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Así se fraguó la Amnistía

El 20 de marzo se cumplieron 21 años de la aprobación de la Ley de Amnistía que tuvo como fin dar impunidad a los perpetradores de los crímenes de guerral señalados por la Comisión de la Verdad. El decreto fue un "madrugonazo". "Fue la primera violación a los Acuerdos de Paz", dice un exdiputado de aquella Asamblea. El Faro reconstruye el camino que anduvo esta ley cuya constitucionalidad hoy analiza la Corte Suprema.

Daniel Valencia Caravantes / Fátima Peña *

 
 

La oficina del general Mauricio Ernesto Vargas tiene muchas fotos ampliadas de la época de la guerra colgadas en las paredes. Él y sus compañeros de unidad en un escampado en una zona montañosa de El Salvador. Él y sus compañeros más cercanos. Todos vestidos con el verde olivo. En algunas sonríen, en otras posan serios. Pero la foto que más llama la atención es una colgada a un lado del marco de la puerta, en el pasillo de entrada. Es un primer plano del teniente coronel Domingo Monterrosa, comandante del desaparecido Batallón de Reacción Inmediata, Atlacatl. Monterrosa y ese Batallón, según concluyó la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en 1993, dirigieron la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 en el norte del departamento de Morazán. Esa masacre dejó alrededor de 1 mil campesinos asesinados. Casi la mitad menores de edad. Y gracias a la Ley de Amnistía aprobada de forma exprés por la Asamblea Legislativa apenas cinco días después de conocerse el informe de la Comisión de la Verdad, Monterrosa y todos los demás señalados por su responsabilidad en los crímenes ocurridos durante la guerra civil, tuvieron garantía de impunidad. Y nunca como hoy en sus 21 años de existencia, el futuro de la Ley de Amnistía parece tan comprometido: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya la declaró inválida -y El Salvador está obligado a obedecer esa disposición, a anularla o derogarla- y ahora mismo la Sala de lo Constitucional analiza una demanda por presuntas violaciones a la Constitución. 

El general Mauricio Ernesto Vargas no está de acuerdo con la acusación contra Monterrosa y muchos menos con las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Desde el otro lado de su escritorio, rebalsado de papeles, se pone serio, endereza el sentado y levanta el dedo: “La Comisión de la Verdad fue más allá de su mandato”, dice. Se toma el tiempo para releer, pausado, los artículos que le dieron creación a esa comisión, comprendidos en los Acuerdos de Paz, y repasa todas las funciones que ahí están plasmadas. Licua algunas ideas, remienda argumentos y luego los sirve sobre la mesa: “Ellos no tenían que actuar como jueces y mucho menos mencionar nombres. Tenían que contar la verdad de todo lo que nos hicimos, pero no ponerse a investigar, montar un juicio en su cabeza, juzgar y condenar. No era ese su papel”. Han pasado 21 años desde entonces y sigue en desacuerdo con lo que en ese informe se narra. Ni hoy ni la primera vez en que se enfrentó a él, cuando vio el borrador original -en el que ya se señalaba a Monterrosa y a otros militares de haber cometido violaciones a los derechos humanos, como también a algunos comandantes guerrilleros-, estuvo de acuerdo con el Informe. “Aquí agarran ese Informe como que fueran las tablas que trajo Moisés. Y el Informe de la Comisión de la Verdad no son los 10 mandamientos que nos trajeron desde Naciones Unidas”.

Si por algo la derecha política, apoyada por la milicia de la época, fraguó la ley de Amnistía General de 1993 fue por esos papeles. Esta historia por eso empieza aquí, con el general Mauricio Ernesto Vargas relatando esa primera vez en la que se enfrentó al borrador original del informe de la Comisión de la Verdad. De ese encuentro han pasado 21 años, pero él lo relata como si hubiese sido ayer.

—El informe que todos conocemos es como un resumen ejecutivo –dice el general Vargas.

—¿Había más información? ¿Cómo lo sabe?

El general Vargas se levanta de la silla. Es un hombre bajito. Ahora es un abuelo. Lo dice una foto en la que dos niñas vestidas de blanco primeracomunión lo besan en las mejillas. Una a cada lado. Al fondo: la nave de una iglesia. El general Vargas se levanta de la silla mientras cuenta que entró a un salón de “esos” de las Naciones Unidas, en Nueva York, y recuerda que sobre un escritorio había un rimero de papeles. “¡Era un pante de papeles pero así, mire:…!”. El general Vargas apoya la mano izquierda en la mesa del escritorio, estira la derecha, como queriendo tocar el cielo falso, y probablemente se haya puesto en puntillas para describir un rimero de papeles que a su juicio llegaba hasta el cielo. El general Vargas se recompone, se jala la guayabera y nos mira con dos grande ojos, como de búho, que todavía se sorprenden cuando recuerdan aquello que descubrieron hace 21 años. Es un “¡imagínese!” que no llega a verbalizar.

