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Gobierno olvida el 9F y las compras irregulares en su informe de primer año

En un año, algunos funcionarios del gabinete han sido protagonistas en la toma de la Asamblea Legislativa protagonizada por el presidente Bukele, militares y policías fuertemente armados. En la pandemia, otros han firmado contratos para favorecer a sus propios familiares o a familiares de otros funcionarios. Y aún así, los ministros dijeron en su rendición de cuentas que el Gobierno ha sido transparente. Los informes coincidieron con la revelación del último sondeo del IUDOP-UCA, en el que el Bukele registró una caída de cerca de 20 puntos porcentuales entre aquellos que piensan que está haciendo las cosas bien. 

Roxana Lazo*

 
 

Trece de 16 ministros del Gobierno de Nayib Bukele entregaron sus informes de primer año de gestión en una jornada en la que los titulares de las instituciones administradoras de fondos de emergencia durante la pandemia omitieron dar explicaciones sobre las irregularidades detectadas en el último tramo del primer periodo de Gobierno. En contraste, amplificados por las cuentas oficiales de Gobierno en redes sociales, algunos de los funcionarios utilizaron el espacio para cuestionar o criticar a los diputados de la Asamblea Legislativa más que para rendir cuentas al detalle de sus logros y o los uso de recursos en las instituciones que dirigen. 

De fondo, y con la campaña electoral a la vuelta de la esquina (en febrero de 2021 el país elegirá una nueva Asamblea y 262 alcaldías) la presentación de los informes de los ministros de gobierno evidenció el estado en el que se encuentra el sistema político salvadoreño, con un Ejecutivo comprometido con una campaña de desprestigio contra la Asamblea y los partidos políticos; y unos diputados (y partidos) incapaces de encontrar una fórmula que los blinde.

La rendición de cuentas coincidió con la presentación de un sondeo de opinión que realizó el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) sobre el primer año de gestión y el manejo de la pandemia de covid-19. La proporción de salvadoreños que opinan que Bukele está haciendo las cosas bien pasó de 85.2% en 2019 a 65.7% en 2020, una caída de cerca de 20 puntos porcentuales. 

El enfrentamiento entre los miembros del Gabinete y la Asamblea del jueves 23 se convirtió en una imagen más de una de las fallas que la población, según ese mismo sondeo, le recrimina a Bukele. Según el Iudop: un 36% de la población considera como el principal fracaso de este gobierno la mala relación con la Asamblea Legislativa, la CSJ y la PDDH. Entre otras fallas, el sondeo señala que el 7.6% considera que Bukele actúa fuera de los límites que establece la ley, el 9.2% recrimina la falta de planificación y la improvisación y el 4.2% cuestiona la prepotencia con la que actúan los funcionarios del Gobierno. 34.9% de la población encuestada no identifica algún fracaso en la gestión. 

Los ministros del presidente Bukele rindieron su informe anual a los diputados de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Los ministros del presidente Bukele rindieron su informe anual a los diputados de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

El país según el gabinete Bukele

El primero en rendir su informe fue Nelson Fuentes, de Hacienda, quien aseguró que han obtenido la autorización para gestionar hasta $3,000 millones en préstamos internacionales para atender la emergencia. Durante la intervención, Fuentes no despejó las dudas sobre la gestión de los fondos de emergencia. A la fecha, el Gobierno se ha rehusado a rendir cuentas sobre el manejo de $1,400 millones para atender la pandemia.

La opacidad en el manejo de los recursos públicos para atender la pandemia covid-19 es otra de las fallas señaladas por la población, según la encueta del IUDOP-UCA. El 72.3 % de los encuetados opina que el presidente Bukele sí debe entregar un informe detallado sobre los gastos durante la emergencia. 

