Cada vez que un escándalo de corrupción sacude la clase política de Guatemala, Helen Mack invariablemente toma su posición en las trincheras. Como destacada defensora de derechos humanos en el país, ha luchado por décadas en el sistema judicial contra la corrupción de los gobiernos y contra la impunidad que remonta al conflicto armado del país. Para ella todo comenzó con el asesinato de su hermana en 1990 por la Fuerza Armada.
Cuando la corrupción estructural y ataques abiertos contra jueces independientes este año parecieron poner en peligro los intereses de Estados Unidos, hasta Kamala Harris pidió su lectura del país. “Para ellos la prioridad es el tema de migración y si es necesario ceder en otros temas donde la sociedad civil guatemalteca no va a ceder, ellos van a ceder”, dice del gobierno de Biden. “El reto nuestro es ver cómo logramos una agenda gana-gana.”
Para ella, esa agenda ganadora incluirá justicia para crímenes de la guerra civil, así como rendición de cuentas para el manejo de la pandemia del presidente Alejandro Giammattei.
El pasado noviembre, cuando las llamas consumieron el Congreso de Guatemala en medio de protestas contra recortes al presupuesto de salud y otros gastos del Estado, Giammattei logró esquivar una ola de peticiones de renuncia. Ocho meses después, políticamente herido pero reacio, Giammattei anunció que buscará desplegar las fuerzas de seguridad, una vez más, para apagar las protestas reanudadas contra su respuesta a la pandemia.
El gobierno guatemalteco pagó 80 millones de dólares por ocho millones de dosis de la vacuna Sputnik-V en abril, que siguen sin llegar de Rusia. El canciller Pedro Brolo viajó a fines de junio, presuntamente para renegociar los términos del contrato mientras el gobierno guatemalteco amenazaba con exigir un reembolso. A su regreso, Brolo no pudo brindar cronograma para la entrega de las vacunas y dijo en una citación del Congreso que no había leído el contrato. El Ministerio Público lanzó una investigación en mayo, pero hasta donde se sepa públicamente el Ministerio de Salud se ha negado a entregar el contrato a los fiscales.
La Fundación Myrna Mack, que Helen fundó y bautizó en honor a su hermana, es una de las organizaciones de sociedad civil más destacadas en sumarse a una petición de renuncia a Giammattei, Brolo y la ministra de salud Amelia Flores.
No es la primera vez que Mack se enfrente con los gigantes de la política guatemalteca. Cuando el Estado y las Naciones Unidas negociaron la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Mack brindó sus conocimientos como representante de la sociedad civil. En los 13 años de investigaciones arrolladoras antes de que fuera desmantelada en el 2019, la CICIG mandó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina por fraude aduanera y logró una condena efímera del ex dictador y general retirado Efraín Ríos Montt por el genocidio en 1982 perpetrado contra el pueblo Maya Ixil.
Los tiempos han cambiado, y Mack sugiere que la lucha anticorrupción es ahora más precaria de lo que fue cuando se creó la CICIG. Desde que la comisión abandonó el país, Mack sostiene que ha habido represalias abiertas y sistemáticas en las cortes contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos que protagonizaron la primavera chapina. Se cuenta entre ellos.
Mack habló con El Faro a principios de julio sobre el estado del país. Desde su oficina en la lujosa Zona 14 de Ciudad de Guatemala, brinda las reflexiones lúgubres de una defensora que está presenciando el derrumbe de décadas de trabajo en las calles y las cortes.
¿Por qué pidieron la renuncia de Giammattei, el Canciller Brolo y la Ministra Flores?
El Estado está obligado a que la Constitución se cumpla. Esto va relacionado con tu derecho a la salud y el bien común. En el manejo de la pandemia, concretamente con las vacunas, ha sido demasiado oscuro y nos ha dejado a todos los guatemaltecos sin acceso a la salud. Y de transparencia cero. ¿Cómo te podés tú creer que va un ministro de relaciones exteriores y no lee el contrato? No puede tener la excusa de que es confidencial, porque de acuerdo a la constitución, cuando una ente penal está haciendo una investigación tienen la responsabilidad de entregar la información porque es un organismo del Estado. Aquí lo que hay es mala fe por parte del Gobierno.
Y esa mala fe, ¿cree que constituye un delito?
Por supuesto que hay delitos, pero tiene una fiscal general que le encubre esos delitos. Él tiene cooptada la justicia. Los fenómenos comunes en la región son las asimetrías de poder político y económico que te atraviesan por la brecha entre los distintos sectores, pasa por la distorsión democrática y una justicia cooptada, que fue lo último que hizo aquí este presidente, cooptando la Corte de Constitucionalidad. Entonces ellos tienen garantizada su impunidad. Pero yo creo que Guatemala ha sido la más descarada porque lo que están haciendo es retroceder todos los avances en casos de corrupción que habían investigado la CICIG y la FECI.
Vimos los nombres de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia en la Lista Engel, un listado de centroamericanos sancionados por el Departamento de Estado por socavar la democracia o estar involucrado en actos de corrupción. ¿Hasta qué punto diría que ha llegado la cooptación?
Para los que son sus amigos, candidatos, magistrados o jueces, que están recibiendo instrucciones y que son afines a ellos, para ellos no hay ninguna sanción y no se les aplica la ley. Sin embargo, a otros jueces u otros ciudadanos, que no estamos alineados con el gobierno, viene todo el peso de la ley.
