Recientemente, el presidente Bukele nos dio la buena noticia de la reducción del presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado (OEI), que en dos meses gastó “apenas” US$ 2 114 961.56; mientras que en administraciones pasadas se gastaba mucho más, casi el triple. Es imposible no preguntarse en qué se gastarán uno o dos millones mensuales para actividades de inteligencia en un país como el nuestro y con tantas necesidades, a quién espiarán, qué tipo de análisis sofisticado se hará frente al terrorismo, narcotráfico y crimen organizado con tanta ineficiencia y pésimos indicadores de seguridad. Lamentablemente, este rubro y el de seguridad nacional son muy reservados y posiblemente no lo sabremos nunca. Lo cierto es que estos gastos inauditables han servido para pagar sobresueldos, inflar gastos de publicidad, utilizar fondos sin ningún control y otras actividades de corrupción. Ha sido, en efecto, el barril sin fondo del gobierno.
Pero el drama es comparar este gasto de inteligencia -US$ 30.6 millones en el 2018- (un tercio del presupuesto total de la Universidad de El Salvador US$ 88 millones) con lo que se destina anualmente para investigación en la UES, que asciende apenas a US$ 596 225 (o lo que se destina para ciencia en todo el país CONACYT US$ 500 000). ¿Están claras las apuestas y prioridades? Más de 30 millones para espionaje pueblerino versus 500 mil dólares para actividades científicas.
Las autoridades de Gobierno deben saber que en gran parte el subdesarrollo al que estamos históricamente sometidos se deben a varias causas: a) invertir limitadamente en educación; nuestra apuesta ha sido cercana al 3 % del PIB cuándo la media latinoamericana supera el 6 %; b) más allá del modelo económico y del neoliberalismo, nunca, pero nuca, se le ha apostado a mejorar la capacidad científica del país, y esto se demuestra en el nulo número de patentes universitarias; c) no tenemos la disponibilidad de ingenieros y doctores que demanda una inversión extranjera de alto valor agregado, por eso atraemos empresas que no necesitan mayor escolaridad; y d) por si fuera poco, la Tasa Interna de Retorno (TIR) educativa entre 2008 y 2018 (González Orellana, 2019) es negativa (parcialmente positiva para cero escolaridad, negativa para educación media y posgrado, y muy negativa para el nivel universitario).
Parafraseando a Martín Baró, las universidades son un intento de “ascensor social” , y las salvadoreñas son un ascensor ineficiente y medio descompuesto. La TIR es negativa; la tasa de matrícula es bajísima (no supera el 20 %) y la tasa de eficiencia igualmente paupérrima (cercana al 11 %). Y a pesar de ello, nos damos el lujo de tener el peor presupuesto público de la región con la demanda más alta. De los 80 000 bachilleres que hacen la PAES (que representa el 40 % de la matrícula, lo cual ya es dramático) cerca de 24 000 estudiantes hacen el intento para ingresar a la UES, y el cupo posible con el presupuesto que se tiene alcanza para la mitad. ¿Y aún nos extrañamos cuándo la gente quiere emigrar?
Desde la firma de los Acuerdos de Paz a la fecha, se ha invertido anualmente más en inteligencia, espionaje y seguridad reservada que en ciencia. El resultado ha sido mantener los mismos problemas de siempre y las conclusiones que arroja la PAES siguen intactas desde 1997: “Nuestros estudiantes conocen, pero no comprenden ni pueden aplicar”. ¿Saben por qué? Porque no hay laboratorios ni maestros de Matemáticas y Ciencias capacitados adecuadamente, y esto toca la arista del presupuesto de la UES y podríamos decir que mucho más.
Al final, no tenemos ni científicos ni buenos espías. La OIE sigue siendo un misterio y continúa en el ostracismo, financiado con los impuestos de los ciudadanos y sin resultados tangibles. Alguien debería de explicarnos para qué sirve la OIE o qué justifica un presupuesto 60 veces mayor de lo que se invierte en ciencia en la UES.
Singapur, Corea, Finlandia, Noruega, Irlanda, Israel o Costa Rica, son lo que son gracias a políticas educativas de largo plazo, a un compromiso con la gente y a una apuesta decidida por patentes. Para ello se necesita disponibilidad de ingenieros y doctores e instalaciones científicas de alto nivel, y esto se logra con financiamiento.
Una de las razones que marcan la diferencia abismal entre Costa Rica y El Salvador, por ejemplo, es que, al 2015, el gasto de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica (DIS) era de 3 217 millones de colones (unos US$ 6 millones); mientras que la Universidad de Costa Rica (UCR) posee para investigación 353 711 millones de colones (unos US$ 61 057 462.5). A esto faltaría sumar el presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de las otras universidades públicas (UNA y UNED).
Gracias al proyecto “Educación Superior para el crecimiento económico” de USAID, la UCA, UFG, UDB y UNICAES han logrado equipar sus laboratorios y han logrado capacitar un pequeño grupo de científicos, pero esto no es suficiente, es apenas un primer paso. La inversión fue de US$ 22 millones en 5 años, ¿se le dará continuidad a este esfuerzo? Ni la OIE lo sabe.
Necesitamos más científicos, y menos espías y corruptos, sólo así daremos un salto de calidad para cambiar el país. Un consejo “inteligente” sería intercambiar los presupuestos de investigación de la UES y de la OIE, y pronto veríamos resultados. Con 30 millones anuales para laboratorios y formación de científicos, El Salvador sería otro país.
