800 bolsas azules de Gobernación. Ese te la mando así?”, preguntó el exfuncionario a Michelle Castro el 18 de diciembre a las 11:04 de la mañana. El funcionario también coordinó por medio de otra empleada la salida de los paquetes desde la bodega hasta la Iberia. “El vice me pidió que coordine contigo. Tengo tres camiones dos 200 bolsas y uno más con 400”, según la comunicación que la Fiscalía interceptó a las 4:43 de la tarde.

Ese día, justamente, Agustín Hernández dejó de ser viceministro de Gobernación y se convirtió en viceministro de Desarrollo Local.  “Con toda honestidad le digo: yo no era el encargado de bodegas. No hay documentación que yo haya firmado porque no era mi competencia”, dijo Hernández este viernes 26 de noviembre. El Faro preguntó al exviceministro por qué su nombre aparece en unas láminas con conversaciones explícitas sobre el traslado de alimentos: “Se me puede haber delegado el transporte, pero esa responsabilidad era trasladar (los paquetes) de un punto A a un punto B, nada más. Desconozco quiénes autorizaban la salida o entrada (de los paquetes) a la bodega”, dijo.

El pacto con Rolando Castro

Según la investigación fiscal, Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, fue clave en la campaña de Durán, pues recibió paquetes alimenticios para repartirlos en nombre del entonces candidato a alcalde por Nuevas Ideas.

En los documentos consta que la trama de este trato respaldado por Xavier Zablah comenzó con una llamada telefónica que el concejal Germán Muñoz realizó a Michelle Castro, el 23 de diciembre, a las 4:17 de la tarde. “Comentó que había estado reunido con el ministro (Rolando) el ''Candidato” y ''Xavi” para apoyar en la distribución de 4,000 a nombre de Mario (sic)”, se lee en la lámina titulada “Apoyo del Ministerio de Trabajo a la campaña electoral de Mario Durán”. En ese mismo documento está consignado que el ministro llamó en la misma fecha a Michelle Castro para reiterar su apoyo al candidato.

Rolando Castro era pieza importante en el mapa político de la capital porque, como líder de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), controlaba dos temas importantes: la negociación sindical y la recolección de la basura. Castro comenzó a trabajar como jardinero en la Alcaldía de San Salvador en 1991 y, tres años más tarde, se convirtió en líder de ASTRAM. Entre el 2013 y 2015, según sus declaraciones de renta, el ministro Rolando Castro trabajaba para la Alcaldía capitalina y, al mismo tiempo, cobraba en la Alcaldía de Mejicanos que gobernaba la arenera Juana de Pacas, quien lo acusó de boicotear la recolección de basura en ese municipio.

En 2018, Castro apoyó la candidatura municipal del arenero Muyshondt y la precandidatura presidencial del también arenero Norman Quijano. “El mejor alcalde de este país se llama Dr. Norman Quijano. El único hombre capaz de haber derrotado a Nayib Bukele es el Dr. Norman Quijano”, decía por aquel entonces. Un año después, Bukele nombró al líder de ASTRAM como ministro de Trabajo. En la antesala de las elecciones 2021, la alianza entre Muyshondt y Castro estaba rota: ASTRAM realizó múltiples protestas contra el alcalde, a quien acusaban de no pagar $5.4 millones de las cuotas laborales de los trabajadores, y bloqueó el ingreso de los camiones recolectores de basura al botadero de Nejapa; Muyshondt respondía que ASTRAM era una “mafia” con plazas fantasmas en la Alcaldía.

Muyshondt fue capturado el 4 de junio de 2021. Tras obtener una resolución que le favorecía, en septiembre de ese mismo año, la Fiscalía giró una segunda orden de captura por la retención de cuotas. Luego, diferentes instancias de gobierno se negaron a cumplir la orden de una Cámara que ordenaba su arresto domiciliar. El exalcalde sigue preso, pese a los fallos judiciales que le favorecen. “Enfrenté a un régimen dictarorial y autoritario, que envió turbas criminales de un ministro de trabajo delincuente, un Fiscal títere del Gobierno (…) Hoy soy preso político”, escribió en Twitter, el día de su captura.

Una de las organizaciones que criticaba la gestión de Muyshondt y que exaltaba la labor del ministro de trabajo era el Movimiento Social Comunitario, dirigido por Germán Muñoz, el concejal que se reunió con el presidente de Nuevas Ideas. En 1987, Muñoz comenzó a trabajar como recolector de basura para la Alcaldía de San Salvador y, después de dos décadas, fue nombrado jefe del Departamento de Limpieza Territorial. En el 2015 fue electo noveno regidor de la Alcaldía de San Salvador, gracias a la coalición Arena-PDC; mientras que para las elecciones de 2018 fue electo tercer regidor por Arena. En la víspera de la navidad del 2020, Germán Muñoz ya había cambiado de bando político y trabajaba de lleno en la campaña de Durán.

Esta fotografía de Rolando Castro y Germán Muñoz, miembros del Movimiento Social Comunitario (MSC), fue tomada en diciembre de 2016. Muñoz era concejal por la coalición Arena-PDC y, en el 2018, fue electo por Arena. Para la campaña 2021 endosó su apoyo al candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán. Foto de El Faro: redes sociales del MSC.
 
Esta fotografía de Rolando Castro y Germán Muñoz, miembros del Movimiento Social Comunitario (MSC), fue tomada en diciembre de 2016. Muñoz era concejal por la coalición Arena-PDC y, en el 2018, fue electo por Arena. Para la campaña 2021 endosó su apoyo al candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán. Foto de El Faro: redes sociales del MSC.

El asesor fiscal explicó que la Fiscalía pudo confirmar la reunión porque intervinieron las llamadas telefónicas de Michelle Castro y Muñoz. En el documento no aparece fecha ni lugar donde Michelle Castro ordenó la entrega de los paquetes. Lo que sí existe es un extracto de una conversación telefónica que ella tuvo con una persona identificada como "Mayo”, en la cual la Fiscalía asegura que se refieren a la entrega de alimentos al ministro Castro. “Ya estaban entregando los sacos a él (Rolando Castro), pero no le podía dar los 500 porque se quedarían sin nada para mañana, ni para pasado", dijo Mayo. "¿Cuánto le vas a dar ahora?”, preguntó Michelle Castro: “En total llevaba 400”, respondió Mayo. Luego, Mayo volvió a consultarle si entregaba todos los paquetes y ella contestó: “No. Solo diera 300 y que Mario (Durán) le daría los demás la otra semana”.

De acuerdo al asesor fiscal, el ministro Castro fue clave porque tiene contactos directos para llegar a más posibles votantes en el mercado de San Salvador.

Seis días después de la reunión de Germán Muñoz con el ministro Castro, el 29 de diciembre de 2020, según consta en la investigación fiscal, Franklin Castro llamó por teléfono para confirmar el traslado de las cajas de alimentos al Ministerio de Trabajo. “¿Para el Ministerio de Trabajo estás llevando las cajas?”, preguntó a Germán Muñoz, y ofreció llevarlas. En ese mismo apartado del documento, basado en escuchas telefónicas, se asegura que el exconcejal confirmó “que llevará (las bolsas) a la bodega de San Miguelito”.

El nombre de Osiris Luna vuelve aparecer en la investigación Catedral, convirtiéndolo en un personaje común en los casos que componen toda la trama: desde la negociación con pandillas, pasando por el robo de alimentos y el uso político del PES. Esta vez aparece porque, según lA INVESTIGACIÓN, puso a disposición a más de 200 privados de libertad en fase de confianza para trabajar en la campaña de Durán. De acuerdo a la Fiscalía, la función de los reos era descargar los camiones con paquetes del PES y colaborar en actividades de limpieza en la ciudad para impulsar la imagen de Durán. En una intervención telefónica, la Fiscalía captó una llamada entre Luna y un “sujeto” quien dijo “que el ministro (Durán) le había manifestado que no tenía mucho equipamiento y actividades asignadas y que los trasladara hacía otra actividad”. Osiris respondió “que en estos momentos se llevaría a 60 privados de libertad para la IVU”. La Fiscalía, además, hizo una diapositiva para señalar que reos del penal de Apanteos colaboraron en un evento de proselitismo que se realizó el 24 de noviembre de 2020 en el zoológico.

El centro de poder y los satélites

Para entender una parte de los casos de corrupción del Gobierno de Bukele, los fiscales elaboraron un organigrama para identificar a las personas involucradas. Los fiscales dividieron al Gobierno en “cuatro niveles estratégicos”.

Los primeros en ser identificados fueron los peones de la maquinaría gubernamental que recibían y acataban órdenes sin ningún cuestionamiento, principalmente por miedo a perder sus trabajos. Ellos, protagonistas de alteraciones en documentos de compras millonarias, son descritos como el “nivel operativo” de la estructura. Los fiscales de la investigación Catedral describen así a estas personas: “Tienen como función ejecutar las instrucciones que se les comunican. Son personas totalmente fungibles”.

Estos empleados públicos recibían órdenes de 13 personas que la Fiscalía identifica como el “nivel táctico”. En este grupo incluyen a Alma Yanira Meza Olivares y Wilfredo Hernández Ostorga, la madre y un empleado de confianza de Osiris Luna. En este nivel los fiscales ubican al viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda, Juan Neftalí Murillo Ruiz; al excoordinador del programa CUBO de Tejido Social y hoy regidor suplente de la Alcaldía de San Salvador, Esli Omar Gómez Gómez; a los exdirectores de Protección Civil, Orlando Tejada y William René Hernández Arévalo; a Michelle Castro, entre otros. La Fiscalía intervino la comunicación telefónica de nueve de las 13 personas identificadas como parte del nivel táctico, y esas escuchas siguen en poder de la Fiscalía, de acuerdo a fuentes fiscales.

Gracias a las escuchas telefónicas, los fiscales obtuvieron detalles sobre cómo la madre y el empleado de Luna vendieron ilegalmente más de 42,000 sacos de alimentos del PES que estaban almacenados en el penal de Mariona y en la Granja Penitenciaria de Santa Ana. Además, perfilaron que los integrantes del “nivel táctico” recibían órdenes de un grupo de funcionarios al que llamaron el “segundo nivel estratégico” de la organización.

En el segundo nivel estratégico, la Fiscalía ubica al exministro de Agricultura, Pablo Anliker; al alcalde Durán; a Osiris Luna; al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; a la ministra de Desarrollo, María Chichilco; al exministro de Seguridad, Rogelio Rivas; al coordinador del PES, Franklin Castro; y a cuatro funcionarios más. Aunque muchos son viceministros o ministros, los fiscales aseguran que tienen “menor influencia” en comparación con otros que tienen una relación directa con el presidente Bukele.

Según la intervención telefónica, las personas más cercanas al presidente Bukele son: Carolina Recinos, Sara Hanna, Xavi Zablah, Miguel Kattán, el tío de Bukele y secretario de comercio e inversión, y Ricardo Hasbún Bukele, el enlace nacional de Nuevas Ideas. Ellos, dice la investigación fiscal, forman el “primer nivel estratégico” de la organización. “Prácticamente, una orden emanada de personas en este nivel, significa que es una orden equivalente al centro de poder”.

Según la investigación Catedral, el “centro de poder” lo forman los tres hermanos del presidente Bukele: Karim, Ibrahim y Yusef Bukele, quienes toman las directrices del Gobierno y del partido Nuevas Ideas. Aunque no tienen un cargo oficial en el Ejecutivo, los hermanos tienen el poder para mover los hilos de las políticas gubernamentales sin pedir la venia de los ministros o comisionados presidenciales, así como influir en el nombramiento o destitución de funcionarios.

La comunicación entre el “primer nivel estratégico” y los ministros que ejecutan los planes del Gobierno no es directa, según Catedral. Entre ellos hay una serie de intermediarios que llevan mensajes de cómo se deben ejecutar los programas o políticas. Durante la pandemia, Fiscalía identificó como “mensajeros” a Raymond Villalta, exempleado de la Alcaldía de San Salvador durante la gestión de Bukele y hoy relacionado con la empresa Chivo; los venezolanos Tomás Hernández y Miguel Arbelo; y el exasesor del VMT y hoy ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hananía. Según el documento, dos de estas cuatro personas fueron intervenidas telefónicamente y eso permitió a los fiscales descubrir documentos falsos relacionados con el PES.

*Con informes de Carlos Martínez

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El Salvador Fri, 26 Nov 2021 19:49:46 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25828/Investigación-Catedral-concluyó-que-Mario-Durán-y-Nuevas-Ideas-usaron-el-PES-para-campaña.htm
Bukelismo retrasa la aprobación de Ley de Agentes Extranjeros http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000035836.JPG https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25867/Bukelismo-retrasa-la-aprobación-de-Ley-de-Agentes-Extranjeros.htm El partido del presidente Nayib Bukele admitió públicamente que está dispuesto a revisar la Ley de Agentes Extranjeros, que ya estaba avalada en una Comisión Legislativa y que estaba por ser votada en el pleno. Según dice Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley será consultado con el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador antes de ser votado y, entre otras reformas, podría no incluir el 40 % de impuestos. Pese a estas declaraciones, la ley sigue sobre la mesa, con dictamen favorable de Comisión y una Asamblea dispuesta a votar si se lo ordenan. El presidente de la La Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dice que no someterá a votación la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada el pasado 9 de noviembre por el Ejecutivo, hasta que tenga "un acuerdo consensuado con el cuerpo diplomático, que son nuestros donantes, con muchas organizaciones y con la sociedad civil de verdad”.  Castro dio estas declaraciones el martes 23 de noviembre en el programa de televisión Frente a Frente.

Al referirse al diálogo internacional, Castro usó la frase "hasta que estemos de acuerdo", conjugación en primera persona y en plural. Lo que Castro no aclaró es quién daría paso, si el Gobierno o la bancada de Nuevas Ideas. Tampoco dijo si la consulta tendrá lugar en la Comisión de Relaciones Exteriores o en reuniones privadas con las misiones diplomáticas.  El tiempo que duraría la revisión y la búsqueda de ese acuerdo es otra interrogante. 

El proyecto de ley propone exigir el registro como “agente extranjero” de todo aquel que “responda a intereses o que es financiado directa o indirectamente por un extranjero” e impondría un impuesto de 40 % sobre los ingresos externos, bajo pena de multas y anulación de personería jurídica.  Ernesto Castro dijo en la entrevista que el dictamen votado en la comisión podría cambiar y hasta sugirió modificaciones que volverían menos agresiva la Ley.  “Voy a hablar con el presidente de la República para ver si es necesario que paguen el 40 %”, dijo. Una postura inédita en un partido que no suele retractarse por presiones externas tras ya existir un acuerdo previo impulsado, además, por Nayib Bukele.  La Comisión Legislativa aprobó la propuesta de ley y esta se convirtió en dictamen, paso previo a una votación en el pleno, el lunes 15 de noviembre pasado. 

Por primera vez desde que Nuevas Ideas asumió una mayoría calificada el 1 de mayo, un dirigente del partido oficialista admitió públicamente que el apoyo internacional será clave en una propuesta legislativa. Desde su primer día con el control de la Asamblea, el partido del presidente ha aprobado proyectos de ley -casi todos propuestos por el Ejecutivo- hasta en cuestión de horas y a veces saltándose normas legislativos y constitucionales. Bukele ha afirmado que sus críticos buscan “volver al pasado” e incluso ha acusado al cuerpo diplomático de financiar protestas en su contra.

Si bien Castro dijo que se replanteará el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, reafirmó que hay límites a lo que puede cambiar la presión internacional. Comparó la insistencia de la Embajada en que se revirtiera el golpe del 1 de mayo con un hijo que pide a sus padres ir a una fiesta. “Hay cosas que a lo mejor tus hijos no van a entender ahora, pero sí lo van a entender mañana”, dijo. “Yo te estoy respondiendo. Que yo no esté respondiendo lo que vos querés, son ya otros cinco pesos”

Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, cree que esta medida volvió a encender las alarmas. "No solo por ser una medida propia de regímenes autoritarios sino porque básicamente era un ataque a la cooperación internacional", explicó Castaneda. 

Ernesto Castro rechazó la idea de que la ley es un ataque a las donaciones: “Toda la cooperación internacional no tiene nada que ver con la intención de esta futura ley”. Las organizaciones que, según criterios desconocidos del Gobierno, trabajan “para el bien del país” no se verán coartadas, añadió, pero sí “fundaciones que reciben fondos para meterse en temas y asuntos de país, para meterse en política”.

Sin mencionarlo explicítamente, Castro sugirió un freno a la ley de Agentes Extranjeros y habló de nuevas consultas del proyecto de ley un día después del choque más reciente entre el Gobierno y la Embajada de Estados Unidos. La encargada de negocios Jean Manes anunció su renuncia y una “pausa” en las relaciones bilaterales el lunes 22 de noviembre por el desacuerdo del Gobierno de Biden con una amplia gama de políticas del Ejecutivo y del partido oficialista, entre ellas el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros. Manes también acusó a Bukele de cerrarse progresivamente al diálogo tras las condenas de Estados Unidos al golpe legislativo del 1 de mayo. 

“[Manes] habló a título personal”, minimizó Castro. El Gobierno de Biden, sin embargo, la ha respaldado. “A pesar de que el gobierno de Bukele rechaza un camino hacia una relación bilateral productiva, Estados Unidos sigue firme en el compromiso de ayudar al pueblo salvadoreño”, tuiteó Brian Nichols, subsecretario de estado de Biden para asuntos del hemisferio occidental, el miércoles 24. Añadió: “Aunque el liderazgo de la Embajada cambie, la política de EE.UU. hacia El Salvador se mantiene igual”.

El proyecto de ley ha provocado condenas del Congreso de Estados Unidos. Los representantes de la Cámara de Representantes Albio Sires (demócrata de Nueva Jersey) y Mark Green (republicano de Tennessee) argumentaron que daría “discreción ilimitada' al Ejecutivo para cerrar organizaciones independientes bajo el pretexto de proteger el “orden público””. Los demócratas Jim McGovern (Massachusetts) y Norma Torres (California), que han chocado frecuentemente con el Gobierno de Bukele, enviaron otra condena.

Una coalición internacional también denunció la propuesta de ley, entre ellos al menos 50 organizaciones salvadoreñas de derechos humanos, la Asociación de Periodistas de El Salvador, el Comité para la Protección de Periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos relatores especiales de Naciones Unidas. La Embajada de Alemania en El Salvador anunció el 17 de noviembre que suspenderá su financiamiento a proyectos locales hasta que se esclarezca el impacto del proyecto de ley para organizaciones independientes de la sociedad civil.

Este año, por ejemplo, Alemania se comprometió a donar $940,000 a un fondo de socorro al Covid-19 y al cambio climático que brindará servicios a nueve mil personas en La Libertad y La Unión. “Existen muchas regiones en América Central que necesitan ayuda", dijo Niels Annen, ministro de Estado de Alemania. "Sería una lástima si El Salvador perdiera su lugar en primera línea”.  El economista Ricardo Castaneda cree que Alemania influyó en la decisión del Gobierno Bukele de frenar su ley. “El anuncio de Alemania fue contundente", opinó Castaneda, "porque reiteraba que la población, especialmente la más pobre era la que iba a a salir más afectada".

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El Salvador Fri, 26 Nov 2021 16:37:20 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25867/Bukelismo-retrasa-la-aprobación-de-Ley-de-Agentes-Extranjeros.htm
Negociaciones climáticas: ¿hubo progreso en Glasgow? - Por Tania Guillén https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25868/Negociaciones-climáticas-¿hubo-progreso-en-Glasgow---Por-Tania-Guillén.htm 360 grados Fri, 26 Nov 2021 13:33:40 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25868/Negociaciones-climáticas-¿hubo-progreso-en-Glasgow---Por-Tania-Guillén.htm Negociaciones climáticas: ¿hubo progreso en Glasgow? http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000035100.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25864/Negociaciones-climáticas-¿hubo-progreso-en-Glasgow.htm Glasgow fue importante a nivel político, sí. Pero también nos dejó claro que la acción climática no está solamente en manos de los gobiernos, sino que todos debemos formar parte de las soluciones. Hace unos días culminó en Escocia, después de un año de postergación por la pandemia, la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Las COP son conferencias anuales que convocan, desde 1995, a casi 200 países para discutir sobre cómo hacerle frente al cambio climático. La cita en Glasgow pretendía que los gobiernos acordaran medidas para frenar el cambio climático, tal como se comprometieron a hacerlo en el Acuerdo de París, aprobado en 2015. Sin embargo, si de resumir los acuerdos logrados en cinco días de conferencia se trata, diría que, aunque hubo progreso, aún queda aún mucho por hacer. 

Durante la conferencia, fue muy claro que es urgente que la política se guíe por la ciencia. Así debió ser desde siempre.

Nos enfrentamos a un reto inmenso, pero está en nuestras manos evitar el peor escenario. Todavía estamos a tiempo y aunque los avances obtenidos de las negociaciones en el marco de la CMNUCC pueden evaluarse como insuficientes, es importante hablar de ellos y destacar su importancia porque este es el único espacio con el que contamos donde los gobiernos se reúnen periódicamente, discuten y acuerdan acciones conjuntas para hacerle frente al cambio climático.

En 2015, cuando se aprobó el Acuerdo de París y se establecieron los límites de calentamiento global (1.5º - 2ºC), se contaba con limitada información sobre el límite más ambicioso (1.5ºC). Por ello, la CMNUCCC invitó al IPCC a elaborar el informe sobre el límite de 1.5ºC de calentamiento global, publicado en 2018. El mismo incluyó información sobre trayectorias de reducción de emisiones de gases efecto invernadero necesarias para limitar el calentamiento, pero también presentó una evaluación de los riesgos que representarían los límites de calentamiento establecidos en el Acuerdo de París. Además, destacó las sinergias que debe haber entre la acción climática y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), otro instrumento acordado por los países para erradicar la pobreza. 

Las conclusiones del informe fueron claras y contundentes, y las mismas han sido confirmadas por los reportes posteriores. El planeta se ha calentado a una velocidad sin precedentes en los últimos 2000 años. Las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, son las causantes del problema. Y aún así, el Pacto Climático de Glasgow (decisiones de la COP26) es el primero en 26 años que hace mención alguna al carbón y a los combustibles fósiles en general. 

