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Fiscalía infló en $63.5 millones la acusación contra “Medio Millón”

La Fiscalía ha dicho en público que acusa a José Misael Cisneros Rodríguez y a dos parientes de él por el lavado de 70 millones de dólares, aunque en realidad la acusación ante los tribunales es por 6.5 millones. En junio de 2013 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró objetivo de persecución a José Misael Cisneros Rodríguez, alias Medio Millón, por financiar a la Mara Salvatrucha.

Efren Lemus

 
 

Hace dos años, a José Misael Cisneros Rodríguez, conocido como Medio Millón, una agencia federal de los Estados Unidos lo declaró blanco de persecución por financiar a la Mara Salvatrucha. Hace una semana, la Fiscalía informó del arresto de Medio Millón y dos de sus familiares por lavar en el sistema bancario local más de 70 millones de dólares. Sin embargo, la información que divulgó la Fiscalía es incongruente con los documentos oficiales que presentó ante un juzgado capitalino. A Medio Millón y sus dos familiares no se les procesa por lavar 70 millones de dólares, sino por una cantidad inferior que no llega ni al 10 % de la acusación pública: 6.5 millones de dólares.

El documento que constituye la columna vertebral del caso, el requerimiento, perfila como protagonista del blanqueo de dinero al cuñado de Medio Millón, Rafael Eduardo Ardón Romero, accionista del 10 % de la empresa que maneja el turicentro Termos del Río. “Este señor, en cuentas bancarias ha depositado seis millones 578 mil 506 dólares con 25 centavos, dinero que no puede justificar su origen”.

Los 6.5 millones de dólares que Ardón Romero no pudo justificar es la cantidad más alta que los fiscales citan en el requerimiento. Sin embargo, en las declaraciones que brindó a la prensa Julio Zamora, fiscal del caso, aseguró que la acusación es por 70 millones de dólares. El sitio web de la Fiscalía confirmó que la investigación es por esa cantidad, pero en el requerimiento no hay detalle de operaciones que sumen tal cantidad. El requerimiento solo da cuenta de un préstamo que Ardón Romero tramitó en el Banco Hipotecario por 4.4 millones de dólares y otro en el Banco Agrícola por 90 mil dólares.

En el mismo documento, la Fiscalía asegura que Ardón Romero recibió 16 créditos del Banco Hipotecario y manejó cuentas en los bancos Procredit, Azteca, Agrícola y Davivienda. Los fiscales apuntan en el requerimiento: “Se puede afirmar que la totalidad de los préstamos suman la cantidad de seis millones 548 mil 404 dólares”. El requerimiento fiscal no especifica si los 6.5 millones que Ardón Romero no puede justificar están relacionados con los créditos que obtuvo en los bancos o se trata de un dinero extra.

Una de las anomalías que señalan los fiscales es que el imputado depositaba en sus cuentas más dinero de lo que declaró que recibía. Por ejemplo, a finales de 2010 abrió una cuenta en el Banco Azteca con un monto de 500 dólares y 15 días después la cuenta tenía 65 mil dólares. Muchos de los depósitos se realizaron, dicen los fiscales, con dinero en efectivo. Y aquí es donde enlazan el caso con Medio Millón: “Se tiene la hipótesis que quien se encarga de inyectar esas cantidades de dinero es el individuo José Misael Cisneros Rodríguez”.

En el requerimiento no hay ninguna referencia a cómo Medio Millón inyectaba ese capital en las cuentas de Ardón Romero y su otrora esposa, Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez. “(Medio Millón) ha sido investigado en el sistema financiero no encontrándosele que tenga fondos económicos a su favor”.

Aunque la Fiscalía ha documentado antecedentes criminales desde 1998, Medio Millón sigue siendo una incógnita para las autoridades fiscales. Según el informe 239438NB4, del Federal Bureau of Investigation (FBI), la primera detención de Medio Millón ocurrió en Nantucket, Massachusetts, Estados Unidos, por el delito de posesión de armas.

Los fiscales también han documentado que, entre 2005 y 2008, la Patrulla Fronteriza de Arizona y Texas capturó y deportó a Medio Millón en tres oportunidades. Ya en El Salvador, la Policía le documenta antecedentes por falsedad ideológica, por agrupaciones ilícitas, por homicidio y por conspiración para homicidio. Entre toda esa documentación, empero, el caso de lavado de dinero que recién inicia no explica cómo Medio Millón no tiene dinero en el sistema financiero, pero es capaz de comprar una propiedad por 28 mil dólares en el cantón Los Planes, de La Palma, en Chalatenango; así como la compra y venta de varios vehículos, según los documentos incautados durante los allanamientos de la semana pasada.