En su ponencia, sin entrar en detalles, el ministro Fuentes adelantó que del monto total de empréstitos para la emergencia ya tienen asegurada una parte. “Dicha gestión nos ha permitido traer $1,624 millones”, dijo. El ministro obvió mencionar que este año el déficit fiscal, la diferencia de ingresos y gastos, es del 11.9% y que producto de la suscripción de préstamos y de la colocación de títulos valores la deuda como porcentaje del PIB la deuda va a pasar del 71% al 92.1% del PIB al cierre de 2020, según proyecciones de ICEFI.

Antes de la suscripción de esta nueva deuda, la cuota  que el gobierno debe pagar este año en concepto de capital e intereses de la deuda pública ya supera al presupuesto de Educación que para este año era de 1,039 millones de dólares. El Presupuesto 2020 incluía 1,102 millones de dólares para pagar capital e intereses, de la deuda anterior al Covid-19, y el gobierno no ha transparentado a cuánto va a ascender la cuota en el Presupuesto 2021 con las nuevas obligaciones de pago de capital e intereses de los $3,000 millones en deuda que están en proceso de ser suscrita este año. Entre 2021-2024 vencen 1,356 millones de dólares que serán exigidos al Gobierno por los acreedores de manera escalonada durante ese periodo que se distribuyen así: 200 millones en 2021; 236 millones en 2022; 800 millones en 2023; 120 millones en 2024.  

Como parte de los 3,000 millones, gestionados por Hacienda, hay un préstamo de 389 millones de dólares suscrito por el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional. El 14 de abril, Fuentes y el presidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, se comprometieron a implementar un ajuste fiscal, que implica nuevos impuestos y recorte de gasto público en los presupuestos de 2021-2024. “Nos comprometemos a hacer una ajuste fiscal gradual de al menos 3 puntos del PIB con medidas permanentes a implementarse entre 2021-2024 para que el balance fiscal primario llegue a 3.5% del PIB a finales de 2024, para colocar la deuda en una trayectoria descendente para cumplir con la meta de la Ley de Responsabilidad Fiscal de reducir la deuda al 60% del PIB para el año 2030”, comunicaron al FMI. 

El gobierno no ha dado explicaciones sobre cómo va a gastar 2,000 millones (de los 3,000 millones) aprobados en el decreto 608. El 22 de abril, el gobierno boicoteó el Comité de Emergencia, un ente colegiado en el que participaban organizaciones de sociedad civil,  que era el encargado de elaborar el Presupuesto Extraordinario, en el que iban a quedar plasmado el destino de los fondos. El 5 de mayo, los representantes de la UCA, Fusades, Camarasal, Esen y Anep renunciaron al comité alegando opacidad en el manejo de los fondos de emergencia. La Revista Gato Encerrado reveló esta semana que el gobierno declaró inexistentes las actas del primer Comité de Emergencia.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha sido una de las carteras que más recursos ha invertido para contener los efectos de la pandemia y la cuarentena, y una de las que menos información ha proveído a los entes contralores del Estado sobre sus acciones. En su ponencia, el ministro Pablo Anliker reseñó como un logro la adquisición de alimentos para entregarlos a los afectados por la cuarentena. 

"En la pandemia, y bajo el liderazgo del presidente, conformamos una reserva estratégica, adquiriendo millones de toneladas alimentos para beneficiar a nuestra población durante y después de la pandemia", dijo.

Alrededor de la entrega de alimentos y de paquetes agrícolas, sin embargo, la institución ha sido cuestionada por repartos discrecionales y opacos que vinculan al Gobierno con el partido Nuevas Ideas, dirigido por familiares, amigos y funcionarios del presidente Bukele. El 19 de abril, El Faro reveló que el MAG entregó insumos agrícolas al partido Nuevas Ideas en Panchimalco.

Según reportó La Prensa Gráfica, el MAG informó a la Asamblea Legislativa que en la entrega de paquetes de alimentos invirtió 159.1 millones de dólares. "Estoy acá, dando la cara, para asegurarles que no hemos cometido ninguna irregularidad", dijo el ministro en la Asamblea Legislativa.