Actualmente, el planeta es 1.1ºC (en promedio global) más caliente que en comparación con el periodo 1850-1900 (era preindustrial). Como humanidad no hemos conocido un clima como el actual. Esto, como sabemos, está generando impactos negativos en todas las regiones del planeta. Centroamérica, como he compartido en columnas anteriores, no es la excepción. Al contrario, es una de las más afectadas, pese a tener muy poca responsabilidad en la generación del problema.

Si bien el panorama no es alentador, el IPCC ha evaluado que todavía estamos a tiempo de frenar el calentamiento en 1.5ºC, el cual es el límite que representa menos riesgo del Acuerdo de París. En palabras del IPCC “a menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1.5ºC será inalcanzable”. Es ambicioso, sí; pero lograble.

Previo a la conferencia se realizó una evaluación de los compromisos climáticos revisados y presentados por los gobiernos hasta julio de este año. Estas revisiones eran necesarias, ya que los compromisos presentados previo al Acuerdo de París, representaban un calentamiento de entre 2.7ºC y 3.5ºC hacia fines de siglo. Esta última evaluación concluyó que los compromisos eran insuficientes, y que, de seguir así, el planeta se calentaría hasta 2.7º C hacia finales de siglo. Durante la conferencia y tras nuevos anuncios de los países sobre reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero adicionales, se estimó que el calentamiento podía bajar hasta 2.4ºC. Este nivel de calentamiento, sin embargo, pone en juego la supervivencia de millones de personas alrededor del mundo, así como de los ecosistemas de los que dependemos. 

La COP26 era el momento ideal para asegurar compromisos políticos que generen las reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala necesarias para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento en 1.5ºC. Esto se logró parcialmente, al solicitar a los países que revisaran sus compromisos. A final de año, los gobiernos deberán presentar planes más ambiciosos de reducción de emisiones, alineados con los objetivos establecidos. Las buenas intenciones no bastan, estos planes deben traducirse en acciones concretas. Solo con acciones podremos frenar el calentamiento global.   

Considerando que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta, además de la acción y compromisos relacionados a la reducción de emisiones, la COP26 debía demostrar los resultados alcanzados respecto al apoyo a los países vulnerables en la implementación de sus estrategias y planes de adaptación. En este aspecto, en la COP26 se observó un progreso modesto, ya que los países desarrollados deben duplicar sus aportes en financiamiento para la adaptación. Sin embargo, en cuanto a financiamiento climático en general, los países desarrollados aceptaron que no han cumplido con el objetivo asumido desde 2009, el cual consistía en proveer $100 billones anuales hasta 2020.

También se esperaba que en la COP26 los países con mayores recursos demostraran solidaridad global con los países, regiones y comunidades que ya están siendo afectados por los efectos del cambio climático. Además de generar financiamiento para la adaptación de los compromisos adquiridos, también deben generarse mecanismos técnicos y financieros para afrontar las pérdidas y daños por fenómenos extremos, como sequías, inundaciones, huracanes. Los menos responsables, que son los que generalmente también tienen menos recursos para hacer frente, no pueden seguir pagando los platos rotos. No pueden seguir endeudándose para hacerle frente a un problema que no han generado y que pone en peligro el desarrollo sustentable de sus poblaciones y ecosistemas.

En este respecto, la COP26 quedó nuevamente debiendo. El grupo G77+China, grupo de negociación que convoca a más de 130 países en desarrollo y del que los países centroamericanos son parte, presentó la propuesta de establecer una instancia financiera sobre pérdidas y daños que no fue considerada. Solamente se acordó llevar a cabo un diálogo en los próximos dos años. Estados Unidos, Japón y Francia fueron algunos de los países que no permitieron que la propuesta fuera incluida como parte del paquete de decisiones.

Pero no todo fue una puja de intereses que no llegó a puerto. Durante la COP26 finalmente se obtuvo una decisión sobre la discusión del artículo 6.4 del Acuerdo de París, referido a mecanismos que permitan la transacción de certificados de reducción de emisiones, una especie de créditos para echar a andar proyectos que limiten la emisión de C02. Su aprobación, no obstante, no está exento de críticas, principalmente de la sociedad civil, quienes ya identifican que lo acordado podría permitir doble contabilidad de la reducción de emisiones, lo que iría contra la integridad del acuerdo. Ejecutarlo de manera transparente, no obstante, permitirá que el Acuerdo de París entre en fase de implementación.

Glasgow fue importante a nivel político, sí. Pero también nos dejó claro que la acción climática no está solamente en manos de los gobiernos, sino que también debe haber mayor involucramiento de los gobiernos locales, empresas, individuos… Todos debemos formar parte de las soluciones. La ciencia es clara y no negociable. Cada acción importa, porque cada incremento en la temperatura significa mayores riesgos. El tiempo que dejemos pasar importa. Cada decisión importa. El tiempo de actuar, es ahora.

Tania Guillén Bolaños es nicaragüense, investigadora del Centro de Servicios Climáticos de Alemania (GERICS) desde 2016. Da seguimiento a las negociaciones climáticas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) desde hace diez años, donde ha sido observadora representante de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica. Participó en la elaboración del reporte especial sobre “El calentamiento global de 1.5ºC” del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés). Las opiniones vertidas en este espacio son a título personal de la autora. 
 
Tania Guillén Bolaños es nicaragüense, investigadora del Centro de Servicios Climáticos de Alemania (GERICS) desde 2016. Da seguimiento a las negociaciones climáticas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) desde hace diez años, donde ha sido observadora representante de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica. Participó en la elaboración del reporte especial sobre “El calentamiento global de 1.5ºC” del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés). Las opiniones vertidas en este espacio son a título personal de la autora. 

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Columnas Fri, 26 Nov 2021 11:44:31 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25864/Negociaciones-climáticas-¿hubo-progreso-en-Glasgow.htm
El razor nuestro de cada día http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000028511.JPG https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25866/El-razor-nuestro-de-cada-día.htm Ante la literalidad, únicamente nos quedan el arte y los artistas que se atreven a interrogar a la política y que detienen con sus obras el maldito péndulo que los salvadoreños hemos visto oscilar entre los extremos. Si nuestra única opción fuera interpretar El Salvador de manera literal sería demasiado triste y doloroso, sería ver la misma historia política y social que oscila como péndulo entre los extremos, porque en este país nada parece ser suficiente, cualquier tragedia humana siempre puede ser peor. A la guerra civil, le siguió la guerra marginal, los desaparecidos y los muertos de antes y de ahora, la injusta distribución de la riqueza de siempre. Y frente a los escenarios que se repiten, solo perduran los símbolos de una sociedad acostumbrada a vivir en la desconfianza, el miedo y la violencia.

Ante la literalidad, únicamente nos quedan el arte y los artistas que se atreven con sus creaciones a interrogar a la política y que detienen con sus obras, desde su mundo inmaterial, el maldito péndulo que los salvadoreños hemos visto oscilar entre los extremos.

Por esta razón quiero compartir mis impresiones de la reciente exposición del artista visual Ronald Morán que, afortunadamente, se ha dedicado a revertir la literalidad de nuestra realidad y que, con una ironía aguda, llevada al máximo, nos presenta otras formas de ver nuestro punzante razor de cada día desafiándonos a imaginar qué más podríamos mirar “por encima del jardín”.

Durante el letargo interminable que vivimos en la cuarentena establecida a causa de la pandemia salía al patio de mi casa a jugar con mi perro Matías rebotando la pelota contra el muro. Nuestros paseos al parque Balboa se habían cancelado. Fue durante ese confinamiento que tuve la fortuna de chatear con Ronald Morán y conocer sus ideas de lo que ahora se ha convertido en la exposición de primer nivel que ha llamado Por encima del jardín. Esta muestra, disponible al público en el Museo de Arte de El Salvador (MARTE), es una prueba de que solo el poder creativo del ser humano es capaz de salvarnos de la tragedia, de la literalidad de las situaciones que más nos conmueven.

Según sus propias palabras, todo empezó como un experimento inspirado en el legado milenario de la pintura japonesa sumi (tinta)-e (pintura). En ese momento de encierro total, Morán no podía hacer trazos de cerezos a mano alzada en papel de arroz como lo hubiera hecho en Japón. Lo que sí podía hacer, en el contexto salvadoreño, era deconstruir la razón de ser del alambre razor que observaba desde su jardín y convertirlo en flores, en corazones arbitrarios y escribir breves pensamientos sobre el confinamiento.

“En cada vuelta al sol

durante el encierro

lentamente

el viento

reza y hace sonar

el llanto de los metales”.

 

Mientras escuchaba las reflexiones del artista y observaba su trabajo en el MARTE, me dieron ganas de volver a escribir y compartir mi punto de vista, no como crítica de arte, sino más bien como una ciudadana agradecida de constatar que en estos tiempos de autocensura y monólogo oficial el arte sigue siendo un espacio para la reflexión política.

Una de las frases escritas por el artista que me confirmó mi lectura de su trabajo fueRepito mantras oxidados, y solo pude pensar: ¿qué otra cosa podemos hacer los salvadoreños que no sea repetir la historia con la ilusa esperanza de que esta vez puede ser diferente?

Interpreto la obra de Ronald como un acto de fe necesaria para dotar de sentido a la vida en un país donde casi nada tiene sentido. La exposición, que los invito a visitar, cierra con una instalación de las vallas que usa la Policía para detener las marchas de quienes desean entregar una carta de peticiones en Casa Presidencial. Una escena que hemos visto repetirse gobierno tras gobierno y que perfila a los ciudadanos como un peligro para los funcionarios que ellos mismos han elegido.

En muestras anteriores, como Hogar, dulce hogar, donde Morán recubrió los espacios de violencia doméstica con suavísimo algodón blanco, o en El muro está en todos lados, donde sustituyó las líneas verticales del muro fronterizo entre México y Estados Unidos y estilizó los ladrillos para convertirlos en laberintos y escaleras invisibles, el artista ya había demostrado, de manera impecable, su interés de resignificar la naturaleza de los objetos. Ahora lo hizo una vez más.

Por encima del jardín me llevó a pensar por qué cada salvadoreño, a su manera, se mantiene encuarentenado dentro de su propia burbuja. Ahora, mientras escribo este texto, pienso que es porque confrontar la realidad acabaría con la salud mental tan escasa en nuestros tiempos.

Me sentí viva, me sentí salvada una vez más por el arte y su capacidad de suavizar la realidad, sin evadirla. Gracias, Ronald Morán, por cuestionar desde tu ironía inteligente y sensible la violencia intrafamiliar, los muros que enfrentan nuestros compatriotas en sus intentos de migrar y por atreverte a interpelar esta absurda manera que tenemos de vivir en sociedad, rodeados de alambre de púas.

“Por encima del jardín quedan expuestos nuestros actos de fe, nuestra frágil confianza en el viento y los relámpagos. La oscuridad está plagada de estrellas lejanas”. (RM)

Rosarlin Hernández Lazo es periodista independiente, graduada de la Universidad Centroamericana UCA en Comunicación y Periodismo. Con estudios posteriores en Deutsche Welle Akademie en Bonn, Alemania; y en el Instituto de Educación Continua para Periodistas (Fojo), Universidad de Kalmar, en Suecia. Autora invitada en publicaciones realizadas por la Fundación Friedrich Ebert/ El Salvador.  
 
Rosarlin Hernández Lazo es periodista independiente, graduada de la Universidad Centroamericana UCA en Comunicación y Periodismo. Con estudios posteriores en Deutsche Welle Akademie en Bonn, Alemania; y en el Instituto de Educación Continua para Periodistas (Fojo), Universidad de Kalmar, en Suecia. Autora invitada en publicaciones realizadas por la Fundación Friedrich Ebert/ El Salvador.  

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Columnas Fri, 26 Nov 2021 11:31:04 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25866/El-razor-nuestro-de-cada-día.htm
Llamado de emergencia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036731.jpeg https://www.elfaro.net/es/202111/el_farolero/25865/Llamado-de-emergencia.htm La mirada de Otto a las prioridades en los planes presidenciales. El Farolero Fri, 26 Nov 2021 10:03:56 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_farolero/25865/Llamado-de-emergencia.htm Bukele explora financiar El Salvador con criptomonedas y sin el Fondo Monetario Internacional http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_1996_1332/images%7Ccms-image-000036722.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25860/Bukele-explora-financiar-El-Salvador-con-criptomonedas-y-sin-el-Fondo-Monetario-Internacional.htm Tras el anuncio de “Bitcoin city” hay un plan del gobierno salvadoreño de buscar una alternativa al sistema monetario tradicional para conseguir financiamiento para el país. Esa alternativa pasa por criptomonedas y una red de empresas domiciliadas fuera de Estados Unidos, en países como Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Kazajistán y Gibraltar. El video del presidente Nayib Bukele emergiendo de una nave espacial en un resort de playa que ha dado la vuelta al mundo fue una presentación de ventas. El performance de Bukele frente a inversionistas extranjeros del 20 de noviembre tuvo un show de luces, una pantalla gigante con su avatar animado, fuegos artificiales, una máquina de humo al ritmo de “You shook me all night long” de la banda de rock australiana AC DC y un ovni. El espectáculo ha generado titulares en el mundo por su anuncio de Bitcoin City, una especie de zona económica especial, con exenciones fiscales para inversionistas, ubicada en La Unión. En su programa nocturno, el popular comediante estadounidense Stephen Colbert se burló de la idea . Pero detrás del humo y de las luces, el anuncio más relevante, en términos económicos y políticos para El Salvador, es la emisión de un bono de mil millones de dólares en bitcoin.

La estrategia es un experimento del Gobierno para monetizar la popularidad que tiene El Salvador entre la comunidad de inversionistas de bitcoin. “Vamos a empezar con una emisión pequeña para probar las aguas”, dijo Bukele en su presentación. Acto seguido le dio la palabra a Samsom Mow, director de estrategia de Blockstream, una de un puñado de empresas involucradas en la emisión del bono. Mow estuvo el 18 de noviembre en la central geotérmica de Berlín, Usulután, y se ha mostrado con otros influyentes personajes del Gobierno, incluido Yusef Bukele, hermano del presidente. Los hermanos Bukele han estado a la base de las negociaciones con empresas extranjeras desde antes del anuncio de la Ley Bitcoin, en junio.

El presidente Nayib Bukele durante el anuncio de Bitcoin City en el cierre de la semana de Labitconf el 20 de noviembre del 2021 en Mizata, La Libertad. Foto cortesía: Casa Presidencial
 
El presidente Nayib Bukele durante el anuncio de Bitcoin City en el cierre de la semana de Labitconf el 20 de noviembre del 2021 en Mizata, La Libertad. Foto cortesía: Casa Presidencial

El paquete de endeudamiento, que equivale a 1,000 millones de dólares, es similar al monto que el gobierno negociaba con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bukele está buscando financiamiento lejos de los organismos multilaterales y a través de criptomonedas. Parte de ese plan consta en una lámina de una presentación que Bukele compartió a “bitcoineros” el 20 de noviembre. En ella pueden leerse algunas condiciones de este préstamo.

Es una deuda suscrita para un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 6.5%. Las condiciones de ese préstamo comprometen al Gobierno a presupuestar cada año 65 millones de dólares en concepto de pago de intereses, es decir, 650 millones de dólares, más el pago de capital cuando concluya la década, 1,000 millones de dólares. En total, el gobierno tendría que pagar 1,650 millones de dólares a los inversores en criptomonedas que le presten al gobierno de El Salvador.

Para concretar la idea de los “bonos-bitcoin” el gobierno buscó a la empresa canadiense Blockstream, que se sumó poco después de la aprobación de la Ley Bitcoin -a inicios de junio de 2021- a la planificación de cómo se podía llevar a la práctica la idea de emitir “bonos-bitcoin”. Mow explicó en un comunicado el propósito de esta iniciativa: “potenciar y acelerar la hiperbitcoinización (la adopción masiva de bitcoin como moneda) y construir un sistema financiero basado en bitcoin”.

El 22 de noviembre, Bloomberg le preguntó a Mow por qué algún inversor aceptaría comprar los “bonos -bitcoin” de El Salvador para 10 años con una tasa del 6.5 %, tomando en cuenta que si El Salvador sale a los mercados internacionales a buscar financiamiento por la vía tradicional tendría que pagar el 13 % de tasa de interés. “Este bono tiene un componente Bitcoin. Tras cinco años hay un cupón que genera un dividendo, cuando los $500 millones en Bitcoin son vendidos. El gobierno va a compartir esos dividendos con los inversores que compraron estos bonos”, dijo Mow. Esta característica es especialmente atractiva para alguien que cree que el bitcoin continuará aumentando su valor. 

Esta iniciativa busca inyectar liquidez a economía salvadoreña y en la lámina mencionan los tres tipos de monedas que estarían en circulación: el dólar, Tether (otra criptomoneda) y Bitcoin. 500 millones de dólares de ese préstamos van a ser orientados a la compra de criptomonedas y los otros 500 millones restantes son para construir infraestructura de energía y de minería de bitcoin.

El 19 de noviembre, la empresa Bitfinex Securities llegó a un acuerdo con el Gobierno de El Salvador para emitir las criptomonedas y también acordó asumir algunas responsabilidades que en teoría deberían estar a cargo de una instancia pública como el Banco Central de Reserva (BCR): “la creación de activos digitales y el marco para regular, emitir y operar instrumentos financieros digitalizados en El Salvador”, dice el comunicado de la empresa.

Una deuda en criptomonedas

Los bonos tradicionales colocados en el mercado financiero funcionan porque los inversores emiten un voto de confianza de que la entidad emisora del bono les devolverá su inversión y una ganancia. Para calcular ese potencial retorno de inversión, quienes compran los bonos, por ejemplo inversionistas de Wall Street, se apoyan en los análisis que realizan empresas y entidades calificadoras de riesgo, como Moody’s o Fitch Ratings.

En ese apartado, El Salvador lo tiene complicado. Tras el anuncio del bono en bitcoin, los bonos salvadoreños experimentaron una nueva caída y están en un desempeño históricamente bajo , confirmando una tendencia que lleva meses. Dicho de otra forma, hay muy pocas personas en el mercado tradicional que confíen en que el país podrá devolverles su inversión con ganancias. El riesgo del país se calcula por el estado de las finanzas pero también por las condiciones políticas. Hechos como la destitución del fiscal y los magistrados o los anuncios de cambios a la Constitución aumentaron el riesgo país y eso tiene una consecuencia concreta: sube los intereses. A mayor riesgo del país, mayor la tasa de intereses que el país paga para obtener préstamos en el mercado internacional.

“La deuda pública salvadoreña es insostenible, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no está cerca de lograrse, los Certificados de Tesoro (Cetes) y Letras de Tesoro (Letes) están en niveles altísimos, el perfil de riesgo es tan grande que no emiten bonos ‘tradicionales’”, resumió Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Los Cetes y Letes son deuda que el país debe pagar en corto plazo (entre tres meses y un año) y son comparables a una tarjeta de crédito. Todo esto significa que el país tiene opciones muy limitadas para financiarse y necesidades apremiantes. “El bono volcán parece una medida desesperada para obtener dinero”, dijo Castaneda.

Ahí entra la alternativa de un bono en bitcoin. “En lugar de emitir bonos en papel, el gobierno va a emitir bonos tokenizados”, dijo Óscar Salguero, un ingeniero en software con 20 años de experiencia y que ha trabajado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y otras empresas de finanzas y tecnología. Un bono tokenizado se inscribe en un libro de contabilidad digital que registra transacciones, conocido como blockchain, y se rige a través de reglas establecidas por dos partes, determinadas a través de código, conocido en el mundo digital como smart contract o contrato inteligente. “Esto le permite acceso a mercados mundiales a personas que no pueden calcular el riesgo como lo harían los que compran los bonos del mercado tradicional”, dijo Salguero. El bono, dice Salguero, es “un instrumento financiero con un fin específico: financiar Bitcoin City (pero también) darle liquidez al gobierno salvadoreño”.

La idea de que los bonos en bitcoin pueden reemplazar a los del FMI ya circula en conversaciones de la comunidad bitcoiner. "¿Quién necesita al FMI si tiene bitcoin?" titula una columna de opinión en el medio especializado Coinbase. Josh Giersch, director de gestión de productos en Visa, opinó en Twitter que Bukele "está usando bitcoin como un vehículo de afinidad para obtener fondos baratos que no puede obtener a través de los mercados de capital regulares, porque los prestamistas de mercados emergentes existentes ven sus intenciones". 

Los bitcoiners deciden las políticas públicas

Las cercanías de algunas figuras del ecosistema bitcoin con el gobierno prueban el alto nivel de influencia que pueden llegar a tener en las decisiones, aún si no está clara la naturaleza de su relación con el Gobierno de El Salvador.

La Ministra de Economía, María Luisa Hayem, y la Ministra de Turismo, Morena Valdez, posan con una camisa con la leyenda, ''Jesús ama el Bitcoin'', junto Kurt Kumar de Rocket Fuel durante la convención Adopting Bitcoin A Lightning Summit El Salvador 2021. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La Ministra de Economía, María Luisa Hayem, y la Ministra de Turismo, Morena Valdez, posan con una camisa con la leyenda, ''Jesús ama el Bitcoin'', junto Kurt Kumar de Rocket Fuel durante la convención Adopting Bitcoin A Lightning Summit El Salvador 2021. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En julio, Mow, el jefe de estrategia de Blockstream, dijo al medio Bloomberg que se reunieron con funcionarios salvadoreños para presentarle el plan de la emisión de bonos . Mow dijo que los funcionarios “expresaron interés” pero no habían tomado una decisión final. Mow reveló que contactaron a los funcionarios a través de Jack Mallers, el joven empresario que anunció la Ley Bitcoin en Miami, durante una conferencia el pasado 5 de junio.

Sin embargo, hay otro antecedente. En junio, cuatro días después de la aprobación de la Ley Bitcoin, un hombre sugirió al Gobierno de El Salvador que emitiera bonos en bitcoin. Se trata de Max Keiser, un excorredor de bolsa neoyorquino que conduce un programa en la cadena de televisión estatal de Rusia, RT, y un podcast, “Orange Pill”. Keiser tiene más de 400 000 seguidores en su cuenta de Twitter, unos 250 000 en su canal de Youtube en español y es, probablemente, la mayor celebridad del mundo bitcoin que estuvo en El Salvador para la semana de conferencias denominada Bitcoin Week.

