Este hombre tiene ahora setenta y dos años y la parsimonia de su edad, maneras civilizadas y pocas, muy pocas sonrisas. O al menos así se mostró durante las tres semanas en las que escuchó, sin mover un párpado, verdaderos cuentos de horror de la época en que portaba uniforme y daba órdenes desde su despacho como viceministro de Defensa. Tampoco se le vieron reacciones cuando escuchó la sentencia. Elegantemente vestido con traje oscuro y corbata de seda, se negó a dar declaraciones y abandonó el salón de audiencias número cuatro de la Corte Federal de Memphis.
Fue un veredicto que hasta su propio abogado, Robert Fargarson, veía venir desde que el jurado comenzó a deliberar a puerta cerrada. “Tenemos que esperar el veredicto, pero no se ve nada bien”, respondió Fargarson a una solicitud de entrevista con su cliente dos días antes de que el jurado alcanzara su decisión unánime el pasado viernes 18 de noviembre.
“Esto es justicia, no venganza”, dice Francisco Calderón, uno de los acusadores cuyo padre, maestro de escuela y miembro de ANDES, fue asesinado frente a él por hombres encapuchados y armados cuando Carranza era viceministro de Defensa. “Aquí vinimos a llorar nuestra cobardía de no quedarnos allá. Voy a dar ese dinero para que sigan buscando asesinos”.
No fueron sólo los testimonios de las víctimas y de expertos. Una cantidad abrumadora de documentos y una fiscalía que preparó muy bien el caso terminaron con la vida apacible (ver nota aparte) del también ex director de la Policía de Hacienda.
Entre los documentos había incluso declaraciones del propio Carranza como la siguiente, hecha a un periódico estadounidense en los años ochenta: “Los escuadrones de la muerte aparecieron primero en Brasil. Eran policías que mataban criminales. Nosotros también encontramos que el sistema de justicia no castigaba a los terroristas, así que tuvimos que tomar nuestras propias medidas”.
EL FARO intentó hablar con Nicolás Carranza, haciendo a su abogado varias solicitudes para ello.
La defensa, que basó toda su estrategia en intentar demostrar que su cliente actuaba bajo las órdenes del entonces ministro de Defensa, Guillermo García, presentó sus testigos. Entre ellos al diputado Alejandro Dagoberto Marroquín, quien después de presentarse como “representante del gran Partido de Conciliación Nacional” testificó que había donado pinturas a Carranza cuando este era director de la Policía de Hacienda, para que pudiera pintar las celdas de los reos.
Daniel Alvarado, otro de los acusadores, habló de esas celdas en las que fue torturado para confesar el asesinato de un asesor estadounidense. Fue Carranza quien lo presentó a los medios de comunicación extranjeros en 1983 para que confesara el crimen. Pero una investigación del FBI concluyó después que Alvarado no había tenido participación alguna en el asesinato, lo cual permitió su liberación y, en buena medida, significó el fin de la carrera militar de Carranza.
Alvarado ha ganado el caso, pero tampoco sonríe. “No he vuelto al país ni pienso hacerlo. Este juicio empeora las posibilidades, pero era necesario. Soy inocente de lo que se me acusó, pero ninguna autoridad en El Salvador lo reconoció hasta la fecha”. Hace dos semanas, en declaraciones a este periódico, el ministro de Defensa y yerno de Carranza, general Otto Romero, lo llamó un “terrorista de las FPL”. Alvarado también se defiende de esto y asegura que jamás perteneció a ninguna organización del FMLN. La prueba, dice, es que tras el secuestro de la hija de Napoleón Duarte, el FMLN no lo incluyó en la lista de prisioneros políticos para canjear.
También responde a otras declaraciones de Romero a este mismo medio, en las que aseguraba que en el juicio de su suegro se estaban contando cosas que en El Salvador “a la gente hasta le podría dar risa”. “Si a la gente le causa risa la tortura de una persona es probable que son personas enfermas. Lo que yo he relatado ha sido corroborado por el FBI”.
