El presidente Nayib Bukele desconoció al juez del caso El Mozote y avaló el bloqueo de una inspección a los archivos militares del Estado Mayor ordenados por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. En una cadena nacional celebrada en la noche del 24 de septiembre, el mandatario argumentó que la desobediencia de su Gobierno a la orden judicial obedece a la protección de documentos de inteligencia militar. Sin presentar pruebas o indicios, Bukele también acusó al juez de la causa de estar involucrado en una campaña política del partido de izquierdas, el FMLN, que busca dañar la imagen de su Gobierno y de la Fuerza Armada.
“El juez de San Francisco Gotera no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada”, sentenció Bukele, en vivo. “Los archivos los he desclasificado yo porque nadie más tiene el poder de desclasificarlos”, dijo Bukele.
El desconocimiento al juez de El Mozote fue solo el preámbulo de una larga cadena en la que el mandatario denostó el proceso judicial que busca llevar justicia y verdad a los sobrevivientes y familiares de la peor masacre registrada en la guerra civil. En su intervención, Bukele no solo acusó sin pruebas al juez de ser aliado del FMLN, sino que además vinculó al procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, a las organizaciones que representan a las víctimas de El Mozote, y hasta a congresistas estadounidenses, de prestarse a una campaña contra su Gobierno.
Bukele, además, volvió a desafiar un fallo de la Sala de lo Constitucional que sentenció que su Gobierno violó la Constitución al impedir el ingreso de salvadoreños que no porten pruebas PCR negativas al arribar al aeropuerto internacional. El mandatario también atacó a medios de comunicación, entre ellos El Faro, contra quien anunció una investigación por evasión y lavado de dinero. Señaló a defensores de derechos humanos, partidos y políticos de oposición y hasta amenazó al Fiscal General de la República.
“Esta unión no solo de las bases [del FMLN y de Arena], también es de la Asamblea Legislativa, de los medios de comunicación afines a ambos partidos, las oenegés, los puchitos (sic) de congresistas que en Estados Unidos son afines a ambos partidos, los contactos internacionales de ambos partidos, los tanques de pensamiento de ambos partidos y las organizaciones de fachada de ambos partidos”, dijo Bukele.
Nuevos ataques al Estado de derecho
El 23 de septiembre, seis congresistas republicanos enviaron una carta a Bukele en la que le manifestaron su preocupación por el alejamiento del Estado de derecho en El Salvador. Fue el segundo llamado de congresistas estadounidenses contra su Gobierno, luego de que el 11 de septiembre 12 demócratas le dijeran estar “alarmados” por los ataques a la libertad de prensa.
La cadena nacional de este jueves, de hecho, tuvo como contexto la revelación de la carta de los congresistas republicanos y el precedente del bloqueo a los archivos de El Mozote. Bukele, cuestionado por una promesa incumplida con las víctimas de la masacre, y cuestionado desde Estados Unidos, no se había pronunciado sobre esos temas.
Llegada la cadena, Bukele no solo ratificó la falta de compromiso de su Gobierno para cumplir con fallos judiciales, sino que minimizó los llamados al respeto del orden democrático lanzados desde Estados Unidos. El Faro logró preguntar por el llamado de los congresistas republicanos, pero Bukele interrumpió la pregunta para señalar que la cantidad de congresistas que firmaron las cartas es insignificante y sugirió que esos legisladores son parte de una red montada por los principales partidos de oposición. “Arena y el FMLN construyeron una red normal para alguien que estuvo 20 años o más en el ejercicio del poder. Construyeron una red de financistas, de apoyos internacionales, de oenegés, de organizaciones de fachada, de sindicatos, de militancia, de partidos políticos, de tanques de pensamiento, etcétera. Y obviamente esos contactos se echan a andar”, acusó Bukele.
“Conseguir congresistas que te firmen una carta es lo más fácil del mundo”, dijo. “Esos congresistas no representan ni el 5 %, ni el 3 %”, añadió.