Keiser transmitió un episodio de su show en vivo en El Zonte , la noche del 17 de noviembre. Abrió su intervención gritando “tenemos nuestro propio estado nación” y en un momento se puso una peluca blanca para imitar a Christine Lagarde, la exdirectora del FMI.

“He aconsejado a El Salvador la creación de “bonos volcán” respaldado por las ganancias de minería bitcoin a futuro para recapitalizar su balance general y retirar los préstamos del FMI”, dijo Keiser, citado en el medio Coingape . Keiser pertenece a un grupo de activistas de bitcoin radical conocido como “maximalistas”, aquellos que defienden el bitcoin en detrimento de cualquier otra cripto y de todas las monedas del mundo. Entre sus predicciones, Keiser asegura que el bitcoin se volverá la moneda de reserva del mundo, que desmantelará los bancos centrales y al FMI, y que los precios de inmuebles en El Salvador se triplicarán en la próxima década como consecuencia directa de la adopción del bitcoin como moneda legal. Keiser también urgió a inversionistas para que aportarán mil millones de dólares en los bonos volcán, exactamente la cantidad que El Salvador ahora ha puesto a la venta.

Keiser estuvo en la fiesta donde Bukele presentó el bono y se atribuyó el crédito de la idea. Stacy Hebert, la otra conductora del show de Keiser, publicó varias fotos con la ministra de Turismo salvadoreña, Morena Valdez. Hebert también publicó fotos con Samson Mow, de Blockstream. Mow fue entrevistado por la televisión estatal salvadoreña tras el anuncio.

Los operadores del bono bitcoin no pueden comerciar en Nueva York

La construcción de este nuevo sistema financiero en El Salvador basado en Bitcoin pasa por generar transacciones en jurisdicciones lejos de los controles de Estados Unidos. La empresa Bitfinex Securities que va a emitir los “bonos-bitcoin” está domiciliada en Mangilik Yel, en Kazajistán, un territorio en Asia Central que tiene frontera con Rusia y China, y opera en una zona económica especial que tiene su propio sistema judicial. Desde inicios de 2021, la empresa tiene prohibido operar en Nueva York tras una investigación y un acuerdo con la Fiscalía de esa ciudad .

En agosto de 2016, Bitfinex estuvo involucrado en un escándalo en Hong Kong, cuando a través de un hackeo a la plataforma los usuarios perdieron el equivalente a $72 millones. Bitfinex es una empresa que pertenece a otra empresa llamada Ifinex Inc, que está domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, y enfrenta una investigación de la Fiscalía de Nueva York por presentar información financiera inexacta sobre el respaldo en dólares de los “tokens”—o criptomonedas— que emiten para hacer transacciones.

Ifinex Inc es también dueña de la empresa Tether Limited, domiciliada en Hong Kong, que emite una criptomoneda con el mismo nombre y es una empresa hermana de Bitfinex Securities. “Bitfinex y Tether engañaron a los clientes y al mercado al exagerar las reservas, ocultando aproximadamente $ 850 millones en pérdidas en todo el mundo”, dice el comunicado del 23 de febrero de 2021 de la Fiscalía de Nueva York. La Commodity Futures Trading Commission también investigó a Tether y a Bitfinex y ordenó el pago de una multa total de $42.5 millones porque mintieron al decir que los tokens que emiten están 100% respaldados por reservas en dólares.

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El Salvador Thu, 25 Nov 2021 12:52:56 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25860/Bukele-explora-financiar-El-Salvador-con-criptomonedas-y-sin-el-Fondo-Monetario-Internacional.htm
Apple envía alerta de espionaje patrocinado por el Estado a 12 miembros de El Faro http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036727.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25861/Apple-envía-alerta-de-espionaje-patrocinado-por-el-Estado-a-12-miembros-de-El-Faro.htm Además de los miembros de El Faro, la alerta de la compañía estadounidense también llegó a dos dirigentes de organizaciones de sociedad civil y a dos políticos opositores. La alerta advierte del riesgo de estar siendo espiados por "atacantes patrocinados por El Estado". La notificación llegó a los correos de estas personas este 23 de noviembre, el mismo día en que Apple presentó una demanda contra la empresa israelí NSO Group, responsable de fabricar el software de espionaje Pegasus. La empresa estadounidense Apple envió un correo electrónico “a una cantidad muy pequeña de usuarios” de teléfonos iPhone en los que advierte de “un posible espionaje” y señala como sospechosos a “atacantes patrocinados por el Estado”. A través del correo que fue enviado la tarde este martes, la empresa calificó como urgente su mensaje debido a la probabilidad de que los atacantes logren “comprometer de forma remota el iPhone”. Según un comunicado oficial de la compañía emitido el mismo día, los ataques se dirigen de forma individual a periodistas, académicos y activistas. Según el correo recibido por 12 personas de este medio, el ataque puede ser  “debido a quién es usted o qué hace”. En el encabezado en inglés se lee: “ALERTA: Atacantes patrocinados por el Estado pueden estar apuntando a su Iphone”. 

Los 12 correos electrónicos llegaron a personal de El Faro de distintas áreas: jefaturas editoriales, periodistas y miembros de junta directiva. Además, El Faro pudo confirmar que la notificación de alerta también fue enviada a dirigentes de organizaciones de Sociedad Civil y partidos políticos opositores. José Marinero y Xenia Hernández; el presidente y la directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), aseguraron haber recibido la notificación. El diputado Jhonny Wright Sol, y el concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, ambos del partido Nuestro Tiempo, también mostraron una copia de las alertas enviadas por Apple. 

Según se lee al inicio de un correo -recibido por un periodista de El Faro-, “Apple envió una alerta de seguridad urgente a las direcciones de correo electrónico y al número de teléfono principal asociado con esa ID de Apple”. Agrega en todos los correos: "Es probable que estos atacantes lo estén atacando individualmente debido a quién es usted o qué hace. Si su dispositivo se ve comprometido por un atacante patrocinado por el Estado, es posible que pueda acceder de forma remota a sus datos confidenciales, comunicaciones o incluso a la cámara y el micrófono". Líneas después, Apple advierte: "Si bien es posible que se trate de una falsa alarma, tómese esta advertencia en serio".

Captura del correo que Apple envió a 12 miembros de El Faro este 23 de noviembre. El correo llegó también a algunos opositores políticos y miembros de la sociedad civil organizada. 
 
Captura del correo que Apple envió a 12 miembros de El Faro este 23 de noviembre. El correo llegó también a algunos opositores políticos y miembros de la sociedad civil organizada. 

La alerta de Apple fue emitida horas después de que se conociera que este día la compañía de Estados Unidos demandó a la empresa israelí NSO Group, fabricante del software de espionaje Pegasus. 

En la denuncia, presentada en una corte federal de California, Apple dio información de cómo NSO Group infectó dispositivos a través del programa Pegasus y la responsabilizó de generar “vigilancia sofisticada” contra actores específicos. 

Sobre la demanda, Apple emitió un comunicado en el que detalla que estos ataques -que pueden darse tanto en sistema operativo de iOS como Android- están dirigidos “a una cantidad muy pequeña de usuarios”. Apple se refirió como posibles objetivos a periodistas, activistas, disidentes, académicos y funcionarios gubernamentales, según han determinado investigaciones pasadas que documentaron el “historial de abuso de este software”.  

“NSO Group crea una tecnología de vigilancia sofisticada patrocinada por el estado que permite que su software espía altamente dirigido vigile a sus víctimas”, dijo Apple. 

En el mismo comunicado, Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, expuso que esperan generar un cambio con la demanda respecto al espionaje que desarrolla NSO Group, sobre todo, porque cada vez “se han vuelto aún más peligrosas”. 

Pese a que Apple dijo que están trabajando para fortalecer su sistema, insistió en la demanda respecto a las nuevas maneras de generar vulnerabilidad en los dispositivos de sus usuarios. Entre estas, menciona el uso de “FORCEDENTRY” de NSO Group. En la demanda, Apple proporcionó nueva información sobre esta vulnerabilidad.  

De acuerdo con Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto que se encarga de investigar Pegasus, NSO Group ha utilizado FORCEDENTRY desde al menos febrero de 2021 para infectar de forma remota los dispositivos de ciertas personas. 

Esta no es la primera vez que la empresa israelí es demandada. En 2019, Facebook demandó a NSO Group ante la sospecha de haber infectado con un software espía los teléfonos de usuarios de WhatsApp, propiedad de Facebook.   

Según los fundadores de NSO Group, Pegasus ha sido creado para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Pero, tal y como lo han documentado investigaciones periodísticas, este ha sido fuertemente señalado por ser un programa espía utilizado por agencias de inteligencia y gobiernos, con la capacidad de acceder a correos electrónicos, fotografías y mensajes de texto.

Ron Deibert, director del Citizen Lab, citado en el comunicado, aplaudió a Apple por responsabilizar a NSO Group de abusos en cuanto a espionaje, demanda que abriría la puerta para hacer justicia a “todas las víctimas del comportamiento imprudente de NSO Group”.  “Las empresas mercenarias de software espía como NSO Group han facilitado algunos de los peores abusos de derechos humanos y actos de represión transnacional del mundo mientras se enriquecen a sí mismos y a sus inversores”, declaró Deibert. 

Con esta demanda, y bajo el argumento de abusos de NSO Group a usuarios de iPhone, Apple busca reparar los daños causados ante los ataques que habrían sido generados a usuarios. 

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El Salvador Tue, 23 Nov 2021 22:47:59 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25861/Apple-envía-alerta-de-espionaje-patrocinado-por-el-Estado-a-12-miembros-de-El-Faro.htm
Confidencial y los primeros 25 años de resistencia - Por Carlos Fernando Chamorro https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25859/Confidencial-y-los-primeros-25-años-de-resistencia---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm 360 grados Tue, 23 Nov 2021 13:24:38 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25859/Confidencial-y-los-primeros-25-años-de-resistencia---Por-Carlos-Fernando-Chamorro.htm Confidencial y los primeros 25 años de resistencia http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000027528.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25858/Confidencial-y-los-primeros-25-años-de-resistencia.htm Nunca en la historia de Nicaragua la prensa había estado más desprotegida ante las fabricaciones del autoritarismo. No existe, por lo tanto, otro medio de protección para la prensa que hacer más y mejor periodismo. Confidencial nació a mediados de junio de 1996 durante la primavera de la libertad de expresión de Nicaragua, en el último año de Gobierno de mi madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

El país estaba saliendo del pantano de la polarización política heredada de la guerra, y en la puja por subordinar la política de las armas al poder civil y afianzar las nuevas instituciones, los periodistas fuimos testigos y también protagonistas de la transición democrática. Entonces creíamos, equivocadamente, que la libertad de prensa, el pluralismo político y la tolerancia, eran ya políticas de Estado que se mantendrían irreversibles en la Nicaragua del futuro.

Hoy, un cuarto de siglo después, la nueva dictadura del siglo XXI confirma, por un lado, el fracaso de la transición que no condujo a la consolidación democrática y, por el otro, la perseverancia de la prensa independiente que ha resistido todas las agresiones del poder autoritario. Confidencial arriba a sus primeros 25 años con sus oficinas dos veces ocupadas por la Policía y con una redacción en el exilio, haciendo periodismo en resistencia. Un periodismo que se nutre de la confianza de las audiencias en el compromiso de nuestros reporteros de apegarse a la verdad, a cualquier costo, y de su talento profesional para seguir contando historias, aún bajo una dictadura totalitaria que ha intentado callarnos por todos los medios, sin lograr nunca confiscar el periodismo.

En el recorrido turbulento de este cuarto de siglo, entre la regresión autoritaria y los cambios tecnológicos que revolucionaron la industria de la prensa, también surgieron oportunidades que nos permitieron hacer de Confidencial un medio de comunicación innovador, enfocado en servir a intereses muy diversos de nuestras audiencias, combinando la cobertura de actualidad de las noticias con la información a profundidad  y el periodismo narrativo. La revolución tecnológica abrió caminos insospechados para llegar a audiencias masivas, primero a través de la televisión, y después por medio de internet y las redes sociales, manteniendo invariable el objetivo original de hacer periodismo de calidad.

En estos 25 años, Confidencial ha investigado decenas de casos emblemáticos de corrupción pública, sin dejar de fiscalizar a los poderes privados. En un país sin Estado de derecho, estas denuncias y sus pruebas fueron ignoradas por las instituciones estatales encargadas de vigilar y corregir  las políticas públicas, aunque sí tuvieron el impacto de documentar para la historia la corrupción, la demolición de las instituciones democráticas, y la represión estatal, primero selectiva y después masiva, en espera de que en Nicaragua se constituya una Comisión de la Verdad.

Las consecuencias de hacer periodismo crítico —la intimidación estatal, el espionaje militar, las campañas de linchamiento en los medios oficiales, el bloqueo al acceso de la información pública, y también las represalias de algunos anunciantes privados— las asumimos como parte de los gajes del oficio de tomar partido por los ciudadanos para fiscalizar el poder. Pero la política oficial de tolerar la existencia de la prensa crítica, bajo severas restricciones, cambió radicalmente durante la insurrección cívica de abril de 2018, cuando la dictadura Ortega Murillo perdió la mayoría política y vio amenazado de muerte su poder. Cuando decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar, armados de sus teléfonos celulares, el régimen enlistó a la prensa como el “enemigo” a destruir, desatando una represión violenta e indiscriminada contra ciudadanos y periodistas, para impedir este hermanamiento espontáneo entre libertad de prensa y libertad de expresión.

Después del retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, el destape de “Extorsión en Tola” en Esta Semana, el primer gran caso de corrupción del Gobierno de Ortega generó un virulento ataque oficial en contra de Confidencial. Un año después, la Fiscalía inició una investigación criminal en mi contra, extendida a los miembros del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) bajo la acusación de “lavado de dinero”. El once de octubre de 2008, la Policía y la Fiscalía allanaron por la fuerza las oficinas de Cinco, pero tanto el fiscal Douglas Vargas como la comisionada Glenda Zavala, funcionarios de una dictadura aún en ciernes, respetaron el principio de legalidad y se abstuvieron de intervenir las empresas de medios de comunicación Confidencial y Esta Semana, que se encontraban en el mismo edificio.

Diez años después, bajo una dictadura consolidada, cuando la Policía allanó por segunda vez el edificio en que se encuentra Confidencial, ocupó nuestra redacción sin ninguna orden judicial. Irónicamente, la justificación oficial que adujo la Policía para cerrar un medio independiente fue que el Ministerio de Gobernación le había ordenado clausurar la oenegé (Cinco), pero lo que en realidad hizo fue ocupar las empresas Invermedia y Promedia —productoras de Confidencial y Esta Semana—, que no tenían ninguna vinculación institucional con Cinco, cuyas oficinas incluso se encontraban en otro domicilio.

A pesar de la persecución y la censura televisiva, Confidencial se reinventó en el exilio, y a finales de 2019 retornamos a Nicaragua a recuperar nuestros derechos constitucionales. No obstante, el 20 de mayo de 2021 la Policía cerró por segunda vez la nueva redacción de Confidencial, iniciando la escalada represiva que desembocó en el encarcelamiento de más de 40 líderes políticos y cívicos de la oposición democrática, para eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre.

Nuevamente, para justificar la criminalización del ejercicio del periodismo, la Fiscalía del régimen inventó una supuesta asociación entre Confidencial con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), investigada por presunción de lavado de dinero en un proceso incoado para inhibir la candidatura presidencial de su expresidenta, mi hermana Cristiana Chamorro Barrios. Sin aportar ninguna prueba, la Policía afirma que Confidencial, el medio de comunicación asaltado, que en 2018 alegaban era propiedad de Cinco, ahora pertenece a la perseguida FVBCh. Con lujo de cinismo, la Fiscalía me acusa por presuntos delitos penales y ordena mi captura, señalándome de ser vicepresidente de una Fundación a cuya directiva renuncié en enero de 2013, y que nunca ha brindado algún financiamiento a Confidencial.

En realidad, lo que el régimen persigue es el periodismo de Confidencial, que investiga y denuncia la corrupción, el abuso de poder y las graves violaciones a los derechos humanos que desembocaron en crímenes de lesa humanidad. Ese es el periodismo que en la jerga orwelliana de las leyes represivas de Ortega y Murillo —la Ley de Ciberdelitos y la Ley de “Defensa de la soberanía”— pretenden descalificar como “golpismo” y “desestabilización.

Nunca en la historia de Nicaragua, la prensa había estado más desprotegida ante las fabricaciones del poder autoritario. No existe, por lo tanto, otro medio de protección para la prensa que hacer más y mejor periodismo. Un periodismo de resistencia, que obligatoriamente debe ser también periodismo de calidad, porque lo único que nos defiende ante el totalitarismo y la calumnia oficial es nuestra credibilidad profesional y la confianza que las audiencias han depositado en nuestro trabajo, desde que sembramos la primera semilla en 1996.

Gracias a los periodistas que han hecho posible estos primeros 25 años de Confidencial y a las audiencias que nos brindan su confianza. Aquí estamos, otra vez en el exilio desde Costa Rica, haciendo periodismo con la convicción de que la prensa independiente sobrevivirá la embestida de la tiranía, para contar la gran historia pendiente de la salida del poder de la última dictadura, hasta que Nicaragua vuelva a ser República.

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 

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Columnas Tue, 23 Nov 2021 12:52:59 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25858/Confidencial-y-los-primeros-25-años-de-resistencia.htm
Embajadora interina de EUA: “¿Para qué voy a seguir en El Salvador si no tenemos contraparte?” http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036720.jpeg https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25857/Embajadora-interina-de-EUA-“¿Para-qué-voy-a-seguir-en-El-Salvador-si-no-tenemos-contraparte”.htm Estados Unidos no ve en el Gobierno de Bukele un interlocutor de buena fe, según Jean Manes, la diplomática más alta del Gobierno de Biden en El Salvador. Manes anunció su retiro del país este lunes 22 de noviembre, poniendo fin a una gestión de seis meses marcada por conflictos sucesivos con el Gobierno salvadoreño en la que incluso ha comparado al presidente Bukele con Hugo Chávez. Bukele ha acusado a Estados Unidos de "injerencia" y de fomentar divisiones en su partido. Con la despedida de Manes la relación bilateral entrará en una nueva etapa, mientras el Senado estadounidense sigue sin confirmar al nuevo embajador del Gobierno de Biden. La titular de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció en entrevista matutina el lunes con el programa televisivo Frente a Frente que se marchará del país esta semana. Jean Manes, la encargada de negocios de la Embajada, aprovechó la entrevista para afirmar que el Gobierno de Bukele se ha mostrado cada vez menos dispuesto a enmendar las relaciones bilaterales tras el golpe legislativo del 1 de mayo.

Manes envió el mensaje de rechazo más rotundo a la agenda de Bukele desde que asumió en la Embajada el 26 de mayo. Enumeró una larga lista de desacuerdos, entre ellos la falta de acceso a la información pública, la purga de un tercio de los jueces y fiscales del país en septiembre y el desmantelamiento en mayo del equipo anticorrupción de la Fiscalía, que investigaba corrupción en el Gobierno y las negociaciones clandestinas con las pandillas. “Siempre tuvimos las puertas abiertas para mejorar nuestra relación, pero no tuvimos alguien del otro lado que tuviera interés en eso”, afirmó.

También condenó la fuente más reciente de tensiones internacionales, la propuesta para la Ley de Agentes Extranjeros, que exigiría el registro como “agente extranjero” de todo aquel que “responda a intereses o que es financiado directa o indirectamente por un extranjero” e impondría un impuesto de 40 % sobre los ingresos externos bajo pena de multas y anulación de personería jurídica. “Esa ley no tiene nada que ver con transparencia”, señaló Manes.

Por meses otro punto de conflictividad con el Estado salvadoreño ha sido la decisión de los magistrados impuestos por el bukelismo de frenar la extradición a Estados Unidos de al menos 16 líderes de la Mara Salvatrucha-13, algunos de ellos protagonistas en negociaciones clandestinas con el Gobierno salvadoreño. Fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito de Virginia los han acusado de crímenes que incluyen actos de terrorismo y narcotráfico en Estados Unidos, México y Centroamérica. “Dimos toda la información que ellos necesitaban, todas las condiciones que ellos querían”, argumentó Manes. “No solamente no ha habido respuesta, sino que no lo están haciendo”.

Jean Manes, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, en rueda de prensa tras anunciar su renuncia el 22 de noviembre de 2021. Foto de El Faro: Cortesía Embajada de Estados Unidos.
 
Jean Manes, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, en rueda de prensa tras anunciar su renuncia el 22 de noviembre de 2021. Foto de El Faro: Cortesía Embajada de Estados Unidos.

El Presidente Biden, quien aún no ha propuesto al Senado estadounidense un embajador para El Salvador, envió a Manes al país a finales de mayo como embajadora interina, para controlar los daños en la relación con la administración Bukele tras la destitución ilegal del fiscal general y los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Manes había tenido una relación constructiva con el entonces alcalde de San Salvador Bukele desde que sirvió como embajadora entre 2016 y 2019. “Cuando pasaron los eventos del 1 de mayo, recibí una llamada de la Casa Blanca diciendo: ‘¿puede regresar a El Salvador y ver qué está pasando?’, porque nadie lo podía creer”, reveló Manes en Frente a Frente. Añadió que llegó al país con el “apoyo de los dos partidos políticos en el Congreso (estadounidense)” para extender “un puente” de diálogo y tratar de convencer al Gobierno de revertir el golpe.

El retiro de Manes se enmarca en la relación cada vez más conflictiva entre Bukele y Estados Unidos. Manes reconoció en Frente a Frente, por ejemplo, que no ha podido reunirse con Bukele en alrededor de tres semanas, mientras que cuando llegó a El Salvador a finales de mayo se reunían dos o tres veces a la semana. Manes ha comparado el proceso de Bukele con lo realizado en Venezuela por Hugo Chávez.

“¿Para qué voy a seguir aquí si no tenemos contraparte en este momento?,” dijo Manes. También denunció el uso de medios estatales para “atacar la Embajada, atacarme a mí personalmente y también al presidente de Estados Unidos”.

Volverá a su puesto como asesora en el Comando Sur de la Fuerza Armada de Estados Unidos. “Cuando El Salvador quiera conversar, nuestra puerta está abierta", dijo. Brendan O’Brien, el segundo al mando y quien dirigió los negocios de la Embajada desde la toma de posesión de Biden hasta la llegada de Manes, volverá a la cabeza de la misión diplomática.

