Publicidad

El Salvador no llega a fin de mes en octubre

El país está al borde del impago, es decir, ante la incapacidad de enfrentar sus gastos de cada día. Si no se toma medidas de emergencia, el Estado salvadoreño caería en esa situación a más tardar en octubre. Esto tiene ya a los principales partidos políticos -Arena y FMLN- negociando un acuerdo fiscal que salve al país de incumplir sus obligaciones. Ante este escenario, el Fondo Montario Internacional recomienda aumentar dos puntos al IVA, recortar el gasto estatal y frenar todo aumento al salario mínimo.

 
 

Si Arena y FMLN no logran acuerdo en el corto plazo, El Salvador no tendrá recursos financieros suficientes para cumplir todas sus obligaciones a partir de octubre próximo, según ha explicado el gobierno salvadoreño a representantes de todos los partidos políticos con representación legislativa, a quienes ha pedido apoyo para tomar medidas de emergencia.

Este escenario, que en términos técnicos se llama “impago”, implica entre otras consecuencias la imposibilidad de pagar a proveedores del Estado, de entregar salarios, de hacer abonos a la deuda pública y de pagar pensiones. Por esto, el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, ha estado reuniéndose a lo largo de las últimas semanas con dirigentes de todos los partidos, incluidos dos de los expresidentes de la República, Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani -ambos del partido opositor Arena-, para buscar  acuerdos básicos que permitan salir de la crisis, según expusieron a El Faro cuatro testigos directos de estas reuniones realizadas en casa presidencial, pertenecientes a los partidos FMLN, Arena, PCN y PDC.

Las negociaciones pasan por aprobar mil 200 millones de dólares en deuda, que son los que necesita el gobierno para cumplir con todas sus obligaciones de este año. La aprobación de este endeudamiento también está supeditada a una serie de acuerdos de corto y mediano plazo: una ley de responsabilidad fiscal que obligue al Estado a regular sus gastos y su deuda; aumentar en dos puntos el IVA -Arena y FMLN hablan de eximir de este aumento a los productos de la canasta básica-, un impuesto al patrimonio a personas con activos superiores al millón de dólares y una reforma de pensiones diferente a la propuesta por el Ejecutivo en febrero pasado.

Este tipo de medidas tiene como fin una meta nunca vista en el Estado salvadoreño: aumentar los ingresos y simultáneamente recortar el gasto. Esto debería permitir que el déficit de mil 200 millones de este año disminuya en 2017. La proyección oficial es que el próximo año el gobierno requerirá -otra vez- de un poco más de mil 200 millones para acabarlo sin dejar de cumplir sus compromisos financieros.

Las negociaciones entre altos funcionarios del gobierno, altos dirigentes del partido FMLN en el gobierno y Arena comenzaron en abril, según confirmó a El Faro la diputado Ana Vilma de Escobar, exvicepresidenta de la República durante el último gobierno arenero (2004-2009). Estas negociaciones se han intensificado debido a la crisis, según confirmó a El Faro el diputado Donato Vaquerano, también de Arena, uno de los representantes de partidos que han participado en estas reuniones. Tanto Vaquerano como Escobar evitaron dar detalles de cuándo se realizan y quiénes más participan en esas reuniones. “Yo no te puedo decir que he estado en una en la que hayan participado los expresidentes Calderón Sol o Cristiani, pero te digo que sí ha habido varios acercamientos de todo nivel”, dijo Vaquerano.

Dos dirigentes del FMLN confirmaron a El Faro estas reuniones, pero accedieron a explicar el motivo de ellas con la condición de que no se les identifique. Lo que el gobierno de Sánchez Cerén ha planteado a todos los partidos es que, bajo las condiciones actuales, El Salvador empezará a quedarse sin fondos suficientes para cumplir sus obligaciones de gasto corriente en dos meses o tres. Hay alguna diferencia en la interpretación de cuándo se cumple ese período. Para algunas de las fuentes consultadas ese plazo se vencería ya en septiembre, pero otras sostienen que sería hasta octubre.