Un día después de la entrega de los informes, la Revista Factum también reveló que el ministerio distribuyó las de atún envasadas por una empresa fantasma, según reportes de autoridades mexicanas. Según Factum, el MAG se ha negado a transparentar los contratos con la empresa B-Eminent.

El ministro de Salud también omitió rendir cuentas

El ministro de Salud, Francisco Alabí, durante conferencia de prensa sobre actualización de casos de covid-19.Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán, el 27 de junio de 2020. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
El ministro de Salud, Francisco Alabí, durante conferencia de prensa sobre actualización de casos de covid-19.Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán, el 27 de junio de 2020. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

En el último mes, el Ministerio de Salud ha sido una de las carteras más cuestionadas por las contrataciones irregulares en el contexto de la pandemia. Entre estas destaca una contratación por 225 mil para favorecer a familiares del propio ministro Francisco Alabí; pero también el colapso en el sistema de salud y la disparidad en las cifras de fallecidos oficial versus los reportes oficiales de entierros con protocolo covid en todo el país. Pese a todo ello, Alabí resaltó que el Gobierno “ha tomado estrategias oportunas durante la pandemia para garantizar las menores repercusiones” y, apegado al libreto contra la Asamblea, sugirió que la falta de apoyo de los diputados para decretar otro régimen de excepción solo abre el camino a más contagios y muertres. 

Alabí comenzó su discurso dando felicitaciones al personal de salud. “Agradezco a todo el personal de salud, a todo ese personal de primera línea que se encuentra arriesgando su vida por salvaguardar  la vida de otros”. El mensaje de Alabí contrastó con una denuncia en su contra puesta dos días por el Centro de Asesoría y Legal Anticorrupción (ALAC) por no haber entregado el pago a 148 empleados de Salud por “servicios profesionales” que han prestado durante la pandemia. 

Por fuera quedaron las improvisaciones en la instalación de centros de cuarentena o las contrataciones irregulares en la cartera. Además del contrato con sus familiares, Alabí también aprobó una compra de hasta $344 mil en un lote de 800,000 mascarillas a una empresa fundada por el diputado Gustavo Escalante y su familia, de las cuales más de 179,000 salieron defectuosas. 

Otra de las compras irregulares se encuentra un pago de $3 millones a Lasca Design LLC para adquirir 1.5 millones en mascarillas N95. La empresa suministrante tiene sede en Miami, Florida y se especializa en cerámica y porcelana. 

El 17 de junio, la plataforma Salud con Lupa reveló que el  presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge "Koky" Aguilar, ganó un contrato por $250,000 dólares para proveer máscaras de protección facial con motivo de la covid-19. Tres días después de la publicación, Bukele anunció la separación del cargo del funcionario. "En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho, a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violacion a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de @kokyaguilar27, como presidente del @FONAES", tuiteó Bukele.

La reducción de homicidios sigue siendo una incógnita

En un año frente al Ministerio de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas aseguró que el Plan Control Territorial ha sido clave para la reducción de asesinatos a nivel nacional. El problema en su rendición de cuentas es que esta tampoco termina de disipar, luego de una año, cuál es la política de seguridad que ha logrado desplomar los homicidios, dado que la implementación de patrullajes constantes, el protagonismo del Ejército en labores de seguridad pública y las restricciones en centros penales ya eran acciones aplicadas desde el segundo gobierno del FMLN. “Logramos reducir a una tasa de 36 homicidios por cada 100 mil los asesinatos”, dijo el ministro frente a los diputados y luego agregó que las muertes de mujeres han “reducido en un 61.8%” sin agregar más detalles al respecto. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, desde enero al 2 de julio han ocurrido 27 feminicidios.

El funcionario, sin embargo, no habló sobre el incremento de la violencia física en contra de las mujeres, que aumentó desde que se impuso la cuarentena domiciliar a causa de la covid- 19. Registros preliminares de la  PNC muestran un incremento del 30 % de atención telefónica brindada a hechos de violencia doméstica. 