—¿Qué hizo después de conocer ese borrador?

—Quejarme, decirle a la gente en la ONU que eso no podía ser.

—¿Y luego?

—Informarle de inmediato al presidente de la República y al Alto Mando.

En 1993, el general Vargas era un comisionado presidencial para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México. Se había ganado ese cargo amén de que Vargas fue una pieza clave de las negociaciones, en las que fungió como asesor militar de la comisión de negociación del gobierno de Alfredo Cristiani. “Yo no era negociador, fui llevado como asesor. Y de hecho, mi estrategia, para que los comandantes de la guerrilla no se sintieran incómodos con un militar enfrente, fue acudir vestido de saco y corbata. Siempre creí que esa era una negociación política y no militar, y por eso intenté pasar inadvertido, sentándome detrás de los negociadores y nunca a la mesa de negociación”. Para la recta final de la negociación, dice Vargas, cuando todos desamarraron las imposturas, “¡aquello era todo un relajo!”

De todo lo que escuchaba en las negociaciones, cuenta Vargas, pasaba un reporte y lo comunicaba al Alto Mando de la Fuerza Armada. Hoy, reconoce, ese doble papel lo posicionó en una situación incómoda. “Hay compañeros que a la fecha siguen sin dirigirme la palabra ja, ja, ja”.

—¿Por qué había generales que querían seguir haciendo la guerra? ¿La Tandona, por ejemplo?

—Eso es un mito. No es cierto. La paz no se hubiera conseguido si esos generales a los que acusan no hubieran aceptado que la paz era una negociación política y no militar. ¿Y lo aceptaron o no? ¿Se firmó o no se firmó la paz? ¿Dígame qué golpe de Estado hubo para impedirlo? Con el poder que todavía se tenía en esa época…

—Pero entiendo que el asesinato de los jesuitas diezmó ese poder, sobre todo por las connotaciones que eso tuvo a nivel internacional.

—De acuerdo con su planteamiento, pero que había poder, había poder.

Había mucho poder. Tanto que, por eso, un año después de la firma de la paz, el poder político y el poder militar maniobraron para aprobar la Ley de Amnistía General, como una respuesta a los señalamientos del informe de la Comisión de la Verdad. Y quizá no deberían tratar mal al general Vargas aquellos que quizá esperaban que él fuera menos político y más militar en las negociaciones de la paz. El general Vargas fue una pieza clave en la trama de la amnistía aprobada en 1993. Él mismo lo cuenta, y propone una controversia para excusarse.

—¿Agilizaron la aprobación de esa ley por miedo al informe de la Comisión de la Verdad?

—No por miedo. El problema es que ese Informe planteaba versiones omitidas y verdades unilaterales sobre los hechos, ¡todos los hechos! que ocurrieron en la guerra. Y eso, lejos de buscar la reconciliación, estaba llamando a la polarización del país.

—¿Y por qué iba a estallar esa polarización?

—¿Cómo cree que hubieran reaccionado los soldados al ver que se perdonó a los guerrilleros y a ellos y a sus comandantes no? Y, para empezar, ya le dije que la Comisión se salió de su mandato. Juzgó y condenó. La Ley de Amnistía General se aprobó porque fue pactada por las partes. Eso siempre fue así. Todos estuvimos claros que o queríamos paz y justicia -algo imposible, algo que nunca se hada dado en ningún conflicto de las dimensiones del nuestro-, o queríamos la paz y la construcción de un nuevo El Salvador. "Fue pactada por las partes", dice el general Vargas.

Propuesta del PCN para la creación de la Ley de Amnistía de 1993, dos días después de presentado el Informe de la Comisión de la Verdad.
 
Propuesta del PCN para la creación de la Ley de Amnistía de 1993, dos días después de presentado el Informe de la Comisión de la Verdad.

El avionazo de 1992

El 23 de enero de 1992, siete días después de la firma de la paz, un grupo de salvadoreños venía armando relajo en un vuelo comercial procedente del Distrito Federal, en México. Lo normal, en un vuelo de la época, es que sirvieran dos tragos por pasajero, pero el general Vargas recuerda haber visto recorrer de ida y vuelta, muchas veces, los carritos de las bebidas que empujaban las aeromozas. Al final de cuentas los que venían en ese avión tenían mucho que celebrar. Siete días atrás se había firmado la paz, y en ese avión venía una de las encomiendas más importantes surgidas después de la suscripción del pacto.

Esa encomienda se había acordado en los días posteriores a los acuerdos de la paz. Había sido un acuerdo después de los acuerdos.

En una de las filas de asientos en el centro del avión, Rubén Zamora, entonces diputado de la Convergencia Nacional; y Antonio Guevara Lacayo, diputado del Movimiento Auténtico Cristiano, discutían el borrador de la Ley de Reconciliación Nacional. El vuelo había salido a media mañana, y esperaban llegar a Comalapa al filo del mediodía. La discusión de esa ley, que necesitaba se aprobase ese mismo día, obedecía a la necesidad de garantizar la reintegración a la vida política de los miembros de la exguerrilla. En términos prácticos, esa ley fue una primera amnistía, que perdonaba los crímenes de la guerra, colocándolos en una terminología jurídica como “crímenes políticos”. Es decir, crímenes que se cometieron en el contexto de la guerra y que no pueden tomarse como crímenes de violencia común.

