Tribunal de Ética investigará a Gallegos por dos de doce parientes contratados

El lunes 2 de octubre de 2017, el diputado Guillermo Gallegos, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, contrató a Marla Alejandra Castillo Callejas, esposa de su hijastro. Según el contrato 2281/2017, Gallegos benefició a la nuera de su esposa otorgándole una plaza como colaboradora administrativa, con un salario mensual de 2 500 dólares. Aquel lunes, para aceptar su nuevo cargo (que mantiene hasta la fecha), Marla Alejandra estampó su firma junto a la del diputado Gallegos.

La de Castillo Callejas fue una de las últimas plazas de un total de 12 que la Asamblea otorgó a parientes del líder de Gana entre 2006 y 2018. El Faro reveló el 2 de enero que cuatro cuñados de Gallegos y ocho parientes de la esposa del diputado, Julia Nora Romero, fueron contratados con salarios entre los 600 y los 3 mil dólares. De los 12 contratados, a la fecha solo continúan laborando 11 parientes, ya que en 2018 un cuñado de Gallegos cesó funciones. 

Según el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), las contrataciones de cinco de los 12 parientes merecen atención de esta institución, pero debido a la prescripción de algunos hechos y a la falta de asideros legales en el resto, solo investigará a Gallegos por nepotismo en dos casos: el de Marla Alejandra, la esposa de su hijastro contratada por el propio Gallegos; y por Vladimir Carvajal Amaya, esposo de su hermana. Carvajal Amaya entró al Departamento de Contabilidad de la Asamblea como auxiliar administrativo IV, con un salario mensual de mil dólares.  Se mantuvo en el cargo desde enero de 2015 hasta agosto de 2018, cuando cesó funciones.

Para el TEG, “es procedente iniciar  una investigación” contra Gallegos y de comprobarse que participó en el nombramiento o contratación de Marla Alejandra Castillo y Vladimir Carvajal Amaya, estaría frente a una infracción de los artículos 5 y 6 de la Ley de ética gubernamental.  El artículo 5 letra “c” establece que los funcionarios deben “excusarse de intervenir en asuntos en los cuales él, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad tengan algún interés”. Y el artículo 6 inciso “h” prohíbe a los funcionarios “nombrar en la entidad que preside a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad”.

Al menos en el caso de Castillo Callejas, El Faro tuvo acceso a una versión pública del contrato original firmado por Gallegos y la esposa de su hijastro en octubre de 2017, cuando él fungía como presidente de la Asamblea. Este medio solicitó en diciembre aceso a todos los contratos de los parientes de Gallegos, pero al cierre de esta nota la Asamblea solo ha entregado dos de doce. 

El Faro también tuvo acceso a la resolución de investigación de “oficio” autorizada por el TEG con fecha 6 de enero, cuatro días después de la publicación de este medio. Entre los documentos también se cuenta con la notificación de “acumulación” a la causa que la entidad notificó a dos dirigentes del partido Nuestro Tiempo, que acudieron al Tribunal para denunciar al diputado Gallegos por la contratación de cuatro de sus cuñados. 

Según el Tribunal, Gallegos ya ha sido emplazado para que presente descargos. Tiene diez días hábiles para presentar un informe que precise fechas de ingreso y cese de funciones, cargos que han ocupado, dependencia o unidad de asignación, funciones que realizan, horario asignado, modalidad de contratación, salario y nombres de sus jefes inmediatos. Según el presidente del Tribunal, Néstor Castaneda, si el informe preliminar que presente el diputado Guillermo Gallegos “no logra convencer” al pleno de que no intervino en las contrataciones, la institución nombrará un “instructor” que investigue a fondo el caso. 

Gallegos, que pese a reiteradas solicitudes de El Faro se negó a dar una reacción sobre este caso, tuiteó el 7 de enero que mientras ejerció su cargo como presidente de la Asamblea “y tuve facultades para contratar personal no infringí la Ley de Ética Gubernamental”. Gallegos fue presidente de ese órgano del Estado entre noviembre de 2016 y abril de 2018. 

El 13 de enero, ante preguntas de reporteros de televisión, dijo que demostraría su inocencia. “Voy a demostrar con base a la ley que no he contratado ningún pariente en mi gestión ni siendo presidente de la Asamblea”, dijo en una rueda de prensa, según consignó TeleDos. 