Heridas abiertas, heridas cerradas
La Ley de Amnistía, decretada en 1993 tras los acuerdos de paz en El Salvador, impide llevar a juicio a individuos acusados de crímenes de guerra. Quienes la defienden sostienen que es una condición necesaria para la reconciliación nacional, y que además incluye a quienes participaron en ambos bandos del conflicto armado. Los ex presidentes Cristiani, Calderón Sol, Flores y el presidente Saca han sostenido en su momento que no tiene sentido reabrir heridas, y que el país debe mirar hacia el futuro y no hacia el pasado.
Pero para quienes vinieron a Memphis a sentar a Carranza en el banquillo de los acusados las heridas no se reabren, simplemente porque no han cerrado. “Siento que estoy representando a todos los que murieron en esa guerra y han sido olvidados. A mí jamás me pidieron permiso para esa amnistía”, dice Erlinda Franco, viuda de Manuel Franco, dirigente del Frente Democrático Revolucionario asesinado en 1980 junto a sus compañeros de partido. Y de ello no culpa sólo a quienes asesinaron a su esposo. “A él la derecha me lo mató físicamente, pero la izquierda mató su recuerdo”. Ahora que ha ganado el juicio, Franco cree que simplemente está devolviéndole la dignidad a su esposo, haciendo por fin justicia. “A lo mejor Dios me guardó para este momento”, dice.
Calderón, el hijo del maestro asesinado, tampoco cree en amnistías. “Para ellos es muy fácil hablar de cerrar heridas, porque no han tenido muertos. Yo ya había ganado en este juicio desde que lo vi (a Carranza) sentado en el banquillo de los acusados”.
Para poder hacerlo, los abogados de la parte acusadora recurrieron a dos extrañas leyes. El Alien Tort Claims Act, una ley aprobada en 1789, permite a víctimas de violaciones a los derechos humanos de cualquier lugar del mundo llevar a juicio a los perpetradores que estén en Estados Unidos. La otra, llamada Torture Victim Protection Act, fue aprobada en 1992 y da iguales derechos a víctimas de quienes hayan cometido estas violaciones “bajo la actual o aparente autoridad de cualquier nación extranjera”.
El Centro para la Justicia y la Transparencia (CJA, por sus siglas en inglés), un grupo de abogados de San Francisco, ha abierto y ganado tres juicios de esta naturaleza relacionados con El Salvador: Ramagoza contra García y Vides Casanova, en el cual los ex ministros de Defensa Guillermo García y Eugenio Vides Casanova fueron juzgados y encontrados culpables en Florida. Doe contra Saravia, juicio en ausencia contra el ex capitán Álvaro Rafael Saravia, acusado y encontrado culpable del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El juicio contra Nicolás Carranza es el más reciente.
La cuarta acusadora en el juicio es Cecilia Santos, quien siendo estudiante fue secuestrada de un centro comercial en San Salvador en 1983, torturada y mantenida en prisión por tres años. Salió libre gracias a una amnistía general y emigró a Estados Unidos.
Una quinta acusadora, Patricia Chávez, fue forzada a observar el asesinato de sus padres, ambos maestros y miembros de ANDES, en 1980. El jurado no pudo llegar a una decisión unánime con respecto a la responsabilidad de Carranza en este caso, por lo que no fue incluido en el veredicto final.
La defensa de Nicolás Carranza ha adelantado ya que apelará la sentencia. “Llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia (de Estados Unidos) si es necesario”, advirtió Fargarson a la agencia de noticias AP, y agregó que su cliente no tiene dinero para pagar las exorbitantes cantidades impuestas por el jurado.
Carranza también habló en el juicio. En su intervención aclaró que de lo único que se arrepentía durante su carrera como militar era de haber sido, al mismo tiempo, agente de la CIA estadounidense.