Desde que Bukele desafió por primera vez un fallo de la Sala de lo Constitucional en el contexto de la cuarentena por coronavirus, la comunidad internacional le advirtió que su Gobierno debía respetar la independencia de poderes y los contrapesos validados por la Constitución. Este jueves, Bukele no solo anunció que su Gobierno mantenía firme el desafío a los fallos de la Sala, sino que además acusó a los magistrados de estar en campaña electoral. “Lastimosamente, la Sala ya escogió bando electoral”, dijo Bukele, que utiliza los micrófonos oficiales para promover a su partido, Nuevas Ideas, que lidera las encuestas.
Bukele también acusó a los magistrados de estar “cometiendo prevaricato” y amagó con interponer una denuncia por ese delito en la Fiscalía porque “la atribución de la Sala es velar por esta constitución, y no la que manda sus patrones”, dijo. Inmediatamente se dirigió al Fiscal General, Raúl Melara, diciendo que “es probable” que no abra una investigación, “pero así como se cambia de presidente se cambia de fiscal”, amenazó.
La cadena nacional, originalmente, iba a ser una conferencia de prensa convocada para las 4 p.m. del jueves 23. Luego la Secretaría de Comunicaciones envió otras dos convocatorias con cambios de hora y concepto. La última llamada decía que se trataría de una cadena nacional sin aclarar si se permitirían preguntas. A las 7:15 p.m. ingresaron al Salón de Honor de Casa Presidencial algunos invitados, entre ellos, la diputada disidente de Arena Milena Mayorga. Unos minutos después, el maestro de ceremonias anunció que el acto incluiría una juramentación de funcionarios. Rubén Alemán fue juramentado como nuevo presidente de la autónoma ANDA. Presidencia no dio explicaciones por la salida de Benítez, quien fuera interpelado en febrero por una crisis de agua en el área metropolitana de San Salvador.
Mayorga fue nombrada embajadora salvadoreña en Washington, puesto que estaba vacante. La ahora embajadora, en su primer año como diputada, salió a la palestra al defender en público su admiración por el teniente coronel Domingo Monterrosa, señalado por la Comisión de la Verdad como el comandante responsable de la masacre de El Mozote. Para defensores de derechos humanos, el simbolismo es otra afrenta contra las víctimas. En la cadena, inmediatamente después de la juramentación, Bukele anunció que no abrirán los archivos del Estado Mayor, pero que habían encontrado información que pondrían a disposición de la Fiscalía.
Presidencia se contradice: el Ejército sí tenía archivos de El Mozote
En la conferencia, Nayib Bukele presentó cinco cartapacios que, aseguró, eran el resultado de una búsqueda que ordenó en el Ejército sobre información relacionada a El Mozote. La revelación contradice lo que el mismo Ejecutivo respondió al juez de El Mozote en noviembre de 2019, cuando citando al Ejército dijo que no existían archivos relacionados con las operaciones militares que derivaron en la masacre.
“Alguien puede decir: ‘yo no le creo al presidente que está desclasificando todo’. Bueno, tienen dos opciones: o me cree o no me cree. Si no me cree, pues habrá elecciones en unos años. Usted vota por otro presidente y a ese presidente pídale que desclasifiquen lo que supuestamente yo no desclasifiqué y se darán cuenta”, dijo Bukele, luego de ser cuestionado por impedir la inspección del juez de la causa, en aras de garantizar transparencia.
De hecho, la inspección ordenada por el juez Guzmán obedece a la falta de confianza del letrado a las respuestas del Ejecutivo. Por ello, en noviembre de 2019, pidió a Bukele que le enviara el plan de campaña militar 1980-1992 y el plan de la Operación Rescate, que culminó en la masacre. En respuesta a ese requerimiento, Bukele hizo su afamada promesa de que abriría los archivos de la A a la Z, pero dos semanas después de esa solicitud, Casa Presidencial aseguró que no había encontrado ninguna información de los operativos. Diez meses después, con orden judicial de por medio, Bukele dice que encontraron cinco cartapacios con información que el Gobierno había asegurado que no existía. Ese tipo de inconsistencias están a la base de la orden del juez para realizar una verificación independiente. “La muestra de los cinco ampos es una burla, un acto de profunda prepotencia, de decir ‘vamos a entregar lo que queramos’”, dice el exprocurador de Derechos Humanos David Morales, querellante particular en el juicio.