Gallegos, sin embargo, miente. El contrato 2281/2017 de octubre 2017 demuestra que firmó y autorizó la contratación de la esposa de su hijastro.  El legislador, además, aseguró que “yo no pedí que los contrataran, cuando estaba el presidente Zepeda, él los contrató”, concluyó. En 2006, la primera vez que hubo una contratación de uno de sus parientes no estaba como presidente de la Asamblea Ciro Cruz Zepeda, como refiere Gallegos, sino el pecenista Rubén Orellana (ya fallecido). 

Guillermo Gallegos es el segundo vicepresidente de Junta Directiva y dentro del partido ocupa la segunda vicepresidencia. Inició en el 2000 como diputado propietario bajo la bandera tricolor de la Alianza Republicana; luego, a finales de 2009, cuando asumió por primera vez la segunda vicepresidencia de la Asamblea, protagonizó la ruptura de Arena que culminó con la creación del partido de centro –derecha: Gana.

Este es el segundo caso que el TEG abre en su contra.  En enero de 2019, dos años después de una denuncia ciudadana, el TEG determinó que “no hay elementos suficientes que permitan determinar la existencia de una posible infracción ética” de Guillermo Gallegos por la asignación de 550 mil dólares a Apdemes, una oenegé fundada por su esposa y que recibió fondos de los presupuestos de 2015 y 2016 con la ayuda de Gallegos. 

Una ley que favorece a los Gallegos-Romero

En su resolución, el TEG prácticamente acepta que tiene los brazos amarrados y no puede actuar sobre las otras diez contrataciones de los parientes de los Gallegos-Romero.

La prescripción de los hechos señalados es, según el TEG, un obstáculo para investigar a los otros tres cuñados del diputado. La Ley señala que “ningún procedimiento administrativo sancionador podrá iniciarse una vez hayan transcurrido cinco años contados a partir del día en que se hubiera cometido el hecho”. Es decir que pese a que los grados de afinidad en esos tres casos son sujetos de investigación, estos casos quedarían impunes debido al plazo de prescripción: las contrataciones se hicieron entre  2006 y 2010.

Camilo Alexander Romero Cruz, Digna Emérita Romero de Cerón, María de Jesús Romero Cruz y Roberto Vladimir Carbajal Amaya son los cuatro cuñados de Gallegos. Las contrataciones de los primeros tres hermanos de su esposa quedarán impunes ante los parámetros que toma el TEG. “Hay que apegarse a la ley y a los periodos de prescripción”, dice Castaneda, el presidente del tribunal.

Otro de los contratos de los parientes de Gallegos liberados por la Asamblea narra la contratación, en 2018, de María de Jesús Romero Cruz. Para la fecha de la contratación, Gallegos actuaba como vicepresidente de la Junta Directiva que autorizó la contratación.  El escrito 1481/2018 aprobó la contratación de Romero Cruz para que cobrara mensualmente mil dólares como colaboradora administrativa en la fracción de Gana. Norman Quijano, ex presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Arena, actuó bajo representación de la Junta y firmó el contrato. 

Para Castaneda, este caso no ha sido tomado en cuenta (pese a que Gallegos intervino en la contratación como miembro de Junta Directiva) porque ese contrato se “toma como una refrenda”. Según Castaneda, la Sala de lo Constitucional (de la que él formó parte) ya ha fallado a favor de empleados con “derechos adquiridos” en contratos anuales. En su lógica,  este último contrato no puede tomarse en cuenta dado que el contrato original data de 2010 y, entonces, el caso entra en el rango de prescripción. María de Jesús Romero Cruz (La Unión, 1968) se incorporó a la fracción de lo que ya se conocía como Gana, en septiembre de 2010, como colaboradora administrativa a tiempo parcial con salario de $1,000. A la fecha, su nombre sigue apareciendo en la nómina de empleados oficial de la fracción de Gallegos.

Entre los otros parientes contratados que quedarán fuera de investigación están un sobrino, una prima, un cuñado, una cuñada, una nuera, una consuegra, la hermana de la nuera y el hermano de un cuñado de la esposa del diputado Gallegos. 

La contratación de Juan Carlos Cerón Flores, cuñado de Julia de Gallegos y confundador de la oenegé Apdemes, que recibió 550 mil dólares de los presupuestos 2015 y 2016, no será investigada. Tampoco la de su hermano, Martin Mauricio Ernesto Cerón Flores. Lo mismo ocurrirá con las plazas de Francisco José Fuentes Romero, sobrino de la esposa del diputado; Marisela Del Carmen Castro Oliva, cuñada; y Rosa Esmeralda Montoya Romero, prima.

