El 16 de mayo de 2023, la familia de Luis Armando Rodr铆guez, de 52 a帽os, encarcelado en el penal de Quezaltepeque por el r茅gimen de excepci贸n, recibi贸 un documento en el que un juez ordenaba su libertad inmediata. Mar铆a Rodr铆guez, la madre del detenido, a煤n recuerda “el alegr贸n” de aquel momento y de c贸mo esa sensaci贸n se convirti贸 en frustraci贸n y tristeza durante las siguientes semanas. “La abogada fue, pero no se lo dieron. Al siguiente d铆a dijeron que no lo daban porque era del r茅gimen”. Y as铆 pas贸 el tiempo, hasta que, el 19 de junio de 2023, Rodr铆guez fue trasladado de emergencia del penal hacia el hospital Rosales, donde falleci贸 dos d铆as despu茅s.
La Direcci贸n General de Centros Penales cometi贸 varios delitos al incumplir con esa orden de libertad, dicen organizaciones de derechos humanos. El de Rodr铆guez no es el 煤nico caso. El Faro ha documentado por medio de folios judiciales y entrevistas con familiares otros diez casos de personas con orden de libertad, firmadas y selladas por diferentes juzgados contra el crimen organizado, que Centros Penales ha incumplido o ha retardado sin justificaci贸n.
En medio de un sistema donde la informaci贸n es secreta, y a la luz de estos casos y las declaraciones de las organizaciones que durante los m谩s de dos a帽os del r茅gimen han acompa帽ado a sus v铆ctimas, esto parece m谩s un patr贸n que una particularidad. La Fiscal铆a mantiene bajo reserva total todos los casos del r茅gimen porque alega que divulgar parte de esa informaci贸n puede “provocar p谩nico en la poblaci贸n”. Bajo este argumento, se esconden centenares de casos con pruebas p铆rricas o falsas, como fichas policiales creadas despu茅s de las capturas o criterios ambiguos de los polic铆as que han quedado consignados en documentos, como que el detenido parec铆a “nervioso' o “sospechoso”.
De los 11 casos documentados por este medio, tres fallecieron en un penal, pese a tener orden de libertad; tres fueron recapturados por agrupaciones il铆citas, poco tiempo despu茅s de ser liberados del mismo delito; uno tiene orden de libertad, pero sigue detenido, y su familia teme hablar del caso por posibles represalias del Gobierno de Nayib Bukele. Otros tres siguen detenidos pese a la orden de libertad, seg煤n una denuncia de Socorro Jur铆dico Humanitario (SJH) ante la Fiscal铆a. El 煤ltimo caso documentado por este peri贸dico es el de un menor de edad declarado inocente por una C谩mara, pero que Centros Penales mantuvo dos meses encarcelado sin justificaci贸n.
Cinco de los 11 casos documentados por El Faro fueron denunciados en la Fiscal铆a el 22 de julio de 2024 por SJH. “Ustedes est谩n violando derechos humanos, est谩n cometiendo cr铆menes como desaparici贸n forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros penales, pero tambi茅n est谩n desobedeciendo mandatos judiciales, no est谩n d谩ndole auxilio a las v铆ctimas y eso son delitos”, dijo Ingrid Escobar, directora de la organizaci贸n, minutos antes de ingresar a una oficina fiscal en Antiguo Cuscatl谩n, donde SJH denunci贸 a diputados; al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; al director de Centros Penales, Osiris Luna, y al director del penal de Izalco.
SJH denunci贸 al director del penal de Izalco por dos delitos: detenci贸n arbitraria por autoridad y desobediencia a mandato judicial. Al director de Centros Penales, por su parte, lo acusan del delito de privaci贸n de libertad por el incumplimiento de cinco 贸rdenes de libertad. La investigaci贸n del caso ha sido asignada a la Direcci贸n de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscal铆a, una instituci贸n bajo el control del Gobierno de Bukele desde mayo de 2021, cuando los diputados fieles al presidente impusieron ilegalmente al actual fiscal general, Rodolfo Delgado. Ni las cartas de libertad enviadas por algunos jueces al director del penal de Izalco ni las denuncias de la SJH tienen el nombre de este funcionario p煤blico. Debido al secreto total sobre el organigrama de Centros Penales, El Faro no ha logrado identificar ese nombre.聽
驴Por qu茅 acuden a una instituci贸n cooptada por el oficialismo? “Sabemos que aqu铆 no va a haber justicia. Es como decirle al fiscal que investigue a quien lo impuso, es imposible que haga algo y lo sabemos. Sin embargo, tenemos que seguir el proceso porque estamos cerca en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entrar con nuestros casos, y alg煤n d铆a tambi茅n en la Corte Penal Internacional, pero para eso tenemos que haber agotado toda la sede (en El Salvador)”, respondi贸 Escobar.
