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Columnas / Transparencia
No vamos a cambiar las noticias
Nosotros no estamos en un concurso de popularidad. Lo nuestro es informar y no podemos cambiar las noticias. Si un ministro o un director de prisiones están robando nuestra obligación es denunciarlo.

Fecha inválida
El Faro

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Terminó el 2021 y Nayib Bukele sigue sin decirnos qué hizo con el millón de dólares que la Asamblea le asignó para las celebraciones del bicentenario que nunca se realizaron, ni qué hizo con más de dos mil millones de dólares que la Asamblea le aprobó para el combate a la pandemia. 

Por el contrario, al cumplir la mitad de su mandato, Bukele ha cerrado significativamente el acceso a información sobre el gasto público y protegido a sus funcionarios de los escándalos de corrupción que han plagado su gobierno.

El presidente Nayib Bukele durante una conferencia de prensa en los alrededores de la comunidad Nuevo Israel, el 31 de mayo. La comunidad fue afectada por el paso de la tormenta tropical Amanda y Bukele se presentó al lugar para hacer el anuncio de ayuda del Gobierno a los afectados. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
 
El presidente Nayib Bukele durante una conferencia de prensa en los alrededores de la comunidad Nuevo Israel, el 31 de mayo. La comunidad fue afectada por el paso de la tormenta tropical Amanda y Bukele se presentó al lugar para hacer el anuncio de ayuda del Gobierno a los afectados. Foto de El Faro: Carlos Barrera.

La bancada cian, que tomó el control de la Asamblea en mayo de este año, se apresuró a usurpar el sistema judicial y aprobó una ley de impunidad retroactiva para impedir que se juzgue a funcionarios involucrados en corrupción por las compras para la pandemia. 

El penúltimo día del año que recién terminó, el presidente le dijo al país que hay grupos con pretensiones de darle un golpe de Estado. Son acusaciones gravísimas de un gobernante que, lamentablemente, nos llegan desprovistas de información. Nayib Bukele no dice ni quién ni cómo están preparando un golpe de Estado en su contra y más parece una nueva estrategia de marketing político siguiendo los pasos del manual del populista: el presidente y su gobierno están en problemas y necesitan inventarse nuevos enemigos de los cuales salvar a la patria y a los cuales, eventualmente, culpar de la crisis económica y política, que son ambas su responsabilidad.

Un día después del anuncio presidencial, el servicio de análisis financiero Bloomberg reveló que los bonos emitidos por el gobierno salvadoreño tuvieron el peor desempeño del mundo y han perdido más de 30 por ciento. La desconfianza de los inversores, dice el reporte, parte de un presidente impredecible que acumula poder y que desde su teléfono compra bitcoin con dinero público. 

Bukele, que heredó una deuda pública que ya era insostenible, la ha aumentado a una velocidad sin precedentes y al inicio de este nuevo año se anunciaban ya nuevas emisiones de deuda, necesaria para financiar sus delirios y los de sus funcionarios. 

La opacidad y arbitrariedad son tales que ni siquiera sabemos de qué partida salen los millones con los que el presidente juega a comprar bitcoin, porque él mismo se ha encargado de que los ciudadanos no tengamos información sobre los gastos públicos. 

Paradójicamente, la imagen del gobierno salvadoreño afuera del país no es la de un presidente amenazado por grupos golpistas, sino la de un populista autoritario que asestó un golpe de Estado el 1 de mayo del 2021, mediante la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y su sustitución inconstitucional; seguida por las reformas a la carrera judicial, que produjeron el despido de la tercera parte de los jueces del país y el reacomodo de aquellos que el régimen salvadoreño crea necesario cambiar de juzgado para que no le incomoden. 

A la mitad de su mandato, Bukele es el gran protector de un esquema de saqueo del Estado en el que, contra todas las previsiones y los candados de la ley, es solo él quien decide qué información dar a conocer, sin posibilidad de que el público tenga pruebas o datos que confirmen lo dicho por el presidente.  

En estas circunstancias, la labor del periodismo es aún más importante: nos toca a nosotros dedicar capacidades y esfuerzos a informar sobre el ejercicio del poder y denunciar sus abusos y prácticas corruptas. Nos toca arrojar luz precisamente sobre aquello que el clan Bukele y su grupo no quiere que veamos. Y eso hemos estado haciendo. 

El periodismo salvadoreño ha dado a conocer las negociaciones del gobierno con las pandillas, el robo de paquetes de alimentos destinados a la población más necesitada, los contratos amañados para compras irregulares, la composición del grupo de venezolanos que gobiernan con los hermanos Bukele, el espionaje gubernamental contra periodistas y organizaciones no gubernamentales, los vínculos entre Alba Petróleos y los funcionarios detrás de la Chivo Wallet, y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país. 

Ante esta información, el presidente ha optado por lanzar campañas de desprestigio, amenazas e intimidación a la prensa y a sus críticos para mantener su popularidad, sin modificar la estructura criminal enquistada en el gobierno que preside. 

Su estrategia de comunicación ha tenido un gran éxito entre los salvadoreños: ocho de cada diez apoyan su gestión y una parte considerable de ellos creen, como les ha dicho el presidente, que quienes presentamos una realidad distinta a la de sus equipos de propaganda lo hacemos para atacar su gestión, respondiendo a otros intereses. Entendemos también que, entre los mensajes de repudio a nuestra labor, algunos tienen un origen legítimo, realmente creen que estamos por obstaculizar a este gobierno. 

Pero a diferencia de Bukele –y de los políticos en general– nosotros no estamos en un concurso de popularidad. Lo nuestro es informar y no podemos cambiar las noticias. Si un ministro o un director de prisiones están robando nuestra obligación es denunciarlo. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, con este gobierno, como lo hicimos con los anteriores. A todos aquellos que nos preguntan tras cada publicación dónde estábamos cuando los anteriores gobiernos pactaban con pandillas o robaban fondos públicos, les respondemos que estábamos haciendo lo mismo: investigando y publicando esos hechos. 

A diferencia de lo que la familia Bukele cree, el Estado no es suyo, sino de todos los salvadoreños. Y tenemos, por Constitución, derecho a estar informados y ellos la obligación de transparentar la administración de nuestros bienes. Cada ciudadano decide si quiere estar informado o prefiere mantener la lealtad a ciegas que este gobierno ha exigido a sus seguidores desde su primer día en la presidencia. Nosotros no tenemos esa opción. Lo nuestro es informar. No podemos cambiar las noticias y no lo vamos a hacer. 

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