La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso que pretendía cerrar definitivamente un caso de estafa y dejó intacta una orden para que los dos acusados, uno de ellos Carlos Paredes, el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), comparezcan por segunda vez ante un juzgado de Santa Tecla, donde tres víctimas les reclaman el pago de más de medio millón de dólares por un fallido negocio inmobiliario.
El siete de mayo de 2019, los magistrados declararon inadmisible una casación presentada por los abogados de César Augusto Alvarado Reyes y Carlos Federico Paredes Castillo. En términos prácticos, la decisión de la sala reinicia el proceso judicial hasta el siete de julio de 2017, día en que un juzgado cerró el caso. Ese cierre ya no cuenta.
La Fiscalía y los abogados querellantes de las víctimas tendrán la oportunidad, por segunda vez, de reclamar el pago de $754,333.79 dólares. Según la denuncia, tres mujeres pagaron esa cantidad a la inmobiliaria Lomas de Santa Elena, pero no recibieron los 26 lotes que se les prometió en una urbanización del mismo nombre, en Nuevo Cuscatlán. Los procesados firmaron esos contratos de promesas de ventas, entre el 2006 y 2008.
Los otrora apoderados de la inmobiliaria Santa Elena, a quienes les espera una segunda audiencia por estafa, tienen una larga carrera en la función pública.
Alvarado Reyes fue viceministro de vivienda durante el gobierno de Francisco Flores (1999-2004); en el 2010, fue uno de los técnicos urbanísticos del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) que participó en el proceso para fijar precio a unos inmuebles que Sigfrido Reyes, dirigente del FMLN, adquirió a precio preferencial, según una publicación de La Prensa Gráfica; fue regidor en el concejo municipal de Norman Quijano (2012-2015). Actualmente, según su perfil profesional en Linkedin, es director corporativo de Salazar Romero, la empresa procesada por la destrucción del sitio arqueológico Tacuscalco, en Sonsonate.
Paredes Castillo, por su parte, fue asesor de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), director de industria del Ministerio de Economía, y director de exportaciones del Organismo de Importaciones y Exportaciones de El Salvador (Proesa) durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), entre otros cargos. El pasado 11 de junio, el nuevo gobierno lo nombró presidente del BCR, la institución que tiene entre sus funciones “la de velar por el buen funcionamiento de los sistemas de pago del país”.
El Faro llamó al teléfono de Alvarado Reyes para conocer su versión ante el caso de estafa, pero no respondió. Quien si respondió a la solicitud de entrevista fue Paredes Castillo. El 27 de junio pasado, desde su oficina en el BCR, el funcionario dijo que el proceso en su contra está plagado de anomalías, que ni él ni la empresa deben dinero (son las víctimas las que tienen pagos pendientes, dijo); y justificó por qué, según él, no existe ningún problema para que un procesado por estafa esté al frente de uno de los principales bancos del Estado.
Lomas de… problemas
Santa Elena es sinónimo de exclusividad y plusvalía.
Lo que hoy es la residencial, antes fueron terrenos que alguna vez estuvieron cultivados de cafetos, entre Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán, dos municipios con altos índices de desarrollo humano. Aquellas fincas se convirtieron en punto de encuentro para inversionistas nacionales y extranjeros; para empresarios con ideología de derecha y de izquierda. Los cafetales se convirtieron casas, colonias y calles. Un oasis de residencias exclusivas.
Un salvadoreño que vive en Miami, Óscar Leonel Zaldaña Paredes, y un empresario alemán, Axel Preuss Kuhne, quisieron sacar rédito de aquella bonanza urbanística. El cuatro de febrero de 2004 ellos fundaron una empresa llamada Lomas de Santa Elena y unos meses después le otorgaron a los ahora procesados un “poder general, judicial, administrativo y especial”, para vender o hipotecar los terrenos de la compañía.
En realidad, la empresa no era dueña de ningún terreno. Las propiedades pertenecían al IPSFA, institución que firmó un acuerdo con Lomas de Santa Elena para desarrollar el proyecto urbanístico. El propietario de los inmuebles era el IPSFA, mientras que Lomas de Santa Elena la encargada de negociarlos. Los clientes hacían trato con el intermediario. Ante una posible caída del acuerdo, el IPSFA se comprometía a devolver los pagos de los clientes que estuvieran registrados en la contabilidad de la empresa. Nada más.