La ma帽ana del 30 de julio de 2024, El Faro llam贸 al director de comunicaciones de Centros Penales, Alejo Carbajal, para solicitar una entrevista sobre el incumplimiento de las 贸rdenes de libertad, pero no atendi贸 la llamada, como ya es habitual desde hace a帽os. La petici贸n tambi茅n fue enviada al correo electr贸nico institucional de esa unidad, pero se recibi贸 una respuesta autom谩tica: “address not found” (direcci贸n no encontrada). En los 煤ltimos a帽os, la pol铆tica de comunicaci贸n del director de c谩rceles Osiris Luna ha sido guardar silencio ante las irregularidades de su gesti贸n, como la negociaci贸n secreta del Gobierno de Bukele con las tres pandillas , el robo de alimentos durante la pandemia y la contrataci贸n de supervisores fantasmas.
Los que murieron con orden de libertad
La Polic铆a intent贸 capturar a Luis Armando Rodr铆guez el 16 de abril de 2022. Polic铆as y soldados llegaron hasta su casa en la colonia Vilma, cant贸n Mejicapa, en Santa Mar铆a, Usulut谩n, un territorio que controlaba la Mara Salvatrucha-13. Mar铆a, la madre de Rodr铆guez, sali贸 hasta el port贸n met谩lico verde de su casa y les explic贸 que su hijo no era pandillero, sino un alcoh贸lico cr贸nico que desde hac铆a dos a帽os padec铆a de insuficiencia renal. Les asegur贸 que incluso estaba medicado. La Polic铆a pareci贸 escuchar las s煤plicas de la madre: no lo captur贸 y s贸lo le tom贸 fotograf铆as.
Cinco d铆as despu茅s, el 21 de abril de 2022, la Polic铆a regres贸 a la colonia Vilma y captur贸 a Rodr铆guez por agrupaciones il铆citas. “脡l trabajaba con los alba帽iles a veces, porque solo enfermo pasaba, porque era bolito. Solo tirado en las calles andaba el pobrecito”, cuenta su madre. Rodr铆guez fue traslado al penal de Mariona y despu茅s al de Quezaltepeque. Cada mes, la familia le llevaba un paquete y medicinas contra la insuficiencia renal, pero no saben si Centros Penales se los entregaba.
Mar铆a cuenta que contrataron a una abogada particular y, tras varias gestiones, lograron una audiencia especial donde un juzgado especializado contra el crimen organizado de San Miguel le concedi贸 libertad condicional. La familia recibi贸 la carta de libertad el 16 de mayo de 2023 y al siguiente d铆a fueron al penal de Quezaltepeque a gestionar la salida de Rodr铆guez, pero los custodios les dijeron que ese tr谩mite lo deb铆a hacer la abogada. Al siguiente d铆a llegaron al penal con la abogada, y los custodios les dijeron que ten铆an que regresar el siguiente d铆a. Insistieron una tercera vez y entonces los custodios cambiaron el argumento: Rodr铆guez no pod铆a salir del penal porque era un detenido del r茅gimen. La decisi贸n injustificada de Centros Penales se impuso a la orden del juez, la 煤nica autoridad constitucional que puede decidir qui茅n debe estar preso o libre. Rodr铆guez no sali贸 del penal.
Un mes y tres d铆as despu茅s de que la familia hubiera recibido la carta de libertad, el 19 de junio de 2023, aquel hombre que deb铆a estar en su casa por orden judicial sali贸 de emergencia del penal de Quezaltepeque hacia el Hospital Rosales, donde falleci贸 dos d铆as despu茅s. Un m茅dico del Instituto de Medicina Legal escribi贸 en la esquela que la causa de muerte fue un “edema pulmonar (causa preliminar, pendiente reporte de estudios complementarios)”. Los empleados de la funeraria dijeron a su madre que el cad谩ver ten铆a un hematoma en el cuello y heridas en la espalda, situaci贸n omitida en el documento oficial.