Rivas, además, se atribuye el logro de que “aplicaron el régimen de máxima seguridad” en las cárceles para evitar que miembros de la pandillas continúen ordenando asesinatos y extorsiones. Sin embargo, el Gobierno salvadoreño no tiene las facultades para imponer dicho “régimen”, que, según la Ley Penitenciaria, se llama estado de emergencia. La ley establece que un juez o jueza de vigilancia penitenciaria son los únicos facultados para decretar un estado de emergencia

El “logro” en migración 

Misael, un salvadoreño nacido en San Miguel que vive en Los Ángeles desde hace ocho años, reza antes de cenar en el comedor de la Misión Dolores, una organización caritativa situada en East Los Angeles que da alojamiento y alimentación a indocumentados sin recursos. Según el Instituto de Políticas de Migración, hay 2.9 millones de centroamericanos en los Estados Unidos, dos tercios de ellos son nacidos en El Salvador o Guatemala y dos de cada cinco están indocumentados. Fotografía de la galería
 
Misael, un salvadoreño nacido en San Miguel que vive en Los Ángeles desde hace ocho años, reza antes de cenar en el comedor de la Misión Dolores, una organización caritativa situada en East Los Angeles que da alojamiento y alimentación a indocumentados sin recursos. Según el Instituto de Políticas de Migración, hay 2.9 millones de centroamericanos en los Estados Unidos, dos tercios de ellos son nacidos en El Salvador o Guatemala y dos de cada cinco están indocumentados. Fotografía de la galería "Homeless Dream"  http://bit.ly/1JCwiWm

Alexandra Hill, de Relaciones Exteriores, inauguró su discurso destacando como logro una reducción del 97 % de migración irregular. “Más de tres cuartas partes de los salvadoreños que antes se iban del país ahora se quedan. Ellos han apostado por nosotros", dijo. 

La canciller Hill también aseguró que el TPS fue renovado “por un año más” gracias a las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos, pero esto es falso. El gobierno de Donald Trump otorgó una prórroga a los permisos de trabajo de unos 200 mil salvadoreños beneficiarios para que puedan continuar laborando en Estados Unidos hasta el 4 de enero de 2021.

El discurso del Gobierno en el que se plantea que "la gente ya no se quiere ir" del país no es nuevo. El 7 de enero, El Faro buscó al director de Migración, Ricardo Cucalón, para tener una reacción sobre las cifras de los deportados. El funcionario no dio ni un solo dato y prefirió hablar de tareas del gobierno que no le competen a Migración. “Las estadísticas de deportaciones han bajado considerablemente, porque sencillamente la gente está yendo menos a los Estados Unidos”, dijo Cucalón. 

La Canciller también destacó como un logro la atención a los salvadoreños que quedaron varados en el extranjero luego de que se cerraran las fronteras por la covid-19. "Hemos hecho de la atención a los compatriotas en el exterior nuestra máxima prioridad (...) Cubrimos los gastos de alojamiento y alimentación de quienes lo solicitaron. Invertimos en nuestros connacionales pagando por alojamiento más de $203,829 (...) hemos logrado el retorno de 4,092 hermanos que estaban varados", dijo la canciller.  Sin embargo, 4,500 salvadoreños quedaron varados tras el cierre de fronteras por la pandemia y el gobierno tardó más de un mes en anunciar su intención de repatriación. El proceso aún no ha terminado y representantes de “los varados” denuncian que es falso que hayan recibido apoyo económico en alojamientos o vuelos.

En su discurso, la ministra agregó: "nuestra relación bilateral con Estados Unidos está extremadamente consolidada y, tengo que decirlo, mejor que nunca". Fuera del discurso, sin embargo, queda fuera que Estados Unidos optó una política del garrote y la zanahoria para lograr apoyos en su política antimigración. En octubre de 2019, por ejemplo, el gobierno estadounidense aceptó que bloqueó fondos de ayuda para El Salvador para forzar la aceptación de un acuerdo de asilo. “Estábamos reteniendo dinero al mismo tiempo para los países del Triángulo Norte. Estábamos reteniendo la ayuda para que cambiaran sus políticas de migración”, dijo Mick Mulvaney, el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca. 

