En 1931, el escritor italiano Curzio Malaparte publicó el libro Técnica del golpe de Estado. En sus reflexiones mostró que estos no siempre precisan de una amplia participación popular o consenso, sino de una serie de maniobras finamente tejidas por los conspiradores para alcanzar su propósito. El autor analizó diversos golpes de Estado desde la toma del poder de Napoleón Bonaparte hasta la de Benito Mussolini, pasando por los Bolcheviques y Josef Stalin, y entresacó su denominador común, los pasos requeridos para asaltar el poder sin mayores sobresaltos.
Un procedimiento similar al de Malaparte se puede emplear para identificar los pasos que usa un gobernante para violentar los mecanismos democráticos y perpetuarse en el poder. En este texto hago un análisis del contenido y contexto de dos documentos escritos en 1938 que nos ayudan a comprender las estrategias autoritarias del dictador salvadoreño por antonomasia: el general Maximiliano Hernández Martínez. Se trata del Informe de labores del gobernador del departamento de La Libertad (Documento 1) y de una carta del ministro de Gobernación, general José Tomás Calderón (Documento 2), a los secretarios de la Asamblea Nacional Constituyente.
1) Crear condiciones para abrazar el autoritarismo
El general Martínez se consolidó en el poder después del cuartelazo que derrocó a Arturo Araujo en 1931. En los albores de su gobierno encaró la negativa de Washington a reconocerlo, las rebeliones que estallaron en el occidente del país y los efectos de la crisis económica de 1929. Salió avante de estos retos y aprovechó su triunfo para erigirse como el salvador de un país que, según el discurso oficial, estaba acechado constantemente por el comunismo. Con este mote organizó una campaña proselitista en 1934 para lograr su primer mandato. Martínez, apellido con el que desde joven firmaba todos sus escritos, no tuvo contrincantes en los comicios de 1935. La cooptación del Estado, el aparato de espionaje implantado después de la masacre de 1932 y la red clientelar despejaron su camino. Desde esta fecha, el partido Pro-Patria se convirtió en el amo y señor de la política salvadoreña, el bastión de los que anhelaban el progreso y amaban la paz garantizada por el general. A pesar de esto, y en un plano meramente formal, la organización del Gobierno continuó siendo democrática, representativa y republicana.
Así, mientras el oficialismo promocionaba con bombo y platillo sus programas sociales en la Radio Nacional y los periódicos leales, sus espías eran enviados hasta los municipios más recónditos para desmovilizar a la oposición. El lenguaje servil que predomina en el Documento 1 refleja la dependencia política típica de funcionarios en un régimen de partido único.
Sin rivales políticos y erigido en el garante de la paz que reinaba en la campiña salvadoreña, Martínez decidió apostar por el continuismo en 1938. Es preciso señalar que en esta estratagema fue relevante el silencio complaciente del gobierno estadounidense, arropado por su política exterior del “buen vecino” desde el arribo de Franklin Roosevelt a la Casa Blanca, que postulaba la no intervención en los asuntos latinoamericanos. Al respecto, el general fue favorecido también por unos funcionarios que objetaron su ascenso, pero comprobaron con el transcurrir del tiempo que era el indicado para cuidar sus intereses. Sin más obstáculos en el horizonte, el régimen procedió a justificar la reelección de su jefe máximo.
2) Inflar a un enemigo ficticio
Como demuestra el Documento 2, Martínez y sus aliados recurrieron al fantasma del comunismo para acallar las voces críticas. Sin embargo, poco tenían que temer a finales de los años treinta. Su aparato represivo había aniquilado la pluralidad partidista que encontraron en 1931. En los cuarteles imperaba una fidelidad forjada al calor de las purgas y de los exilios de los oficiales rivales.
