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Corte Suprema remueve a cuatro jueces que tramitaron casos de Enrique Rais

Entre los 21 jueces que fueron trasladados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hay cuatro jueces que con sus fallos favorecieron a Enrique Rais, el empresario acusado en una red de corrupción judicial. Los magistrados respondieron a los señalamientos de falta de voluntad en la depuración judicial con un movimiento masivo de jueces que, aunque no destituye a nadie, aparta de San Salvador y Santa Tecla a los juzgadores.

 
 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, durante su ingreso al Salón Azul, para participar en la rendición de cuentas del segundo año de gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén, el pasado 1 de junio. Este 20 de septiembre, los magistrados realizaron un movimiento masivo de jueces. Foto El Faro: Víctor Peña
 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, durante su ingreso al Salón Azul, para participar en la rendición de cuentas del segundo año de gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén, el pasado 1 de junio. Este 20 de septiembre, los magistrados realizaron un movimiento masivo de jueces. Foto El Faro: Víctor Peña

 

La Corte Suprema de Justicia removió este martes 20 de septiembre a 21 jueces de la capital, incluidos entre estos a cuatro jueces que con sus fallos han favorecido a los intereses de Enrique Rais, el empresario procesado por una trama de venta de justicia junto al exfiscal Luis Martínez.

La resolución de la CSJ no destituye a ninguno de estos jueces, pero sus traslados de la capital hacia juzgados de la periferia supone una respuesta a los señalamientos del Fiscal General, Douglas Meléndez, quien en las últimas semanas dijo que tuvieron que pensar a qué juzgado presentar la acusación contra el exfiscal general Luis Martínez, por la desconfianza que tienen en los jueces del área metropolitana. Los traslados tampoco implican descensos de categoría, pero sí el ostracismo de los juzgados en los que se atienden los casos de mayor relevancia, como los delitos de corrupción en la administración pública.

Los traslados ocurren, además, 20 días después de que Meléndez denunciara la existencia de “clicas” -cómo se conocen las células de las pandillas- en el Órgano Judicial. 

Entre los jueces removidos están Evelyn del Carmen Jiménez Solís, Levis Italmir Orellana, Rolando Corcio Campos y Delfino Parrilla Rodríguez. En los juzgados bajo adminsitración de estos jueces, Enrique Rais obtuvo fallos favorables a sus intereses en cuatro casos distintos. En tres de ellos, los jueces ordenaron detenciones o abrieron procesos en contra de personas demandas por Rais. En el caso más reciente de todos, la jueza Jiménez Solís decretó que Rais enfrente en libertad el proceso en el que se le acusa de participar de la trama de venta de justicia en la que también están procesados su sobrino, el exfiscal general Martínez, un exjuez de paz, su suplente, un fiscal, abogados y un experito del Instituto de Medicina Legal, institución adscrita al órgano judicial. 

La versión oficial de los traslados que dio la Corte habla de medidas administrativas para "aprovechar la experiencia de algunos jueces". Los cambios serán efectivos a partir del 1 de octubre de este año.

La Corte Plena votó, uno por uno, por las 21 decisiones de traslados. Un magistrado que participó de la decisión dijo a El Faro que los cambios se originaron a partir de la petición del fiscal general, quien en una reunión les expresó lo dificil que era confiar en los jueces. El punto de los traslados entró en la agenda de Corte Plena de este día con los votos de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, más los votos de los presidentes de las otras tres salas de la Corte. Otro juez que estuvo al tanto de la decisión también habló con El Faro en condición de anonimato. Dijo que "lo del Fiscal lo que hizo fue acelerar, y darle mayor énfasis a esa necesidad de combatir la corrupción". 
 
Quienes sí quisieron dar respuestas on the record fueron los magistrados Sidney Blanco y Rodolfo González. Blanco, miembro del equipo que en la Corte plena supervisa y acompaña al Departamento de Investigación Judicial de la CSJ, recién ha declarado que "hay una mora de 700 investigaciones contra empleados del órgano judicial". Esta vez, preguntado sobre si estos traslados responden a una estrategia de combate a la corrupción judicial, él responde que lo llamaría "acciones administrativas" para fortalecer y renovar al órgano judicial.  
 
El magistrado Rodolfo González consideró que se trata de medidas administrativas para "oxigenar al sector de jueces de Paz y penales de San Salvador y su periferia".

En el comunicado oficial, la Corte Suprema explicó su decisión con la obligación constitucional de “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias”.  

El movimiento de jueces ocurre después de que la Fiscalía haya ejercido presión en público y en privado para que la Corte Suprema agilice su proceso de depuración interna, que tiene una mora de 700 investigaciones. Meléndez incluso dijo el 24 de agosto, en la radio 102.9, que muchos fiscales se refieren al centro judicial Isidro Menéndez, como un "centro comercial".  Además, el 6 de septiembre, la Dirección de Áreas Especializadas y la jefatura fiscal de la zona oriental del país señalaron, en una conferencia de prensa, que en la investigación de una red de corrupción en San Miguel se incluyen no solo pandilleros y narcotraficantes sino también empleados del Órgano Judicial –entre ellos un colaborador de la Sala de lo Constitucional-, jueces, exfiscales, y abogados. Y los señalamientos no son nuevos: ya en 2011, el magistrado Florentín Meléndez acusó a su colega Ulices Guzmán de proteger a jueces corruptos.
 
¿Quiénes son lo jueces trasladados?

