El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido implicado en una conspiración para usar $1.5 millones provenientes del narcotráfico para financiar su campaña electoral, según un documento de investigación presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en un tribunal federal y revelado este sábado 3 por Univisión.
Los documentos relevados por están relacionados al caso contra Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, quien fue capturado en noviembre de 2018 y quien es señalado de conspirar con cárteles colombianos y mexicanos para importar cocaína hacia Estados Unidos. En la publicación, mencionan a Alexander Ardón, ex alcalde del Partido Nacional de El Paraíso, quien mantuvo reuniones en 2009 con el entonces presidente Porfirio Lobo y con Juan Orlando Hernández para negociar los aportes. Hernández es mencionado en los documentos como CC-4, (Co-conspirador-4), 'elegido Presidente de Honduras a fines de 2013'.
Los documentos mencionan que Ardón destinó $1.5 millones -provenientes del narcotráfico- para ayudar a la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, en 2013. 'El acusado trabajó con políticos hondureños para transportar cocaína y los funcionarios usaron $1.5 millones provenientes de drogas para apoyar la campaña presidencial de CC-4', dice el encabezado de un extracto del documento judicial que describe los aportes a la campaña en la que Hernández resultó electo presidente. A pesar de los señalamientos, Hernández no enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos ni en Honduras.
El presidente de Honduras no se ha pronunciado sobre las nuevas revelaciones sobre aportes del narcotráfico que presuntamente fueron usados para su campaña presidencial. El sábado 3, la Casa Presidencial de Honduras emitió un comunicado en el que negó 'categoricamente las perversas y falsas acusaciones'.
Primera dama señalada por corrupción
Dos días antes de la revelación de una supuesta conspiración para financiar la campaña de Hernández con dinero proveniente del narcotráfico, la primera dama, Ana García Carías, fue acusada el 1 de agosto de 2019 por el Ministerio Público y por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de formar parte de una estructura que entre 2011 y 2015 desvío de millones de lempiras del erario público.
La MACCIH pidió la incautación de bienes de la primera dama, diputados y empresarios vinculados a este otro caso. La oficina de la OEA pidió incautar bienes valorados en $1.7 millones de dólares, que faltan por confiscar de $12 millones de dólares, que fueron desviados de proyectos agrícolas que debían beneficiar a mujeres hondureñas.
García aparece como socia de Asesores Especializados en Desarrollo Integral, una de las empresas que presuntamente fue utilizada para blanquear parte de los fondos públicos desviados. Según la acusación, esos fondos 'habrían sido destinados, entre otras cosas, a financiar campañas políticas'.
La primera dama reaccionó en Twitter con una comunicado en el que negó que ella estuviese siendo investigada. 'No existe ninguna acción ni orden de incautación dirigida en mi contra. Las acciones van dirigidas en contra de una sociedad, de la cual me desligué desde su constitución formal hace más de 13 años -en el 2006-', dijo.
La Misión Anticorrupción, que ha pedido las incautaciones de bienes, fue creada en enero de 2016 a petición del presidente Hernández en un intento para acallar las protestas multitudinarias que desde entonces exigen su renuncia y protestan contra su cuestionada, por inconstitucional, reelección. Las manifestaciones surgieron por los señalamientos de que Hernández se habría favorevido con una pequeña parte de los 330 millones de dólares malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Hernández admitió públicamente que algunas empresas vinculadas al caso contribuyeron con casi 150 mil dólares para su campaña presidencial de 2013, aunque negó conocer el origen de los fondos.
A la fecha, Hernández continúa siendo un aliado del gobierno de Estados Unidos y en los últimos meses ha enfrentado masivas protestas, que se agravaron desde su elección fraudulenta de noviembre de 2017. Su toma de posesión estuvo acompañada del despliegue de fuerzas de seguridad que atacaron con gases lacrimógenos a los manifestantes. El 31 de mayo de 2019, los manifestantes incluso incendiaron la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Honduras como parte de una movilización ciudadana en oposición a reformas a servicios de educación y salud, que son consideras por las organizaciones como intentos de privatizar estos servicios públicos.
*Con información de Univisión Noticias y de AFP