De la familia Castillo-Callejas, la familia política del hijastro de Gallegos, solo la contratación de su esposa será investigada. La contratación de la madre de Marla Alejandra (Xiomara Patricia Callejas De Clímaco) y de su hermana (Xiomara Patricia Castillo Callejas) quedarán excluidas porque se alejan de los grados de afinidad que dicta la ley. 

Xenia Hernández, especialista en temas de ética pública y lucha contra la corrupción, asegura que la ley de ética no cuenta con “dientes” suficientes para castigar con contundencia. Además, señala que se debe de ampliar el plazo de prescripción. En enero de 2018 el tribunal presentó una propuesta de 22 reformas; sin embargo, en ningún enunciado piden que se amplíe el periodo de prescripción ni de ampliación de los grados de afinidad y consanguinidad. Luego de las elecciones del 4 de marzo de 2018 quedó congelado el estudio de la ley y ningún partido político ha decidido retomarla. En octubre de 2019, el presidente del TEG, Néstor Castaneda, solicitó retomar la discusión en la comisión, al cual nunca hubo respuesta por parte de los legisladores. 

Ni la Fiscalía ni la Asamblea investigarán a Gallegos

En la Asamblea Legislativa, la entidad obligada por reglamento a investigar las faltas éticas de los diputados es el Comité de Ética del cual el propio Gallegos forma parte. Lucía de León, coordinadora del comité y diputada de Arena, dijo a este periódico no poder actuar este caso porque su cargo no ha sido oficializado. En la plenaria del 12 de diciembre de 2019, De León fue nombrada como nueva coordinadora del comité en sustitución de Alejandrina Castro. Según ella, hasta que su nombramiento sea publicado en el Diario Oficial no puede actuar de oficio para investigar los casos de nepotismo y conflicto de intereses que se han revelado.

Por esa falta de oficialidad, De León tampoco quiso pronunciarse si pedirán a la Junta Directiva que Gallegos sea retirado, o por lo menos apartado, del Comité de ética que debería de investigarlo. 

Roberto Angulo, del PCN, y Cristina Cornejo, del FMLN, también forman parte del comité. Ante los cuestionamientos de este periódico ambos dicen esperar a que la coordinadora convoque para que exista la posibilidad de investigar al diputado del partido de Gobierno. Pero De León insiste en que no puede convocar nada porque su cargo no es oficial. 

Por oficio, según el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el comité debe esperar a que otro diputado que no pertenezca al comité haga la denuncia; sin embargo, ningún legislador se ha pronunciado, excepto Leonardo Bonilla, diputado no partidario, que ha cuestionado el silencio de la Asamblea, pero que tampoco ha presentado denuncia.  “No es extraño el silencio de los titulares de las instituciones. El silencio de muchos es indicador de que el nepotismo está en casi todas las esferas del Estado”, concluyó. 

Mario Ponce, diputado del PCN y presidente de la Asamblea, se alejó de cualquier responsabilidad. “Esas contrataciones no se hicieron bajo mi gestión”, se excusó.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, afirmó en una entrevista a El Faro que no se pronunciará ante el caso del diputado Guillermo Gallegos. “Me voy a pronunciar cuando haya indicios de un delito”, afirmó. Según el fiscal, el problema es que le nepotismo no está tipificado como delito en el Código Penal. Al ser consultado si a este caso no podría aplicársele una investigación por tráfico de influencias, el fiscal insistió: “Aquí no se trata de defender al diputado Gallegos, ni mucho menos, pero ese es un tema que hoy por hoy no está  tipificado y no lo hemos encontrado como indicio de delito”, dijo. 

Expertos señalan que una de las consecuencias por las cuales el nepotismo no llega a la Fiscalía es porque no está tipificado en el código penal de El Salvador, por tanto, las sanciones son mínimas y desproporcionadas al cometimiento del delito.

Sobre este caso, el 9 de enero, el presidente Nayib Bukele, que llegó al poder arropado por la bandera de Gana, el partido liderado por Gallegos, dijo que le parecía una “campaña orquestada” contra el diputado. “Hay que combatir el nepotismo, de todos los diputados, de todos los partidos, pero me suena raro que solo se enfocan en el diputado @GaGallegos24, me parece una campaña orquestada”, dijo Bukele, que  a través de redes sociales ha denunciado casos similares atribuidos a dirigentes del FMLN.