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Cinco puntos no negociables para la Ley de Agua

Andrés McKinley

 
 

El 18 de junio de 2021, después de dos años de promesas vacías y políticas y prácticas dañinas al medio ambiente, el Gobierno de Nayib Bukele presentó a la Asamblea Legislativa su anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos que, según canales oficiales “solventa la deuda histórica”, garantiza que el agua sea administrada por el Estado y elimina cualquier posibilidad de privatización.

La iniciativa fue recibida con precaución por todos aquellos que llevamos más de 15 años luchando en defensa del recurso hídrico en El Salvador. La actual Asamblea Legislativa se ha negado a tomar en cuenta la propuesta ciudadana de Ley General de Agua, formulada, concertada y presentada a principios de 2020 por estas mismas entidades a las cuales el Gobierno de Bukele tilda de “grupos de fachada”. No obstante, a pesar de los abusos de los gobernantes actuales y la falta de voluntad política de seis anteriores Comisiones de Medio Ambiente consecutivas para tomar las medidas necesarias para resolver la crisis del agua que amenaza a nuestro país, el movimiento social de El Salvador se mantiene abierto al diálogo y listo para entrar en un análisis conjunto serio y basado en los intereses de nación.

El estudio del anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos revela una serie de vacíos y contradicciones que no garantizan el acceso al agua de forma equitativa, eficiente y sostenible, que generan una institucionalidad poco adecuada y que aumentan la amenaza de la privatización. Para superar estas debilidades y evitar estas amenazas, es importante fortalecer la propuesta del Gobierno tomando en cuenta los retos especiales y urgentes de un país que enfrenta una crisis hídrica profunda en términos de cantidad, calidad y acceso y una ausencia total de buena gobernanza en el sector hídrico.

Estudios en los últimos años han documentado el hecho de que los ríos, lagos y acuíferos más estratégicos de El Salvador se están secando y, en algunos casos desapareciendo, poniendo en peligro los ecosistemas y los centros de concentración poblacional más importantes del país y amenazando la viabilidad misma de la nación. Entidades internacionales, como CEPAL de las Naciones Unidas, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua plantean que El Salvador ya sufre de un grado preocupante de estrés hídrica y el incremento significativo de las protestas callejeras de comunidades que sufren por la ausencia de agua comprueban la crisis. Además, MARN ha venido planteando desde años que casi todas las aguas superficiales del país están contaminadas. Mientras tanto, la gran empresa e inversionistas transnacionales siguen sobre explotando y contaminando los escasos recursos hídricos de El Salvador sin ninguna intervención o regulación estatal. El anteproyecto de ley del Gobierno del presidente Bukele ofrece poca esperanza de cambiar esta situación.

No obstante, el Gobierno ha prometido un proceso de diálogo con las organizaciones sociales, la Iglesia católica, las iglesias protestantes históricas, la UCA y otras entidades interesadas para generar una ley de aguas seria y ampliamente concertada. En este contexto, la UCA fue invitada a una audiencia con la Comisión Ad Hoc para la Ley de Agua de la Asamblea Legislativa el día 15 de julio de este año. En la audiencia, presentamos nuestras preocupaciones por la crisis hídrica, los cinco principios no negociables para una buena Ley de agua, y los vacíos y contradicciones en la propuesta gubernamental relacionados con estos principios. 

La buena gobernanza en el sector hídrico necesita establecer las condiciones necesarias para empezar a resolver la crisis del agua en el país y asegurar el acceso en cantidad y calidad para las generaciones del futuro. 

El primer principio es el reconocimiento del agua como bien común y como un derecho humano. El agua es fuente de vida. No puede existir nada (ni una piedra) sin agua. Los seres humanos estamos hechos de agua y dependemos del agua para todo en nuestras vidas. Una ley de agua, especialmente para un país en crisis hídrica, debe reconocer y reflejar el derecho humano al agua en todo su contenido, desde los principios de la ley hasta la configuración y funciones del ente rector, las prioridades de uso, las medidas de protección y rehabilitación del recurso hídrico, la participación de la ciudadanía en la gestión del agua, el rol especial de las mujeres, los procesos de autorización de uso, sanciones contra los usuarios que violan el derecho de todos/as al agua, etc. La mayoría de estos elementos están ausentes en la propuesta gubernamental.

El segundo principio es la gestión pública/estatal del agua. Si aceptamos que el agua es un bien común y un derecho humano, es obvio que el ente rector debe ser del Estado. Es el Estado que tiene la obligación de garantizar los derechos de la ciudadanía. Se reconoce este principio en la propuesta del Gobierno, pero la configuración del ente rector en el anteproyecto está diseñada más como mecanismo para la concentración de poder en manos del presidente que como ente Estatal dejando afuera componentes claves para la buena gobernanza y el cuido del agua.

El tercer principio es la participación ciudadana. Aunque planteamos un ente rector exclusivamente público/estatal, es importante garantizar que la ciudadanía tenga voz y poder de influencia en la toma de decisiones sobre el uso y protección del agua en el país. La propuesta del gobierno excluye totalmente este componente, tanto a nivel nacional como a nivel local de cuenca.

El cuarto principio es el enfoque de cuenca. Es ampliamente reconocido que la problemática del agua en El Salvador empieza a nivel local, en la cuenca, generada por la deforestación, el mal uso del suelo, prácticas agrícolas inadecuadas, el uso de pesticidas tóxicos, la contaminación por parte de la industria, la aprobación de permisos para actividades dañinas al agua, etc. Dada esta realidad, es claro que las soluciones a la crisis del agua en El Salvador deben empezar en la cuenca. La propuesta de gobierno habla de enfoque de cuenca, pero no incluye ninguna medida que garantice este enfoque. Además, no cuenta con estructuras operativas del ente rector enfocadas en la cuenca, como los Organismos Zonales de Cuenca, planteadas en la Propuesta Ciudadana de la sociedad civil, ni en la consulta ciudadana a nivel local a través de las Comisiones de Cuenca, planteadas en la mismo Propuesta Ciudadana.

El quinto principio es la equidad económica y financiera, garantizando que el acceso al agua sea universal y que nadie sufra la ausencia del agua por falta de recursos económicos, otro componente ausente en la propuesta gubernamental.

Al finalizar nuestra intervención, pedimos a la Comisión que retome la propuesta ciudadana de las organizaciones sociales revisada y presentada a la Asamblea el 14 de junio, argumentando que nuestro análisis, opiniones y propuestas están incluidas en ese documento. La solicitud fue respondida de forma contundente por la presidenta de la Comisión, asegurándonos que retomaría nuestra propuesta, que la había estudiado y que reconocía que tenía muchos elementos muy importantes para la regulación del agua en El Salvador. Fueron declaraciones importantes, pero lo más importante serán las acciones concretas de la Comisión, los intereses que predominan y cuánta voluntad política habrá de parte del Ejecutivo, el verdadero dueño del circo.

Andrés McKinley posee una maestría en Administración de Salud de la Universidad de Florida en EE. UU. y tiene más de 50 años trabajando por el desarrollo sostenible en África y Centro América. Trabaja actualmente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
 
Andrés McKinley posee una maestría en Administración de Salud de la Universidad de Florida en EE. UU. y tiene más de 50 años trabajando por el desarrollo sostenible en África y Centro América. Trabaja actualmente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).


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