Según Bukele, no pueden permitir el ingreso del juez a las sedes militares porque “quieren entrar y encontrar una operación militar de la semana pasada” o información de Inteligencia o información concerniente al Ejército en labores de seguridad pública para “atacar” al Gobierno.
Sin embargo, el escenario de un juez que revuelve todos los archivos y se queda con información no relativa al caso es una falacia de Bukele. De hecho, ni siquiera está dibujado en la resolución judicial que el juez pueda acceder a otra documentación que no sea “los planes militares de entre 1980 y 1984”, además de “documentos administrativos vinculados” al operativo de El Mozote, y la normativa militar o informes de operaciones de los operativos realizados en diciembre de 1981.
“El juez ha pedido inspeccionar archivos de hace casi 40 años, debidamente identificados en series documentales de los archivos de diversas unidades militares”, dijo Morales. “La inspección se limita a esas series documentales. En ningún momento se ha ordenado inspeccionar documentos recientes. El presidente ha mentido en ese aspecto”, aseguró.
Según Morales, Bukele presentó un escenario falso para justificar los delitos que él habría cometido al ordenar el bloqueo a los archivos del Estado Mayor, “o que habría ordenado el ministro de Defensa con su autorización”, dijo Morales.
Dos días antes de la cadena, el juez había dado un plazo de cinco días a Bukele para que aclarara el bloqueo a la inspección judicial, y determinar a partir de ahí si certificará a la Fiscalía para que abra una investigación penal.
El juez busca entender si la orden de negarle el acceso a los archivos fue una acción individual del coronel Carlos Vanegas, director jurídico del Ministerio de la Defensa, o si en realidad fue una orden emanada desde la punta de la cadena de mando, con Bukele como comandante general de las Fuerzas Armadas.
El mandatario no llegó a explicar quién dio la orden en la cadena nacional, pero sí hizo la misma interpretación constitucional con la que el coronel Carlos Vanegas negó el acceso al juez. Bukele mostró en pantalla el artículo 168 de la Constitución —“la sacrosanta constitución”, dijo Bukele— que se refiere a las obligaciones del presidente y leyó el numeral 7 que dice que es su obligación “dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate de planes militares secretos”. Entonces Bukele, como lo hiciera el lunes 21 el coronel Vanegas, interpretó que “la única institución que me pueda solicitar un informe es la Asamblea Legislativa, no es el juez de Gotera”, dijo. Luego agregó otra interpretación: “El juez de San Francisco Gotera no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada. Alguien va a decir: ‘no, pero las órdenes judiciales se cumplen', sí, claro, cuando tienen jurisdicción”.
La jurisdicción es la competencia que un juez tiene sobre un tema, en razón del territorio (el lugar donde ocurrió el hecho investigado, o la materia: penal, civil, mercantil, etc). Para David Morales, lo dicho por el presidente busca crear “un espacio de inmunidad” para la Fuerza Armada y es un mensaje inconstitucional. “El mensaje del presidente es absolutamente antidemocrático. Está diciendo que las fuerzas militares deben estar exentas del control de las instituciones del Estado que no son militares y que están sobre cualquier otra institución”, dijo.
“Él está tratando de crear un espacio de inmunidad, de suprapoder que atribuye a la Fuerza Armada incluso sobre los poderes fundamentales del Estado, como es el judicial. Esto es muy peligroso. Es una visión que prevaleció en el siglo 20 y que llevó al predominio de dictaduras militares que cometieron gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos”, añadió.
Bukele, cuyo Gobierno había dicho que no existían archivos de El Mozote, ahora plantea una versión alternativa: existen sólo esos cinco cartapacios y nada más. Bukele argumentó que la mayoría de archivos habían sido destruidos en algún momento de los últimos 39 años y agregó que no tiene ningún valor electoral para él esconderlos.“Si yo tuviera algún papel extra de lo que hay aquí, créanme que sería el más interesado en dar los primeros, porque estoy comprometido con la justicia y la verdad. Pero además, porque electoralmente nos serviría”, dijo.
Rosario López, superviviente de la masacre de El Mozote y a quien el Ejército asesinó 24 familiares en el cantón La Joya, dijo a El Faro que el presidente está incumpliendo su promesa. Rosario ha testificado tanto en el juicio en San Francisco Gotera, como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Ecuador, previo a la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado salvadoreño de 2012. El 18 de junio de 2019, Rosario estuvo entre las invitadas a un almuerzo con Bukele en Casa Presidencial.