La maquinaria oficial estaba en su apogeo: con bases leales o muy coaccionadas que asistían a los cabildos para ratificar su adhesión y elecciones en las cuales participaba únicamente el partido Pro-Patria. La tranquilidad y la armonía prevalecieron a lo largo de 1939. Así lo reportó el gobernador de La Libertad en el Documento 1, quien expresa que, a diferencia del pasado, ninguna nota discordante había empañado los comicios. La total ausencia de rivales y disturbios significaba, entre otras cosas, que el comunismo no representaba ningún peligro en esta coyuntura, pero era la justificación idónea de un régimen que nació combatiéndolo.
3) Utilizar el ceremonial de un sistema democrático y decretar el estado de sitio
El 20 de noviembre de 1938 se instaló una Asamblea Constituyente en el Palacio Nacional. Ese día asistieron con sus mejores galas al Salón Azul los 42 diputados propietarios y sus 28 suplentes, todos integrantes del partido oficial. A las catorce horas se ubicaron en sus curules Salvador Sol Millet, Francisco Bertrand Galindo y el coronel Gerardo Barrios Quezada, entre otros, quienes entonaron las sagradas notas del himno nacional. Aquella tarde, la tribuna construida al fondo del recinto parlamentario lució abarrotada de empleados públicos que se codeaban con los miembros del gabinete. Patrocinio Guzmán Trigueros, el primer secretario, dirigió unas palabras a la concurrencia, manifestando que estaban allí para cumplir la voluntad del soberano que les había solicitado en los cabildos que redactaran una Carta Magna a la altura de los tiempos. Los oradores bajaron del estrado entre nutridos aplausos. Al día siguiente no hubo ninguna nota en los periódicos acerca de lo ocurrido.
El ceremonial que exaltaba la institucionalidad legislativa encubría los propósitos antidemocráticos de los diputados. Los funcionarios mantuvieron en reserva el trabajo de los constituyentes, recurriendo para ello a una herramienta que manejaban al dedillo: la Ley del estado de sitio que defiende el general Calderón en el Documento 2. Sin el escrutinio público, suprimieron la autonomía municipal, concediendo al Ejecutivo la potestad de nombrar a los alcaldes. Lentamente los espacios de participación política se fueron cerrando, preservando, por supuesto, la parafernalia de un sistema representativo.
4) Aprovechar la reforma constitucional para permitir el continuismo
Días más tarde, el objetivo principal de los constituyentes saltó a la luz cuando reeligieron al general con un decreto especial. En el artículo 94 de la Constitución, los diputados indicaron que los intereses nacionales así lo exigían y, por ello, extendieron su mandato hasta el primer día de 1945. Con esta fórmula, los legisladores tacharon de un plumazo el espíritu antirreeleccionista que prevaleció por 53 años desde la Constitución de 1886. Finalmente, el 1 de marzo de 1939, Martínez se colgó la banda presidencial por tercera ocasión en ocho años.
Los detalles de la imposición aparecen en los textos de historia, en los que se examina la pericia del dictador y el contexto internacional que le favoreció. Sin embargo, en algunos se pasa por alto que también existieron ciudadanos que denunciaron lo que estaba sucediendo. De hecho, el Documento 2 está relacionado con su reacción y contiene la respuesta que recibieron, la cual pone de manifiesto los argumentos truculentos del régimen autoritario.
A finales de 1938, varios jurisconsultos y antiguos colaboradores de Martínez enviaron una carta a la Constituyente al enterarse de la promulgación del Estado de sitio. Miguel Tomás Molina, Sarbelio Navarrete, Luis Rivas Palacios y Romeo Fortín Magaña pidieron que se derogara, argumentando que deseaban participar en las discusiones del nuevo estatuto. No obstante, la respuesta fue negativa y se inspiró, en gran medida, en la recomendación del ministro de Gobernación, José Tomás Calderón. El militar escribió a los diputados explicándoles que el estado de sitio se había sancionado para evitar que los seguidores de las “doctrinas disolventes” provocaran desórdenes.