Las redes sociales del oficialismo guardaron silencio el lunes sobre la renuncia de Manes, aparte de una nota de consigna en el oficialista Diario El Salvador. Walter Araujo, excandidato a diputado del partido Nuevas Ideas y acusado de corrupción en la Lista Engel difundida en julio de 2021 por Estados Unidos, escribió: “¡LO LOGRAMOS! La Jean Manes @USAmbSV SE VA”, junto con un gráfico de fuegos artificiales. 

Enfrentamientos públicos

Desde septiembre, Bukele ha acusado al cuerpo diplomático de “injerencia” en la política salvadoreña y en su discurso público ha buscado vincularlos a los intereses de la oposición política. El día del Bicentenario de la independencia centroamericana, por ejemplo, en medio de manifestaciones masivas contra acciones de su gobierno, Bukele acusó en cadena nacional al cuerpo diplomático de financiar las protestas. En octubre, incluso acusó a la Embajada de conspirar con diputados de Nuevas Ideas para dividir la fracción legislativa del partido.

Manes también ha chocado públicamente con Bukele. Desde julio, el Departamento de Estado ha sancionado a miembros del gabinete de Bukele y a los magistrados impuestos de la Corte Suprema de Justicia por señalamientos de corrupción o su involucramiento en el golpe del 1 de mayo. En septiembre, tras la decisión inconstitucional de los magistrados impuestos de avalar la reelección presidencial, Manes comparó la movida con la consolidación autocrática de Hugo Chávez y afirmó que “la democracia está en declive”.

Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador; Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Jean Manes, entonces embajadora de Estados Unidos, durante el acto de inauguración del parque Cuscatlán, en el acto realizado el miércoles 10 de julio de 2019. Foto de El Faro: archivo. 
 
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador; Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Jean Manes, entonces embajadora de Estados Unidos, durante el acto de inauguración del parque Cuscatlán, en el acto realizado el miércoles 10 de julio de 2019. Foto de El Faro: archivo. 

Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos iban por mal camino desde antes de su llegada. Días antes de las elecciones en febrero, Bukele voló a Washington para defender su imagen y cortejar el apoyo de la nueva Casa Blanca ante señalamientos de corrupción y autoritarismo provenientes del Congreso de Estados Unidos. Ni la Casa Blanca de Biden ni el Departamento de Estado lo recibieron.

En mayo, la vicepresidenta Harris, el secretario de Estado Antony Blinken, demócratas y republicanos en el Congreso y otros representantes de Estados Unidos condenaron la destitución ilegal del fiscal general y los magistrados de la Sala de lo Constitucional. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, incluso congeló su financiamiento a los organismos del Estado involucrados en el golpe y prometió desviarlos a organizaciones de sociedad civil trabajando en pro de la democracia y transparencia. La Unión Europea también condenó las destituciones. 

Bukele respondió duramente a la crítica: “Estamos limpiando nuestra casa...y eso no es de su incumbencia”, tuiteó un día después del golpe. Semana y media más tarde, volvió a escribir en su cuenta: “Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”.

Mientras el conflicto con Estados Unidos sigue en ascenso, Bukele ha buscado explotar las debilidades políticas del Gobierno de Biden. Cuando el asesor de seguridad nacional de Biden acusó a Bukele a finales de octubre de “usar la popularidad para debilitar los sistemas democráticos” y prometió “trabajar con la comunidad internacional para evitar que El Salvador se vuelva otra Venezuela”, Bukele lanzó un contragolpe, comparando la agenda de Biden en El Salvador con “la destrucción y muerte en Afganistán”. Añadió: “Mantengan alejada su “democracia” de nuestro país”.

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El Salvador Mon, 22 Nov 2021 21:58:05 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25857/Embajadora-interina-de-EUA-“¿Para-qué-voy-a-seguir-en-El-Salvador-si-no-tenemos-contraparte”.htm
El oficio de estar en la escalera http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036717.jpeg https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25855/El-oficio-de-estar-en-la-escalera.htm Tal vez es como decía Martín Caparrós: lo importante es jugar el partido, saber que se está en la cancha buscando atinar una patada; o como decía Alma Guillermoprieto: nos ha sido dada la posibilidad de ver el espectáculo de la realidad en primera fila. Estamos cerrando un Foro Centroamericano de Periodismo distinto. Bajo condiciones distintas, digamos, peores. La pandemia nos impidió juntarnos físicamente en la edición del 2020, y cuando finalmente pudimos encontrarnos de nuevo, vernos de cerca, hablar en los pasillos, brindar, las cosas habían cambiado a una velocidad pasmosa: Centroamérica no es la misma, o tal vez sí. Tal vez lo correcto sea decir que la región se precipitó en una espiral hacia su propio pasado, hacia su esencia, quizá; que las fuerzas que siempre estuvieron ahí, medrando tras las apariencias, pretendiendo ser otra cosa, incubándose, salieron de pronto de su escondite y de nuestras pesadillas que albergan tantos espantos.

La dictadura no es más una creatura del pasado, ni los exiliados ni los presos políticos, ni las torturas ni los militares intocables, ni la represión ni la persecución de las ideas, ni los asesinatos de disidentes. Son tan actuales como la pobreza, la desigualdad vulgar, el expolio, el saqueo.

Se ha dicho en este Foro, más de una vez, que pese a eso, el periodismo vive uno de sus mejores momentos: medios más consolidados y más conectados con el mundo, periodistas más experimentados, tenaces, valientes hasta la temeridad. Y me pregunto cómo es eso posible. 

Nos hemos dicho en citas como esta, en talleres, en debates, en exposiciones de fotografía y cine, en conciertos, en obras de teatro, que si hacíamos nuestro trabajo bien, que si conseguíamos ser profundos para explicar nuestras sociedades, si verificábamos y doble verificábamos, si perseguíamos el rastro del dinero, si controlábamos el ejercicio del poder, si dudábamos siempre de la versión oficial, si le dábamos voz a los sin voz, si nos convertíamos en perros rabiosos en busca de la verdad, así no la alcanzáramos nunca… nuestros países, nuestras ciudadanías –los hombres y mujeres que la componen– serían más libres, más fuertes y estarían menos a merced de flautistas mercachifles vendedores de humos milagrosos. No ha sido así. 

Es importante decirlo: no ha sido así.  

He visto pasar año con año aquí a algunos de los mejores periodistas del mundo, sin duda a los mejores de la región, los he visto venir con las manos llenas de historias, de hallazgos, de batallas ganadas tan esforzadamente al silencio y a la oscuridad. Y me pregunto si el problema es que no lo hemos dado todo, si el problema tal vez es que no hemos verificado más, que no hemos controlado al poder más, que no hemos dudado más, que no le hemos dado más voz a los sin voz, si no hemos sido perros suficientemente rabiosos. 

O tal vez, pienso, que el viaje que emprendimos cuando decidimos dedicarnos a nuestro oficio de periodistas, es uno sin un destino, que lo nuestro no es llegar, sino estar en la escalera. Que no cambiamos el mundo, y que aprenderlo es la única meta posible. Quizá lo que quede es aferrarse a las convicciones y asistir a los huracanes creyendo, esperando, que sea cierto que romper el silencio, que alumbrar las sombras, salva a alguien de algo.

Tal vez es como decía Martín Caparrós: lo importante es jugar el partido, saber que se está en la cancha buscando atinar una patada; o tal vez es como decía Alma Guillermoprieto: nos ha sido dada la posibilidad de ver el espectáculo de la realidad en primera fila.

Pero pienso también que ese tiquete es a veces muy caro y que el espectáculo es duro de ver: unos personajes oscuros han espantado la primavera de Guatemala y persiguen a quienes entregaron su vida a hacer justicia; Honduras está en manos de mafias peligrosas que desdibujan los límites entre Estado, empresarios y el crimen organizado; en Nicaragua el viejo caudillo tenebroso ha perdido ya todas las formas, las últimas y mínimas que le quedaban. Hace unos días, luego de renovarse por cuarta vez en el poder tras una farsa electoral, llamó “hijos de perra” a sus compatriotas que él ha sepultado en mazmorras infames. Y en El Salvador un solo hombre lo controla todo y persigue toda verdad que no sea aquella en la que él manda creer. Un hombre que exige fe ciega y que está dispuesto a todo por imponerse sobre todo y sobre todos. 

El privilegio de la primera fila nos ha salido caro: varios colegas, especialmente los nicaragüenses que consiguieron escapar a tiempo, han perdido el derecho de tener un país al que volver; los otros están presos. En toda la región se nos persigue desde el poder, se nos difama, se nos ataca. Y aún creo, hay precios por pagar.

Pido disculpas por pintar un escenario tan oscuro, por clausurar una fiesta con estas palabras. Les tengo una sola buena noticia, si acaso lo es: todos los colegas centroamericanos que han pasado por esta edición del foro y por todas las anteriores conocen esta realidad y la conocían de manera profunda mucho antes de que yo empezara a hablar. Todos, todos sin excepción, siguen haciendo periodismo y todos, todos sin excepción creen que hacerlo tiene sentido. Y como si esa especie de trastorno que he elegido pronunciar como buena noticia no fuera suficiente, puedo anunciarles, sin lugar a dudas, que estaremos esperándolos en el Foro Centroamericano de Periodismo en 2022 en algún lugar de Centroamérica.

Discurso de cierre del Foro Centroamericano de Periodismo 2021. Foto El Faro:José Mario Calderón.
 
Discurso de cierre del Foro Centroamericano de Periodismo 2021. Foto El Faro:José Mario Calderón.


Este fue el discurso de cierre del Foro Centroamericano de Periodismo 2021, el cual se llevó a cabo del 4 al 11 de noviembre en Guatemala, Honduras y San Salvador.

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Columnas Mon, 22 Nov 2021 15:00:54 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25855/El-oficio-de-estar-en-la-escalera.htm
La jueza Aifán describe la “criminalización y vigilancia” a las que está sometida http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036016.JPG https://www.elfaro.net/es/202111/centroamerica/25827/La-jueza-Aifán-describe-la-“criminalización-y-vigilancia”-a-las-que-está-sometida.htm Erika Lorena Aifán Dávila, como jueza de Mayor Riesgo “D” desde 2016, es una de las juezas más relevantes de Guatemala, pero está bajo asedio desde hace tres años, debido a los casos de corrupción que lleva. Aifán ha denunciado espionaje y boicot en su juzgado desde otras instancias del Organismo Judicial. La presión en su contra se intensificó cuando tuvo a su cargo varios casos que investigaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Cuando se le pregunta si actualmente confía en su equipo, su respuesta es contundente: “No”. En teoría, el Organismo Judicial (OJ) concentra recursos en los juzgados de Mayor Riesgo para procesar casos de alto impacto. En la práctica, los jueces que los dirigen son hostigados. Sólo entre 2015 y 2018, estos jueces sumaron 57 denuncias administrativas, 33 denuncias penales, y 22 solicitudes de antejuicio (la jueza Erika Aifán concentra el mayor número), según un informe de Impunity Watch. En junio pasado, cuatro de estos jueces (Aifán, Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, y Yassmin Barrios) dijeron que muchas de las denuncias no tienen fundamento y pidieron al Ministerio Público (MP) que las revise y desestime. Estos procesos consumen horas de la agenda ya recargada de los jueces y las juezas, y les exponen a amenazas inverosímiles. Además los obligan a emplear más recursos de los que disponen para defenderse.

El informe de Impunity Watch, de febrero de 2019, revela que “los jueces de Mayor Riesgo tienen el mismo salario y beneficios laborales de los jueces ordinarios”. Sin embargo, trabajan bajo mayor presión y riesgos a su seguridad y la de sus familias, y son blanco de un alto escrutinio público que suele acabar en criminalización.

En esta entrevista, ocurrida el 5 de octubre pasado, y en la que Aifán se despojó de su habitual discreción y conversó durante casi dos horas, ella calificó a todo este proceso como “una criminalización bajo aparente legalidad”.

Para comprender el delicado momento en que están los jueces como Aifán es necesario traer a cuenta varios sucesos que han marcado el deterioro de la justicia en Guatemala.

Erika Aifán durante entrevista ofrecida a El Faro, en su despacho, en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Erika Aifán durante entrevista ofrecida a El Faro, en su despacho, en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Las denuncias contra Aifán comenzaron en junio de 2018. Su juzgado llevaba complejos procesos que iniciaron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando ya estaban bajo acoso.

Uno de esos casos es Comisiones Paralelas 2020: en abril de 2018, Aifán ligó a proceso al abogado Roberto López Villatoro, y a dos personas más, después de que la CICIG demostró que el abogado intentó influir en el nombramiento de “las más altas autoridades del poder judicial en el país” por medio de una estructura paralela a las Comisiones de Postulación (de jueces y magistrados). Eran candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.

Para mayo de 2018, en otro caso de la CICIG, Construcción y Corrupción, Aifán había condenado a nueve prominentes empresarios que sobornaron a un exfuncionario de la administración anterior. La sentencia incluía una disculpa pública y un resarcimiento del daño por medio de la construcción de obras públicas, por Q35 millones (US$4.6 millones), que incluyeran en un lugar visible este anuncio: que la construcción de la obra era parte del cumplimiento de la condena en el caso Construcción y Corrupción. Ese mismo mes, Consuelo Porras asumió la fiscalía general.

El 31 de agosto de 2018, el entonces presidente Jimmy Morales anunció que no solicitaría la extensión del mandato de la CICIG (vigente por un año más). Ese mismo día, tres meses después de que comenzaron las denuncias en su contra, Aifán reveló que dos vehículos no identificados la siguieron desde la Torre de Tribunales hasta su casa. No obstante, en diciembre, Aifán envió a los procesados a juicio en el caso Comisiones Paralelas. En enero de 2019, cuando el jefe de la Comisión, Iván Velásquez, y varios investigadores extranjeros volvían a Guatemala después de un viaje corto, el Gobierno prohibió su ingreso al país.

La presión contra Aifán siguió escalando. Provenía del MP, en forma de denuncias de fiscales cuestionando sus actuaciones como jueza, y de algunos procesados. También salía de su propia oficina, en filtraciones de documentos en procesos con un denominador común: Gustavo Alejos, exsecretario Privado de la Presidencia (2008-2012). La FECI también señaló a Alejos de intentar influir en la composición de las cortes. El exfuncionario, que es procesado en otros cinco casos de corrupción, es una de las fuentes detrás de las denuncias contra Aifán.

En junio de 2021, la FECI pidió el retiro de la inmunidad a diez magistrados de la CSJ, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad (CC), en el caso Comisiones Paralelas. Un mes después, la fiscal general despidió al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien también tenía una docena de denuncias en su contra en el MP. En agosto, la CSJ rechazó el pedido de la FECI, y los magistrados mantuvieron su inmunidad. En septiembre, el MP pedía la captura de Sandoval (aunque estaba fuera del país desde julio).

Para entonces, los jueces de Mayor Riesgo estaban en una isla rodeada de operadores de justicia cuestionados. Unos meses antes, cuando acudieron a la sede central del MP para pedir que cesara la persecución en su contra, la respuesta de la fiscalía general fue el silencio absoluto.

Aifán navega en este contexto con un equipo de trabajo del cual desconfía, salvo por su secretaria. La han grabado sin autorización discutiendo información confidencial, y han extraído piezas de expedientes del juzgado. También le han ocultado certificaciones que requieren sus resoluciones en un plazo definido, para que lo incumpla y sea sancionada.

“Es evidente que hay una estrategia estructurada para afectar la funcionalidad del juzgado”, dice la jueza. “Hay una estructura criminal en todo esto, subyacente, por la forma en que se van moviendo, la comisión de los hechos y la protección hacia los autores materiales”.

El tiempo que emplea en esquivar los ataques extiende algunas de sus jornadas hasta la media noche, pero no prosperan las denuncias contra los empleados que según ella boicotearon el juzgado. Al contrario, afirma que el OJ los protege.

En septiembre pasado, la nueva CC (juramentada en abril) revocó un amparo que frenaba un antejuicio contra Aifán. El proceso surgió por las medidas que la jueza ordenó contra candidatos a magistrados, con base en su vinculación con el caso Comisiones Paralelas, y Gustavo Alejos, según la FECI. Sin embargo, la CSJ rechazó la petición de retirarle la inmunidad este mes. Es la segunda vez este año en que la Corte decide que Aifán retenga su inmunidad.

Actualmente, poco ilustra la situación de Aifán como las condiciones en que se desplaza hacia el juzgado que dirige, desde una oficina en el otro extremo del vestíbulo en el nivel 14 de la Torre de Tribunales. Apenas son unos 50 metros, pero la rodean cuatro guardias de seguridad vestidos de particular, que empuñan fusiles de asalto, y al menos una guardia uniformada del OJ. Una vez entra al juzgado, el equipo de seguridad permanece en la puerta, a un lado de la ventanilla de recepción, en alerta.

Su oficina no mide más de tres metros cuadrados, con mesas y libreras donde hay expedientes y documentos en cualquier espacio disponible. El ruido del tráfico se cuela por la ventana, también el estruendo de los aviones que despegan del aeropuerto La Aurora y sobrevuelan el edificio. Aifán ha cerrado la puerta de su oficina. La precede la fama de ser escueta para hablar, pero esta entrevista dura una hora y 47 minutos. Este día, la jueza de Mayor Riesgo tiene mucho que decir.

Erika Aifán, durante la primera audiencia de un caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020: Control político y judicial en manos de un preso”, el 18 de febrero. Ante ella se sienta Gustavo Alejos. Foto: Simone Dalmasso / Plaza Pública.
 
Erika Aifán, durante la primera audiencia de un caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020: Control político y judicial en manos de un preso”, el 18 de febrero. Ante ella se sienta Gustavo Alejos. Foto: Simone Dalmasso / Plaza Pública.

—Usted ha dicho que su judicatura ha sido objeto de espionaje desde hace dos años. ¿Cuál fue el detonante?

—En junio de 2018, tuvimos una solicitud de informe de amparo en el que textualmente la persona copiaba parte de una resolución que no había sido notificada. Entonces, con mi secretaria reforzamos la vigilancia para evitar más filtraciones. Cuando son cosas muy confidenciales, allanamientos, autorizaciones, órdenes de aprehensión, solo lo trabajo con mi secretaria. Registramos cuántas órdenes de aprehensión no se ejecutaban por operativo. Eran una o dos, un margen normal, cuando no encontraban a las personas. De pronto hubo un expediente con el 25% de ineficacia, una diferencia sustancial que comenzó con el cambio de fiscal general. En el segundo operativo fue un 50%. El tercer y último operativo, del 5 de agosto de 2019, fue 100%. No se capturó a nadie. Ese fue otro punto de filtración, pero no de mi secretaria. Nos llamó la atención que los dos primeros operativos fueron de la (auxiliar) fiscal, Cinthia Monterroso (de la FECI). Ella nos culpó. Dijo que seguramente en el juzgado se había filtrado la información.

Un reporte de prensa divulgó que la lista de personas a capturar circuló en redes sociales un día antes del tercer operativo. Entre ellas estaba Gustavo Alejos. Aifán dice que la fiscal general inició una investigación de oficio por “fuga de información”. La jueza también pidió investigar a Monterroso por la filtración en varios casos. Aifán confiaba en su secretaria. Habían manejado casos más delicados con cero filtraciones. Entonces, para ubicar la fuga, comenzaron a observar patrones de comportamiento en el resto del personal.

—Con la puerta abierta (de la oficina), escucho que una de las oficiales le grita al notificador, “¡Pedro Luis! ¡Te llaman! Es el licenciado fulano de tal. Te está devolviendo la llamada”. Él sale corriendo a contestar el teléfono, y la oficial le dice, “dice que tú lo llamaste, o le pusiste un mensaje, algo así”—relata Aifán.

Se trataba del notificador Pedro Luis Hernández Debroy. Después de preguntarle al respecto, el notificador le dijo que le había dado su número de celular al abogado defensor y se escribían por WhatsApp. Aifán le explicó que toda comunicación debía ser por la vía oficial, con la línea fija del juzgado, para dejar un registro en el caso de que fuera necesario comprobar cuándo se hizo una llamada. El notificador insistió en que no había hecho nada malo, y le mostró a Aifán los mensajes de texto en su celular. La jueza observó que el notificador informaba de antemano al abogado respecto a la programación de las audiencias, por ejemplo. También informaba resoluciones selectivamente a una de las partes, en otros casos, antes de notificar oficialmente a todas.

—Ahí vimos el match con el problema del amparo—dice Aifán. —Ese fue el detonante: ponerlos a ellos en evidencia y en conocimiento de que yo ya sabía que estaban actuando mal.

¿Qué casos involucra esto? —se le preguntó

Mesoamérica, un caso de migrantes que una estructura transnacional trae desde Nepal, Bangladesh, (y Eritrea). Pasan por toda Sudamérica, Centroamérica, Guatemala, México, hasta Estados Unidos. Se han hecho dos operativos de captura. Lo curioso es que, en este caso, (el notificador) tenía las comunicaciones con la fiscal (contra la Trata de Personas, a cargo del caso). El otro caso fue Caja de Pandora, una posible defraudación a la Municipalidad de Guatemala. El otro caso es el 359, que los netcenteros llaman la multicausa, porque abarca los casos Construcción y Corrupción 1 y 2; Red, Lavado y Política; Casa Antigua (que es el de los Q122 millones), Odebrecht, Financiamiento Electoral Ilícito, y Comisiones Paralelas. 

—¿Hubo filtraciones en estos últimos casos?

—Estas filtraciones con Pedro Luis (el notificador) se dieron en 2018, 2019, y no abarcan las últimas fases (del 359), porque estábamos todavía en Construcción 1 y 2. Pusimos controles. Para evitar (que filtrara) una resolución anticipadamente, vigilamos que se le entregara hoy y hoy se notificara. No le dábamos tiempo para filtrar. Esto comenzó a generar algún malestar (se quejó de que alguien revisaba su archivo, por ejemplo). Entonces, le dije: “levantemos acta y vemos qué tiene, qué le revisaron, y qué le sacaron del archivo”. Por supuesto, no había nada forzado (en el archivo)—dijo Aifán.

El notificador esparció el contenido de sus archivos, carpetas y documentos sobre el escritorio. Le entregó uno por uno a la jueza y ella identificaba el documento en voz alta. Era el 3 de octubre de 2019.

