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Seis días de negociación fallida mientras repuntan los contagios de Covid 19

Nayib Bukele cumple un año de gobierno enfrentado a diario con la Asamblea y la Corte Suprema, e incapaz de lograr acuerdos políticos mínimos incluso en emergencia. Tras seis días enteros de negociación en los que el Ejecutivo no cesó en sus insultos al Legislativo, el último intento de consensuar una Ley que regule la respuesta nacional a la pandemia de covid 19 fue un fracaso. Pese a los lineamientos de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea votó este sábado su propio Decreto y el presidente anunció de inmediato que lo vetará. Los ciudadanos siguen sin saber con claridad qué normas de cuarentena deben cumplir.

 
 

El Gobierno y la Asamblea Legislativa, con mayoría opositora, fracasaron en su intento de acordar un ley consensuada para enfrentar la pandemia de coronavirus. Tras seis días de diálogo, la mayoría de ellos transmitido en televisión nacional, no hubo acuerdos sustanciales. La última ronda de negociaciones duró más de 24 horas consecutivas y terminó en una votación que ya tenía anunciado el veto del presidente Nayib Bukele. Esto ocurrió en el quinto y sexto día, el viernes 29 y sábado 30 de mayo, antes de que la tormenta tropical Amanda provocará una nueva crisis. 

La intensa jornada de debate duró dos días y en buena parte estuvieron delegados del Gobierno que se retiraron cerca de las 7 de mañana del sábado 30. La contraparte, la Asamblea Legislativa, decidió continuar la jornada y votó por la "Ley Especial Transitoria de Atención Integral de la Vida y la Salud, Declaratoria de Estado de Emergencia en relación a la Pandemia por COVID-19 y Reapertura de la Economía". Una iniciativa que estuvo a unas horas de ser el primer gran acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición legislativa. El fracaso del diálogo ocurrió justo el día en que El Salvador registró su día de más contagios confirmados, 122. Hasta el 30 de mayo, los datos oficiales registraban 46 personas muertas por Covid19 y 2,517 contagios confirmados. 

El diálogo nació por una resolución de la Sala Constitucional del 22 de mayo que ordenó al Ejecutivo y al Legislativo a conseguir consenso para evitar incertidumbre jurídica con respecto a la vigencia de la cuarentena obligatoria; los plazos para abrir la economía;  las restricciones de movilidad; las autorizaciones para compras públicas;  y el congelamiento de la ley de acceso a la información pública. Como colchón para ambas partes, la Sala autorizó una prórroga a la legislación vigente para enfrentar la pandemia, casi toda promulgada por el Gobierno. Pero puso un plazo: la madrugada de este viernes 29 de mayo. 

A las 2 de la madrugada de este 30 de mayo, los funcionarios del gobierno y los diputados aún intentaban ponerse de acuerdo sobre 19 artículos cuya discusión fueron postergando a lo largo de la semana. Los medulares. Entre los puntos de entrampe de toda la semana estaba el derecho al acceso a la información pública, la duración de un nuevo periodo de cuarentena y la reactivación del transporte público de pasajeros

Durante la semana de negociaciones, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, solicitó una prórroga de la ley por otros quince días, con lo que la mesa de diálogo dejaría de ser necesaria. Sin embargo, cinco horas antes de que se venciera la extensión de plazo, la Sala de lo Constitucional respondió  la solicitud del gobierno y rechazó la petición. Resolvió que conceder por otros 15 días más no haría efectivo el "resultado concreto del diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo”. 

Aunque el veto aún no ha sido formal, tras la ruptura de la mesa de diálogo y la estridencia de las posturas, este sábado 30 de mayo, El Salvador amaneció con un confuso mapa normativo para combatir la pandemia. Formalmente, la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19 dejó de estar vigente. Lo mismo ocurrió con la ley de emergencia, que autorizaba las compras públicas de medicamentos y equipo médico sin usar la ley de licitaciones y que también congelaba los tiempos procesales del órgano judicial. Lo único que no fue afectado es la cuarentena, que se mantiene hasta el seis de junio por el decreto ejecutivo número 26. Es decir, las personas aún tienen que circular según número de DUI, aún continúan las restricciones de movilidad entre municipios y el transporte público sigue suspendido.  

Aunque, este domingo 31 de mayo, el ministro de Salud, Francisco Alabi, anunció un cambio debido a la nueva emergencia provocada por la tormenta tropical Amanda: "Hemos autorizado a las ferreterías a operar, con el 40% del personal y con todas las medidas sanitarias de prevención de #COVID19, hasta el 4 de junio." Además,  se permite la circulación, independiente del número de DUI, para asistir a farmacias y ferreterías.

La ruptura de la mesa sucedió el sábado a primeras horas de la mañana, a las 9. Los principales delegados del gobierno salieron del pleno y la Asamblea empezó a afinar los detalles sin esos insumos. 