"El escenario que nos explicó el ministro de Hacienda Carlos Cáceres es que en dos meses o tres se llegaría a esa situación", reveló un diputado del PCN. "Es en dos meses", precisó a la diputada Ana Vilma de Escobar el asesor de la bancada de Arena, Claudio de Rosa, en presencia de periodistas de El Faro.

 Edificio Tres Torres, ubicado sobre el Bulevar de Los Héroes, instalaciones donde funciona el Ministerio de Hacienda de El Salvador./ Forto: Víctor Peña
Edificio Tres Torres, ubicado sobre el Bulevar de Los Héroes, instalaciones donde funciona el Ministerio de Hacienda de El Salvador./ Forto: Víctor Peña

Una persona que estuvo en una reunión en la que participaron los expresidentes Armando Calderon Sol y Alfredo Cristiani, con el presidente Salvador Sánchez Cerén, explicó a El Faro que en esta comisión el principal partido opositor le presentó al gobierno una propuesta de Ley de responsabilidad fiscal que obligaría al Estado a transparentar su presupuesto, a limitar su gasto corriente y a regular las formas de endeudamiento, como por ejemplo, evitar contratación de Letes, que es deuda de corto plazo que obliga al Estado a pagar altos intereses. Ese tipo de deuda se emite con dos plazos: tres meses o 360 días. En un plazo de un año, hasta julio de 2017, El Salvador debe pagar 840 millones de dólares en Letes, según cifras que el Ministerio de Hacienda actualizó el 8 de julio de este año.

La diputada Ana Vilma de Escobar, integrante de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, cree que los acercamientos entre su partido, funcionarios del gobierno y diputados del FMLN son serios en la medida en que Hacienda ha aceptado el tipo de crisis que hay y ha mostrado disposición a dar más información sobre el estado financiero de El Salvador. “El gobierno ha aceptado el rumbo por el que vamos, solo esto ha llevado al partido de gobierno a sentarse a hablar y eso puede llevarnos a tomar acuerdos”, dijo a El Faro.

En la reunión entre el  presidente y los expresidentes se acordó que la diputada arenera Carmen Elena Calderón de Escalón y la diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, del FMLN, iban a trabajar con sus bancadas los detalles de las medidas a tomar. En casi todas las reuniones, uno de los protagonistas es el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que se ha encargado de presentar la información y los escenarios financieros del país. 

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, explicó a El Faro que una de las propuestas de Arena es que el gobierno negocie un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, que este miércoles presentó un informe que retrata la crisis financiera del Estado y que propone un incremento inmediato al IVA y congelar todo aumento al salario mínimo. “Arena nos pidió, hace varias semanas como un mes, que quiere que el acuerdo parta de un acuerdo con el FMI”, comentó a El Faro Roberto Lorenzana.

La receta del FMI: más IVA y el mismo salario mínimo 

El Fondo Monetario Internacional presentó un devastador informe este 20 de julio que básicamente recomienda a El Salvador tomar medidas para cambiar todas las características que describen su situación actual: escasa inversión extranjera, niveles elevados de delincuencia y emigración y baja competitividad.

El FMI echa uso de formas más diplomáticas para evidenciar el riesgo del impago latente en el Estado salvadoreño. Como la Asamblea Legislativa no ha alcanzado acuerdos para aprobar préstamos externos -que permiten plazos más largos de pago- el gobierno ha recurrido en los últimos dos años a títulos públicos como las Letes, que son más caros porque tienen tasas de interés más altas y permiten menos tiempo para honrarlos. “Sin dicho acuerdo (legislativo), es probable que las autoridades lleguen al límite del sistema interno para financiar el presupuesto hacia fines de este año, lo que elevaría las probabilidades de que se produzca un ajuste desordenado”, advierte el FMI en su informe.

Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva durante los primeros años del primer gobierno del FMLN (2009-2014), dijo a El Faro que un ajuste desordenado se produce cuando un país tiene que ajustar a la fuerza sus métodos de recaudación de impuestos y sus gastos porque “los mercados te cortan la llave del financiamiento y tenés que apretar de un solo”. Es decir, que El Salvador debería tomar decisiones como el aumento del IVA o la reducción de gasto público -por ejemplo recortar los subsidios-, sin ningún margen de maniobra. Obligado.