Evelyn Jiménez, la jueza que permitió a Enrique Rais y al resto de los procesados salir libres bajo fianza en la trama por venta de justicia, regresará del Juzgado Séptimo de Paz, donde ejercía una suplencia, al Juzgado de Paz de Ilopango, donde es propietaria. Jiménez es la jueza que dirigió la maratónica audiencia inicial del caso de corrupción judicial por el que también está acusado el exfiscal general Luis Martínez. Ella resolvió que todos los imputados corrompieron la justicia, pero a pesar de eso les permitió continuar el proceso en libertad. La Fiscalía apeló esa decisión y se quejó además de que la jueza no permitió que se escucharan los audios de intervenciones telefónicas entre Rais, el juez Romeo Aurora, y Ernesto Gutiérrez y Luis Peña, los últimos ambos abogados de Rais. Jiménez dio marcha atrás de su decisión, puesto que en un primer momento si había autorizado la reproducción de los audios. Evelyn Jiménez deja una vacante que ocupará Carlos Alberto Valiente Henríquez, el juez de Paz de Santo Tomás.

Levis Orellana es el juez que envió dos veces a Francisco Flores a su casa en el proceso que el expresidente salvadoreño enfrentó por corrupción. Orellana estaba en el juzgado 1° de Instrucción de San Salvador cuando conoció el caso Flores. Orellana también ordenó que Mario Calderón, exsocio de Enrique Rais, estuviera detenido mientras enfrenta una acusación por el delito de extorsión en el que la víctima es el propio Rais. En febrero de 2015, el juez Orellana fue sancionado y removido del caso Flores por no contestar a tiempo una petición de información que hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Luego de ese incidente, pasó al Décimo de Instrucción capitalino, donde estaba hasta ahora. Cambiará de lugares con Roberto Calderón, el juez Primero de Vigilancia Penitenciaria.

Rolando Corcio, juez Sexto de Sentencia de San Salvador, cambiará de oficina con Ernesto Bladimir López Cruz, el juez de Instrucción de San Marcos. Corcio es el juez que estaba a cargo del caso de amenazas en el que Rais asegura haber sido víctima de Claudia Herrera, abogada, esposa de Mario Calderón, un exsocio de Rais en la empresa MIDES. Ese es el proceso en el que la Fiscalía asegura que un psicólogo del Instituto de Medicina Legal fabricó una pericia. Los abogados de Herrera, Pedro Cruz y Berta Deleón, solicitaron que Corcio se recusara de conocer ese caso, entre otros motivos, porque Luis Peña, uno de los abogados de Rais, trabajó con Corcio hace años. Peña es uno de los imputados en el caso Rais Martínez a los que la jueza Jiménez benefició con medidas alternativas a la prisión.

El cuarto juez vinculado a los procesos Rais es Delfino Parrilla Rodríguez, quien estaba tramitando la demanda por difamación y calumnia que Enrique Rais interpuso contra el periodista Héctor Silva Ávalos. Parrilla ha acumulado 19 procesos en el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia y, hasta agosto de 2015, ocho de esas denuncias estaban vigentes. Una de esas denuncias es por prevaricato, es decir, por resolver contrario a la ley en el caso en que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió a los acusados por la contaminación ambiental que causó Baterías Record, en San Juan Opico. Parrilla será trasladado al juzgado de Instrucción de Ilopango.

Otra de las juezas de Sentencia de Santa Tecla, Vilma Melara, presentó su renuncia a la Corte el pasado 1 de septiembre, según informó a El Faro una fuente judicial. En sustitución de Parrilla y Melara llegan Cruz Vásquez, el juez de Paz Tenancingo Cuscatlán, y Wilfredo Hernández Ayala, juez de Paz de San Rafael Cedros. En 2012, la Fiscalía acusó a Vásquez de cometer un error que casi pone en la calle a Misael Cisneros Rodríguez, alias Medio Millón, un pandillero ligado al Cartel de Texis. Mientras que Hernández fue juramentado en agosto de 2015 como juez especializado de Sentencia suplente de San Salvador.

Los cambios también llegan a dos de los 10 jueces de Instrucción de San Salvador. El juez Cuarto de Instrucción, Aristarco Chavarría, sufrirá una permutación con el juez de Instrucción de Apopa, Rigoberto Chicas. En el Juzgado Cuarto de Instrucción se encuentran los procesos penales históricos de la masacre de los jesuitas y del magnicidio de monseñor Óscar Romero. La esposa de Chavarría, Patricia Cruz de Chavarría, también será parte de una permuta con el juez Primero de Instrucción de Soyapango, Osmín Mira Montes.

Nelly Edith Pozas Henríquez regresa a su puesto de propietaria en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, donde había sustituida por Abelina Cardoza Rivera, quien es la jueza propietaria de Nahuizalco.  Pozas estaba ejerciendo como jueza de lo Civil en Cojutepeque, donde la Corte nombró a Apolonio Tobar. Mientras que Abelina Cardoza será asignada al Juzgado Tercero de Paz de Soyapango.

El juez tercero de paz de Soyapango, Salomón Landaverde, tomará el lugar de Inés Cuchilla Taura, en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Cuchilla fue la jueza que avaló algunos de los allanamientos que la Fiscalía solicitó para la investigación contra el expresidente Mauricio Funes. En el juzgado de Instrucción de Ilopango, Gilberto Ramírez Melara sustituirá a Carolina Méndez de Chicas, quién se traslada a Instrucción de Mejicanos.

Dentro de todos los traslados, solo hubo un ascenso. Martín Rogel, juez Tercero de Sentencia de San Salvador, se convierte en magistrado de la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador. Rogel es actualmente suplente de la CSJ. Por su parte, Edith Godoy, magistrada de la Cámara de Menores de Santa Ana, pasa a la Cámara de Menores de San Salvador. En su lugar queda Berta Delmy Orellana.

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