El sábado por la tarde, la cuenta de twitter de la Policía Nacional Civil publicó un póster de dos agentes policiales, un hombre y una mujer, debajo de las las letras “NUEVOS TIEMPOS, HÉROES DE EL SALVADOR”. La foto iba acompañada por un texto: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.
La frase, que no fue atribuida en el mensaje policial, es del libertador argentino José de San Martín, que la pronunció durante la primera mitad del Siglo XIX, cuando las naciones ejercían su poder sin más límites que los religiosos, militares y financieros.
El mensaje provocó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, que iban desde el apoyo a la PNC hasta la condena por emitir mensajes reminiscentes de los tristemente célebres escuadrones de la muerte. Han pasado muchas cosas en este país desde las guerras independentistas.
Admitir en estos momentos la frase del libertador presupone que, efectivamente, la patria está en peligro. ¿Quién la ha puesto en peligro? Cabe pensar que la PNC ha identificado a las pandillas como las responsables. Los números sustentan esta suposición: El Salvador es ahora el país con la más alta tasa de homicidios en el mundo, la mayor parte de los cuales son atribuidos a las pandillas que, tras el fin de la tregua, han sido declaradas enemigos por la actual administración; y estas pandillas han respondido con un obsceno derramamiento de sangre y declarado a los policías y a sus familias como objetivos. Una treintena de agentes policiales han sido asesinados por pandilleros en lo que va de año.
Hay desde luego otros elementos que ponen en peligro a la patria, entre ellos la corrupción, la pobreza, la emigración y la falta de identidad, por nombrar a unos cuantos. Pero dado que ninguno de esos elementos han sido asignados a la policía para su corrección, doy por hecho que, efectivamente, el mensaje policial identifica a las pandillas como el elemento que ha puesto en peligro a la patria.
¿Qué significa que, para defender a la patria de ese peligro, todo está permitido —“salvo no defenderla”—? En la actual coyuntura, varios agentes policiales han sido acusados por la Fiscalía, o señalados por la PDDH y notas periodísticas, por participar en ejecuciones extrajudiciales contra pandilleros y contra ciudadanos sin pertenencia criminal que se encontraban en el lugar y momento en que estos agentes, pensando que estaban defendiendo a la patria, asumieron que, efectivamente, en esta “guerra” todo está permitido. Incluyendo las ejecuciones extrajudiciales.
En Los hermanos Karamazov, Dostoievsky escribió: “Si Dios no existe, todo está permitido”. Más allá de la figura todopoderosa de la divinidad, al fondo de la afirmación de Dostoievsky se encuentra la necesidad de una autoridad —divina, religiosa, política, militar o civil— que regule y supervise nuestros actos. En el ámbito religioso, nuestros actos personales. En el político o civil, nuestros actos públicos, como ciudadanos o miembros de una sociedad.
En otras palabras, las sociedades modernas requieren de un cuerpo de reglas que organice la convivencia entre sus miembros y ponga límites, que asigne derechos y deberes a los ciudadanos. Y de autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de esas reglas,q ue a su vez están obligadas a rendir cuentas a los ciudadanos a los que sirven. En nuestro país, ese cuerpo de reglas es la Constitución y las leyes subordinadas, que determinan qué está prohibido para los ciudadanos y qué está permitido para las autoridades políticas.
La Policía tiene como principal misión garantizar e imponer el estado de derecho en el país mediante las herramientas que ese mismo estado de derecho le faculta y con los límites allí establecidos. La patria le ha asignado el monopolio de la fuerza con la condición de utilizarla conforme a la ley. La historia de la patria salvadoreña nos ha dejado suficientes lecciones de las consecuencias de no controlar a los cuerpos de seguridad y al poder político.
La Policía Nacional Civil nació justamente porque, para poner fin al conflicto armado, las partes admitieron que había que establecer un nuevo cuerpo policial subordinado al control ciudadano y debidamente regulado. Que la nación ya no podía continuar bajo la mirada vigilante, impune y represora de cuerpos de seguridad que durante toda la dictadura militar actuaron bajo el presupuesto de que, como la patria estaba en peligro —el comunismo—, todo estaba permitido. La cantidad de víctimas del terror desatado por los cuerpos de seguridad persistirá para siempre en la memoria nacional. Las partes firmantes admitieron, correctamente, que las barbaries cometidas por los viejos cuerpos de seguridad eran tales que era ya imposible civilizarlos. Por eso necesitábamos diseñar un nuevo cuerpo de seguridad, que naciera desde la sociedad. La PNC. Eso es lo que la hizo tan ejemplar. Fue diseñada como una Policía civilizada.
Por eso el tuit de la corporación es tan grave. Manifiesta que está dispuesta a retornar a las prácticas barbáricas del pasado y a negarse a rendir cuentas a un Estado que le impone límites.
Si la institución encargada de velar por el Estado de Derecho viola ese mismo Estado, está negándolo. Sin Estado de Derecho ya no hay Estado funcional. Ya no hay civilización. Admitir la cita policial es, contrario a lo que pretende, admitir que la patria ya no tiene instrumentos para defenderse. Que la patria ha sucumbido; y con ella sus aspiraciones de civilización.
El domingo, a media mañana, el mensaje fue borrado por la misma corporación policial y sustituido por otro, con la misma foto, acompañada por un nuevo texto: “Nuevos tiempos por la seguridad ciudadana, con pleno respeto a los derechos humanos”. Este último mensaje fue reproducido por el director policial, Howard Cotto, en su cuenta personal.
La corrección policial ha sido no solo tardía, sino absolutamente insuficiente comparada con la gravedad del acto original, que reivindica las acciones de agentes al margen de la ley.
Actualmente hay una investigación en curso en la Fiscalía contra agentes policiales acusados de haber asesinado a sangre fría a un joven, durante la captura y posterior muerte de pandilleros en una finca en San Blas. A ello se agregan varias investigaciones periodísticas que hacen sospechar de que lo de San Blas no es un caso aislado, sino una práctica habitual entre algunos agentes policiales.
La respuesta tanto del director de la policía, Howard Cotto, como de su antecesor y hoy ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ha sido públicamente apoyar a sus agentes y negar que haya conductas incorrectas. En otras palabras, cerrar filas.
Los responsables de la seguridad pública, pues, han preferido proteger a sus agentes antes que abrir la corporación a investigaciones sobre sus actuaciones.
Pero ambos, el ministro y el director de la PNC, que son policías de carrera, deben saber que la mejor manera de defender a la patria es disciplinar a la policía para que actúe conforme a lo que esa misma patria le obliga, y darle los recursos para que cumpla con esa demanda.
En la actual batalla contra las organizaciones criminales, esa patria urge que sea el Estado de Derecho el que triunfe sobre los criminales. Que triunfe la civilización por encima de quienes la amenazan. Por eso es tan necesario defender a la Policía. No solo dotándola de las condiciones necesarias para librar la batalla que se le exige, sino también, en este caso, defendiéndola de las tentaciones de sus miembros más desesperados. Si admitimos que la Policía actúe fuera de la ley, la patria habrá perdido la batalla. Porque su Policía será también criminal.
En su libro El país que quiero, el presidente Salvador Sánchez Cerén reivindica su derecho a la utopía y dice: “El Salvador es un país chiquito que aspira a ser algún día un gigante moral”. La única forma de alcanzar esta hermosa aspiración es adecuar las conciencias con el cumplimiento de los deberes. Y no olvidarlo nunca.