Hasta el 22 de julio de 2024, 309 personas fallecieron dentro de los penales por el r茅gimen de excepci贸n: 305 adultos y cuatro beb茅s, seg煤n datos de SJH. Aunque muchos de los cad谩veres ten铆an signos evidentes de tortura, Medicina Legal omiti贸 esa informaci贸n y se limit贸 a consignar en las esquelas “edema pulmonar” como la causa de muerte. La informaci贸n forense es distinta a los evidentes signos de violencia que han encontrado las familias en los cad谩veres.
El Faro consult贸 con tres fuentes sobre el incumplimiento de las 贸rdenes de libertad. La ley ordena que antes de liberar a una persona, Centros Penales debe verificar que no tenga casos pendientes en la Polic铆a u otros juzgados, pero no hay un tiempo l铆mite para hacer esas verificaciones. “Este es un problema que viene desde antes del r茅gimen de excepci贸n, no hay forma de controlar si Centros Penales est谩 haciendo esas averiguaciones. Antes del r茅gimen, ese proceso tardaba tres o cinco d铆as”, dijo un abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Un abogado y una empleada judicial con m谩s de 20 a帽os de trabajar para el 脫rgano Judicial coincidieron en se帽alar que el sistema penitenciario est谩 saturado por las miles de detenciones durante el r茅gimen, pero que 15 d铆as es un tiempo prudencial para verificar si el beneficiario de una 贸rden de libertad tiene casos pendientes.聽 “Me parece que cometen actos arbitrarios al no obedecer una orden judicial”, dijo el abogado. Por su parte, la empleada judicial explic贸 que el C贸digo Penal tiene un delito llamado: privaci贸n de libertad por funcionario o empleado p煤blico, agente de autoridad o autoridad p煤blica. “El c贸digo dice que cualquier privaci贸n de libertad de una persona ser谩 sancionada con prisi贸n de tres a seis a帽os e inhabilitaci贸n para el cargo”, dijo.
Dos meses despu茅s de la muerte de Rodr铆guez, el 25 de agosto de 2023, en el penal de Quezaltepeque falleci贸 otro detenido del r茅gimen de excepci贸n que tambi茅n ten铆a orden de libertad: Juan de Jes煤s Orellana Luna, un ayudante de alba帽il, de 28 a帽os.
Orellana padec铆a hipopotasemia (bajo potasio en la sangre) y fue capturado el 30 de mayo de 2023 cuando regresaba de trabajar a su casa en la colonia Las Flores, de San Francisco Gotera, Moraz谩n. La Fiscal铆a lo acus贸 de agrupaciones il铆citas y fue encarcelado en el penal de Izalco.
Una semana despu茅s de la detenci贸n, el 9 de junio de 2023, el Juzgado Segundo Contra el Crimen Organizado C de San Miguel realiz贸 una audiencia especial y le concedi贸 libertad condicional por su delicado estado de salud. “Se ordena poner en inmediata libertad al procesado antes mencionado, despu茅s de verificar que no tenga restringida su libertad por otro delito”. Esa orden fue entregada a los familiares tres d铆as despu茅s de la audiencia, el 12 de junio de 2023. La esposa de Orellana, Johana Hern谩ndez, dijo a El Diario de Hoy que al siguiente d铆a fue al penal de Izalco, pero Centro Penales se neg贸 a liberarlo. Entre junio y julio de 2023, la mujer fue otras tres veces al penal, pero, de nuevo, sin ning煤n argumento, Centros Penales se neg贸 a liberar a su esposo, padre de una menor.
El 11 de agosto de 2023, Orellana fue trasladado de emergencia del penal de Izalco al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate. Estuvo m谩s de una semana en coma y falleci贸 el 25 de agosto de 2023. La esquela de Medicina Legal consigna que la causa de la muerte fue un “edema pulmonar”, seg煤n documentos que el Movimiento de V铆ctimas del R茅gimen (MOVIR) y el exdiputado del FMLN por Moraz谩n, Jaime Guevara, difundieron en redes sociales. El documento de Medicina Legal omiti贸 dejar constancia de un indicio de violencia sobre el cad谩ver. Seg煤n el informe de Cristosal, titulado “El silencio no es opci贸n”, presentado el 10 de julio de 2024, Orellana ten铆a un hematoma en el t贸rax.