Hill tampoco dio explicaciones sobre la contradicción entre la aceptación de El Salvador de ser un país violento en el que hay desplazamiento forzado, y la idea desde Estados Unidos de que este es un país seguro capaz de recibir a los asilados que Trump no quiere. "Hemos reconocido el desplazamiento forzado como un problema de país que requiere ser erradicado", reiteró en su discurso Hill. Pero, en septiembre del año pasado, el Gobierno de Nayib Bukele aceptó recibir a personas de cualquier nacionalidad que soliciten o hayan solicitado asilo en Estados Unidos. El documento firmado no establece acciones para fortalecer el estatus de los migrantes salvadoreños, pero sí abre la puerta para que Estados Unidos envíe a los solicitantes de asilo que no quiere hacia El Salvador.

Amagos de desacato

La secretaria de comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, después del informe del ministro de Defensa, gritó desde un extremo del Salón Azul para argumentar las razones de no entregar el documento. Esta acción detuvo la sesión plenaria. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
La secretaria de comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, después del informe del ministro de Defensa, gritó desde un extremo del Salón Azul para argumentar las razones de no entregar el documento. Esta acción detuvo la sesión plenaria. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

La entrega de informes de los ministros al presidente de la Asamblea Legislativa está normada en el artículo 131 de la Constitución. En el inciso 18 señala que corresponde a la Asamblea Legislativa recibir el informe de labores de forma anual del Ejecutivo por medio de sus ministros. Además, el artículo 102 del Reglamento Interior del Órgano Legislativo también obliga a los ministros a rendir informe de labores durante los dos siguientes meses a la terminación de cada año; es decir, entre julio y agosto. La ley también añade, en su artículo 105, que los informes “serán presentados, ante la Asamblea, personalmente por el titular o encargado del despacho”. La Junta Directiva establece la fecha y el tiempo que los ministros tendrán para comparecer. 

Este miércoles 23, uno de los conflictos en la jornada de rendición de cuentas lo protagonizaron Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, y Francis Merino Monroy, de Defensa. Ambos amagaron con incumplir el protocolo de rendición de cuentas. 

Herrera pasó a leer su informe frente al pleno, pero rehusó entregarlo al presidente del Legislativo, Mario Ponce, como ordena el protocolo. Esta discrepancia hizo que se suspendiera brevemente la sesión plenaria. 

Los cuatro diputados directivos esperaban que Herrera entregara el escrito; sin embargo el ministro pasó de lejos, se retiró del podium y caminó hasta el final de las curules. “El informe tiene que ser entregado a esta presidencia, señor ministro, sino no se daría por recibido”, ordenó Ponce. Mientras el ministro dudaba si retroceder y someterse al llamado de la Asamblea, uno de los encargados de protocolo que sostenía el informe continuaba suguiriendole al funcionario que regresara. 

Pasaron dos minutos entre la renuencia por el funcionario al entregar el documento y que los miembros del gabinete sugerían al ministro que se retirara. “No sea así de grosero, tiene que venir a esta Presidencia”, continúo Ponce, refiriéndose a los ademanes de negación que hacía Herrera. El acto del funcionario provocó que se suspendiera la sesión. Mientras tanto, el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, se acercó a los miembros de junta directiva alegando que ya habían sido entregados los informes en ventanilla. 

El punto de mayor fricción lo protagonizó la Secretaría de Comunicaciones, Sofía Medina, que desde el área destinada para invitados gritó al pleno. “Guarde el decoro, señorita, usted es una empleada y tiene que respetar este órgano de gobierno”, le respondió Ponce. Diez minutos después, Herrera entregó varios informes del Ejecutivo. 

