Publicidad

Asamblea le recuerda a universidades que deben proteger a víctimas de acoso

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que obligará a las universidades a crear y aplicar protocolos ante denuncias de acoso sexual. De cumplirse al pie de la letra, se institucionalizarían los pasos que los centros de estudios superiores deben tomar al recibir una denuncia de acoso. Además de casos reportados en la UES, cuatro universidades privadas confirmaron a El Faro tener registros de casos en sus campus. 

 
 

Isabel Espinoza declaró en 2018 que su exprofesor, Miguel Serrano, la tomó a la fuerza del brazo, la llamó “zorra” e intentó sacarla de un edificio. Por ese altercado que ocurrió dentro de la Universidad de El Salvador, el docente fue condenado en un tribunal a trabajos de utilidad pública y a pagar una multa en concepto de responsabilidad civil.

Ese encuentro  fue la culminación de algo que Isabel asegura comenzó como acoso sexual. Serrano trabajaba como profesor de bioquímica de la facultad de Medicina. Isabel fue su alumna y luego, cuando tuvo un problema en otra materia, cuenta que acudió a él: “En un departamento no me habían introducido una nota y ya habían cerrado el sistema. Entonces la junta directiva tenía que autorizar que se abriera el sistema para mí y la ingresaran”. El maestro, a través de sus contactos, le ayudó. Según Isabel, a partir de entonces él buscó cobrarle, de manera sexual, el favor. Dice que fue presionada para iniciar una relación de pareja y, ante el acoso, ella cedió. La diferencia de edad entre los dos es de 25 años. El profesor señalado tiene 50.

En marzo de 2017, Isabel solicitó medidas de protección ante un Juzgado de Paz en Mejicanos. De acuerdo con su declaración en el expediente judicial, “la relación duró aproximadamente un año, era una persona muy agresiva, posesiva y controladora”.  El juzgado le otorgó medidas y el docente tenía prohibido acercarse. Tras la riña en la UES, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo encontró culpable de desobedicia de medidas cauterales o de protección. 

El docente se defendió ante el juzgado diciendo que él “siempre evitaba tenerla enfrente” y negó todas las acusaciones. Lo mismo sucedió cuando El Faro lo consultó en octubre del año pasado. Él negó haber tenido una relación con la estudiante que lo acusó y dijo que no brindaría declaraciones.  Casi un año después de la condena, “el caso se encuentra estancado, porque apeló y no se pudo cumplir la condena”, asegura Isabel. Él sigue manteniendo un cargo en el departamento de bioquímica de la UES. 

El caso de Isabel fue uno de los que catapultó un movimiento en redes sociales sobre denuncias de acoso sexual universitario. Con el hashtag #OjosEnLaUES, algunas denunciaron que no se sentían seguras en su alma máter. La situación escaló tanto que, en septiembre del año pasado, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género del órgano legislativo llamó al rector de la UES. El rector dijo que la Unidad de Género de la UES recibe alrededor de 4 a 5 casos de acoso sexual cada año. A pesar de ese reconocimiento, la UES aún no ha hecho público el protocolo que se comprometió a trabajar. 

El diputado de Arena, Josué Godoy, se enteró de la campaña #OjosEnLaUES y se contactó con algunas universitarias. Así, el 12 de junio de este año presentó ante la Asamblea una reforma a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). La reforma enfatiza la obligatoriedad de crear y aplicar protocolos que protejan a las mujeres de la comunidad universitaria. Esta fue discutida en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. La reforma se aprobó el 18 de julio sin mayor discusión y con apenas tres votos más de los necesarios en el pleno legislativo. No hubo abstenciones ni votos en contra. El partido que más votos brindó para su aprobación fue el FMLN.

“Trece de cada cien personas de la comunidad universitaria consultadas expresaron haber sido víctimas de violencia sexual en algún momento dentro del campus (de la UES), siendo las mujeres las más afectadas por los docentes”, concluye una investigación. Este estudio, de la académica María Rodríguez, se titula La Universidad de El Salvador como espacio de reproducción de la violencia de género.

Dicha investigación, realizada con el apoyo de la Universidad de El Salvador, afirmó que “la violencia sexual fue identificada como la segunda modalidad más reproducida en el campus. Un 27,19 % de la población consideró que esta se expresa con “amenazas que vulneran el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual”. 

“La UES es un reflejo de la sociedad salvadoreña, donde por ahora no existe un ambiente de respeto de los derechos humanos, sobre todo para las mujeres”, se lee en el documento. El año pasado, la Policía recibió 4,304 denuncias por violencia sexual en todo el país, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). En el 92 % de los casos, la víctima fue del sexo femenino.

Ninguna de las las universidades del país cuenta con un protocolo específico para prevenir, atender y dar seguimiento a las denuncias de acoso sexual. Movimientos feministas como la Mesa Interuniversitaria de Mujeres y la Colectiva Amorales, han sostenido que, al no contar con esos protocolos, se dificulta el proceso de denuncia dentro de las universidades.