—Como estaba un poco alterado, no se dio cuenta de algo —relata la jueza—. Me entrega un documento, y cuando lo veo, era una fotocopia de una denuncia en mi contra. Como recibo cantidad de denuncias en mi contra, ni pasó por mi mente que era una denuncia nueva. Y él, como estaba molesto, sólo me pasó el siguiente documento.

Aifán se ríe porque lo que siguió era de película.

—Mi reacción fue, “Ay, esto es mío. ¿Qué hace esto aquí?”. Lo quité y en automático le recibí el siguiente documento, y él me lo dio en automático. Pero en eso, él reaccionó, así como… “Hiiiij”— Aifán hace las veces de quien contiene la respiración por un susto. — “¡Es la denunciaaaa!”—la jueza imita la reacción en cámara lenta del notificador. Ríe brevemente, pero recobra la seriedad de súbito y continúa —. Fue una fracción de segundo, y no sé cómo pasó, porque después que dije “Esto es mío, ¿qué hace aquí?”, lo puse a un lado. Pasó mi secretaria y le dije “guárdeme esto”. Y ella lo tomó y se fue. En esa fracción de segundo, él reaccionó, y se me fue encima. Giró la silla, y se paró, y empezó a decirme, “¡Devuélvamelo! ¡Eso es mío!” y empecé a retroceder, hasta que topé la espalda con un archivo, y grité “¡Llamen a seguridad!”. El documento que (yo) tenía era el siguiente; entonces lo agarré así (levantándolo, para que él lo viera), y le dije “¡Cálmese! ¡Cálmese!”.

El notificador siguió exaltado, dice Aifán, hasta que vio llegar a la seguridad. Entonces, se contuvo y se sentó. En los siguientes meses, la jueza comprobó que el notificador y la oficial Tatiana Guzmán Figueroa habían sustraído del juzgado información de varios expedientes.

Así, mientras Aifán llevaba algunos de los casos más importantes del país, también debió convertirse en detective en su propio despacho, solicitando la revisión de computadoras, teléfonos celulares y archivos. Sólo así comprobó que la grababan, sacaban expedientes —en físico y electrónico —de la oficina, y ocultaban notificaciones de diligencias que ella debía resolver. El jefe de seguridad del OJ le dijo que ella exageraba cuando escuchó sus sospechas. “Pienso que usted está muy estresada y está viendo cosas que no son”, le comentó una vez, según Aifán, antes de comprobar que ella tenía razón.

Erika Aifán durante entrevista ofrecida a El Faro, en su despacho, en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Erika Aifán durante entrevista ofrecida a El Faro, en su despacho, en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

El día cuando descubrió que la oficial Guzmán la grababa, el 4 de octubre de 2019, esperó tres horas para que llegara el fiscal. Cuando telefoneó al MP por la demora, el interlocutor le recomendó denunciar el hecho en la Oficina de Atención Permanente y agregó que el fiscal posiblemente llegaría en ocho días.

Comprobar que había filtración de información sólo aumentó la tensión en el juzgado, según Aifán. En el celular de la oficial hallaron siete grabaciones de voz de la jueza, de otras personas en el juzgado, e información del caso Mesoamérica (uno de los archivos de voz duraba 152 minutos). Además, una guardia del OJ tuvo que forcejear con Guzmán después de encontrar en su cartera documentos de un expediente. Al verlos, la oficial trató de arrebatárselos a la guardia.

Por las grabaciones y los documentos hallados, Guzmán fue detenida. Pero al día siguiente, un juez de paz dictó falta de mérito. El OJ también le impidió a Aifán convertirse en parte acusadora y, como corolario, el juzgado de turno “certificó lo conducente”: dio trámite a una denuncia de la oficial y el notificador contra Aifán, por supuestas violaciones o abuso laboral. La oficial fue trasladada a otro juzgado, en Villa Nueva.

Aifán asegura que había desaparecido la pieza 39 del caso Fénix, que lleva la FECI (52 acusados en el lavado de Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que una sala de apelaciones anuló este año). La jueza agrega que también se perdieron algunas certificaciones de sala, al menos diez apelaciones, 508 folios de una pieza que se envió a una sala, y un CD. La mayoría de los documentos perdidos eran del caso Fénix y Aifán los vincula con la oficial.

 —¿Qué impacto tuvo en los casos la sustracción de documentos?

—Se detuvo casi un mes el proceso en audiencia de primera declaración en el caso Fénix. Como se detectó la pérdida de las actuaciones, había que reponerlas. Pero no sabíamos exactamente cuánto se había perdido. Detectarlo nos llevó bastante tiempo. 

—¿Cómo afectan a los procesados?

—Les perjudican (los retrasos). Afecta el funcionamiento del juzgado. Las personas privadas de libertad y en primera declaración me presentaron denuncias, quejas, exhibiciones personales, amparos. El trabajo se incrementó. El lunes 7 de octubre de 2019, el lunes después de los incidentes con el notificador y la oficial, nadie llegó a trabajar, salvo mi secretaria. Han encubierto al personal corrupto.

—¿Han? ¿Quiénes?

—Las autoridades del Organismo Judicial. Algunas entidades. El lunes que no llegan a trabajar, vino toda la prensa. La Supervisión de Tribunales vino a documentar, pero nadie nos dijo qué había pasado, (aunque ese día los ausentes) se reunieron con la gerencia de recursos humanos y de desarrollo integral. Todos fueron a pedir su traslado. Fueron a VEA Canal, donde salen diciendo que les gritaba, que los trataba mal, situaciones que no eran ciertas; que las grabaciones eran supuestamente de mis gritos, y de todo lo que les hacía. Se presentaron (a trabajar) el martes como si nada. El Organismo Judicial autorizó las ausencias y no nos notificó.

El 8 de octubre suspendieron dos audiencias del caso Fénix porque la oficial encargada (Guzmán) se ausentó. Una audiencia era para tratar la modificación de medidas cautelares de dos detenidos; y otra, para escuchar a cuatro procesados. El notificador regresó hasta el 16 de octubre, y la oficial, uno o dos días después, según Aifán. 

Un día antes, cuando nadie llegó a trabajar, excepto su secretaria, todos los archivos estaban cerrados con llave, pero no había llaves disponibles. Aifán llamó a Supervisión de Tribunales, que llamó a un cerrajero. Fotografiaron el contenido y los archivos, antes y después de abrirlos, para evitar que dijeran que ella había tomado documentos que el personal ya había sustraído.

Durante ese proceso, ingresó una solicitud de informe de la Sala, preguntando por qué Aifán no había cumplido con una resolución en el plazo indicado. La resolución había sido enviada en una certificación que recibió la comisaria Loida Vitalina Lux Santizo en el juzgado, según lo comprobó Aifán en el libro de ingreso de documentos, pero nunca se la entregaron. Lux le dijo que la entregó a la oficial Guzmán, que no firmó de recibido. La jueza dice que sólo ellas saben qué sucedió.

Una de las partes insistía en que la Sala ordenó al juzgado dejar en libertad a los procesados, y que Aifán debía ordenar esas libertades. Pero cuando Aifán solicitó las certificaciones de nuevo, se percató de que la Sala había ordenado otra cosa. La sospecha es que la intención era causar problemas a la jueza, si ordenaba las libertades y se comprobaba que la instrucción era distinta.

La jueza Erika Aifán, encargada del caso Financiamiento Ilícito, escucha la primera declaración de Andrés Botrán, el día 25 de abril 2018. Foto de El Faro: Archivo.
 
La jueza Erika Aifán, encargada del caso Financiamiento Ilícito, escucha la primera declaración de Andrés Botrán, el día 25 de abril 2018. Foto de El Faro: Archivo.

—¿Hubo filtraciones después de 2019?

—Sí.

—¿Aún con cambio de personal?

Aún con cambio de personal. Ellos no cambiaron a todo el personal (al mismo tiempo). Le notificaban su traslado, pero a nosotros nos mandaban la notificación hasta que cambiaban a la persona. Entonces, esta persona seguramente se quedaba articulando cosas y cooptando a la gente.

—¿Actualmente confía en su equipo?

—No… No.

—Estamos hablando de amenazas externas e internas.

—Hemos logrado ordenar bastante (el juzgado) porque, me cambian a Pedro Luis (el notificador), pero me mandan a una notificadora que no venía a trabajar durante meses. Y se imagina, si en un proceso tengo a cien personas a quienes notificar, ¿cuántas notificaciones hago al año? Ella hizo un 10% de las notificaciones. Teníamos un promedio de 4,000 o 5,000 notificaciones retrasadas.

—¿Si eso le creaba problemas a usted en este juzgado, podría ser eso parte del objetivo?

—Sí, porque ella no notificaba en todo el mes. Tenemos un aproximado de 1,000 a 1,800 notificaciones al mes. Cuando (la notificadora) no venía, se generaba un embudo. Tenía gente con doble trabajo. Estábamos en pandemia, etcétera. Fue muy complicado. Además, la oficial que denuncié (Guzmán) acumuló varios escritos desde febrero (que no entregó). El tema en común en todos era el señor Gustavo Alejos. Todas las peticiones de él no las recibí.

—¿Sabe si esta situación ha sucedido en otro juzgado, con los otros jueces de Mayor Riesgo?

—No me lo han comentado.

—Uno podría imaginar que estas filtraciones son por presunta corrupción judicial, al servicio de los intereses de un afectado o afectada específica. Pero, por el paso del tiempo, ¿puede ser que responda a una estructura y a un interés político?

—El interés no puedo medirlo, pero sí responde a una estructura. Y les voy a decir por qué. En 2018 empiezan a descubrirse estos problemas de filtración, y la Sala me certifica por el caso Bitkov (familia rusa que obtuvo documentos guatemaltecos vía una red de falsificación, y promotora de uno de los antejuicios contra la jueza, para que perdiera su inmunidad). Aparece también el abogado Rodrigo De la Peña (promotor de otro antejuicio), que nunca se ha constituido en los procesos a mi cargo, pero conoce cómo se desarrollan todos, porque comienza a presentarme denuncias, exhibiciones personales, amparos, y toca, por ejemplo, casos como el Bitkov y Construcción. Fue como la contratación de alguien para hostigarme a través de diversas acciones. Él se detiene hasta que La Hora saca un reportaje, y le pregunta, “¿y usted por qué está poniendo tantas denuncias en contra de la jueza?” y responde que fue por hacer justicia. Entonces, le preguntan si las ha presentado contra otros jueces y él dice que no. Le preguntan por qué, y dice que porque no tiene tiempo de poner denuncias a todos. Nunca justifica por qué me selecciona. Después que lo publica La Hora, él desaparece. Simultáneamente, la Corte nunca nos proveyó los insumos necesarios. Tuvimos mucho problema para que asignara las salas de audiencia. Nos limitaba. Todo iba concatenado. Al momento de presentar las denuncias contra la oficial, ninguna prospera. Tatiana (Guzmán) sólo ha sido sancionada en un proceso (de aproximadamente 14). Los demás no han concluido. Algunos los impugné cuando dijeron que no debían ser investigados. Dicen que sí, y la siguiente autoridad le da vuelta. Ahorita hay algunos procesos en que ordenaron que se siguiera con el procedimiento y fuera audiencia disciplinaria.

¿Cuántas denuncias ha presentado contra su personal?

—Ya no tengo en mente cuántos son, pero el personal (del juzgado) en total tenía más de 110 denuncias. En el caso de la notificadora (que se ausentaba todo el mes), ella traía como 50 denuncias de su trabajo anterior. De las que yo presenté, hay 14 que declararon con lugar por falta gravísima y la sanción más alta es destitución. Tiene 14 destituciones. Tiene un montón de faltas graves y un montón de faltas leves. La notificadora fue trasladada como tres días antes de que nos notificaran, para que yo no la pueda destituir. 

¿Cuán coherente es la falta de apoyo a los juzgados de Mayor Riesgo con la importancia que tienen en el Organismo Judicial? ¿Cuánto retrasa su trabajo lidiar con todo esto?

—Me quita mucho tiempo. Algunos días he salido a las 12 de la noche, revisando, haciendo actas, resoluciones, porque no puedo detener el trabajo. Tengo personas privadas de libertad y hay que resolver la situación jurídica. Hay que hacer audiencias. Y a veces implica que también me quede sin almorzar, porque el supervisor sabe que ese es el espacio que tengo libre y entonces en ese espacio vienen a entrevistarme o a pedirme informes. Tengo una gran cantidad de denuncias y eso también implica para mí tener que invertir recursos. Para una defensa tuve que pagar Q700 de fotocopias. En abogado no gasto, porque me apoyan un amigo y mi papá, básicamente mi papá. Pero si tuviera que pagarlo, el salario no me alcanzaría.  La sobrecarga de trabajo genera estrés, que no haya filtraciones de información, estarse uno cuidando, aparte de las vigilancias. Todo eso afecta la funcionalidad. Si yo debo decidir una audiencia compleja, yo debería estar leyendo el expediente y no evacuando audiencias de régimen disciplinario.

La fiscal general Consuelo Porras tomó posesión del cargo en mayo de 2018, un mes antes que usted comenzara a acumular denuncias. ¿Cómo ha sido su relación con el MP desde entonces?

—Tengo una relación eminentemente profesional con el Ministerio Público. Sólo nos tratamos en audiencias, y a través de los escritos. Creo—casi susurra—, espero no equivocarme, que el MP y los abogados defensores quedan bastante convencidos de mis resoluciones. Tengo una incidencia muy bajita de apelaciones. Y de las apelaciones, el índice de revocatorias hasta ahorita ha sido bajo. Trato de explicar los motivos legales y fácticos o de hechos en cada resolución, para que las partes entiendan por qué, y vean que no hay ningún tipo de injerencia, ni soborno, ni una amenaza, o interés en beneficiar o perjudicar. La relación con el MP siguió normal.

¿La fiscalía general ha tenido un papel en las denuncias presentadas por o contra usted?

—Siempre ha costado que el Ministerio Público investigue. Hay cierta renuencia cuando se trata de funcionarios o empleados públicos en general. Lo digo porque (cuando estuve en un juzgado) en Jutiapa también presenté denuncias contra oficiales.

Entonces, ¿es desde siempre? 

—Siempre han existido retrasos. Cada institución tiene una cantidad de trabajo exorbitante, pero me preocupa que se trata de un juzgado de Mayor Riesgo; tenemos los casos de más alto impacto. Es evidente que hay una estrategia estructurada para afectar la funcionalidad del juzgado, y el trabajo que desarrollo. La filtración de información debería estar entre las investigaciones prioritarias. En 2019, la fiscal general dijo, “eso se debería investigar porque no es posible que se haya filtrado toda la información”. Estaba leyendo que hasta (el 4 de octubre de este año) citaron a un periodista que publicó una noticia previa al respecto. Están investigando esto dos años después. La creación de los Juzgados de Mayor Riesgo era para concentrar los recursos y el apoyo a los juzgados, pero hubo pérdida de expedientes y parece que a nadie le interesa. El Ministerio Público no lo investiga. El Organismo Judicial, en el caso de Tatiana (Guzmán), no ha emitido sanciones. Hay una estructura criminal en todo esto, subyacente, por la forma en que se van moviendo, en la comisión de los hechos y en la protección hacia los autores materiales. Debe analizarse como una estructura, como un todo. Lamentablemente, los eventos están dispersos. Nosotros ya le enviamos una petición a la fiscal hace unos cinco a ocho meses, para que unifiquen las denuncias dispersas en una fiscalía, y que ella decida en cual, pero no tenemos respuesta.

¿Qué repercusiones han tenido las solicitudes de antejuicio en su contra?

—Me han generado muchos problemas, como el de la fiscal Cinthia Monterroso (de la FECI). Ella presentó una denuncia porque yo supuestamente la estaba obligado a cambiar unas sindicaciones, y el tema no fue ese. Ella estaba peleándose con la representante de la CICIG en una audiencia con aproximadamente 70 partes procesales. Tenía la sala de audiencias full, con prensa y todo, y (ellas) tenían discrepancias por las imputaciones. Las insté a que se coordinaran, pero cuando ella me acusó, (las otras partes) me recusaron en todos los demás procesos, diciendo que seguramente yo había hecho lo mismo con todos los fiscales. Curiosamente, el proceso que (Monterroso) tenía a su cargo, fue el único en el que (las otras partes) no me recusaron.

Aifán dice que tuvo muchos inconvenientes porque la Supervisión de Tribunales incorporó pruebas de Monterroso, desapareció pruebas suyas (de la jueza), y tipificó faltas gravísimas encaminadas a una destitución, la sanción máxima. 

La jueza recuerda que el día de la audiencia con Monterroso y la CICIG, el 5 de agosto de 2019, también fue el día del tercer operativo fallido, con cero capturas. La secretaria de la jueza estaba afuera en unos trámites, y Aifán estaba sola, cuando llegó Gustavo Alejos. Según un reporte de prensa, la FECI sospechó que hubo fuga de información, porque Alejos llegó a Tribunales cuando debió ser uno de los capturados en ese operativo. Alejos dijo que desconocía la orden de captura en su contra aunque la lista con su nombre apareció en Twitter un día antes. “Uno de mis oficiales aparentemente filtró información”, dice la jueza. “Era el único que tenía el documento que apareció en las redes. Es un caso en investigación”.

El 22 de julio de 2021, después de que la fiscal general hizo cambios en la Fiscalía Contra la Corrupción, asignó varios casos a Monterroso, incluyendo uno de Gustavo Alejos. Un día después de despedir a Sandoval de la FECI, reubicó a Monterroso en la agencia ocho de esa fiscalía.

Hemos visto qué ha sucedido con otros operadores de justicia, por el curso que han seguido las denuncias en su contra y que, en algunos casos, han debido salir del país. ¿Esto es algo que usted ha considerado?

—Espero no tener que verme en escenarios como estos o de una posible detención en mi contra. 

¿Mejor no visualizarlo?

—Prefiero no. Con mis abogados estamos enfocados en demostrar que las denuncias son infundadas, que no tienen medios de prueba, que son nulas de pleno derecho. Tampoco se han observado los principios procedimentales y de fondo en la integración del pleno de la corte que le ha dado trámite a estas solicitudes, como en la denuncia del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ).

El magistrado Wilber Castellanos, quien presidía el Instituto en 2020, pidió retirar la inmunidad a Aifán por las diligencias que calificó como “ilegales” contra los candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones, quienes (a criterio de Castellanos) gozaban de inmunidad. Sin embargo, entre los indicios que la FECI tenía de la supuesta vinculación de los magistrados a Comisiones Paralelas 2020, figuraba una reunión entre Castellanos y Gustavo Alejos, para supuestamente negociar cómo se integrarían las nóminas de los candidatos a las Salas de Apelaciones para el siguiente período. El 17 de noviembre pasado, la CSJ rechazó el antejuicio que promovía Castellanos, el segundo que rechaza este año contra la jueza, aunque Aifán tiene otras denuncias pendientes.

—Lo han dicho mis abogados; esto es un círculo vicioso. —continúa Aifán. —Son relevantes las denuncias infundadas que tiene abiertas la fiscal general y que pedimos que se archiven. La ley da un plazo de 20 días para decidir. Hay peticiones de varios compañeros (otros jueces de Mayor Riesgo) desde 2012. En mi caso, las más antiguas son de 2018. Ya excedieron demasiado el plazo de 20 días. No estamos evadiendo una responsabilidad, pero, si no tienen ningún fundamento, ¿por qué van a estar abiertas tanto tiempo?

Entonces les decimos, — continúa Aifán—: “¿Usted cree que hay fundamento? Pida el antejuicio. ¿Usted cree que no hay fundamento? Archive, pero tome una decisión”. Si es antejuicio, iré a defenderme. Si es archivo, la contraparte tendría que emprender otra acción. Mientras ellos no tomen esa decisión, seguimos expuestos. Vemos [que] también pueden estar manejando plazos, [y diciendo] “guardo esta denuncia porque la voy a activar cuando convenga”.

¿Según los casos que ustedes llevan?

—Cuando hemos estado con audiencias álgidas, se incrementa el número de denuncias, de visitas de los supervisores, y en una oportunidad hasta me sacó de la audiencia la supervisora. En una llamada, le dijo a mi secretaria que si yo no contestaba el teléfono iba a reportar que yo no estaba trabajando, porque a ella no le constaba que yo estuviera acá (en la Torre de Tribunales). Por eso hablamos de una criminalización bajo aparente legalidad, porque son procedimientos establecidos en la ley, pero no tienen sustento. Y eso sí nos genera temor que se vulneren nuestros derechos.

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Centroamérica Mon, 22 Nov 2021 12:34:47 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/centroamerica/25827/La-jueza-Aifán-describe-la-“criminalización-y-vigilancia”-a-las-que-está-sometida.htm
Abandonar la OEA: la maniobra de Daniel Ortega para evadir más sanciones http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000032385.JPG https://www.elfaro.net/es/202111/centroamerica/25854/Abandonar-la-OEA-la-maniobra-de-Daniel-Ortega-para-evadir-más-sanciones.htm En medio de un proceso para emitir nuevas sanciones en contra de su régimen y luego de que la OEA rechazara los resultados de las elecciones amañadas por el Gobierno de Ortega, el mandatario anunció que retira a Nicaragua del organismo internacional, acusándolo de "injerencista". Con esta medida, el país centroamericano da un nuevo portazo a la diplomacia internacional. El gobierno nicaragüense anunció su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA), una semana después de que la Asamblea General de la OEA votara una resolución que rechazaba los resultados de las elecciones presidenciales del pasado siete de noviembre, donde Daniel Ortega ganó un periodo más luego de varios meses en los que encarceló a sus más notables opositores u obligó a exiliarse a gran diferentes líderes de la sociedad civil y periodistas. 

Al régimen recientemente reelecto encabezado por Ortega y su esposa Rosario Murillo se le habían cerrado los canales diplomáticos dentro de la OEA semanas antes de su rompimiento. Ya no había margen de maniobra diplomática alguna para ellos.

A 18 días de la elección presidencial en Nicaragua, el pasado 20 de octubre, la OEA ya había emitido una resolución en la que cuestionaron las votaciones antes de que ocurrieran, por graves violaciones a los derechos humanos, por haber desaparecido a la oposición que, en los hechos, podía representar un contrapeso y, sobre todo, por poner tras las rejas a estudiantes, obreros, activistas y opositores, entre ellos, a los compañeros y colegas del propio Ortega en la revolución encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que depuso el dictador Anastasio Somoza el 17 de julio de 1979.