“Oí todo lo que dijo, que lo que querían era atacar al Ejército, y que podían abrir la gaveta uno, la dos, la cuatro y que no había nada de todos esos archivos”, dijo Rosario, quién escuchó al presidente desde una pequeño radio en su casa ubicada en La Joya, Meanguera, Morazán. “A saber cómo será la posición de este gobierno para que esté negando que no se descubra la realidad de las desapariciones de los niños. No puede ser que él se ponga así”, dijo.
Rosario duda de la desaparición de los archivos. “¿Cómo puede ser?”, cuestiona. Cuando se enteró que el Ejército había bloqueado al juez de El Mozote, Rosario llamó al abogado Wilfredo Medrano, de la organización Tutela Legal, para desahogarse. “Estamos perdidos”, le dijo. Medrano le contestó que seguirìan luchando. Tras la cadena nacional, Rosario dice estar decepcionada. “A mí eso no me llega. Está incumpliendo. Yo soy mujer y cuando digo una palabra yo me mantengo”, añadió, aludiendo a la promesa de Bukele de abrir los archivos militares.
“Son falsos porque son falsos”
En el espacio de preguntas de la cadena nacional, Bukele se auxilió de videos e imágenes para responder a las preguntas de los noticieros de televisión. La ronda de preguntas se había limitado a tres intervenciones, las cuales se habían repartido a periodistas de los noticieros de Canal 12, Canal 21 y TCS.
Al periodista del canal 12 que había preguntado sobre sobre la disponibilidad de fondos en la pandemia, Bukele mostró un segmento de una entrevista reciente brindada por el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, en la que decía que para finales de mayo el Gobierno de Bukele no había tenido dinero para enfrentar la pandemia. No obstante, un informe del BCR revelado por el expresidente del Banco, muestra que el gobierno sí tuvo recursos gracias a que obtuvo deuda de corto plazo con la banca salvadoreña.
Nicolás Martínez, quien era el titular del BCR y quien presentó el documento a la Asamblea, renunció al día siguiente de dicha presentación por “razones personales”. En la cadena nacional, Bukele confirmó que la información presentada por Martínez era verídica. Es decir, contrario a la campaña que él promovió contra la Asamblea, el Gobierno sí contó con recursos para la emergencia: más de $3 mil millones, según el informe del BCR. Según Bukele, Martínez renunció porque sintió que estaba siendo tergiversado por políticos. “Nicolás puso su renuncia porque él no siente que era un político, sino que es un banquero y estaba siendo atacado por los políticos que tergiversaron sus palabras”, dijo Bukele.
Luego fue el turno del canal 21, que preguntó si existía una negociación entre el Gobierno y la MS-13. El Faro reveló el 3 de septiembre que este Gobierno lleva un año negociando con esa pandilla una reducción de homicidios y apoyo electoral. La investigación de El Faro fue sustentada con documentos oficiales de la inteligencia penitenciaria de este Gobierno. Para responder a Canal 21, Bukele mostró tuits, fotos y videos para intentar controvertir los hallazgos, argumentando que la Dirección de Centros Penales no había revertido la orden de mantener en las mismas celdas a integrantes de las distintas pandillas. Según los documentos oficiales revelados por El Faro, una de las negociaciones incluyó revertir a mediados de este año la decisión tomada en abril de juntar a miembros de pandillas contrarias en las mismas celdas.
En su primera intervención, Bukele no habló sobre documentos oficiales publicados por El Faro. Al final de la conferencia, cuestionado sobre la autenticidad de los documentos que reveló El Faro, Bukele respondió que son falsos “porque son falsos”. Dijo que son “copias de documentos falsos” y que estos quedaron desmentidos con la visita a algunas cárceles organizada por Centros Penales. “En tiempos de la tregua todos fuimos testigos de cómo las cárceles estaban manchadas y había playstations, prostitutas y fiestas. Hoy, están limpios y sin ningún privilegio”, dijo Bukele. La Fiscalía abrió una investigación por este caso tras la publicación de El Faro. Este medio ha puesto a disposición de la FGR los documentos publicados.