Antes de la reforma recién aprobada, el artículo 21 de la LEIV ya indicaba que las universidades deben “reglamentar internamente las acciones de detección y prevención de toda forma de violencia contra la mujer”. Sin embargo, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, consideró que ese enunciado no había sido suficiente para que las universidades tomaran acciones concretas. A ese artículo, se le agregó un inciso que enfatiza la obligatoriedad que tienen las universidades para  “elaborar y aplicar sus respectivos protocolos de actuación para la atención de los casos de discriminación y violencia de género ejercidos contra las mujeres que forman parte de dichas instituciones”. 

“Es interesante tocar estos temas desde la derecha, o desde un partido como Arena porque, muchas veces, son en estos sectores conservadores donde hay más miedo o donde está más naturalizada la violencia hacia las mujeres”, dijo Josué Godoy. 

Universidades aceptan casos de acoso en sus campus

La UES no es la única universidad donde se registra este tipo de violencia de género. El Faro contactó vía telefónica y por correo electrónico a diecinueve centros de estudio superior del país. De esos, cuatro respondieron que sí han tenido conocimiento de casos de acoso sexual en sus instituciones. A pesar de ello, ninguno cuenta con un protocolo de prevención, actuación y seguimiento explícitamente creado para solucionar estas situaciones. 

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) tiene -desde el 2011- una Política Preventiva contra el Acoso Sexual. La política establece de manera general el procedimiento que se sigue cuando un estudiante o personal administrativo interpone una denuncia. Pero, para Lourdes Del Cid, quien forma parte de la Mesa Interuniversitaria y perteneció al Consejo Estudiantil de la UCA 2016-2018, la política es deficiente: “No trata prevención, atención ni acompañamiento, no tiene ni siquiera plazos”, señala.

Sin embargo, la aplicación de la política ha dado resultados. Del 2017 a la fecha, la UCA ha registrado ocho casos de acoso sexual. De acuerdo con la Dirección de Comunicaciones, solo en ese periodo, un docente fue denunciado por acoso y fue suspendido por diez meses sin goce de sueldo. Además, cuatro miembros de personal administrativo fueron despedidos por acosar a sus compañeras. Estas situaciones también han sucedido entre universitarios: “Tres estudiantes (fueron) denunciados por acoso a compañeras de carrera. Dos de ellos fueron amonestados por escrito y suspendidos por un semestre. El tercero fue expulsado de la universidad”, aseguró la UCA.

En la Universidad Politécnica las autoridades tienen el conocimiento de un caso de acoso sexual. La vicerrectora académica, Carla Puente, explica que una de sus estudiantes fue acosada vía whatsApp por un maestro. La universidad suspendió a ese docente por dos años y sospechan que hay más casos como este. “Imagino que deben haber otros casos, pero no nos enteramos porque las alumnas no lo denuncian”, dice a través de una llamada telefónica. 

Las universidades con inspiración cristiana tampoco están libres de acoso. Por ejemplo, la Universidad Cristiana Asambleas de Dios ha sabido de dos casos de acoso sexual en su institución. El centro de estudios afirma que la situación ha sido resuelta a través del “cese inmediato de las relaciones laborales” con las personas señaladas. 

La Universidad Luterana también ha registrado varios casos de acoso sexual. Antonio Hernández, quien trabaja como fiscal de la universidad asegura que la universidad sí sabe los pasos a seguir ante denuncias de esta naturaleza, pero que estos no se encuentran por escrito. 

“Yo tengo veinte años de trabajar en la universidad y a lo mucho que me han tocado son unos siete casos”, explica. “Seguimos un proceso y al final emitimos una resolución administrativa que casi siempre desemboca en la destitución de un profesor”.  En uno de esos casos, la estudiante denunció fuera de la universidad y llegó a juicio en 2018. El Faro buscó acceso al expediente en el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador, pero este cuenta con reserva total. Una fuente del juzgado se limitó a confirmar que se trataba de una acusación  en contra de un profesor. De acuerdo con el fiscal universitario, el docente fue destituido de la universidad, pero luego fue absuelto en los tribunales. 

Isabel Espinoza, la estudiante que denunció al profesor de bioquímica, sostiene que en la UES no encontró apoyo de las autoridades respecto a su caso: "Apoyo de la decana no tuve, tampoco de la Defensoría de los Derechos Universitarios". En la Asamblea, la diputada Audelia López recalcó que la reforma se hizo para enfatizar esta obligación a las universidades. Hasta la fecha, dijo la diputada, “no se cuenta con el debido procedimiento para atender a las víctimas” de violencia de género.

Keyla Cáceres, activista del colectivo Amorales confía que, con la reforma, se podrá fiscalizar a las instituciones: “A partir de ahora tenemos toda la potestad de exigirle a estas universidades el tema de la creación de los protocolos que, lastimosamente,  no toman como prioritario”.

*Con reportes de María Luz Nóchez

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad