Columnas / Política

Voto en el exterior sí, pero no a cualquier costo

La solución no pasa por mudarnos al voto electrónico de un día para otro, sino por mejorar el proceso de obtención del DUI, el empadronamiento y el traslado de los paquetes electorales.

Miércoles, 29 de enero de 2020
Malcolm Cartagena

Por años, la población salvadoreña residente en el exterior ha demandado que se le garantice el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Todas las propuestas que surgieron desde los Acuerdos de Paz fueron engavetadas por no contar con los votos necesarios en la Asamblea para regular este tema. Sin embargo, a partir de las elecciones presidenciales de 2009, al tema se le comenzó a dar la importancia necesaria y arrancó el voto desde el exterior (VEX).

En aquel año, y luego de emitir una ley transitoria para tal fin, se habilitó el estadio Mágico González para que la población que vivía en el exterior y que tenía DUI pudiera venir a votar al país. Sí, como se lee, votar desde el exterior implicaba venir al país. Por supuesto, de los casi 40 mil duizados, solo 294 hicieron el viaje y vinieron a votar. ¿El resultado? El mismo que en el resto del país, el FMLN ganó en el VEX.

En 2012, y a iniciativa del entonces presidente Mauricio Funes, se creó una comisión interinstitucional que analizó las distintas modalidades de VEX y emitió una recomendación. En ella participaron la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el RNPN, el Ministerio de Justicia y, especialmente, el Tribunal Supremo Electoral. Este dato es importante, como se verá más adelante. La comisión concluyó que el sistema que mejor se ajustaba a las características de nuestra diáspora era el voto postal, es decir, enviar las papeletas por correo. Se remitió el proyecto de decreto a la Asamblea y en febrero 2013, después de muchas visitas de organizaciones de salvadoreños en el exterior, se aprobó la LEVEX o Ley para el Ejercicio del VEX.

En esta ley están contemplados los principales requisitos para votar desde el exterior, entre ellos, tener DUI vigente con dirección en el exterior y empadronarse para votar. Más adelante explicaré por qué estos requisitos son los que realmente generan el cuello de botella y no la modalidad escogida para votar.

Paras las elecciones presidenciales de 2014, el número de ciudadanos con DUI que vivían fuera del país había aumentado a 142 418 salvadoreños; de ellos, solo se empadronaron para votar 10 337 ciudadanos (7.2 %), y de los empadronados solamente 2 727 enviaron su voto. Estas cifras representan apenas al 1.9 % de los que tienen DUI y viven en el exterior y a 26.3 % de los empadronados. De nuevo, el partido que ganó el voto en el exterior fue el mismo que ganó el voto nacional: el FMLN.

Cinco años más tarde, para las elecciones presidenciales de 2019, los hermanos lejanos con DUI se duplicaron y llegaron a los 350 638. Nuevamente, los empadronados fueron una mínima cantidad, solo 5 948. Y de ellos solamente votaron 3 808, que equivale al 1.7 % del total y al 64 % de los empadronados. De nuevo, la tendencia se mantuvo y tanto voto en el exterior como el voto local lo ganó el mismo partido: GANA.

Tal como lo indican estos números, la diáspora salvadoreña no se involucra masivamente en la votación desde el exterior. Pero no es la única, lo mismo sucede con las del resto del mundo. Por ejemplo, en México, de 12 millones de habitantes que se estima viven en Estados Unidos, solamente 100 mil se registraron recientemente para votar. Por supuesto esto no implica que los salvadoreños en el exterior no tengan derecho a elegir a nuestros gobernantes, los datos sirven para retratar una característica que no les es única.

Ahora bien, todo cambió con la sentencia de inconstitucionalidad 156-2012, de diciembre de 2016, en la que la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa a regular los derechos de votar y elegir gobernantes, y el de presentarse como candidatos de elección popular (conocidos como sufragio activo y pasivo) para los residentes en el exterior en las elecciones legislativas y municipales. La Sala incluso determinó que, si no se podía garantizar para las elecciones de 2018, que eran las más próximas, debía hacerse para las de 2021.

Pasaron tres años durante los cuales la Asamblea no legisló sobre el tema, a pesar de que diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron propuestas para mejorar el VEX e incluso sugirieron crear una circunscripción en el exterior para que los residentes en el exterior tuvieran sus propios representantes, algo que de materializarse hubiera resultado inconstitucional. No obstante, en este periodo, la Comisión de Reformas Electorales solicitó opinión al TSE en dos ocasiones, así como a Capres y a Hacienda (aunque no obtuvieron respuesta técnica).

Finalmente, a mediados de enero y a un mes de que se venza el plazo para hacer reformas electorales, la Asamblea hizo cambios a la LEVEX, pero solamente de forma parcial; es decir, únicamente aprobaron el sufragio activo (que es el derecho de todos a votar) y pasivo (que es el derecho a postularse a un cargo de elección popular) para diputados y no para concejos municipales, y siempre en la modalidad postal. Simultáneamente, el Gobierno presentaba ante la presidencia de la Asamblea su propia propuesta. Esta contempla el sufragio activo y pasivo, tanto para diputados como para alcaldes, en dos modalidades: voto electrónico en los consulados y voto por Internet desde cualquier parte del mundo.

La propuesta, por ahora en estudio, tiene algunos problemas. En primer lugar, la desconfianza que genera el voto electrónico, y dentro de este el voto por Internet, son un valladar que difícilmente se pueda sortear de acá a las elecciones. Este temor no es gratuito, países con mayor desarrollo, tanto tecnológico como democrático, han retrocedido en el uso del voto electrónico y más aún del voto por Internet. Prueba de ello es la siguiente gráfica preparada por IDEA Internacional, donde se muestra que, de 216 países estudiados, solamente 10 usan el voto por Internet para votar desde el exterior y no todos de forma general.

La razón de que haya tan pocos países que implementan el voto electrónico a través de Internet es que no hay un sistema que sea 100 % invulnerable. Si bien un voto postal puede coaccionarse, al final es solo uno; un hackeo al sistema de votación remoto, en cambio, puede cambiar cientos o miles de votos, lo que es inaceptable. Ejemplos de países que han abandonado o solamente probado de forma esporádica el voto por Internet son Alemania, España, Suiza, Holanda y Francia.

En segundo lugar, si bien toda propuesta requiere de un estudio previo y de un presupuesto que la materialice, esta llega “sin pan debajo del brazo” y solo con el ofrecimiento de financiarla, cueste lo que cueste. Es decir, todavía hay que analizarla y presupuestarla. Si al día de hoy Hacienda no ha desembolsado ni un centavo de lo solicitado por la autoridad electoral (un aproximado de 56 millones de dólares para organizar las elecciones de 2021) desde noviembre de 2019, a pesar del avance que lleva el calendario electoral y las necesidades que surgen a diario, ¿cómo cabría esperar que el Gobierno va a financiar esta propuesta sin ninguna dilación, incluso si eso implica desembolsar 10 o 20 millones más?

Pero más importante aún es que en esta propuesta gubernamental no ha participado uno de los autores más importantes, el TSE, quien no solo tiene una opinión técnica y calificada sobre el tema, sino que es la autoridad que finalmente tendrá que ejecutarla.

Este texto no pretende oponerse a la implementación del voto electrónico en el país. Todo lo contrario, creo que sería posible realizar un plan piloto, que es lo que sugieren los expertos en el tema, para ir probando y corrigiendo la tecnología. Lo que es importante señalar es que no es posible para esta elección, dado el poco tiempo que queda y la logística que conlleva. Lo que veo todavía más remoto es el voto por Internet, pues a los problemas logísticos, que también los hay, se suman las dudas de seguridad y secretividad que deben superarse. Lo anterior, sin menospreciar, que expertos latinoamericanos como Daniel Zovatto insisten en que no vale la pena correr el riesgo.

Finalmente, es necesario dejar en claro que el verdadero problema del voto postal está en los pasos previos a su emisión. Me refiero al proceso de emisión de DUI, que es sumamente engorroso, además de caro, y que desmotiva a la diáspora a emprender a veces viajes de hasta dos días para tramitarlo. El proceso de empadronamiento también debe mejorarse, pues en ocasiones el sistema ha fallado, además de que el tiempo para el mismo está limitado y debería ampliarse.

Y un elemento del que poco se habla es del convenio entre Correos de El Salvador y el Servicio Postal de Estados Unidos, pues aun cuando la totalidad de paquetes electorales son enviados desde El Salvador hacia ese país, muchos no llegan a su destino, se quedan en el hub de Miami o son retornados sin haber sido entregados. Amén de que algunos compatriotas han tenido que pagar por devolver el paquete electoral, cuando este va prepagado por El Salvador.

No cabe duda de que la diáspora tiene el derecho a votar, al menos para presidente y diputados, pues soy del criterio que el voto para alcaldes es injustificable, pues el residente en el exterior no se vería afectado directamente por ninguna ordenanza o disposición municipal, mientras que sí podría hacerlo por una acción legislativa o presidencial. Esto, sin contar que una elección municipal podría ser decida por un voto, precisamente por alguien que solo está asentado en un municipio, pero que no tiene ningún otro vínculo ni sufrirá o gozará dicha gestión.

De lo que sí estoy convencido es que si se quiere que más salvadoreños voten en 2021 (a la fecha 400 mil tienen DUI), la solución no pasa por mudarnos al voto electrónico o por Internet de un día para otro, sino por mejorar el proceso de obtención del DUI, el empadronamiento y el traslado de los paquetes electorales. De esos tres puntos, el primero y el tercero le corresponden al Gobierno y el segundo al TSE. El presidente puede hacer mucho por la diáspora de acá a febrero de 2021 para ello: abrir más oficinas de emisión del DUI en exterior y mejorar los plazos de entrega del plástico; dejar bien en claro las condiciones del convenio con la entidad de correos de los Estados Unidos; y entregarle en tiempo el presupuesto extraordinario al TSE para organizar las elecciones. Todo está en que haya una auténtica voluntad de otorgarle ese derecho a nuestros compatriotas en el exterior y no solo un uso propagandístico e interesado de la misma.

Malcolm Cartagena es egresado de la carrera de Comunicaciones y cuenta con 15 años de trayectoria en materia electoral. Ha participado como observador electoral certificado por la OEA y por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) en varios países del mundo. Actualmente dirige capacitaciones y elabora materiales de divulgación electoral. Foto: Carlos Barrera.
Malcolm Cartagena es egresado de la carrera de Comunicaciones y cuenta con 15 años de trayectoria en materia electoral. Ha participado como observador electoral certificado por la OEA y por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) en varios países del mundo. Actualmente dirige capacitaciones y elabora materiales de divulgación electoral. Foto: Carlos Barrera.

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