Fueron 26 votos a favor, 8 abstenciones y 0 en contra de la propuesta titulada “La Situación de Nicaragua”, hecha por Canadá, Chile, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.

El Salvador votó a favor de la propuesta contra la elección presidencial en Nicaragua, pero no entró al debate ni explicó su postura. Lo mismo sucedió con Belice y Panamá. El único país de Centroamérica que protestó contra la forma en que se ha conducido el régimen de Ortega y Murillo fue Costa Rica. Los representantes de Guatemala y Honduras solo encendieron sus micrófonos para abstenerse.

Rosario Murillo y Daniel Ortega en actividad abierta con los simpatizantes del FSLN, el 29 de septiembre de 2018, en la rotonda Hugo Chávez, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Esa misma tarde, la policía de Nicaragua había desarticulado con bombas aturdidoras a los ciudadanos que protestaron abiertamente contra el régimen Ortega-Murillo. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Rosario Murillo y Daniel Ortega en actividad abierta con los simpatizantes del FSLN, el 29 de septiembre de 2018, en la rotonda Hugo Chávez, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Esa misma tarde, la policía de Nicaragua había desarticulado con bombas aturdidoras a los ciudadanos que protestaron abiertamente contra el régimen Ortega-Murillo. Foto de El Faro: Víctor Peña.

La embajadora de Costa Rica, Alejandra Solano, dijo entonces que existía una gran preocupación ante la falta de condiciones para una elección creíble. La reunión tuvo un momento de rispidez cuando el embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdalá, cargó contra los países que se abstuvieron de condenar a la dictadura de Ortega y Murillo.

“¿Qué necesitan para comprender que hay un pueblo desesperado? ¿qué pruebas hay que ofrecerles para enfrentar este tipo de dictaduras?”, preguntó el diplomático.

Y luego arremetió: “Dígamelo, sean claros. No entiendo a algunos compañeros, a menos que sea una lectura en clave ideológica. Si es así, sería tristemente penoso. ¿Nadie ha visto lo que hicieron con el escritor Sergio Ramírez? Ahora tiene que exiliarse en Costa Rica. ¿No han visto las entrevistas en las cadenas internacionales? No estoy entendiendo, y en la corta va a ganar Ortega porque los dictadores se están eternizando. ¿Cuantos más Ortega y su señora quieren?”.

Las preguntas del uruguayo quedaron sin respuesta. Ninguno de los países que votó en abstención lo refutaron: Barbados, Bolivia, México, San Vicente y Granada, Honduras, Guatemala y Argentina. Las representaciones de esos países enmudecieron a pesar de que, minutos antes, algunos hicieron una férrea defensa de la no intervención.

A pesar de esto, la noche del domingo 7 de noviembre pasado el triunfo del FSLN fue un hecho. Ortega y Murillo fueron reelectos hasta el año 2027 con el 75% de los sufragios a su favor, en unas elecciones sin ninguna transparencia y donde los votos nulos alcanzaron la tercera posición, con más de 150,000 boletas. 

Al día siguiente, Ortega pronunció un discurso trasmitido en cadena nacional donde llamo “hijos de perra de los imperialistas yanquis” a quienes habían intentado quitarle el poder a través de las urnas y haciendo referencias a los opositores encarcelados.

"Dejaron de ser nicaragüenses. No tienen patria. Debería de llevárselos para allá, a los Estados Unidos”, espetó el exguerrillero de 76 años y con 14 años consecutivos como presidente de Nicaragua apoyado por Cuba, Rusia y Venezuela.

El 14 de noviembre -apenas 7 días después de las elecciones- la OEA aprobó la nueva resolución en la que declaró la reelección de Ortega y Murillo no fue libre, transparente y carece de legitimidad democrática.

Esta resolución fue aprobada al final de la 51 Asamblea General de la OEA, que fue celebrada de forma virtual. 25 países de la organización votaron a favor de la propuesta para no reconocer las elecciones Nicaragua. Otros siete se abstuvieron, entre ellos Honduras, México, y Bolivia. Sólo hubo un voto en contra y fue de Nicaragua.

En la víspera de esa reunión, algunos países, entre ellos Estados Unidos, pidieron sanciones concretas. El artículo 21 de la Carta Democrática dice que el organismo puede considerar la suspensión de un Estado miembro. El artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, indica que en caso grave de una “alteración” de la democracia el secretario general o cualquier nación puede convocar inmediatamente a un Consejo Permanente para evaluar la situación.

La resolución también advirtió que Nicaragua ignoró las recomendaciones que la OEA desde hace tiempo y pidió al Consejo Permanente que presentara un informe antes del 30 de noviembre para tomar “acciones apropiadas”.

Hace unos días, el jueves 17 de noviembre, Dennis Moncada ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua fue quien notificó por escrito y públicamente -en un mensaje transmitido por televisión- la indeclinable decisión de renunciar a la carta de la OEA.

En su discurso, manifestó que la OEA fue diseñada como un foro político manejado por Estados Unidos para intervenir ilegalmente en otras naciones.

“No nos reconocemos como colonia de ninguna potencia y reivindicamos la dignidad y el decoro nacional en legitima defensa de nuestra independencia, soberanía y autodeterminación; frente a las acciones agresivas violatorias de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de la OEA de los Estados Unidos.”, criticó.

Tras la asamblea 51 asamblea de la OEA, Luis Almagro había dicho que a su oficina no le correspondía decidir cuál sería la sanción contra Nicaragua. Esa decisión -comentó- corresponde al Consejo Permanente, pero advirtió que no habría más tiempo que perder.

Tres fuentes diplomáticas informaron a El Faro que, aún con la separación de Nicaragua, el informe final sobre las elecciones que encumbraron de nuevo al régimen de Ortega y Murillo hasta el año 2027 tendrá que elaborarse e incluir algún tipo de sanción ante la negativa de liberar a los presos políticos y por haber pasado por encima de al menos dos resoluciones aprobadas por una abrumadora mayoría.

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Centroamérica Sun, 21 Nov 2021 18:34:33 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/centroamerica/25854/Abandonar-la-OEA-la-maniobra-de-Daniel-Ortega-para-evadir-más-sanciones.htm
¿Podrá Honduras salvarse a sí misma? - Por Carlos Domínguez Ávila https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25853/¿Podrá-Honduras-salvarse-a-sí-misma---Por-Carlos-Domínguez-Ávila.htm 360 grados Sat, 20 Nov 2021 13:23:47 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25853/¿Podrá-Honduras-salvarse-a-sí-misma---Por-Carlos-Domínguez-Ávila.htm La reelección en El Salvador es sinónimo de dictadura http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000036561.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25809/La-reelección-en-El-Salvador-es-sinónimo-de-dictadura.htm El último presidente salvadoreño que se reeligió fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez. La prohibición constitucional para que un presidente se reelija data desde el siglo XIX y es una tradición basada en episodios concretos y lecciones dolorosas de historia que se ha ido reflejando en las constituciones salvadoreñas prácticamente desde que el país se independizó. La nueva interpretación, que permitiría a Nayib Bukele reelegirse, devuelve a El Salvador a un tiempo donde la democracia existía solo en papel. El mayor Roberto d’Aubuisson, en traje y corbata, contaba a mano los votos de los diputados, ayudándose de un lapicero y haciendo cuentas audiblemente. Corría el 28 de septiembre de 1983 y la Asamblea Constituyente estaba reunida en el Salón Azul, el mismo que ahora conocemos, pero con más muebles de madera y menos escaños: la Asamblea estaba conformada por 60 diputados, 24 menos de los que tiene ahora. Los diputados estaban aprobando el Título III de la Constitución: “El Estado, su forma de gobierno y sistema político”. 

Discutían por casi todo, de forma y fondo. Ni siquiera los artículos que parecerían obvios en contenido fueron aprobados a la carrera. Para la aprobación del artículo 83, por ejemplo, que dice que El Salvador es un Estado soberano, llevaban discutiendo día y medio el texto preciso cuando decidieron ponerlo en pausa para avanzar en el articulado. También pospusieron el artículo 84, que establece los límites territoriales del país. El artículo 85 conllevó una larga discusión sobre el significado del término “pluralista” para el sistema político. El 86 empezó con una discusión semántica sobre el uso de la palabra “poderes” u “órganos” para referirse a las tres ramas del Estado y se extendió a una discusión de autores constitucionalistas europeos. 

El artículo 87, el mismo que menciona el derecho a la insurrección y que fue invocado por el Gobierno de Bukele cuando no controlaba la Asamblea Legislativa, tuvo todo un debate teórico de fondo. En su origen, los diputados hablaron de la relación de ese artículo con el derecho a la resistencia de la Revolución Francesa y agregaron una frase que blindaba la Constitución que estaban creando: en caso de insurrección, esta solo serviría para separar a los funcionarios que rompieran el orden constitucional, pero no implicaría una reforma constitucional automática.

Esa era la tónica. Cada artículo fue discutido minuciosamente por las seis diferentes fracciones que componían el congreso salvadoreño y luego cada fracción tenía el derecho a responder. Por eso lo que pasó con el artículo 88 fue raro. A la hora de discutirlo, nadie pidió la palabra. Nadie objetó. Todos votaron unánimemente. Ese artículo dice: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de Gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.

El oficialismo se refiere al texto del 83 como la “Constitución de d’Aubuisson”, un peyorativo en alusión al fundador de Arena y conspirador del asesinato de monseñor Romero que presidió la Asamblea Constituyente. Esa perspectiva simplifica e ignora cinco meses de trabajo y discusión en una Asamblea Constituyente formada por 60 diputados en los que solo 19 eran de Arena. También ignora que se trata de un documento desarrollado sobre décadas de constitucionalismo salvadoreño en el que la democracia es, al menos en el papel, una forma de gobierno innegociable. 

Roberto d´Aubuisson preside una sesión plenaria de la Asamblea Constituyente de 1983, donde se discutía la aprobación de la Constitución Política de El Salvador, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Archivo. 
 
Roberto d´Aubuisson preside una sesión plenaria de la Asamblea Constituyente de 1983, donde se discutía la aprobación de la Constitución Política de El Salvador, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Archivo. 

La prohibición de la reelección presidencial en El Salvador es una tradición constitucional informada en episodios concretos y lecciones dolorosas de los 200 años de Independencia del país. La última vez que se escribió una Constitución, los diputados incluyeron seis artículos clave en los que blindaron al país contra esa posibilidad. Treinta y ocho años más tarde, la interpretación de la Sala Constitucional impuesta por Bukele utiliza la semántica para argumentar que un presidente puede estar 10 años en el cargo: como Nayib Bukele es presidente 2019-2024, no fue presidente en el periodo anterior 2014-2019. La prohibición, por tanto, no aplica para él; puede inscribirse a la elección y, si gana, gobernar entre 2024 y 2029. Será hasta entonces, si busca un tercer período, que le aplicarían todas las prohibiciones de la Constitución.

Esa interpelación de la Sala ilegalmente elegida es un intento de cambiar la historia constitucional y va contra las lecciones que llevaron a cerrar con llave la posibilidad. 

El Faro revisó cientos de páginas de las sesiones de discusión y aprobación del proyecto de la Constitución de 1983, horas de grabación de las sesiones, periódicos de la época y consultó a expertos constitucionalistas. Para aprobar el artículo 88 y otros cinco artículos clave que prohíben la reelección de un presidente, la Asamblea logró un consenso sin contradicciones.

El artículo 75 de la Constitución habla de la pérdida de derechos de ciudadanos para quien promueva la reelección del presidente. Se aprobó el 20 de septiembre de 1983, con 59 votos. 

El artículo que prohíbe a la persona que haya ejercido la presidencia continuar en sus funciones “un día más” (antes 150, ahora artículo 154) se aprobó sin ninguna observación, ese mismo día, con 54 votos. 

El artículo que describe las funciones de la Asamblea (131 de la Constitución desde 1992, 127 de la de 1983) tiene 38 numerales. El 16 dice que la Asamblea debe “desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando, terminado su período constitucional, continúe en el ejercicio del cargo”. Se aprobó con 57 votos, sin observaciones, en la tarde del 8 de noviembre de 1983.

El que ahora es el artículo 152 (era el 148 en la versión de 1983) prohíbe a quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses consecutivos o no durante el período inmediato anterior su postulación al cargo. Se aprobó, con 55 votos, el 11 de noviembre de 1983.

Por último, el artículo 248 es una especie de candado que se pone a una puerta previamente cerrada. Habla de la manera de reformar la Constitución y dice: “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Ese inciso, al igual que el artículo 88, tampoco se discutió y se aprobó el 24 de noviembre de 1983, con 35 votos.

Ese nivel de acuerdo no es poco para un país que se desangraba en plena guerra mientras los diputados discutían y celebraban una nueva Constitución. Esos artículos se mantuvieron intocables en las reformas a la Constitución que se hicieron cuando finalizó la guerra. Para una clase política y un país tan divididos durante 12 años de conflicto, una idea estaba clara: no es buena idea que un presidente se reelija.

Bajo las balas

La Asamblea Constituyente fue electa en marzo de 1982. Una forma de explicar la tensión política de aquellos años es la del politólogo Álvaro Artiga, que ubica a los partidos en términos de su posición hacia el régimen y el sistema de gobierno. Así, el FMLN era antirrégimen y antisistema, y no participaba en el sistema político partidario. Los más conservadores, prorrégimen y prosistema, eran el recién formado Arena (septiembre de 1981) y el PCN, el partido de las dictaduras militares. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) jugaba el papel de oposición (antirrégimen pero prosistema).

De los 60 diputados, el PDC obtuvo 24, demostrando la fuerza que llevaría a Napoleón Duarte a ganar la presidencia dos años más tarde (aunque Duarte ya había sido presidente del país, en la tercera Junta Revolucionaria de Gobierno). Entre 1982 y 1984, todos los partidos tenían ministros como parte de un gobierno de “unidad nacional”. En las elecciones del 82, la Arena del mayor Roberto d’Aubuisson obtuvo 19 votos y se aseguró el control de la mayoría en una alianza con el PCN, que consiguió 14 escaños. El PCN se dividió muy pronto en la Constituyente: nueve de sus diputados formaron el Partido Auténtico Institucional Salvadoreño (PAISA), pero mantuvieron su alineamiento con Arena en la mayoría de temas. Los otros tres lugares los ocuparon partidos minoritarios: uno del Partido Popular Salvadoreño (PPS), y dos de Acción Democrática (AD).

En términos de género, la división era mucho más desigual. Solo hubo siete diputadas constituyentes y cinco más en calidad de suplentes. Esto fue más evidente cuando se formó la comisión redactora de la Constitución: 13 hombres en un primer momento, aunque después se incorporaron otros ocho diputados, entre ellas quizá las dos mujeres de mayor peso en esa Asamblea: María Julia Castillo, del PCN, la primera presidenta de la Asamblea Legislativa; y Gloria Salguero Gross, fundadora de Arena, y años más tarde vicepresidenta de la Asamblea.

La Comisión Redactora empezó su trabajo con tres acuerdos: basarse en la Constitución de 1962, convocar a diferentes organizaciones sociales y gremiales para opinar y pedir opinión a diferentes instituciones. “Además se consultaron las Constituciones de todos los países de América Latina, de España y otros países europeos , así como también compendios y tratados sobre Derecho Constitucional y otras disciplinas jurídicas y filosóficas”, según el informe que la comisión redactora de la Constitución presentó al pleno.

Lograr acuerdos en el contexto de la guerra civil fue un desafío desde la propia elección, que los medios catalogaron “bajo las balas”. El FMLN, entonces guerrilla, amenazó con boicotear el proceso: la votación no se pudo llevar a cabo en 21 municipios y hubo ataques a las cabeceras de Morazán, Chalatenango y Usulután, según describió la revista Proceso, un semanario de la Universidad Centroamericana (UCA) que resumía los hechos políticos.

Diputados votan durante una sesión plenaria para aprobar un artículo de la Constitución, en la Asamblea Constituyente de 1983. Foto de El Faro: Archivo. 
 
Diputados votan durante una sesión plenaria para aprobar un artículo de la Constitución, en la Asamblea Constituyente de 1983. Foto de El Faro: Archivo. 

El país atravesaba los que, según la Comisión de la Verdad, fueron los años más cruentos de la guerra. Mientras tanto los diputados constituyentes se reunían en el Salón Azul, al cual la Asamblea se había trasladado en 1975. Discutieron largo: técnicamente, la Constitución se aprobó en una sesión solemne que se suspendió al finalizar cada plenaria, entre el 22 de julio y el 20 de diciembre de 1983. Las sesiones duraban unas cinco o seis horas, de lunes a viernes. Pero ni ellos podían escapar a la violenta realidad del país. En el pleno se denunció la desaparición del diputado suplente del PDC Oseas Perla y el atentado contra el diputado arenero Prudencio Palma Duque,  quien sobrevivió después de que dispararan tres veces a una llanta de su vehículo, ocasionando un choque que lo incapacitó por cinco semanas. 

La discusión y consecución de acuerdos entre opositores, en una Asamblea asediada por las balas, contrasta inevitablemente con el papel de la Asamblea del Bicentenario. En el primer mes y medio de trabajo, esta Asamblea ha aprobado 65 decretos, 55 de ellos enviados por la Presidencia, según un análisis de La Prensa Gráfica. Al no necesitar acuerdos con la  oposición, las discusiones son irrelevantes y la Asamblea reduce su papel al de simple ejecutora de los designios presidenciales. Asuntos trascendentales como la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, fiscal general, la purga de un tercio de jueces del país basados en su edad o la adopción de una nueva moneda, se han tomado en cuestión de horas, incluso con el método exprés de aprobación conocido como dispensa de trámite. 

Discutir la Constitución del 83 fue mucho más complejo. Después de la lectura de cada una de las secciones y los artículos, Ricardo González Camacho, relator de la Comisión Redactora, se encargaba de leer la parte del informe sobre cada sección y acentuar los puntos que le parecían importantes. El abogado González Camacho hablaba pausado y lucía como una caricatura de Groucho Marx, detrás de su prominente nariz, grueso bigote y grandes anteojos, además de una creciente frente que combatía con el resto de su cabello engominado y peinado hacia la derecha. González Camacho fue electo por San Salvador como uno de los dos diputados constituyentes de un desaparecido partido de logotipo naranja, Acción Democrática, y es considerado por varios constitucionalistas como uno de los padres de la Constitución vigente. En sus explicaciones era común citar de memoria a autores como Raymond Carré de Malberg, Maurice Duberger o Karl Loewenstein (clásicos en los currículos universitarios sobre derecho constitucional), o traducía en vivo cuando encontraba en sus libros expresiones en francés. 

"Respecto de la incompatibilidad del que ha desempeñado la Presidencia de la República”, dijo González Camacho, “se califica en el proyecto de manera que este desempeño dure más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores a la fecha del inicio del período presidencial”. Esto era para permitirle a un vicepresidente o designado participar en la elección, siempre que haya ejercido la presidencia en “períodos muy cortos o en época que no pueda afectar los resultados del proceso electoral”. 

En esas incompatibilidades, también incluyó las figuras del presidente de la Asamblea Legislativa o de la Corte Suprema de Justicia “durante el año anterior al día del inicio del período presidencial”. ¿La razón? El presidente de la Asamblea “ejerce gran influencia en el orden político” y puede “aprovechar esta situación para inclinar a su favor el proceso electoral”. El Salvador de los 70 vio grandes fraudes electorales, especialmente en 1972 y 1977, que favorecieron al PCN. La restricción sobre el presidente de la Corte parecía más obvia: “su cargo es absolutamente incompatible con toda actividad de orden político partidista”. Adicionalmente, también se prohibió la inscripción como candidatos a los militares “que estuvieren de alta o lo hayan estado en los tres últimos años al inicio del período presidencial”. Eso era menos obvio y un poco iluso. Diferentes historiadores sitúan el poder real en el Ministerio de Defensa durante la década de los 80 y la presidencia la ejercía en ese momento el banquero Álvaro Magaña, gestor de un acuerdo entre la Fuerza Armada, los partidos y el gobierno de Estados Unidos, que lo prefería antes que a un extremista como d’Aubuisson. 

Para empezar a aprobar esa sección hubo varios debates. Por ejemplo, Genaro Pastore, el único diputado del Partido Popular Salvadoreño, objetó el mínimo de edad de 30 años que debería tener un presidente.  “Un puesto de tanta responsabilidad, como es el de ser un Jefe de Estado, debe de gozar de una experiencia, debe de tener un bagaje de conocimientos de estadista, sea porque los ha adquirido o sea por intuición”, dijo. 

La bancada de Nuevas Ideas  celebra el nombramiento de Ernesto Castro, amigo y socio del presidente Nayib Bukele, como nuevo presidente de la junta directiva de la Asamblea Legislativa en la sesión del 1 de mayo del 2021. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La bancada de Nuevas Ideas  celebra el nombramiento de Ernesto Castro, amigo y socio del presidente Nayib Bukele, como nuevo presidente de la junta directiva de la Asamblea Legislativa en la sesión del 1 de mayo del 2021. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En realidad, El Salvador ya había tenido un joven presidente: el general y caudillo Tomás Regalado tenía 37 años cuando asumió la presidencia en 1898, inaugurando el siglo XX político. Regalado participó en un golpe de Estado y reorganizó los bloques de poder. Se legitimó un año después del golpe, en elecciones sin competencia en 1899, pero no se reeligió pese a su popularidad: la reelección ya estaba prohibida en 1886 y Regalado la respetó. 

El diputado Pastore omitió esa parte de la historia. “Ningún partido político ha escogido para candidato presidencial, a una persona, a un hombre que tenga treinta años”, dijo Pastore. “Hemos analizado muchas administraciones en Latinoamérica, en Europa y hasta en Estados Unidos, hemos buscado candidatos presidenciales que tengan 30 años; nos acercamos más a Kennedy, que tenía cuando tiró su candidatura 40, o 45 años”, dijo Pastore. Kennedy tenía 43 cuando asumió y Pastore quería que el mínimo fuera 35 años. Pastore había hecho el mismo punto en una discusión de un artículo anterior, respecto al requisito de edad para ser diputado: 25 años. González Camacho le había replicado que era absurdo: que Napoleón fue emperador de Francia a los 30 años y que a la edad de Pastore, 54 años, ya estaba muerto, lo cual hizo a Pastore objeto de burlas tras una sonora carcajada del pleno. 