Tras un año de la gestión presidencial de Bukele, este fue el primer intento de diálogo serio en busca de consensos nacionales con los partidos opositores. El equipo de gobierno lo lideró Ernesto Castro y Conan Castro, secretario privado presidencial, el primero, y secretario jurídico el segundo. Con ellos, también estuvo el ministro de Salud, Francisco Alabi;  la ministra de Economía, María Luisa Hayem; la ministra de Turismo, Morena Valdez; la directora general de medicamentos, Mónica Ayala; Javier Argueta, asesor jurídico; y el viceministro de ingresos, Alejandro Zelaya.

La nueva ley

Sin participación de delegados del gobierno, a las 4 de la tarde del sábado, los diputados de Arena, FMLN y PDC, cuyos votos suman mayoría calificada (56 votos) acordaron votar por la Ley Especial Transitoria de Atención Integral de la Vida y la Salud, Declaratoria de Estado de Emergencia en relación a la Pandemia por COVID-19 y Reapertura de la Economía. 

La nueva legislación permite las compras directas unicamente para "medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos, y demás productos relacionados con la prevención y el tratamiento clínico de la enfermedad". Los diputados pusieron candado a esta disposición, y legislaron para que todas las compras que haga el Ejecutivo a partir del tercer día deba se realizarse bajo el principio de máxima públicidad que establece la ley de acceso a la información pública (laip). El nuevo decreto también revive la laip. Según lo aprobado, la información solicitada será entregada por medios digitales de conformidad a los parametros que la ley ya establece. 

Gana, el partido que llevó al poder al presidente, puso tres condiciones acorde a las exigencias del Ejecutivo: extender por 15 días más la cuarentena, no autorizar la circulación de transporte público y mantener la restricción de movilidad según un calendario que permite a circular según el número de documento único de identidad. No votó.

Lo votado implica extender la cuarentena por 10 días para el sector privado (con flexibilidad de prórroga) y 15 para el sector público; abolir la regulación de salidas según el número de DUI y autorizar parcialmente la circulación de transporte público, solo para personal de salud. 

 Antes de recibir el decreto, el presidente de la República publicó en sus redes sociales su rechazo a la propuesta. “Los dueños de algunos partidos políticos piensan que lograrán algo con la aritmética legislativa”, tuiteó. “Un proceso de ley, vetado por inconstitucionalidad, con plazos máximos tal vez sería ley en julio”. 

Este domingo 31 de mayo, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, denunció que el decreto votado por mayoría calificada había sido rechazado en la caseta de correspondencia. "Nos informan que en Casa Presidencial se niegan a recibir el decreto 648 que es la Ley de Emergencia", publicó en su cuenta oficial de twitter. 

Las jornadas televisadas son el primer intento serio de este gobierno de intentar acuerdos tras su primer año de gestión. Un intento que de haber sido exitosos habría significado un viraje en la estragia de un presidente que  irrumpió en el congreso con un dispositivo armado de militares y policías. Tras lo ocurrido, la Sala Constitucional ordenó al presidente dejar de usar a los cuerpos de seguridad para amenazar y debilitar la democracia. 

Día 4, jueves 28 de mayo. 

Son las  6:20 pm. La tensión subió de tono y pasó a los insultos. La diputada Cristina Cornejo, vocera opositora que brilló en los debates de la mesa, alegó una incoherencia en la narrativa del gobierno de acusar a la oposición de Arena y FMLN como vendidos a la clase empresarial.  Para desafiar a los emisarios del gobierno, principalmente los secretarios Castro,  dijo en tono irónico que quien que había pactado con los empresarios más ricos del país era el mismo presidente.  “Quien se reunió con los empresarios que siguen trabajando y que no han parado en este país ha sido usted”, dijo Cornejo a Ernesto Castro.  

Al fondo del auditorio donde se encontraba reunida la comisión política, Karla Hernández, diputada de Arena, aplaudió la intervención de Cornejo. Inmediatamente el Castro reaccionó y cuestionó la presencia de los legisladores de todos los partidos políticos. “¡DISCULPEME! ¿Si ellos van a estar aquí, ¿en calidad de qué van a estar aquí?”, gritó.

Ponce, el presidente de la Asamblea no logró detener la discusión.  “¡Respeto, por favor, respeto!”, clamó. Todos omitieron el llamado. 

Alberto Romero, de Arena, respondió a los gritos de Castro. “¡Ellos son diputados por el pueblo, pueden estar aquí!”. Pero a Castro no le bastó el micrófono. Con gritos acentuados alegó “¡¡Aquí también somos funcionarios!! ¿NOS RESPETAMOS O NO NOS RESPETAMOS? ¿Mandamos a traer a nuestras barras nosotros?. Ningún funcionario medió para que mermaran los gritos.