Algunas de las medidas de solución que el FMI plantea no son alentadoras para el gobierno, que se ha resistido a adoptarlas en los siete años previos que lleva gobernando el FMLN. Por ejemplo, aumentar dos puntos el IVA, para que suba del 13 % actual al 15 %. El FMI estima que esa medida aumentaría la recaudación fiscal en 1.2 % del PIB, es decir, un poco más de 300 millones de dólares al año. Otras sugerencias son frenar los aumentos previstos al salario mínimo, o subir la edad de jubilación como parte de la reforma de pensiones.

Para difundir su propuesta de reforma de pensiones, el gobierno ha promocionado que no está de acuerdo en aumentar la cantidad de años que los salvadoreños tienen que trabajar para jubilarse, y eso choca con la idea de salvavidas que ha lanzado el FMI. "Una propuesta de reforma significativa del sistema de pensiones exigirá cambios paramétricos —lo que incluye elevar la edad de jubilación, aumentar las contribuciones y vincular de manera más estrecha las prestaciones y las contribuciones", dice el documento del Fondo.

Ahora incluso el secretario técnico Roberto Lorenzana acepta esa posibilidad. "Ellos lo que dijeron que esa propuesta ayuda temporalmente pero no es suficiente, que necesita adicionalmente medidas paramétricas. Yo comparto eso para el mediano y largo plazo", dijo Lorenzana a El Faro.

El gobierno, tras la aprobación de un aumento de apenas el 5 % anual al salario mínimo, ha denunciado a la empresa privada por negarse a acceder a un incremento mayor. El FMI sugiere ahora que hasta ese aumento mínimo se frene. Además, el Fondo recomienda eliminar las prácticas contrarias a la competencia en sectores como el transporte aéreo, los productos farmacéuticos, el hierro y los mercados agrícolas, como el azúcar, el arroz y los fertilizantes. Eso, en la práctica, supone echar al pleito a la Superintendencia de Competencia contra los grandes magnates de esos campos, dos años antes de la elección presidencial de 2019, lo que podría repercutir en pérdida de financiamiento de campaña.

De igual forma, el FMI cree que es buena idea “mejorar el entorno empresarial, desarrollar capital humano y físico y reducir la delincuencia y la corrupción”. El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento del mundo, con una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. El informe señala que aunque la derecha y la izquierda partidarias concuerdan en que la corrupción y la delincuencia son problemas urgentes, “están muy distanciadas” sobre la manera de atender esas necesidades, lo que desemboca en una “parálisis legislativa”.  

Quizá el ejemplo más reciente de esa parálisis relacionada con la delincuencia y la corrupción sea la petición de antejuicio que la Fiscalía ha hecho ante la Asamblea Legislativa contra el exministro de Defensa Atilio Benítez, que hoy es embajador ante Alemania. El FMLN y Gana acordaron hace dos semanas archivar la petición y alegaron que la solicitud de antejuicio no cumplía con requisitos de forma, sin entrar a analizar el fondo del asunto: la acusación contra Benítez de integrar una red de tráfico ilícito de armas de fuego. La Fiscalía sostiene que el general Benítez legalizó y vendió 29 armas que el Ministerio de Defensa que él dirigía debió haber destruido.

Los diputados del partido Arena se retiraron de la comisión en que se acordó ese dictamen pero, días después, Gana retrocedió -algo que todavía no han explicado- y el caso permanece estancado.

Como base de este análisis, el FMI expuso que mientras Centroamérica ha crecido en un promedio de 4.5 % del PIB anualmente en los últimos 15 años, el crecimiento salvadoreño ha sido menos de la mitad de eso y ha rondado el 2 % anual. Eso repercute en que la deuda pública, que estaba cerca del 61 % del PIB al finalizar 2015, aumente y se proyecte hasta alcanzar un 73 % del PIB en 2021 con el ritmo actual.

Publicidad
Publicidad
 CERRAR
Publicidad