De esta forma, el gobierno clausuró las aspiraciones de quienes objetaban el continuismo y estaban alejados totalmente del comunismo. Por esta razón, no es casual que tiempo después los signatarios de la petición engrosaran las filas opositoras, inspirándose en la ideología democrática difundida por Estados Unidos en su lucha contra los fascismos.
El razonamiento del régimen era simple, si otrora las campañas proselitistas generaban violencia, ahora sin elecciones reinaría la paz en territorio salvadoreño. En retrospectiva, la carta de los que solicitaron la derogatoria del estado de sitio era expresión de una oposición que cobraría fuerza con el paso del tiempo y forzaría la renuncia del general Martínez en mayo de 1944.
DOCUMENTO 1
Nueva San Salvador, 31 de diciembre de 1939
Reseña de labores anuales
Señor ministro:
Al terminar el presente ejercicio y hacer el recuento de las labores realizadas; balanceando así los sacrificios que impusieron y los beneficios que de ellos se han derivado a los municipios del departamento, no puedo ocultar mi satisfacción; porque si nos abundan en obras materiales trascendentales, si establecen una orientación firme hacia un porvenir mejor, en el cual podrá el ciudadano no sólo estar seguro de la inversión honesta de sus contribuciones, sino interesado en la percepción de ellas; sabiendo, como sabrá, que cuanto aporte haga irá dirigido a cubrir necesidades imperiosas que se tornarán después en fuentes de utilidad, si son atendidas cumplidamente en tiempo y extensión.
Porque la responsabilidad individual que la nueva Constitución de la República ha creado en los Concejos, y el empeño del Gobierno en especificar los fondos comunales para que puedan atenderse eficientemente los diversos servicios que están encomendados a los Ayuntamientos, ha dado este saludable resultado.
Y al informarlo así, permita, señor ministro, que le exprese mis agradecimientos por la cooperación decidida que se ha servido prestarme en cuantas ocasiones he acudido a Ud., dispuesto como vive a darse a la nación en corazón y pensamiento.
Orden público
Pocos países en América, como El Salvador, han sido sometidos a pruebas tan duras; y pocos también, como él en el continente, han sabido sobreponerse a las vicisitudes de la vida. Primero fue la crisis económica, luego el ciclón de 1934, después las plagas agrícolas y, el mes pasado, el fuerte vendaval que echó por tierra parte de las cosechas de café y de bálsamo. Sin embargo, para este pueblo, amante del trabajo y de la paz, lo esencial es la seguridad en el ejercicio irrestricto de los derechos ciudadanos; y como este anhelo generoso ha sido correspondido por el Gobierno, no de palabra sino de obra, las actividades en el campo, en el taller, en el comercio y en la industria recobran toda su normalidad.
Ni el reciente torneo cívico, nacido de la elección de concejales, ha dejado una sola nota discordante, como antaño –en ocasión de celebrarse los comicios– se sucedían desórdenes, culminantes en hechos de sangre que llevaron luto y dolor a los hogares. Los ciudadanos de hoy, conscientes de sus derechos y de sus deberes, han acudido a las urnas electorales a depositar sus votos libremente, sin pretender que la voluntad de uno o de un grupo de ellos prevalezca sobre la de la mayoría. A tan recomendable conducta se debe la integración de los cuerpos edilicios con elementos honorables, representativos del sentir de cada localidad.
Y, coincidiendo con todo esto, antes de cerrarse el año, el Gobierno acaba de romper los últimos vestigios de extorsión, que pugnaban por vivir dentro del medio rural: el monopolio del comercio en las Administraciones de finas y haciendas, con lo cual se ensanchan las actividades de la mujer salvadoreña que explota el pequeño comercio, y se da oportunidad al peón para comprar lo que desee y adquirirlo en las mejores condiciones.
Informe de labores del año de 1938 del gobernador del departamento de La Libertad, en Archivo General de la Nación, fondo de Gobernación, 1939, caja sin clasificar N° 61.40.