En la disertación, Herrera  presentó como logro la construcción del Hospital de El Salvador; sin embargo, no hizo referencia a la opacidad con la que se ha manejado el gasto para esta obra. La Corte de Cuentas denunció falta de colaboración y transparencia en la obra y en su segundo informe presentado a la Asamblea argumenta pocos avances, en parte, por la falta de entrega de información.  

Además, la tercera etapa del hospital El Salvador ha sido cuestionada por sus retrasos y opacidades. A principios de junio, El Faro reveló que la cartera de Estado  contrató una empresa especializada en carreteras por un $1.1 millones sobre el precio que ofertó la competencia en la licitación. 

El 21 de abril, la Asamblea recibió un informe del MOP donde se supone que debía reportar los avances en la construcción de un hospital para tratar pacientes positivos con COVID-19. El documento tiene dos páginas. La primera está dedicada a una nota introductoria. La segunda, incluye una captura de pantalla de una computadora, en la que aparece una tabla con los nombres de 15 empresas a las que el gobierno adjudicó la responsabilidad de construir y equipar el Hospital en las instalaciones de Cifco.

El general que se tomó la Asamblea esta vez llegó desarmado

El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, quin se negó a entregar el documento de su informe, regresó minutos después frente a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Víctor Peña.
 
El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, quin se negó a entregar el documento de su informe, regresó minutos después frente a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Víctor Peña.

Francis Merino Monroy, el ministro de la Defensa Nacional que comandó a las tropas que acompañaron al presidente Nayib Bukele en la toma del salón azul ocurrida el 9 de febrero, esta vez llegó a la Asamblea Legislativa, vestido con su traje blanco de la Fuerza Naval. El 27 de febrero, la Comisión Política aprobó interpelar el 21 de marzo a Merino Monroy; sin embargo, los diputados desistieron de continuar con el proceso debido a la pandemia.  

El titular de Defensa destacó la influencia que las fuerzas armadas han tenido durante la pandemia. Pero omitió mencionar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el informe del 6 de mayo, calificó las acciones del Ejército como "detenciones ilegales” y "tratos crueles, inhumanos y degradantes”. 

A pesar de que constitucionalmente la seguridad pública no le concierne a Defensa, salvo en casos excepcionales, desde el principio de esta administración se apostó por el uso del Ejército en labores destinadas a la Policía.  En julio del año pasado, el ministro anunció un nuevo reclutamiento de soldados para labores de seguridad, pero omitió decir que el uso de militares es una estrategia reutilizada de los gobiernos de Mauricio Funes y Sanchez Cerén.

Merino Monroy también se alejó de los cuestionamientos a la institución por haber protagonizado durante la cuarentena cercos militares y restricciones al libre tránsito que no contaban con respaldos  legales. Para el general, la labor del Ejército en la pandemia solo ha tenido rasgos positivos: "Desde el inicio de la emergencia, los soldados han trabajado en primera línea en centros de cuarentena, controles vehiculares y fronteras", dijo.  

En su intervención, el ministro también omitió la promesa que Bukele hizo de entregar los archivos militares en casos de investigación de crímenes de guerra. El 15 de junio, el juez del proceso por la masacre de El Mozote ordenó que se realicen búsquedas de archivos incluido su  ministerio. Cinco meses después, Bukele prometió. “Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”, dijo. 

Al igual que el ministro de Obras Públicas, Merino Monroy también se rehusó a entregar el informe. Al terminar su ponencia, caminó directo donde el resto de ministros e ignoró la sugerencia de la asistente de protocolo que le ofrecía entregar el documento a los diputados directivos. Ponce reiteró las obligaciones que por ley obligan al titular y pidió al ministro que se regresara a entregar el escrito. 