Un tercer detenido por el r茅gimen de excepci贸n que ten铆a carta de libertad falleci贸 en Mariona en abril de 2024. Se llamaba Francisco, ten铆a 30 a帽os, trabajaba en una empresa y fue capturado en enero de 2023. El Faro tiene el nombre completo de esta v铆ctima y documentos sobre su muerte, pero por petici贸n de su familia se omiten detalles. Un t铆o de Francisco dijo que documentaron la inocencia de su sobrino “punto por punto”. Asegura que tienen una carpeta con informaci贸n en la que consta que no ten铆a antecedentes con pandillas, que no ten铆a tatuajes alusivos a esos grupos. Dijo que, producto de esas gestiones, consiguieron una carta de libertad que las autoridades incumplieron. La familia de Francisco no comparti贸 ninguno de esos documentos porque teme represalias del Gobierno de Bukele .
脫rdenes de libertad aniquiladas en la puerta de un penal
El 27 de septiembre de 2022, el Juzgado Especializado de Instrucci贸n A-3 de San Salvador dio una orden al director del centro penal de Izalco. Eso es lo que hace un juzgado: ordenar. “Atentamente, solicito a usted, poner en inmediata libertad al imputado (...) a quien, junto a otros, se le atribuye el delito de agrupaciones il铆citas”.
El documento judicial ordenaba la libertad de siete personas, entre ellas la de Edenilson, un muchacho de 22 a帽os, empleado de una microempresa en Ciudad Delgado y capturado por el r茅gimen de excepci贸n el 10 de mayo de 2022. La familia de Edenilson contrat贸 a un abogado, quien en tres meses logr贸 desbaratar el caso fiscal. Ante la falta de pruebas de agrupaciones il铆citas, el juez orden贸 su libertad condicional.
Al siguiente d铆a de la orden de libertad, el 28 de septiembre de 2022, un familiar de Edenilson se levant贸 a las tres de la ma帽ana, viaj贸 desde Ciudad Delgado hasta el penal de Izalco para reclamar la liberaci贸n de Edenilson, pero el custodio en la caseta se neg贸 a recibir el documento porque as铆 se le antoj贸 en ese momento. “Ya ven铆a de regreso para mi casa, pero un polic铆a que estaba fuera me orient贸, me dijo que insistiera, que me la ten铆an que recibir. Regres茅 y, hasta la segunda vez, me la recibieron”, cuenta.
Edenilson no fue liberado en septiembre de 2022, como lo orden贸 el juez. Lejos de eso, la Fiscal铆a lo acus贸 de un “nuevo” caso de agrupaciones il铆citas, mientras estaba en el penal de Izalco. Es decir, la Fiscal铆a lo acus贸 primero de pertenecer a una agrupaci贸n il铆cita en Ciudad Delgado, pero, cuando el juez lo liber贸 por falta de pruebas, los fiscales lo acusaron en otro juzgado de Santa Ana del mismo delito.
“Lo que pod茅s ver es que lo acusaron en Santa Ana porque son los juzgados que tienen jurisdicci贸n sobre el penal de Izalco”, dijo la fuente judicial que habl贸 del caso y proporcion贸 documentos con la condici贸n de anonimato, por temor a perder su trabajo. La fuente ironiza sobre la forma en que se podr铆a justificar el nuevo caso en contra de Edenilson: “Ellos abren un nuevo caso de agrupaciones il铆citas, pero en esos meses 茅l estuvo detenido en Izalco. Ellos deciden a d贸nde lo mandan, no puede ser que adentro del penal lo acusen otra vez de agrupaciones il铆citas, porque su comportamiento y su voluntad de estar con cierta gente depende de Centros Penales. F谩cilmente podr铆a salir por doble persecuci贸n, nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa. Es una forma arbitraria y burda de mantenerlo detenido”.
El Faro mantiene comunicaci贸n con un familiar de Edenilson desde finales de 2022. Esta persona dijo que ya no ten铆an dinero para pagar al abogado particular que logr贸 la primera orden de libertad. La familia no tuvo m谩s remedio que buscar la ayuda de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica. La intervenci贸n del defensor p煤blico, si es que ha habido alguna, es un misterio para la familia de Edenilson: no saben de ning煤n tr谩mite que haya realizado, no contesta sus llamadas. Edenilson sigue preso.