Esa es la raíz del litigio. Las víctimas, con comprobantes de depósitos en una cuenta del banco HSBC y recibos de Lomas de Santa Elena, aseguran que pagaron cuotas que no fueron registradas en la contabilidad de la empresa. Eso significa que cuando el acuerdo entre la inmobiliaria y el IPSFA se cayó, la institución estatal pretendió reembolsar un monto menor a lo pagado a la empresa. Para muestra un botón: las víctimas tienen comprobantes de pago por el lote 3 y 66 por un monto de 99 mil dólares, pero en la contabilidad de la compañía quedó registrado el pago de tres mil dólares. El IPSFA quiere devolver tres mil dólares, pero las victimas reclaman el pago de $96 mil más.
Según Edgar Morales Joya, abogado de las víctimas, un peritaje estableció que la compañía registró en su contabilidad $189,111.90, cuando los pagos fueron por un total de $754,333.79. El abogado dice que Paredes Castillo ocultó a sus clientes que los terrenos eran del IPSFA y hasta les hizo creer que se trataba de un bien familiar. Aunque no era el encargado de comercialización de los lotes, en su calidad de gerente general, Paredes Castillo fue la persona que negoció directamente los precios de los terrenos, dice el querellante.
Paredes Castillo responde que las víctimas no son víctimas. Dice que quienes reclaman dinero, en realidad, deben dinero. ¿Y el peritaje? “Ese es un tema que tiene que dirimirse judicialmente porque el peritaje se ha hecho con resultados que cada uno los interpreta a su modo (…) La interpretación de la empresa es que ellos le deben a la empresa y no al revés. Supóngase que haya esa diferencia a favor de las víctimas ¿Qué tiene que ver Carlos Federico Paredes con eso? Uno demanda al representante legal de una empresa no va demandar a una persona que por delegación firmó tres escrituras de arrendamiento con promesa de venta y por las cuales me imputan a mí un monto de más de 700 y pico mil de dólares”, dice.
El regreso al siete de julio
El 22 de octubre de 2010, las víctimas publicaron un anuncio en La Prensa Gráfica en el que pedían a Lomas de Santa Elena “tomar más en serio sus repetidas promesas” sobre la venta de unos terrenos. Nada pasó. Dos años después, esas víctimas demandaron a la empresa ante la Defensoría del Consumidor por $520,539.70.
La denuncia terminó en una conciliación. El IPSFA les entregó dos lotes valorados en $288,206.36 y el resto del dinero sería entregado en cheques. Las víctimas, sin embargo, no aceptaron esa devolución ($232,333,34) porque alegaban que era menor al monto que habían pagado a la empresa. Entonces, presentaron una denuncia en la Fiscalía que dirigía Luis Martínez, condenado por uso ilegal de escuchas telefónicas e investigado por corrupción.
El cinco de abril de 2016, cuando la Fiscalía era administrada por Douglas Meléndez, esa institución giró una orden de captura contra Paredes Castillo y Alvarado Reyes por estafa. El siete de julio de 2017, un juez reconoció que existía delito, pero que ya había vencido el plazo para perseguir a los culpables. “Se ha podido establecer una relación de causalidad; es decir que el medio de engaño que utilizaron los indiciados ha sido el adecuado para producir el error de las víctimas”, escribió el juez en su resolución.
Paredes Castillo y Alvarado Reyes fueron sobreseídos definitivamente. El caso fue cerrado. Las víctimas, sin embargo, presentaron una apelación ante la Cámara de Santa Tecla, alegando que la estafa no sucedió en un día sino en una serie de hechos que se prolongó durante varios años. Esos magistrados creyeron ese argumento y ordenaron que el juez repitiera la audiencia para determinar si hay pruebas que ameriten un juicio contra los señalados. “Estamos en presencia de un delito continuado, pues por medio de varias acciones y omisiones homogéneas reveladoras de un mismo propósito criminal se sorprendió la buena fe de las víctimas”, resolvieron los magistrados de cámara el tres de enero de 2018.
Los abogados de Paredes Castillo y Alvarado Reyes creían que el caso debía ser cerrado y que la cámara no valoró todas las pruebas. Por eso, presentaron una casación y llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados del máximo tribunal no hacen valoraciones sobre el fondo del litigio sino que se limitan a decir que el cierre definitivo no era definitivo porque existe la posibilidad de que un juez repita la audiencia. No es un caso cerrado en el sentido literal de la frase. El caso, entonces, retrocede en el tiempo. Todo está igual que antes del el siete de julio de 2017, cuando la justicia no sabía si habían pruebas suficientes para enjuiciar a Alvarado Reyes y Paredes Castillo por estafa.
