La información del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que nuestro padrón electoral contiene más de 5.1 millones de ciudadanos y ciudadanas 'aptos' para votar no deja de reflejar una imposibilidad estadística de primer orden. Basta con echar un vistazo a estadísticas básicas sobre población para darse cuenta que esto es imposible.
Según el último Censo de Población y Vivienda de 2007, el número de habitantes de El Salvador era de 5,747,113. De este total, la población menor de 18 años (es decir, los que no pueden votar), era de 2,307,306 (cifra aproximada, pues el censo da la población da datos de 0 a 19 años). En principio, con capacidad de votar quedan únicamente 3,439,807 personas. Esto sin contar a todos aquellos que han perdido los derechos de ciudadanía, ya sea por crímenes cometidos o por renuncia a la nacionalidad. Todos ellos representan otros cuantos miles que deben ser descontados. Y sin embargo, el TSE dice que nuestro padrón cuenta con 5.1 millones de votantes. Esto significa que la población votante, en los últimos 10 años, ha crecido a una velocidad de medio millón más de votantes por año, lo cual es imposible, dada la tasa de natalidad que en nuestro país ya está por debajo del 2%.
¿Por qué de esta anomalía tan gruesa entre el padrón electoral y los datos del Censo? El presidente del TSE daba una razón: las alcaldías no reportan todas las defunciones y el TSE solo puede retirar a una persona del padrón con un documento oficial. Esta razón es correcta y tiene su origen en nuestra equivocada manera de hacer reformas políticas. Efectivamente, la introducción del padrón Electoral y del Registro de Personas Naturales son dos importantes pasos tanto para la modernización del Estado como para la transparencia electoral. Sin embargo, la fuente de información tanto para el RNPN, como para el TSE, son las alcaldías, instituciones con registros de personas naturales con métodos anticuados, falibles, engorrosos y falsificables, amén de contar con personal escaso e inadecuado.
Las fallas de origen en las alcaldías hacen que el sistema moderno no pueda funcionar de acuerdo con su dinámica (electrónica e impersonal), sino que dependa de dinámicas o procedimientos atrasados y poco confiables. El resultado neto de esta incongruencia es que el padrón electoral cada año se infla innecesariamente.
Este padrón inflado acarrea otro problema: siempre se señala que el número de votos emitidos en cada elección aumenta, pero eso, en realidad, poco importa en este escenario. Como se calcula el abstencionismo en base a las cifras de un padrón inflado, aunque el número de votantes aumente, el abstencionismo aumenta aun más, porque la cifra de referencia (el padrón) contiene un conjunto cada vez más grande de registros que deben depurarse (el de aquellos que ya no pueden ejercer sus derecho/deber de votar, simplemente porque ya pasaron a mejor vida).
Al presidente del TSE se le pasó por alto otra causal de inflamiento y es la generalizada costumbre de los y las salvadoreñas de cambiarse de nombre a lo largo de su vida. No son pocos los casos en que aun con la partida de defunción de la persona, ni el RNPN ni el TSE pueden hacer la corrección en sus padrones, dado que no coincide el nombre en las dos partidas. ¿Cuántos casos de estos tenemos? No lo sé, pero podríamos preguntarle al RNPN y ellos podrían iluminarnos.
La conclusión de este análisis es que el remedio al problema de lograr un padrón electoral más veraz y ajustado a la realidad no está en esperar la modernización de las alcaldías –o en la superación de nuestra tendencia a cambiar de nombre- sino en una reforma al menos en el padrón electoral. Yo me atrevería a extenderla a la ley del RNPN, para que se permita modificar ambos registros en el sentido de que tengan procedimientos legales y confiables para excluir a personas del padrón cuando los casos ameriten.
En el caso del padrón electoral podría ser menos complicado suprimir los registros de los difuntos, pues bastaría establecer un procedimiento para suspender del registro a un ciudadano que deje de votar, en forma consecutiva, durante 12 años (cuatro elecciones de diputados y alcaldes). Este procedimiento debería de ir acompañado de una publicidad que informe sobre los pasos para la reinstalación de ese ciudadano al registro electoral, en caso de que reaparezca en El Salvador. La reforma debería plantear, además, los pasos a seguir para aquellos que reaparezcan en el extranjero.