“..Neto, respetemos, Beto, a ver… se nos va a salir de control”, dijo Ponce, el presidente. Se refería a Ernesto Castro y a Alberto Romero. 

¡Yo le estoy hablando al presidente (Ponce)!, le respondió Castro.

¡Es que no podés hablarles así!”, continuó Romero.  Ponce ordenó receso, apagaron los micrófonos y las discusiones seguían entre los funcionarios. "¿Qué va a pasar después? ¡YO SÍ SÉ ! ¡PUTA! ¿Entonces?, respondió Ernesto Castro. La tensión seguía subiendo. Algunos diputados decidieron retirarse.

Día 3. Miércoles 27 de mayo. 

El debate se centró en autorizar  o no la circulación del transporte público. Ernesto Castro justificó que no podían reactivar los buses y microbuses porque “generaría un foco de infección”. Sin embargo, los diputados de Arena rechazaron el planteamiento. “Sin transporte, no hay apertura económica”, dijo Ponce como respaldo a los colegas diputados. 

Otro punto de entrampamiento fue el inciso que permite al Ejecutivo hacer compras directas saltándose procesos de la ley de adquisiciones y contrataciones (Lacap). El decreto de emergencia 593habilita al Ejecutivo a realizar compras directas sin tener que pasar por los filtros que la ley establece. El secretario jurídico, Conan Castro, planteó que se mantuviera nuevamente esta disposición. Cristina Cornejo, del FMLN, cuestionó la insistencia del Ejecutivo para continuar haciendo compras sin rendir cuentas. “Si ustedes quieren un reporte, pidanlo, las instituciones han estado respondiendo”, respondió el secretario privado, Ernesto Castro. 

Día dos. Martes 26 de mayo. 

Los funcionarios del Gobierno y de la Asamblea discutieron las fases de la apertura económica, los plazos de cuarentena para los salvadoreños varados en el exterior, la habilitación de la ley de acceso a la información pública y el uso del transporte público. Tres de los puntos se volvieron punto de tropiezo en la discusión. 

Según los funcionarios del Gobinero y los diputados, durante la primera fase continuaría la cuarentena domiciliar para las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y para las personas con enfermedades crónicas; y se reabrirían todos los puntos de ingreso al país. En la segunda fase, empezaría la apertura de las iglesias y los restaurantes habilitarían la modalidad “para llevar”. En la tercera fase, los centros de convención regresarían a sus actividades. La última etapa, casi en la nueva normalidad, las oficinas públicas y privadas deberían asegura que en los espacios de trabajo exista un distanciamiento entre los empleados de 1.5 metros. 

Este día se discutió el uso o no de la ley de acceso a la información pública. El Ejecutivo quería retrasar su apertura y los partidos mayoritarios de la Asamblea, abrirlas. Conan Castro, el secretario jurídico de la Presidencia, expuso que abrir las oficinas de información y respuesta (OIR) generaría concentración de personas y podía ser foco de infección. Reiteró que debían esperar 15 días para poder reactivar la información oficiosa. “Todos los plazos deben reactivarse pasados los 15 días que proponemos”, dijo Castro. Los legisladores desaprobaron la propuesta de Casa Presidencial y por segundo día se quedó en el congelador el derecho a la información pública. 

Día uno. Lunes 25 de mayo. 

10 de la mañana. La mesa se instaló en una oficina de la Asamblea Legislativa. Ambas partes tomaron como base la ley aprobada del 18 de mayo y que fue vetada por el presidente: la “ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia por COVID-19”. 

La jornada empezó a las 9:00 am y terminó a las 9:30 pm. En más de doce horas llegaron a acordar el nombre de la ley, el ámbito de aplicación, las definiciones y abrieron la puerta a que los centros hospitalarios privados pudieran atender a pacientes positivos por COVID-19. 

Ese mismo día también empezaron a discutir los procesos de retorno de los salvadoreños varados en el exterior, sin embargo no hubo acuerdo en el primer día de negociación. 

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, urgió a todas las bancadas a realizar reuniones bilaterales con los representantes del Ejecutivo. “Hemos tenido reuniones con el Gobierno que nos han permitido acercarnos a algunos puntos”, dijo. Agregó que apostaban concluir el proyecto de ley el día dos.

El artículo cinco fue la primera piedra tropiezo. La mesa empezó a postergar la discusión de artículos en lo que llamaron el congelador de puntos que luego serían retomados.  El artículo 5 plantea que el Ministerio de Salud debe entregar un plan para combatir la pandemia.  Sin embargo,  Francisco Alabí, titular de Salud, aseguró que “no era prudente por la variación que pueda tener la estrategia de la pandemia”. 

Desde el día uno, los funcionarios abordaron el número de días que deberán esperar para la reactivación económica. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro sentó la postura y afirmó que a partir del acuerdo que se logre, 15 días después reactivarían la economía. “Eso es inamovible”, sostuvo. 


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