El caso que resucitó antes de una elección

El 6 de enero de 2009, la División Antinarcóticos de la Policía envió un informe a la Fiscalía sobre una persona que se dedicaba a actividades de narcotráfico. “José Misael Cisneros Rodríguez se dedica a traficar grandes cantidades de droga y por eso se da el lujo de cambiar carros último modelo constantemente”, consignaba el oficio 005/DDIF/DAN/09.

Tres años más tarde, en 2012, la Fiscalía volvió a tener noticias relacionadas con Medio Millón. Un informe de inteligencia financiera reportaba operaciones financieras sospechosas de un comerciante identificado como Rafael Eduardo Ardón Romero, familiar de Medio Millón, a quien las autoridades ya identificaban como un proveedor de armas de la Mara Salvatrucha. “Las personas se niegan a dar información abiertamente porque Medio Millón es quien provee armas a las clicas Fulton Locos Salvatrucha y Hollywood Locos Salvatruchos, afincadas en Nueva Concepción, Chalatenango”, dice el informe de inteligencia.

Después de recibir el informe de inteligencia, la Fiscalía que dirigía el entonces fiscal general Romeo Barahona ordenó la apertura de un expediente por lavado de dinero, el 011-UIF-2012, y ordenó a la Policía una serie de diligencias de investigación.

Romeo Barahona concluyó su mandato el 18 de septiembre de 2012. Los diputados nombraron como su sucesor al abogado Ástor Escalante, pero la Sala de lo Constitucional invalidó ese nombramiento. Entonces, la Fiscalía quedó acéfala durante varias semanas. El 4 de diciembre de 2012, la Asamblea Legislativa nombró a Luis Martínez como nuevo fiscal general.

A los pocos días de que Martínez asumió el cargo, la Fiscalía comenzó a recibir información sobre Medio Millón, gracias a las peticiones de información que los fiscales solicitaron durante la gestión de Barahona. Así, por ejemplo, el 13 de diciembre de 2012, apenas nueve días después de la elección de Martínez, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) envió un análisis relacionado con las cuentas bancarias de Ardón Romero, según un informe enviado por el superintendente adjunto de instituciones estatales, Sigfredo Gómez.

Un mes después de la elección del fiscal Martínez, el 28 de enero de 2013, el Registro de Comercio también envió un oficio a los fiscales en el que informaba que la empresa CTE, S.A. de C.V, relacionada con Ardón Romero, no tiene expediente ni matrícula inscrita en el Centro Nacional de Registros (CNR).

Luego de ese informe que data de enero de 2013, la investigación contra Medio Millón no reportó diligencias importantes de investigación en cinco meses. Fue hasta el 6 de junio de 2013 que se agregó a la investigación una documentación firmada por John Barret, el consejero para asuntos económicos de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Entre otras cosas, los documentos incluían un aviso de que oficialmente Washington pondría en la mira a algunos salvadoreños vinculados con la pandilla Mara Salvatrucha. La revelación se produjo un día antes de que la Fiscalía anexara esos documentos al expediente.

“La embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y tiene el honor de informarle que el 5 de junio de 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designará públicamente a seis individuos por haber actuado por cuenta o de beneficio de, o asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o de bienes o servicios a o en apoyo a la Mara Salvatrucha (MS13)”.

Los pandilleros que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró como blanco de persecución son Boris Alexánder Bercián Manchón, José Misael Cisneros Rodríguez, Marvin Geovanni Monterrosa Larios, Moisés Humberto Rivera Luna, Saúl Antonio Turcios Ángel y Borromeo Henríquez Solórzano.

Eso significa que, en el caso de Medio Millón, cuando Estados Unidos envió el reporte a las autoridades salvadoreñas, la Fiscalía tenía cuatro años de tener un informe que relacionaba al sospechoso con narcotráfico y un año de la alerta por lavado de dinero. La declaración del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no aceleró la investigación contra Medio Millón. Durante el último semestre de 2013 y durante 2014, la documentación consultada por El Faro no da cuenta de diligencias importantes de investigación.

Fue hasta el 23 de julio y el 2 de septiembre de 2015 que la Fiscalía solicitó al Ministerio de Hacienda informes de análisis tributarios relacionados con Medio Millón y sus familiares. Ya en esos días El Salvador se encontraba atestiguando el inicio del debate sobre la posible reelección del fiscal Martínez. Este ha dicho que quiere la reelección para otros tres años y los diputados han dado a entender que están dispuestos a apoyarlo, pero hasta ahora solo los del partido Gana han ofrecido sus votos. Para lograr la reelección, Martínez necesita el apoyo de al menos dos tercios de los 84 diputados, y Gana solo tiene 11.

La semana pasada, y a falta de tres meses para que el fiscal general termine su mandato, la Fiscalía giró la orden de captura contra Medio Millón, su hermana y su cuñado por lavado de dinero y una de las pruebas con las que sostienen la acusación es el informe de la SSF que la administración de Martínez recibió una semana después de su elección.

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