En el caso concreto mío, tengo once denuncias o más. Además hay categorías de enemigos porque es el mismo Estado que te está persiguiendo. En el caso de Gloria Porras, Juan Francisco Sandoval, Érika Aifán, Jordán Rodas y todos los jueces de mayor riesgo, el ochenta por ciento de las denuncias las ponen precisamente por la Fundación Contra el Terrorismo, con Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, que están en la Lista Engel por la obstrucción de la justicia. Utilizan las redes para desacreditarte, deslegitimarte socialmente, y matarte civilmente a través de un litigio malicioso en donde tú tenés jueces y fiscales que en un día te pueden armar un caso pero para investigar la corrupción nunca hay tiempo o es muy complicada la investigación. No existe el Estado de Derecho y el sistema judicial está siendo utilizado como una herramienta de persecución.
La Fiscalía de Derechos Humanos está imputando responsabilidades en el caso Diario Militar, que se trata de la desaparición forzada, tortura y asesinato sistemáticos de personas percibidas como disidentes políticos entre 1983 y 1985. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló culpable al Estado de Guatemala en 2012. ¿Qué se puede esperar del caso para la lucha contra la impunidad?
Para mí el caso del Diario Militar es un caso bien sustentado. Tenés sobrevivientes que reconocen a sus torturadores. Son 183 historias que tenés ahí y creo que ya se ha demostrado suficiente en los distintos casos de derechos humanos, como fue en el caso de genocidio, cómo eran los planes [de la fuerza armada]. Entonces creo que la prueba es lo suficientemente fuerte como para que salga con una condena. Si se va a lograr condena o no, el problema es cómo depuramos a un sistema de justicia que antes había un respeto a la autonomía fiscal. El sistema de Inteligencia de aquella época son los mismos fundadores de los partidos políticos de la Fundación Contra el Terrorismo, que vivieron y siguen viviendo de la corrupción.
¿Cuál es la influencia actual de los militares en la política guatemalteca?
La Inteligencia es una herramienta para la toma de decisiones. En el caso de Guatemala, los miembros que formaron y forman parte del sistema de Inteligencia son un poder mucho más fuerte que cualquiera de las armas que tiene el Ejército, por la cantidad de información y el control que tienen.
Usted estuvo involucrada en la propuesta para crear la CICIG en el 2006. ¿Cómo contrasta ese momento con el que estamos viviendo ahora, en cuanto a la lucha contra la corrupción e impunidad?
En aquella época lo que tú tenías eran jueces honestos de carrera. Lo que necesitabas encontrar era un juez con valor. Lo que es difícil encontrar ahora son jueces honestos, porque los jueces con valor son los que están siendo perseguidos. Antes estabas en una dictadura militar en medio del conflicto armado. Mataron jueces. Hoy el problema es que hay muchos jueces y magistrados que están involucrados en este pacto de corruptos. Y tú lo ves, en el caso de Mynor Motto, por ejemplo, donde es obvio que resuelve a cambio de que lo iban a nombrar magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Es esa cooptación de instituciones que están aliadas, que ahora se te complejiza más esta clase de redes porque estás usando lo legal con lo ilegal, lo público con lo privado, y esa zona gris que hace que el fenómeno tenga muchas capas. La corrupción derivada del crimen organizado o del narcotráfico ha permeado todo el sistema político.
Se habla mucho ahora de una comisión anticorrupción regional. ¿Cuáles son los cauces para hacerlo una realidad, y usted cree que es la apuesta correcta?
A nivel regional, creo que en ninguno de los tres países del norte de Centroamérica hay condiciones políticas en este momento para aprobar una comisión internacional. Pero creo que a nivel mundial, estamos viendo un juego de posicionamiento geopolítico de China, Rusia, Estados Unidos, Europa en donde el tema de la cleptocracia y la corrupción van a ser un eje transversal. Entonces el hecho de que en este momento, en el caso concreto de Guatemala, nos hayamos convertido en una amenaza para Estados Unidos quiere decir que en Europa y otras partes del mundo la kleptocracia será un tema que se va a tener que discutir, porque son las armas que utilizan quienes quieren llegar a ser parte de las potencias del mundo.
Usted estuvo en las reuniones con la vicepresidenta Harris y la administradora Power de USAID. ¿Cree usted que Estados Unidos puede ser un socio confiable de sociedad civil en la región?
Todos tienen su propia agenda e intereses. Para ellos la prioridad es el tema de migración y si para ellos es necesario ceder en otros temas donde la sociedad civil guatemalteca no va a ceder, ellos van a ceder. Mirá cómo estamos ahora. Mirá cuánta gente tenemos que ir buscando cómo vacunarnos, los que tenemos capacidad económica y medios para que nos den la vacuna. ¿Y la gente cómo no va a migrar si no tenés la solución para nuestra gente? No tenés otra alternativa. Tampoco es suficiente que te digan, ‘no vengan’, que es lo que hizo la vicepresidenta. Eso lo tienen claro ellos, pero tienen que ir evaluando. El reto nuestro es ver cómo logramos una agenda gana-gana.
A mediano y largo plazo, ¿hay una alternativa política al oficialismo en Guatemala?
No sé cómo vamos a lograr que el pueblo recupere el poder. Es parte de los objetivos de mantener esas asimetrías de pobreza y miedo, precisamente para que ellos se mantengan en el poder. Nunca vamos a lograr tener el poder ni llegar. Por eso es que para ellos, aunque ya no tenga sentido hablar de comunistas, socialistas, ellos lo siguen metiendo porque siguen llamando la época del genocidio en la que estás conmigo o contra mí, para evocar el temor y lograr controlar la población.