En junio de 2022, a tres meses de iniciado el r茅gimen, este peri贸dico sigui贸 por semanas los pasos de un defensor p煤blico que acept贸 aquello a cambio de anonimato. Estas son algunas de las frases que dijo: “Ninguno. No hemos podido lograr la libertad de ninguno”. “Hoy confirm茅 la frustraci贸n de muchos otros colegas: que el rol del defensor es pr谩cticamente decorativo. Yo llegu茅 con arraigos, pero el juez se esforz贸 por desvirtuarme todo”. “Al final, nos hemos vuelto una manera de justificar o de dar apariencia de que la persona tuvo defensa”.
La historia de Edenilson es parecida a la de Miguel, un comerciante que vende tomates al por mayor en el mercado La Tiendona y que fue capturado por el r茅gimen de excepci贸n, en abril de 2023. La diferencia del caso de Edenilson y de Miguel, el vendedor de tomates al por mayor, es que este 煤ltimo tuvo la capacidad econ贸mica para pagar a un equipo de abogados que us贸 las instancias legales necesarias para demostrar que su recaptura por un “nuevo” caso de agrupaciones il铆citas era injusta e ilegal.
El Faro tiene el nombre completo de Miguel, su direcci贸n y fechas claves de su proceso judicial, pero por acuerdo con una de las fuentes que proporcion贸 m谩s informaci贸n del caso se omiten detalles que puedan identificarlo. Despu茅s de seis meses de encarcelamiento en el penal de Izalco, en octubre de 2023, Miguel recibi贸 una orden de libertad. La familia llev贸 el documento al penal en octubre y no lograron la liberaci贸n. Regresaron en noviembre y los primeros d铆as de diciembre de 2023, pero el comerciante no fue liberado.
El siete de diciembre de 2023, los custodios dijeron a Miguel que ten铆a orden de libertad y pod铆a regresar a su casa. El comerciante camin贸 hacia la pluma del port贸n principal del penal de Izalco. No logr贸 poner un pie afuera. Las autoridades lo recapturaron antes de llegar a la pluma y lo acusaron por segunda vez de agrupaciones il铆citas, delito por el que reci茅n hab铆a sido liberado.
El “nuevo” caso por agrupaciones il铆citas lleg贸 a un juzgado contra el crimen organizado de Santa Ana. La familia de Miguel, comerciantes con capacidad econ贸mica, siguieron pagando a un equipo de abogados que pidi贸 al juzgado santaneco declararse incompetente porque los hechos eran los mismos por los que era procesado en San Salvador. El juez se declar贸 “incompetente” y remiti贸 el caso a la capital.
El expediente lleg贸 a un juzgado capitalino contra el crimen organizado. El juzgado de San Salvador sum贸 el caso de Santa Ana al primer expediente por agrupaciones il铆citas. El nuevo juzgado no encontr贸 nuevas pruebas de que Miguel fuera pandillero o colaborador de esos grupos. El juzgado orden贸, por segunda vez, su libertad condicional.
La familia de Miguel llev贸 la segunda carta de libertad al penal de Izalco, pero los custodios dijeron no entender conceptos como “incompetencia”, “doble juzgamiento”, “acumulaci贸n de procesos”, “derechos constitucionales”. Los custodios de Centros Penales insist铆an en que el caso de San Salvador era diferente al caso de Santa Ana. “Centros Penales no entend铆a la figura jur铆dica de la conexi贸n y la acumulaci贸n de procesos. El notificador se cans贸 de llegar al penal y les pas贸 por tel茅fono al juez para explicarles. El juzgado mand贸 un segundo oficio para explicar a Centros Penales el caso”, cuenta la fuente. El juzgado envi贸 un segundo oficio en julio de 2024 y Miguel fue liberado. Esto significa que el comerciante estuvo detenido ilegalmente nueve meses, por capricho de Centros Penales.
El tercer caso de una persona con carta de libertad y recapturado por el r茅gimen de excepci贸n que El Faro logr贸 documentar es el del se帽or M. 脡l es un obrero de 29 a帽os, viv铆a en una comunidad del departamento de La Libertad controlada por una pandilla. Fue capturado el 18 de abril de 2022. El se帽or M dio su testimonio a El Faro con la condici贸n de reservar su nombre y su lugar de residencia. En el testimonio cuenta que estaba en su casa cuando la Polic铆a lanz贸 un operativo en su comunidad y, sin mayor explicaci贸n, fue capturado por agrupaciones il铆citas. Estuvo detenido en Mariona y, en solo 20 d铆as, un juzgado contra el crimen organizado lo liber贸 bajo ciertas condiciones.