DOCUMENTO 2
6 de diciembre de 1938
Mantenimiento Ley Estado de Sitio
Señores secretarios:
La Secretaría de Estado a mi cargo ha tenido noticias de que a esa Honorable Asamblea de que sois dignos órganos de comunicación, se ha presentado por unos pocos ciudadanos una solicitud, a fin de que decretéis el levantamiento del Estado de Sitio, expresando que el imperio de esa ley entraba la libertad para expresar su opinión a propósito del nuevo Estatuto Fundamental, de cuya elaboración os han encargado 210.810 sufragantes: la casi totalidad de los ciudadanos hábiles para ejercer el derecho del sufragio en la República.
Al respecto, la Secretaría a mi cargo os ruega hacer presente a esa Honorable Asamblea lo siguiente: los alcances en que se ha mantenido y mantiene la Ley del Estado de Sitio, no entraba de ningún modo ni en ninguna forma la libertad y garantías ciudadanas en su ejercicio sano y honrado, sino que sólo han tenido por objeto prevenir graves consecuencias a la vida nacional, evitando en lo posible que gentes mal intencionadas y persiguiendo fines criminales alterasen el orden y la tranquilidad pública, destruyendo la labor bien intencionada del Gobierno, tendiente al bienestar del pueblo y al prestigio de la patria.
Los efectos del Estado de Sitio en la República están limitados a cierta censura de prensa, para cortar únicamente la propaganda de doctrinas disolventes con tendencias a provocar desórdenes y molestias en el conglomerado; a mantener bajo la jurisdicción de los Tribunales Militares los delitos de traición, rebelión y sedición; contra la paz, independencia y soberanía del Estado y contra el Derecho de Gentes, lo que sólo mira a garantizar con mayor eficacia –previamente conforme a las doctrinas modernas del Derecho Penal– el orden público, evitando en lo posible todo derramamiento de sangre a que podría dar lugar otro atentado comunista, y favoreciendo el desarrollo de las actividades productivas de la Nación.
La Libertad de inmigración, emigración y de tránsito, y los derechos de asociación, de reunión y de amparo de las personas, inviolabilidad de la correspondencia y de la propiedad, no han sido ni son limitados en ninguna forma, manteniéndolos en todo su vigor de acuerdo con las secundarias que las regulan. La libre expresión del pensamiento, de palabra o por escrito –en tanto que con ellas no se persigan fines proditorios– han tenido y tienen amplias garantías con la sola responsabilidad que establece el art. 29 de la Constitución, que por Decreto de esa Honorable Asamblea se ha declarado en vigencia.
No tiene, pues, ningún fundamento racional ni justo la solicitud a que aquí me refiero; en consecuencia, estimo que debe rechazarse de plano la solicitud presentada, tanto más cuanto que ello sería congruente con el Decreto N° 3 de esa Honorable Asamblea.
Pero en el caso insólito de que no fuese esa vuestra resolución, la Secretaría de mi cargo quiere dejar constancia desde ahora de que, respaldado el Ejecutivo en el Decreto de la Constituyente a que aludo en el párrafo anterior, sabrá corresponder a la confianza en él depositada por la genuina representación de la soberanía nacional, poniendo coto con los medios de que disponen y a costa de todo sacrificio, a cualquier tendencia encaminada a alterar la paz y el orden, velando como es su deber primordial porque la vida de la República no sufra ninguna alteración dañosa; contando desde luego con el respaldo de la autoridad de la Honorable Asamblea de que sois vosotros dignos órganos de comunicación.
Dios, Unión y Libertad
José Tomás Calderón
Ministro de Gobernación
Carta del ministro de Gobernación a los secretarios de la Asamblea Nacional Constituyente, en Archivo General de la Nación, fondo de Gobernación, 1938, caja sin clasificar N° 60.22.
*Gerardo Monterrosa Cubías pertenece al Programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es becario del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Es autor de La Sombra del martinato. Autoritarismo y lucha opositora en El Salvador, 1931-1945. (México, El Salvador: CIMSUR-UNAM, UCA Editores, 2019).