Ahora que Paredes Castillo, el nuevo presidente del BCR, está a las puertas de una nueva audiencia por estafa, él cree que las víctimas se equivocaron de camino. Alega que ya existía una conciliación en la Defensoría del Consumidor y, por lo tanto, la denuncia que terminó con su captura no tenía ningún sentido. Agrega que en esa conciliación, él nunca figuró como apoderado de la empresa y, por tanto, la deuda es con la compañía no con él. La empresa Lomas de Santa Elena, por cierto, ya no existe.
El Faro le preguntó a Morales Joya, abogado de las víctimas, por qué no demanda a Axel Preuss Kuhne, el inversionista alemán al frente del proyecto. El abogado explicó que las víctimas nunca negociaron con el alemán sino con su representante, Paredes Castillo. “Él actuó como apoderado especial, era un representante legal para la lotificación. Él negoció directamente con las víctimas. Las engañó diciendo que era propietario. Ocultó que no tenían los permisos para esa urbanización. Realizó todas las acciones que configuran una estafa”, dice.
“Ellos optaron por una vía civil (caso ante la Defensoría de Consumidor). El IPSFA era responsable o de terminar el desarrollo de los lotes o de reintegrarles el dinero (…) Yo firmo esas escrituras al inicio de la urbanización, y varios años después vienen a buscarme a mi y a señalarme como el responsable, cuando nunca fui ni siquiera el representante legal. Yo no tengo responsabilidad legal de la empresa, asumiendo que hubiera ese problema”, responde Paredes Castillo.
El nombramiento en el BCR
El 11 de junio de 2019, dos semanas después de que la Sala de lo Penal reviviera el caso de estafa contra los apoderados de Lomas de Santa Elena, el nuevo gobierno de Nayib Bukele juramentó a Paredes Castillo como nuevo presidente del BCR.
¿Qué pasaría si un acusado de estafa llegara a dirigir algún cargo financiero que requiera credibilidad?
Esa última pregunta rondó, en algún momento, la cabeza del actual presidente del Banco Central de Reserva. “Se me presentó de parte del emisario del señor presidente una oferta para que yo formara parte de Nuevas Ideas, encargado del tema de inversiones, a lo que yo me sentí muy honrado, pero mi respuesta fue decirles: resolvamos antes este tema de lo penal (el caso de estafa agravada)”.
Paredes Castillo consideró que el caso de estafa era un obstáculo para formar parte de Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele. Sin embargo, cuando el presidente le ofreció dirigir el BCR consideró que eso ya no era un obstáculo. “Tanto el equipo de el presidente como mis abogados sabían que no hay derecho que me hayan conculcado a mí. ¿Y no el señor presidente de la República ha sido demandado en una cantidad enome de casos y ha salido avante en todo? Los invito a que identifiquen si hay alguna condena de un juez, y si la hay que la publiquen y la muestren a sus lectores”.
El nuevo presidente del BCR defiende su derecho constitucional a la defensa y a la presunción de inocencia. “El presidente de la República (Nayib Bukele) no ha cometido ninguna ilegalidad en nombrarme como presidente del banco. La ley orgánica (del BCR) cautela mi derecho también”. Paredes Castillo insiste, con razón, en que hasta ahora nadie le ha vencido en juicio.
Jaime López, exempleado de la Corte de Cuentas y actual investigador en temas anticorrupción y transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dice que las leyes no prohíben que un procesado por estafa esté al frente de una institución estatal que tiene incidencia sobre el sistema financiero del país. “El hecho que tenga un proceso judicial no es inconveniente para que sea nombrado, pero se supone que en la evaluación de perfiles eso debe tomarse en cuenta. Si diez personas aplican a un puesto, el que tenga procesos judiciales está en desventaja y eso no significa que sea culpable. El hecho que tenga procesos judiciales pendientes genera dudas. En el sector financiero la credibilidad es muy importante”.
Lejos de la formalidad de la ley, la denuncia por estafa significa que al actual presidente del BCR debe comparecer, de nuevo, ante un juez. El funcionario matiza así: “El presidente conoce perfectamente de los antecedentes y él toma la decisión sabiendo de mis antecentes. Todo el equipo del presidente ha sabido a lo largo de mucho tiempo sobre mi situación”.