El ejemplo puede parecer risible, pero ilustra lo minucioso de los debates al texto. Hubo temas más álgidos, como el límite a la propiedad privada rural. La postura enfrentaba a la derecha y a la oposición más liberal. Tres años antes de la formación de la Asamblea Constituyente, el Estado había implementado una política para tratar de aliviar la profunda desigualdad que estaba a la base del conflicto armado: la posesión de la tierra. Había en el país 238 propiedades de más de 500 hectáreas. El Estado expropió 25 % de los latifundios agrícolas y la vendió a cooperativas de campesinos, a precios cómodos. Esa política, la Reforma Agraria, suponía tener más fases. Según el mayor d’Aubuisson, continuar su implementación iba “a acabar con la producción, con la economía del país y entonces sí perderemos la guerra y caeremos en ·manos del comunismo”. Mientras que para el PDC, el propósito era "sacar al campesino de la marginación económica y cultural en que se le ha mantenido”. El debate sobre los artículos 104 y 105 estancó las discusiones entre septiembre y noviembre, y tuvo que posponerse para avanzar en otros aspectos. Finalmente, se acordó un texto y un límite: ninguna persona o empresa puede tener una tierra rústica mayor de 245 hectáreas.

Pero los límites al periodo presidencial de cinco años y la prohibición de la reelección nunca estuvieron en duda. Es más, para los diputados constituyentes ni siquiera ameritó discusión la pérdida de los derechos ciudadanos a cualquiera que proponga la reelección presidencial. 

“Es bien evidente que la Constitución se defiende a sí misma”

Hay tradiciones en el constitucionalismo tan obvias que los Estados dan por hecho y llegan al punto de no incluirlas en sus textos legales. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce el derecho a la vida. “Es tan obvio que el Estado lo tiene que respetar que ni siquiera lo pone”, explica Rodolfo González, exmagistrado constitucionalista y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador (IIDC). González argumenta que prohibir la reelección presidencial es una de esas tradiciones en el constitucionalismo salvadoreño. “Eso tiene un gran peso a la hora de interpretar. No se puede cambiar en una sentencia, sino en una Asamblea Constituyente”, dice sobre la resolución de la Sala impuesta por el Bukelismo que abrió la puerta a la reelección.

El IIDC hizo un estudio sobre el asunto basándose en la Constitución de 1841, segunda en la historia salvadoreña, pero primera como Estado independiente. Esa Constitución limitaba el periodo presidencial a dos años y especificaba que el mandatario “no podrá ser reelecto hasta que pase igual periodo”. El mismo artículo se repitió en la Constitución de 1871, casi idéntico. Un año después se modificó el periodo presidencial de dos a cuatro años, pero siempre sin posibilidad de reengancharse.

En 1886 se incorporaron tres prohibiciones adicionales. El presidente saliente no podía tampoco ser electo vicepresidente, se añadió el candado constitucional a las reformas relativas a la reelección y se añadió un castigo a quien promoviera la idea: la pérdida de derechos de ciudadano.

La idea de la reelección presidencial devuelve a El Salvador al siglo 19. Recién independizado el país, cuatro mandatarios sucumbieron a la tentación de perpetrarse en el poder. Doroteo Vasconcelos se reeligió en 1859, utilizando una enmienda constitucional.  Luego, Francisco Dueñas, Santiago González y Rafael Zaldívar también se reeligieron en un convulso periodo entre 1864 y 1883. González y Zaldívar escribieron dos constituciones cada uno, en el afán de reelegirse. Curiosamente, Bukele, que ya evidenció la misma intención, también comisionó a su vicepresidente Félix Ulloa la escritura de una nueva constitución.

Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramenta a Óscar López Jerez (derecha) como presidente de la CSJ el 1 de mayo de 2021. López Jerez preside la Sala de lo Constitucional que avaló la reelección presidencial. Foto: Cortesía/Asamblea Legislativa
 
Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramenta a Óscar López Jerez (derecha) como presidente de la CSJ el 1 de mayo de 2021. López Jerez preside la Sala de lo Constitucional que avaló la reelección presidencial. Foto: Cortesía/Asamblea Legislativa

El siglo 20 político trajo más regularidad en la alternancia con una excepción: el general Maximiliano Hernández Martínez, genocida de la población indígena. Hernández Martínez es, de hecho, el último presidente en la historia salvadoreña en reelegirse. O sea, el último presidente salvadoreño que se reeligió fue un dictador. Pero incluso para el dictador la reelección fue un problema social. Su intención de postularse nuevamente a una reelección fue uno de los factores que contribuyó a su caída, tras un alzamiento social, en 1944. En la Constitución de Hernández Martínez, de 1939, también se prohibió la reelección, salvo la excepción que el dictador se concedió a sí mismo. Esa Constitución incorporó una nueva prohibición: los parientes del presidente (incluidos hermanos, primos, hijos o parientes de su cónyuge) tampoco podían aspirar al cargo. 

Rodolfo González explica que “las experiencias positivas y negativas que vive cada sociedad van reflejándolas en sus nuevas constituciones”. Cuando El Salvador prohibió en su constitución que los parientes del presidente participaran en elecciones, venía saliendo de dos décadas (1913-1931) en las que el poder rotó entre las familias Meléndez- Quiñones- Romero. Algo similar ocurre con la reelección presidencial. “Son dos siglos que en Latinoamérica, Centroamérica y El Salvador hemos vivido embates de un caudillismo, de un personalismo en el ejercicio del poder y se refleja en estas disposiciones”, recuerda González. 

En la Constitución de 1950, la prohibición se mantuvo suprimiendo o incorporando algunas de estas variantes. 1962 confirmó el peso de la historia antirreelecionista. El líder del golpe de Estado de enero de 1961 favoreció la convocatoria a una Constituyente para superar la prohibición a la presidencia que le planteaba la constitución de 1950, pues él había ocupado el Ejecutivo a raíz del golpe. Aunque en el país no hubiera elecciones libres y se viviera una sangrienta represión, al menos en el papel se manifestaba la vocación por la alternabilidad.

La Constitución del 83, la actual, es un producto de todos esos elementos. “Los artículos que se refieren al periodo presidencial no pueden ser reformados, si el fulano que está en el cargo quiere reelegirse, la Asamblea lo puede desconocer, el pueblo puede lanzarse a las calles ejerciendo el derecho de insurrección si quiere haber perpetuación, los ciudadanos que promuevan la continuidad del presidente pierden sus derechos políticos”, resume González. “Es bien evidente que la Constitución se defiende a sí misma”, concluye.

“Sin democracia seguiremos en un Estado con tiranuelos”

Tener una Asamblea bien pagada  y que usa una gran cantidad de recursos públicos para su funcionamiento bien podría ser una tradición salvadoreña. Las críticas en ese sentido llevan iguales unos 40 años.

“La Constitución que nos darán nuestros patriotas padres de la patria será de oro", criticaba un artículo de La Prensa Gráfica, en crítica directa a los sueldos de los diputados constituyentes. El mayor Roberto d’Aubuisson, según ese artículo, ganaba 10 000 colones mensuales, los otros ocho diputados que conformaban la directiva ganaban 8000 colones mensuales cada uno, y el resto de los 51 diputados recibían 5000 colones al mes. En 1983, el salario mínimo rondaba entre 200 y 300 colones al mes. 

La crítica de LPG, reseñada en la edición 126 de la revista Proceso del 9 de octubre de 1983, además, señalaba que los “millones en salarios no reflejan en su totalidad el costo de la Asamblea, ya que no se toma en cuenta todo el resto de personal que labora para atender a los diputados, el consumo de gasolina de los directivos, depreciación de vehículos, mobiliario, papelería, etc., además del consumo de café y ‘otras 'bebidas' para los recesos prolongados". 

Pero hasta para esa Asamblea Constituyente, al menos discursivamente, la democracia era innegociable. 

“La Comisión concibe a El Salvador como una República democrática y se ha esforzado en preparar un proyecto de ley fundamental en que, en virtud del equilibrio en el ejercicio del poder, el sistema democrático sea vivencia genuina y no una simple declaración semántica”, dice el informe de la Comisión Redactora de la Constitución.

En ese entonces, la reelección se asociaba como enemiga de la democracia y cercana al comunismo, el enemigo político de los 80 encarnado en la guerrilla, pero también azuzado desde afuera, con el cercano espejo de Nicaragua, la perpetuación del partido en el poder en Cuba y en plena Guerra Fría entre Washington D.C. y Moscú. Décadas más tarde, a mediados de 2000, la derecha usó electoralmente la idea de que el FMLN llegaría al poder para mantenerse y no aceptaría la alternabilidad. Irónicamente, un gobierno que se presume como “pos ideología” pero que ejerce como neoliberal es el que ha preparado el escenario para romper la alternabilidad. 

Los diputados constituyentes incluyeron la consideración extrema del derecho y el deber de la insurrección. “No se trata de cualquier alteración, sino que está circunscrita a la transgresión a la forma de Gobierno, esto es, a la forma republicana, al sistema político pluralista democrático y representativo y a las graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución, vale decir, las garantías y derechos fundamentales, sin cuyo respeto, la vida de los ciudadanos se vuelve insoportable”, leyó el diputado González Camacho del informe.

Luis Nelson Segovia, uno de los dos diputados de Acción Democrática, recordó, en la sesión del 28 de septiembre del 83, que ese extremo de “legalizar la insurrección” surgió como respuesta a las dictaduras. “El derecho a la insurrección hace mención del famoso derecho de la resistencia a la opresión, que se manifiesta como uno de los principios fundamentales de la Revolución Francesa”, dijo Segovia.

Pero aún en esos casos extremos, los constituyentes privilegiaban una idea de separación de poderes. La idea de que “El Estado no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona”, apertura de la primera Constitución salvadoreña (1824), persiste. El informe de la Comisión Redactora lo dejó de esta manera: “Aún en estas circunstancias excepcionales, se debe mantener la independencia de los distintos Órganos, en cuanto a sus atribuciones y competencias, en la formulación de la voluntad política. Ni una sola persona, ni una Junta, ni un Consejo, podrán tener simultáneamente, las facultades que en la Constitución se confiere al Órgano Legislativo, Ejecutivo o Judicial”.

Junta directiva de Sesión de la Asamblea Constituyente, que aprobó la Constitución en sesiones entre el 22 de julio y el 20 de diciembre de 1983. Foto de El Faro: Archivo. 
 
Junta directiva de Sesión de la Asamblea Constituyente, que aprobó la Constitución en sesiones entre el 22 de julio y el 20 de diciembre de 1983. Foto de El Faro: Archivo. 

La idea de imponer límites al poder estaba diseminada en toda la discusión. Carlos Crespín, vocero del partido Paisa dijo, en la sesión del 22 de septiembre de 1983, que era necesario limitar al presidente no solo legalmente, sino también moral y éticamente. “Si un gobernante que hiciera gala del nepotismo, que nos da un pariente en Migración, otro en ANTEL, otro en la Alcaldía, otro en la Gobernación, eso no es inconstitucional, pero es inmoral”, ejemplificó Crespín. En el año del Bicentenario, el presidente Bukele tiene a sus tres hermanos como principales asesores, a otro hermano en el INDES, y a otro pariente como secretario de Comercio. En su gobierno, el nepotismo es tan común que el hijo de la ministra de Educación es el ministro de Gobernación. El premonitorio diputado Crespín añadió: “Los pueblos no siempre saben distinguir, para que los gobiernen, a sus líderes positivos de sus líderes negativos. Creo también que es lógico lo que yo digo, que debemos de limitar (la soberanía) a lo honesto, justo y conveniente que en lo absoluto no nos conduzca a ningún estatismo o a cualquier otra clase de dictadura”.

La lucha por la democracia reflejaba el espíritu de los tiempos. No solamente en las participaciones de los diputados o en la concurrencia electoral, sino de algunos representantes de grupos de sociedad civil que fueron invitados a dar su opinión. El 27 de julio de 1983, Felipe Rovira Mixco, acudió a la Asamblea como representante de la Cooperativa Industrial Electrónica Nacional. “Los cambios que se aconsejan son nacidos de la esperanza de que no estemos nuevamente creando un caciquismo presidencialista”, dijo Rovira. “La alternabilidad (...) sin poder ser reelecto el Presidente y Vice-Presidente, busca una democracia representativa y participativa (...) el costo de la democracia es la garantía de la libertad, de lo contrario seguiremos con un estado con tiranuelos que son marionetas de grupos o castas privilegiadas que nos han subyugado desde la Independencia de España”, agregó Rovirá y remató: “logremos hoy nuestra verdadera Independencia”. 200 años después, esa pujanza entre democracia y autoritarismo no ha desaparecido en El Salvador.

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El Salvador Fri, 19 Nov 2021 20:16:05 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25809/La-reelección-en-El-Salvador-es-sinónimo-de-dictadura.htm
Nicaragua es el espejo favorito de los gobiernos que violan derechos humanos Astrid Valencia y Josefina Salomón http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop_0_0_2000_1333/images%7Ccms-image-000032385.JPG https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25851/Nicaragua-es-el-espejo-favorito-de-los-gobiernos-que-violan-derechos-humanos.htm Los Ortega-Murillo parecen haber desarrollado una “hoja de ruta” que otros líderes de Centroamérica están prestos a seguir, y esa es una muy mala noticia para los derechos humanos. El triunfo anunciado de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las elecciones presidenciales de Nicaragua ha disparado numerosos análisis sobre el futuro de la golpeada nación. Pero hay otra cuestión igualmente urgente: el dúo parece haber desarrollado una “hoja de ruta” que otros líderes de Centroamérica están prestos a seguir, y esa es una muy mala noticia para los derechos humanos. 

El deterioro de los derechos humanos en Nicaragua ha sido estrepitoso en los últimos años. Primero fue la represión en las calles, muertes, personas heridas, los encarcelamientos injustos. Luego llegaron las persecuciones selectivas, los arrestos de activistas, los cierres de medios y el éxodo de miles de personas. En los últimos doce meses, una serie de leyes también cercenaron el derecho de asociación y la libertad de expresión. Más recientemente, la campaña electoral trajo de la mano una operación que  apuntó contra quien quisiera competir o por el solo hecho de emitir alguna crítica contra la pareja presidencial.

Mientras Ortega y Murillo flameaban sus banderas de campaña, la Unión Europea tildaba al proceso de ilegítimo y poco tiempo después de que se contara la última boleta, la administración Biden lo llamaba una pantomima electoral.

Rosario Murillo y Daniel Ortega en actividad abierta con los simpatizantes del FSLN, el 29 de septiembre de 2018, en la rotonda Hugo Chávez, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Esa misma tarde, la policía de Nicaragua había desarticulado con bombas aturdidoras a los ciudadanos que protestaron abiertamente contra el régimen Ortega-Murillo. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
Rosario Murillo y Daniel Ortega en actividad abierta con los simpatizantes del FSLN, el 29 de septiembre de 2018, en la rotonda Hugo Chávez, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Esa misma tarde, la policía de Nicaragua había desarticulado con bombas aturdidoras a los ciudadanos que protestaron abiertamente contra el régimen Ortega-Murillo. Foto de El Faro: Víctor Peña.

El rechazo internacional es resultado del repudio de los nicaragüenses ante la forma de gobernar, que el día de las elecciones se manifestó fuerte y claro. El alto nivel de abstencionismo y hostigamientos reportados por un observatorio ciudadano daba cuenta del nivel de desprestigio de un proceso electoral en el que los derechos nunca estuvieron garantizados.

El silencio se transformó en una forma de resistencia. Activistas de derechos humanos, periodistas, abogados y ciudadanos mostraron que no están dispuestos a bajar los brazos. Esas personas son la única barrera que se interpone ante la fiebre de poder de Ortega-Murillo.

Pero ni Nicaragua ni sus líderes existen en un vacío.

Miremos, sin ir más lejos, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Tal como la pareja presidencial de Nicaragua, Bukele ha logrado encoger rápidamente el espacio cívico con una destreza aterradora.

Su discurso público, en vez de incentivar el debate de ideas y aceptar opiniones disidentes, condena a quienes se atreven a criticarlo, tildándolas de “agentes extranjeros”, una estrategia copiada de puño y letra de su vecino.

Al igual que Ortega, Bukele también utiliza el sistema de justicia para intentar “oficializar” el hostigamiento. Sin ir más lejos, periodistas llevan tiempo denunciado una campaña sistemática de ataques públicos y denuncias infundadas que, dicen, tienen como objetivo desprestigiar su trabajo.

Las coincidencias continúan. La Asamblea Legislativa de El Salvador, tal como la Asamblea Nacional en Nicaragua, ha funcionado como cuasi escribanía del poder Ejecutivo. Mientras que en Nicaragua le han puesto el sello a una serie de leyes que limitan el trabajo de organizaciones no gubernamentales que el mismo Ortega tilda de opositoras, en El Salvador se han promovido otras que podrían poner el derecho a defender derechos en jaque. La semana pasada, por ejemplo, el martes 9 de noviembre, el presidente envió para aprobación el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros. Esta ley podría transformarse en una herramienta para desmantelar y silenciar a organizaciones de derechos humanos con años de impecable trayectoria y toda institución que disienta públicamente con él.  

La Asamblea, al mismo tiempo, parece tener mucho menos interés en tratar proyectos que favorecerían la protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo lo relacionado con la igualdad de género, la protección de periodistas y de personas defensoras. 

Pero nada de esto debería ser una sorpresa. En su primera sesión de este año, la Asamblea Legislativa que asumió el 1 de mayo 2021 removió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este hecho e instó a las autoridades salvadoreñas a respetar la independencia de los poderes públicos. Fue este primer golpe a la institucionalidad en el que el presidente empezó a renegar de la supuesta intromisión extranjera en asuntos domésticos.

Pero El Salvador no es el único país que está copiando de manera acelerada a los Ortega-Murillo. La estrategia de utilizar al sistema legislativo para contraer el espacio cívico, sin debate participativo amplio, se está haciendo popular en otros rincones de Centroamérica. 

En Honduras, una serie de reformas legales podrían amenazar el trabajo de organizaciones de derechos humanos y criminalizar la protesta pacífica. Las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos, por ejemplo, contempla que las organizaciones de la sociedad civil que administren fondos de cooperación externa pueden ser declaradas “personas políticamente expuestas” lo cual, según la ONU, las expone a controles agravados, al ser una figura utilizada para obstaculizar las actividades financieras y de manejo de fondos de organizaciones de sociedad civil.

La situación en Guatemala tampoco es muy diferente. En mayo de este año entró en vigor el Decreto 4-2020, aprobado por el Congreso en febrero, cuyo contenido obstaculizaría la labor de las organizaciones de derechos humanos. En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado a derogar dichas reformas por restringir el espacio público, contravenir la libertad de asociación y expresión, y dificultar desproporcionadamente la participación pública en la defensa de los derechos humanos. A pesar de ello, el decreto sigue en vigor. 

Esta campaña pública y a puertas cerradas para limitar aún más el espacio en el que todas las personas pueden expresar sus opiniones, particularmente contra quienes detentan el poder, pone a todas en riesgo y sigue empujando a la ya muy golpeada Centroamérica todavía más lejos del futuro que sus habitantes quieren vivir. Por ejemplo, en el seno de la Organización de Estados Americanos, en muchas ocasiones, los países centroamericanos no han actuado al unísono condenando la comisión de violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades nicaragüenses.

La crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua no fue generada de forma espontánea. Han sido años los que ha invertido Daniel Ortega en desmantelar la institucionalidad y concentrar el poder. Las señales eran claras y la comunidad internacional fue testigo de cómo se fue desmontando la posibilidad de ejercer los derechos humanos. En Nicaragua, las estructuras que han garantizado la impunidad de graves crímenes del derecho internacional continúan intocables y la mayoría de gobiernos centroamericanos también esperan no tener que rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos que comenten.


*Astrid Valencia es investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional. Josefina Salomón es periodista independiente.

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Columnas Thu, 18 Nov 2021 15:49:41 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/columnas/25851/Nicaragua-es-el-espejo-favorito-de-los-gobiernos-que-violan-derechos-humanos.htm
El fiscal de Bukele intenta resucitar el caso jesuitas http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000034108.JPG https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25850/El-fiscal-de-Bukele-intenta-resucitar-el-caso-jesuitas.htm El Fiscal General de la República aseguró estar interesado en que la masacre de la UCA de 1989 se esclarezca y que se determine la responsabilidad de todos los implicados, "ya sea que se trate de expresidentes, exministros y excomandantes". El fiscal presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional para que esta examine una decisión del año pasado, girada por la Sala de lo Penal para archivar el caso en el que se pretendía investigar a los autores intelectuales del crimen. Paradójicamente, tras el anuncio, algunos funcionarios bukelistas utilizaron la ocasión para atacar a las actuales autoridades jesuitas de la UCA. Se ha abierto la enésima ventana para que la masacre de seis padres jesuitas, una empleada de la Universidad Centroamericana y su hija, pueda ser investigada plenamente en El Salvador. El intento, esta vez, viene de la mano del Rodolfo Delgado, fiscal general impuesto por los diputados del presidente Nayib Bukele, quien pidió este martes a la Sala de lo Constitucional que revise un fallo de otra Sala que dio por cerrado el tema en octubre del año pasado.

El fiscal Delgado está pidiendo, a través de un amparo, que se examine la decisión de la Sala de lo Penal que declaró la nulidad absoluta del proceso judicial que aún el año pasado mantenía viva la posibilidad de procesar a los autores intelectuales de la masacre ocurrida en San Salvador en noviembre de 1989. La Sala de lo Penal dictaminó que era imposible reabrir el caso de los jesuitas porque, según los magistrados firmantes, el plazo de ley para investigar el crimen ya se había vencido y porque, además, no pueden aplicarse al pasado reglas jurídicas creadas con posterioridad.

El fiscal Delgado quiere atacar esas posturas, y lo anunció este martes mientras presentaba el escrito en la ventanilla de recepción de la Corte Suprema. “Es una decisión personal como fiscal porque considero que el pueblo salvadoreño tiene que conocer la verdad. Debemos promover la búsqueda de la verdad entorno a los hechos mediante los cuales un grupo de soldados que alguna vez juraron defender la patria frente a todo enemigo interno y externo, mancharon el honor de la Fuerza Armada”, dijo.