El se帽or M sali贸 del penal de Mariona el 8 de mayo de 2022. Cuenta en su testimonio que guardaba la orden de libertad como un tesoro: siempre la portaba para demostrar a la Polic铆a que no es pandillero o colaborador de esos grupos.
Un motorista del transporte p煤blico fue asesinado el 5 de abril de 2023 en la comunidad donde viv铆a el Se帽or M. La Polic铆a cerc贸 la comunidad. Aunque estaba en su casa al momento del asesinato, los polic铆as capturaron al Se帽or M como parte de la redada por el homicidio del motorista. Ya han pasado 15 meses de la recaptura del Se帽or M y la familia no sabe con exactitud de qu茅 lo acusan. Lo 煤nico que ellos saben es que viven en una comunidad que sol铆a estar controlada por pandillas y que su familiar ten铆a el antecedente penal de que una vez fue liberado por falta de pruebas.
El miedo de los que est谩n afuera
Jes煤s era empleado de Aeroman, una empresa que opera en el aeropuerto internacional 脫scar Arnulfo Romero. Es padre de una ni帽a y, durante el r茅gimen de excepci贸n, fue capturado por tener un antecedente penal: fumar marihuana durante su 茅poca escolar. En noviembre de 2023, un juzgado contra el crimen organizado le dio una orden de libertad, pero durante siete meses Centros Penales se neg贸 a cumplirla.
En mayo de 2024, El Faro visit贸 la casa de la mam谩 de Jes煤s, una champa de l谩mina oxidada, con un maltrecho alambre de p煤as y una ci茅naga de agua jabonosa al frente, donde deambulaban unos patos. La se帽ora confirm贸 que su hijo tiene una orden de libertad, pero que hasta ese mes continuaba detenido sin justificaci贸n. La madre de Jes煤s dijo que no dar铆a detalles del caso porque tem铆a al r茅gimen de excepci贸n. “Tengo m谩s hijos y聽no sabemos qu茅 puede pasar”, justific贸.
La madre de Jes煤s prometi贸 consultar con sus otros hijos sobre la conveniencia de conceder una entrevista. Nunca volvi贸 a comunicarse. El 30 de julio de 2024, El Faro llam贸 por tel茅fono a la se帽ora para verificar si Centros Penales acat贸 la orden de libertad, pero no respondi贸 la llamada.
Un inocente preso dos meses
El domingo 3 de agosto de 2023, un grupo de soldados entr贸 por la noche a la isla del Esp铆ritu Santo, en la Bah铆a de Jiquilisco, y arrest贸 a seis personas, a las que fue sacando de sus casas una por una. Dentro de los capturados figuraba Samuel, un chico de 17 a帽os, mesero del 煤nico restaurante de la isla y el 煤nico menor de edad entre los capturados de ese d铆a. Toda la comunidad se enter贸 de las capturas de esa noche. Sin embargo, poco m谩s de dos meses despu茅s, el 25 de octubre, el jefe de aquel operativo, el sargento 脕ngel C茅sar Montesinos Flores, declar贸 que las capturas hab铆an ocurrido de otra forma: que hab铆an sido en la ma帽ana del lunes 4 de agosto, que los detenidos estaban en una cancha de b谩squetbol prepar谩ndose para ir a dejar v铆veres a unos supuestos pandilleros ocultos en los manglares circundantes. Por este testimonio, un juez de menores de Usulut谩n conden贸 a Samuel a diez a帽os de prisi贸n.
La familia de Samuel apel贸 la decisi贸n judicial alegando que la versi贸n del sargento Montesinos era falsa. El 13 de diciembre, la C谩mara de Menores de la Secci贸n de Oriente consider贸 que el militar no hab铆a aportado ning煤n elemento que respaldara su versi贸n, entre otras inconsistencias en el juicio, y declar贸 que Samuel era inocente y que deb铆a ser liberado de forma “inmediata”. Al d铆a siguiente, su madre se present贸 con el documento a la granja penitenciaria de Ilobasco, pero los custodios le dijeron que ya era tarde. Se present贸 al d铆a siguiente y le dijeron que no, sin mayores explicaciones. Se present贸 una tercera vez y Samuel tampoco fue liberado. As铆 transcurri贸 diciembre y enero, sin que ninguna autoridad ofreciera a su familia ninguna explicaci贸n. Samuel fue liberado el 12 de febrero de 2024, luego de que las autoridades de Centros Penales desobedecieran durante dos meses una resoluci贸n judicial de una c谩mara de menores.