En cultura, la ministra de Suecy Callejas habló de un rescate a la cultura, un sector que, aseguró, tiene mucha desconfianza hacia la función pública por haber sido utilizado como caudal de votos por los gobiernos de izquierda. Si bien es cierto que el conglomerado de artistas se sintió defraudado por las promesas sin cumplir en los 10 años del FMLN, tampoco están satisfechos con la gestión realizada por Callejas. La pandemia por coronavirus ha dejado como gran damnificado al sector artístico y cultural, ya que fue el primero que se vio obligado a cancelar sus actividades, por la concentración de público que representa, en específico en el caso de las artes escénicas. Le tomó al Ministerio un mes y medio organizarse para hacer un censo de artistas y repartir el bono de $300 y canastas solidarias a los más afectados por la cancelación de actividades. Pasaron dos meses más para que el Ministerio organizara una mesa de diálogo con distintos sectores artísticos y, sin embargo, solo incluyó a aquellos que están registrados como personas jurídicas en el ministerio de Gobernación.

Callejas habló también como un logro de la creación de fondos concursables para las industrias culturales para comprar espectáculos que se presentarán en los teatros nacionales una vez que entre en vigencia la fase 4 de reapertura. Pero a estas alturas, sin certeza de cuánto tiempo más se postergará la fase dos, los artistas se sienten a la deriva y sin un rumbo fijo de qué esperar o cómo mantenerse a flote mientras eso sucede.

Otra de las acciones que la ministra se arrogó como logro fue la creación de una dirección de diversidad sexual e igualdad de género en el seno del ministerio. Lo que obvió fue explicar que esta se creó luego de que se designara a esta cartera de Estado como la responsable de la antigua Dirección de diversidad sexual que funcionaba bajo el paraguas de la Secretaría de Inclusión Social. Activistas de la población LGBTI se han mostrado inconformes con esta decisión, ya que al convertirse en una dependencia de este ministerio le quita sus atribuciones de auditoría para supervisar que no existe discriminación por identidad de género u orientación sexual en la función pública gubernamental.

En una entrevista concedida a El Faro en febrero de 2019, Callejas aseguró que el Ministerio de Cultura de la administración Bukele apostaría por la verdad. Como una de las medidas de reparación, la ministra aseguró como parte de su informe que había pedido perdón a las comunidades indígenas por el uso político que las administraciones anteriores habían dado a sus tradiciones. Este es un paso positivo en un país que, además de negar a sus pueblos originarios, ha hecho un uso decorativo de ellos. Sin embargo, administrativamente, el Estado sigue sin dar una protección absoluta a los sitios arqueológicos y ha callado cuando estos han sido destruidos. Así ocurrió en 2018 con la destrucción de Tacuscalco, uno de los sitios sagrados de los pueblos indígenas del occidente del país. La destrucción impune de este sitio no paró ahí y a finales de 2019 se recibieron denuncias de la destrucción de cuatro nuevas estructuras en un lote administrado por una industria cañera. Esta misma administración que dijo haber hecho un mea culpa con los pueblos indígenas, guardó silencio nuevamente ante este hecho.

De los 16 ministros de Gobierno, solo tres no llegaron a la cita. Carla Varela de Educación; Michelle Sol de Vivienda; y Mario Durán de Gobernación pidieron a través de la oficina de protocolo la reprogramación de la entrega de sus informes. Según Mario Ponce, los tres ministros que se ausentaron adujeron estar contagiados de covid-19. 

La rendición de cuenta del Ejecutivo aun está incompleta. El 1 de junio de este año el presidente cumplió el primer año en su mandato, pero dos meses después todavía no asiste a la Asamblea para rendir su informe. En un contexto de pandemia por COVID-19 y por la tormenta tropical Amanda, el 28 de mayo, solicitó que se suspendiera el acto al que está obligado por mandato constitucional. Hasta la fecha, la Asamblea no ha reprogramado la rendición de cuentas del presidente.

*Con reportes de Gabriela Cáceres, María Luz Nóchez, Jimmy Alvarado y Nelson Rauda


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