Delgado explicó que sustenta su amparo en el derecho internacional. “Existen fallos de la Corte Interamericana de Derechos humanos en los que señala que las figuras como la prescripción, la irretroactividad de las leyes, las amnistías amplias están básicamente proscritas en materia de defensa de derechos humanos”, dijo. Es la misma postura con la que los antecesores de Delgado en la Fiscalía habían intentado que se reabriera el caso jesuitas en El Salvador, y no deja de sorprender en un fiscal como Delgado, cuya trayectoria como fiscal auxiliar da cuenta de varios capítulos de violaciones a derechos humanos de personas investigadas.

Fiscal General Rodolfo Delgado solicita un amparo a la Sala de lo Constitucional para que revierta una decisión que archivó en 2020 la investigación judicial sobre la masacre de la UCA. Delgado hizo esa solicitud el 16 de noviembre de 2021, cuando se conmemora el aniversario 32 de la masacre. Foto de El Faro: Cortesía de Fiscalía General de la República.
 
Fiscal General Rodolfo Delgado solicita un amparo a la Sala de lo Constitucional para que revierta una decisión que archivó en 2020 la investigación judicial sobre la masacre de la UCA. Delgado hizo esa solicitud el 16 de noviembre de 2021, cuando se conmemora el aniversario 32 de la masacre. Foto de El Faro: Cortesía de Fiscalía General de la República.

Si la Sala resuelve favorablemente la petición de Delgado, el sistema judicial salvadoreño podría convertirse en espejo del proceso que se llevó a cabo en Madrid entre junio y septiembre de 2020 y que terminó en la condena de uno de los miembros del Alto Mando del Ejército salvadoreño. El exviceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano resultó condenado a 133 años de prisión en España. La potencial apertura del caso en El Salvador también habilita la posibilidad de que más militares salvadoreños sean procesados en el país, pero también el expresidente Alfredo Cristiani, cuyo rol la noche de los asesinatos no está del todo claro.

Las dudas

El fiscal Delgado aprovechó el aniversario número 32 de la masacre para colocar el amparo ante la Sala de lo Constitucional. Tanto el fiscal como los magistrados constitucionalistas fueron impuestos por los diputados aliados del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado . Ese día, los diputados destituyeron ilegalmente al Fiscal General Raúl Melara y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal del país, acusándolos de haber aplicado justicia selectiva.

Esto implica que la reapertura del caso jesuitas que busca Delgado tiene amplias posibilidades de reabrirse debido a la sintonía entre la Sala y la Fiscalía. Sería una ruptura histórica respecto de la habitual impunidad con la que el caso jesuitas se ha enfrentado a lo largo del tiempo. Pero también sería una paradoja. Sobre todo si se toma en cuenta que el sistema judicial no tiene independencia respecto de Casa Presidencial, desde donde se urdió el plan para separar de manera forzosa al 30 % de los jueces del país. La Asamblea Legislativa dominada por los diputados de Bukele también juramentó a dos terceras partes de los actuales magistrados de la Corte Suprema sin seguir el debido proceso. 

El fiscal Delgado parece estar dispuesto a romper la estrategia de impunidad que ha dominado el caso jesuitas desde que ocurrió la masacre en la madrugada del 16 de noviembre de 1989. “La Audiencia Nacional nos da una idea de cuál es la ruta a seguir y quienes son las personas que tienen que comparecer ante los tribunales, ya sea que se trate de expresidentes, se trate de exministros, de excomandantes de guarniciones militares… vamos tras las personas que dieron la orden, que encubrieron los hechos y las que pusieron en ridículo al sistema de justicia salvadoreño durante 32 años”, dijo. 

La impunidad alrededor del caso ha sido amplia. Entre 1991 y 1992 el caso se procesó en un juzgado salvadoreño. Siete militares de bajo rango resultaron absueltos y los únicos condenados fueron dos oficiales de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. El coronel Guillermo Benavides y el teniente René Yusshy Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión pero ambos salieron libres con la aprobación, en 1993, de la Ley de Amnistía. Años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que aquel juicio en El Salvador fue totalmente anómalo debido a abundantes irregularidades que fueron denunciadas y documentadas incluso por los fiscales del caso, Sidney Blanco y Henry Campos. El juicio en Madrid también reveló que el Alto Mando, conformado por miembros de la selecta generación de militares conocida como “La Tandona”, maniobraron las pruebas y el caso para que ningún oficial de las capas superiores saliera salpicado. En su versión, Benavides el director de la Escuela Militar había actuado por su propia voluntad.

Nuevas Ideas, el partido de Bukele, parece estar interesado en que el caso se investigue, pero también usa la coyuntura para golpear a quienes considera sus adversarios políticos. Horas antes de la presentación del ampar0, diputados de Nuevas Ideas atacaron a las autoridades jesuitas de la UCA, como parte de su estrategia de desgaste a tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan la gestión pública.

La UCA ha sido una de las voces más incómodas para el Gobierno debido a su constante análisis y fiscalización de la gestión Bukele. Walter Coto, diputado de Nuevas Ideas , criticó a la UCA el lunes 15 por su postura que busca otorgarle beneficios jurídicos a uno de los implicados del caso, el coronel Guillermo Benavides. Durante años, la UCA y su Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) han pedido beneficios carcelarios para Benavides porque consideran, entre otras cosas, que hay personas de mayor rango que ordenaron el crimen y que él solo obedeció órdenes superiores. “Se sabe cuál fue su participación en el crimen, a quién dio órdenes para ello y qué instrucciones impartió. Se ha hecho justicia porque el militar fue llevado a un tribunal”, escribió la UCA en un editorial de 2017 . Benavides fue sentado en el banquillo de los acusados en 1991 en un juzgado en El Salvador junto con otros ocho militares. Aunque el juicio fue completamente anómalo procedimentalmente , terminó en la condena de dos de los nueve militares, entre ellos Benavides. "Se le impuso la pena máxima que las leyes establecían en aquel momento”, agregaba la UCA en su editorial. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, también atacó a la UCA a través de Twitter: "Nuestro respeto hacia su legado (jesuitas). Y nuestra decepción, también por cómo la UCA del presente se ha transformado, con el tiempo, en cómplice de los asesinos", escribió Castro. Un día despues, el día 17, la Asamblea aprobó archivar una petición de indulto para Benavides que habían pedido sus abogados. 

El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también ha usado el caso para atacar a opositores. Hace unas semanas insinuó, por ejemplo, que Cristiani, expresidente de Arena, sería citado a la Asamblea para responder preguntas sobre crímenes de lesa humanidad, como la masacre de la UCA. Nuevas Ideas también ha usado el caso jesuitas para atacar a Rodolfo Parker, exsecretario general del partido PDC, otro opositor político. Parker fue abogado asesor de la Comisión de Honor del Ejército que comenzó a investigar el crimen de la UCA. Un testigo que compareció en Madrid durante el juicio señaló que Parker había alterado las declaraciones escritas de muchos de los soldados que fueron entrevistados en las pesquisas. Parker negó esos señalamientos en una entrevista que le hizo El Faro.

Caben más preguntas sobre la autenticidad del interés del fiscal Delgado en esclarecer el crimen. Por ejemplo, desde abril pasado, la Fiscalía tiene en su haber todo el expediente del caso jesuitas que se ventiló en la Audiencia Nacional de España . Dos organizaciones de derechos humanos entregaron a la Fiscalía salvadoreña y a la Sala de lo Constitucional los 18 tomos del expediente en la Audiencia, las grabaciones de las ocho sesiones del juicio de Madrid y las dos piezas con la opinión de expertas que dieron su testimonio ante la Audiencia: Terry Karl y Katherine Doyle. La Fiscalía podría haber retomado esas pruebas para plantear una demanda en algún juzgado salvadoreño pero, por ahora, lo que ha hecho es intentar reabrir un caso ya existente.

Además, en diciembre de 2020, el Idhuca demandó ante la Fiscalía a los dos magistrados de la Sala de lo Penal que cerraron el caso y los acusó de haber cometido prevaricato, un delito que castiga con cárcel a los jueces que emitan sentencias contrarias a la ley. Hasta la fecha, no obstante, el fiscal Delgado no ha tomado ninguna medida contra los dos magistrados que firmaron el archivo del expediente, Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval.

Tanto el fiscal Delgado como la Sala de lo Constitucional actual han mostrado lealtad a Bukele, y este ha mostrado no siempre estar dispuesto a que se investiguen los crímenes de guerra, como por ejemplo, la masacre de El Mozote. Pese a los iniciales gestos que tuvo al comenzar su Gobierno, como cuando ordenó la remoción del nombre de un perpetrador de crímenes de lesa humanidad de una guarnición militar, Bukele terminó bloqueando al juez de El Mozote cuando intentó inspeccionar los archivos de la Fuerza Armada. La justificación del presidente no tenía sustento legal, según expertos .

El Idhuca observa el gesto del fiscal Delgado con cautela. Consultado vía telefónica, José María Tojeira, director del Idhuca y excompañero de los jesuitas asesinados, manifestó que había que observar los siguientes pasos que den la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional para emitir una opinión sustentada. “Es demasiado pronto para opinar”, dijo Tojeira, quien el año pasado fue uno de los testigos del juicio en Madrid.

Michael Reed Hurtado, director de operaciones del Centro Guernica para la Justicia Internacional, recordó que la acción del Fiscal es sencillamente parte de su deber como representante de los intereses del Estado. “La Sala de lo Constitucional, cuando anuló la Amnistía, dejó vía libre para la investigación de este y otros casos en donde recordemos que para no investigarse ha contado con la complicidad no solo del Órgano Judicial sino también de todos los poderes del Estado”, dijo, a través de una llamada telefónica. El Centro Guernica fue una de las asociaciones demandantes contra Montano en Madrid. “Este caso ejemplifica cuando un Estado no quiere investigarse a sí mismo y no quiere encontrar la verdad. Después de la condena en Madrid, el Estado debe hacer lo razonable para que los otros involucrados en el crimen sean encontrados responsables”, agregó.

El expediente

El expediente que podría reabrirse surgió a raíz de una demanda colocada en la Fiscalía por el Idhuca hace 21 años, en marzo de 2000. El entonces director del instituto, Benjamín Cuéllar, pidió a la Fiscalía que procesara a los miembros del Alto Mando militar cuando ocurrió la masacre: Cristiani, en su rol de comandante general de las Fuerzas Armadas; René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto; Rafael Humberto Larios, ministro de Defensa; Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa; Inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública; y Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de antería; y Juan Rafael Bustillo, comandante general de la Fuerza Aérea.

Carátula del documento con el que la Fiscalía General de la República pidió, en el año 2000, el sobreseimiento contra el expresidente Alfredo Cristiani y seis miembros de la generación de militares conocida como La Tandona. El juzgado Tercero de Paz de San Salvador cerró el proceso porque se había vencido el plazo para investigar, 10 años. Foto: El Faro. 
 
Carátula del documento con el que la Fiscalía General de la República pidió, en el año 2000, el sobreseimiento contra el expresidente Alfredo Cristiani y seis miembros de la generación de militares conocida como La Tandona. El juzgado Tercero de Paz de San Salvador cerró el proceso porque se había vencido el plazo para investigar, 10 años. Foto: El Faro. 

El caso nunca prosperó porque, entre otras cosas, cuando la Fiscalía retomó el caso para plantearlo en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador pidió el sobreseimiento definitivo de los implicados. La Fiscalía decía que no se debía investigar el caso debido a la Ley de Amnistía, aprobada en 1993 por una mayoría de derecha en la Asamblea (Arena y PCN). La jueza Tercero de Paz, Ana Rodríguez, declaró el sobreseimiento del caso pero por otra razón: dijo que el plazo de ley para investigar el crimen ya había vencido, es decir, que el caso ya había prescrito.

El Idhuca apeló la resolución pero el sobreseimiento fue confirmado por instancias superiores. Fue así como el caso se llevó ante la Audiencia Nacional de Madrid, en 2008. Esta vez los demandados no solo eran los miembros del Alto Mando sino también otros 13 militares que habían participado operativamente en los asesinatos dentro del campus de la UCA, en la madrugada del 16 de noviembre.

En 2016, la Sala de lo Constitucional anuló la amnistía de 1993 y ordenó al Estado a investigar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad, entre ellos, la masacre de la UCA. En noviembre de 2017, el Idhuca pidió al juzgado Tercero de Paz que reabriera el caso. El juez José Alberto Campos pidió opinión a la Fiscalía y luego en abril de 2018 ordenó la reapertura del caso . A partir de entonces, los abogados defensores de los militares involucrados interpusieron una serie de impugnaciones y contrademandas y lograron que el caso llegara a la Sala de lo Penal, la cual en septiembre de 2020 resolvió que la reapertura debía declararse nula.

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El Salvador Wed, 17 Nov 2021 19:15:46 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25850/El-fiscal-de-Bukele-intenta-resucitar-el-caso-jesuitas.htm
Ciudades privadas: el sueño que inversionistas bitcoiner presentaron en El Salvador http://elfaro.net/images/cache/555x370/crop/images%7Ccms-image-000036696.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25849/Ciudades-privadas-el-sueño-que-inversionistas-bitcoiner-presentaron-en-El-Salvador.htm El Salvador es sede de la conferencia “Adopting Bitcoin”, un evento con 75 ponentes y unos 600 participantes que se lleva a cabo en el hotel Sheraton, de San Salvador. Este martes 16 noviembre, un grupo de inversionistas extranjeros presentaron en inglés su proyecto de ciudades privadas: pedazos de tierra que se rigen por un contrato y en las que el Gobierno es una empresa, una especie de isla dentro de un territorio que se administra sola y en la que el Estado no interviene. Uno de los inversores dijo que les gustaría trabajar con El Salvador. Un grupo de inversionistas y promotores del bitcoin presentó una de sus apuestas en El Salvador: comprar pedazos de tierra con el fin de establecer ciudades privadas que en la práctica funcionarían como paraísos fiscales con escasa -casi ninguna- regulación del Estado. En lugar de ley, una ciudad privada se rige por un contrato y el gobernante es una empresa. Una idea muy parecida a las Zonas Económicas Especiales que impulsó el último gobierno del FMLN y que en Honduras ya funcionan bajo el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

La propuesta se realizó este martes 16 de noviembre, en el marco de la “Bitcoin Week”, una semana en la que cientos de extranjeros con intereses en la criptomoneda bitcoin participan en dos conferencias en el país. La idea la promovió Veronica Kuett, presentada por Cancillería como una inversionista alemana: “La visión del futuro que tienen las personas del gobierno me impresionó muchísimo”, tuiteó la cuenta oficial de Cancillería citando a la inversionista. Lo que el gobierno no dijo fue en qué invierte Kuett: comprar terrenos dentro de países para que funcionen como ciudades autónomas. 

Veronika Kuett de la compañía Tipolis y Peter Young de Free Privates Cities durante una exposición de zonas económicas especiales en la convención Adopting Bitcoin A Lightning Summit El Salvador 2021. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Veronika Kuett de la compañía Tipolis y Peter Young de Free Privates Cities durante una exposición de zonas económicas especiales en la convención Adopting Bitcoin A Lightning Summit El Salvador 2021. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Kuett y un asociado, Peter Young,  director de la fundación “Ciudades Privadas Libres”, dieron una presentación en inglés sobre sus ciudades privadas. “Una ciudad privada es una jurisdicción semi- autónoma dentro de una nación huésped que es administrada por nuestra empresa privada y ofrece a sus ciudadanos los servicios básicos que provee un Estado, por una tarifa predeterminada”, explicó Kuett. El evento se realizó en el primer día de la conferencia “Adopting Bitcoin”, un evento con 75 ponentes y unos 600 participantes que se lleva a cabo en el hotel Sheraton, de San Salvador.

Young dijo a El Faro que apoyan los proyectos de las Zedes en Honduras y agregó: "estamos buscando trabajar con ciudades que quieran volverse más autónomas en toda la región y nos gustaría trabajar con El Salvador".

Kuett usó el ejemplo de las Zedes establecidas en Honduras pero dijo que esa idea se quedaba corta para su visión. “Quiero enfatizar que apuntamos a construir la evolución de las Zonas Económicas Especiales, serían como Zedes plus”, dijo. Kuett trabaja en  la Corporación Tipolis, con sede en Panamá. El modelo de negocio implicaría adquirir parcelas de países —deshabitadas, aclaró— como si se tratara de propiedades en un tablero de Monopolio e imponer sus propias reglas sobre casi todo. 

“No queremos solo abarcar regulaciones fiscales y de comercio. Apuntamos a lograr un acuerdo con la nación huésped para tener un alto grado de autonomía en esas áreas, pero también en las de salud, educación, resolución de disputas y políticas administrativas”, dijo Kuett. ¿Cómo se regirían las relaciones?  “La ciudad privada libre es un contrato bilateral. La gran diferencia es que ahora estamos en un estado unilateral con el gobierno, en el que pueden subir los impuestos o decirme que no puedo entrar a un restaurante si no estoy vacunada”, dijo Kuett. El contrato haría las veces de una constitución. 

Al final de su presentación, un hombre le dijo que, como libertario, estaba de acuerdo con la idea, pero no entendía cómo haría para convencer a los gobiernos de vender o alquilar partes de sus territorios. Kuett dijo que “la nación huésped recibiría una parte de los ingresos” y que sería un acuerdo “ganar-ganar” para que el país huésped atraiga “inversionistas que crearán empleos y una mejor calidad de vida dentro y fuera de nuestro territorio”. 

¿Por qué se habla de comprar partes de países en una conferencia de bitcoin? En primer lugar, porque la idea encaja perfectamente con los principios libertarios con los que está asociado bitcoin: la nula intervención del Estado en las vidas de los ciudadanos, eliminación de impuestos, libre mercado, privacidad. “La gente no quiere pagar por cosas que no ordenó, no quiere estar subyugada a regulaciones y las personas razonables no necesitan 10,000 reglas para cooperar. La comunidad Bitcoin es el mejor ejemplo de eso”, dijo Kuett. 

Luego, como bitcoin se promueve como una forma de separar el dinero del Estado, le permitiría a las ciudades privadas administrar sus negocios sin utilizar el actual sistema monetario internacional. Las ciudades privadas “serían libres de adoptar cualquier clase de dinero global disponible y creemos que bitcoin, como una forma de dinero global y libre de censura, podría ser una muy buena forma de manejar transacciones dentro y fuera de la economía de la ciudad privada”, dijo Peter Young.

“Cualquier residente de una ciudad privada puede crear una billetera digital y hacer sus negocios de forma fluida con cualquier persona en el mundo sin pasar por el gran sistema financiero internacional ni ninguno de sus intermediarios”, dijo Young. “Además, cualquier persona en la ciudad podría mantener su capital de una manera resistente a la inflación. Creemos que eso sería muy bueno para una economía de una ciudad privada libre”, agregó. 

La idea de privatizar partes de un país no es nueva. Desde 2013, Honduras aprobó una ley para permitirles operar y empresarios estadounidenses persiguieron la idea en la parte hondureña del Golfo de Fonseca, aunque bitcoin no era parte de la conversación en ese momento. Ahora existen dos de estos experimentos: Prospera, en la isla de Roatán, y Ciudad Morazán, en Choloma. La sociedad hondureña en conjunto reaccionó contra los experimentos y, en agosto, hubo una movilización nacional que exigía derogar la ley. Pero esa no es la versión que Kuett y Young contaron a su audiencia. “Las dos Zedes en Honduras ya han hecho un progreso considerable”, dijo Young. “Las Zedes están proveyendo seguridad a la gente local para que puedan recibir ayuda cuando tienen problemas y también proveyendo empleos para la comunidad”, aseguró.

Esta idea está en sintonía con una propuesta de ley que ya estudia la Asamblea Legislativa y que permitirá la expropiación de bienes inmuebles y terrenos privados cuando estos hayan sido declarados de interés público o de interés social y que el Estado no los haya podido adquirir por contratación directa con los propietarios o sus poseedores. 

La iniciativa promovida por el Ministerio de Gobernación ya está en estudio de la Comisión de Asuntos Municipales.

En julio de 2018, el gobierno del FMLN propuso una ley de Zonas Económicas Especiales que incluía una exoneración de impuestos durante 25 años para empresas inversionistas. En aquel momento, Nayib Bukele, tenía dos meses de haber terminado su periodo como alcalde de San Salvador por el FMLN pero ya había sido expulsado del partido. Bukele criticó la idea. “El proyecto de las “ZEDES”, es el proyecto más neoliberal propuesto por un gobierno en la historia de nuestro país. Sí, y la propuesta viene del segundo gobierno de “izquierda”, en su último año de gestión. Así no más, privatizar un territorio. Increíble”, escribió Bukele en ese momento.

En esta semana de promoción del país para atraer inversión extranjera, este Bukelismo tiene previsto aprobar una ley que busca evitar injerencias extranjeras: la ley de agentes extranjeros que incluye penas de cárcel y multas de 250 mil dólares a aquellas organizaciones que reciban donaciones del exterior, salvo que los fondos sean usados con fines de beneficio social. Quién determina qué es labor social o injerencia extranjera es un funcionario del ministerio de Gobernación. 

La exposición de las ''Ciudades Privadas Libres'' fue una de las que más asistencia de personas tuvo en uno de los salones del hotel Sheraton en San Salvador durante la ''Bitcoin Week''. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
La exposición de las ''Ciudades Privadas Libres'' fue una de las que más asistencia de personas tuvo en uno de los salones del hotel Sheraton en San Salvador durante la ''Bitcoin Week''. Foto de El Faro: Carlos Barrera

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El Salvador Wed, 17 Nov 2021 12:51:27 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/el_salvador/25849/Ciudades-privadas-el-sueño-que-inversionistas-bitcoiner-presentaron-en-El-Salvador.htm
Un oficio peligroso - Sergio Ramírez https://www.elfaro.net/themes/publication_1/theme_1/img/logo_rsi.jpg https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25845/Un-oficio-peligroso---Sergio-Ramírez.htm 360 grados Tue, 16 Nov 2021 11:16:30 +0100 https://www.elfaro.net/es/202111/360grados/25845/Un-oficio-peligroso---Sergio-Ramírez.htm