La denuncia contra Osiris Luna聽
El 22 de julio de 2024, SJH denunci贸 en la Fiscal铆a al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y a diputados de la Junta Directiva, por la aprobaci贸n indefinida del r茅gimen de excepci贸n que viola derechos humanos b谩sicos. Los abogados de esa organizaci贸n alegan que cualquier detenci贸n debe cumplir con par谩metros internacionales establecidos, por ejemplo, en el art铆culo 7 del Estatuto de Roma, al que El Salvador est谩 suscrito desde el 26 de noviembre de 2015. El Estatuto de Roma data de 1998 y es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Cuando un Estado firma el estatuto habilita a que cualquier responsable de delitos de lesa humanidad sea procesado en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Pa铆ses Bajos.
La organizaci贸n alega que al no cumplir con los requisitos b谩sicos para la captura de personas, los diputados pueden ser juzgados por ese mecanismo internacional, porque las 27 pr贸rrogas al r茅gimen de excepci贸n los convierte en “hacedores” de cr铆menes de lesa humanidad. La denuncia incluye al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La denuncia del SJH se帽ala al director de Centros Penales, Osiris Luna, de un delito en espec铆fico: privaci贸n de libertad, por incumplir cinco 贸rdenes judiciales. Por los mismos hechos, el director del centro penal de Izalco fue denunciado por los delitos de desobediencia a mandato judicial y detenci贸n arbitraria por autoridad. Uno de los casos denunciados por SJH est谩 entre los descritos anteriormente en este texto. Rastreando otro de los casos, El Faro viaj贸 a la zona norte de San Salvador el primero de agosto de 2024, para verificar los datos.
La madre de Marco, capturado por el r茅gimen de excepci贸n el 22 de junio de 2023, dijo que su hijo fue liberado en marzo de 2024. Marco ten铆a carta de libertad desde enero de 2024 y Centros Penales cumpli贸 la orden hasta dos meses despu茅s y luego de una conferencia de prensa en que la organizaci贸n denunci贸 el caso. Aunque ya est谩 libre, SJH incluy贸 el caso de Marco en la denuncia contra Luna y el director del penal de Izalco.
Sobre los otros tres casos en los que SJH acusa a las autoridades penitenciarias de cometer delitos por incumplir las 贸rdenes de libertad, El Faro no ha logrado contactar a sus familiares para actualizar su situaci贸n carcelaria. La organizaci贸n asegura que contin煤an detenidos arbitrariamente.
El Faro pregunt贸 al MOVIR cu谩ntos casos han documentado sobre incumplimiento de 贸rdenes de libertad en el marco del r茅gimen de excepci贸n. La tarde del dos agosto de 2024, Alfredo Mej铆a, miembro del MOVIR, respondi贸 lo siguiente: “No tenemos un n煤mero exacto de cu谩nta gente puede tener carta de libertad. Yo tengo en mi poder como cinco cartas de libertad (que Centros Penales ha incumplido)”. Al cierre de esta nota, este peri贸dico no pudo contrastar si alguno de los casos de MOVIR coincide con los casos denunciados ante la Fiscal铆a por el SJH.
La ma帽ana del 30 de julio de 2024, El Faro llam贸 a la jefa de comunicaciones del Centro Judicial, Yenifer Portillo, y le solicit贸 una entrevista con los jueces de los casos mencionados en este art铆culo o una declaraci贸n oficial del 脫rgano Judicial al respecto. Portillo pidi贸 la solicitud por escrito y proporcion贸 una direcci贸n de correo institucional. El Faro envi贸 por escrito la solicitud, pero en respuesta recibi贸 un mensaje autom谩tico: “message blocked” (mensaje bloqueado). Ante esta situaci贸n, se envi贸 la solicitud escrita a Portillo por medio de una aplicaci贸n de mensajer铆a instant谩nea, explicando el problema del correo electr贸nico. Al cierre de esta nota, Portillo no respondi贸.
*聽Con reportes de Carlos Barrera y Carlos Mart铆nez.
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