Para el general Vargas –entonces coronel- la consecución de esa ley era producto de algo más. Un pacto entre las partes negociadoras para aplicar esa amnistía en dos fases: esa ley, para que en ese momento permitiera el reingreso a El Salvador de los comandantes del FMLN; y la segunda fase sería la negociación de una ley de amnistía más amplia.

—Como la que se aprobó en 1993. Si es que eso estuvo negociado. ¿Íbamos a perdonar solo a una parte y no a la otra? Las diferencias que había entre los partidos y en la Copaz era de tiempos: aprobar la segunda ley antes o después del informe de la Comisión de la Verdad.

En una de las últimas reuniones en México, antes de abordar ese avión, Rubén Zamora recuerda que hubo una discusión acalorada sobre la necesidad de una ley de amnistía que permitiera cumplir con los calendarios que exigían los acuerdos de paz. El principal punto obedecía a que el 1 de febrero de 1992 el FMLN debía ingresar a El Salvador para conformar la Copaz, comisión que daría seguimiento a los acuerdos firmados en Chapultepec. Zamora no era miembro del equipo de negociación, pero sí un aliado natural de la exguerrilla dado que representaba a la izquierda en la Asamblea Legislativa y había sido parte del Frente Democrático Revolucionario, el ala política de la guerrilla. Zamora era uno de los miembros de la comisión interpartidaria, en la que se discutían todos los remiendos que había que hacerle a la leyes que necesitaban ser tocadas, o creadas, para garantizar los acuerdos de paz. Por eso recuerda que en aquella última reunión, en México, el proceso casi se entrampa porque no había acuerdo para la primera ley de amnistía: la ley de reconciliación de 1992. El nudo estaba en que a los ojos de la milicia el FMLN salía beneficiado en detrimento de los oficiales que salieran mencionados, tiempo después, como violadores de derechos humanos. Zamora recuerda cómo se desentrampó esa reunión:

—Llegó la noticia desde San Salvador de que sectores de la ultraderecha tenían listos a unos jueces para que cuando los comandantes de la exguerrilla pusieran un pie en tierra, al bajar del avión el 1 de febrero, fueran apresados y llevados a juicio. Si eso pasaba, ¿se imagina la que se iba a armar?

—¿Y cómo se convenció al gobierno y a los militares de que esa ley de reconciliación era necesaria?

—Lo que recuerdo es esto: el general Vargas se salió del cuarto en el que estábamos reunidos porque dijo que tenía que llamar a El Salvador. ¿Con quién habló? Yo no lo sé, pero luego regresó diciendo que en El Salvador estaban de acuerdo.

El general Vargas cuenta otra versión de ese pasaje. Él asegura que la comandancia del FMLN, Schafik Hándal incluido, aceptaron que esa ley, en definitiva, era exclusiva para el FMLN, y que la aceptaban a cambio de seguir en conversaciones para una ley de amnistía “más amplia y general”.

—¿Está diciendo que el FMLN aceptó que le dieran una amnistía para luego favorecer a los militares con la de 1993?

—Es que insisto: el tema de la amnistía para todos era la columna vertebral de los acuerdos. Aunque no se mencione en el texto, su existencia era clara. Sin eso no se hubiera firmado la paz. ¿O acaso usted cree que ellos firmarían la paz para que al venir a El Salvador cayeran presos por los crímenes que cometieron?

Ana Guadalupe Martínez fue una excomandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Durante la guerra fue capturada y torturada. Por diferencias con el partido, en 1994, cuando la exguerrilla se estrenó como partido en la Asamblea Legislativa, rompió con el Frente, junto al comandante Joaquín Villalobos, firmante de la paz, en la primera de muchas disputas que sufrió el FMLN en el campo del parlamentarismo. El ERP de Ana Guadalupe Martínez y Villalobos fue la única facción del FMLN que aceptó sus pecados de guerra ante la Comisión de la Verdad. Algo que a ella, 21 años después, le sigue pareciendo “curioso”. “Yo todavía hoy no termino de explicarme... es que solo nosotros confesamos nuestros crímenes, y los demás se quedaron callados, como si no hubieran hecho nada”, dice.

Ana Guadalupe Martínez coincide con Vargas. Ella asegura haber presenciado esas reuniones en México, en la semana posterior a los acuerdos, y asegura que ahí hubo una claridad de que sin la amnistía, ni ellos podrían reintegrarse a la vida política sin antes pasar por juicios, ni el ejército hubiera cedido a las condiciones de los acuerdos de paz. “Estábamos comprometiéndonos a que nos dieran la amnistía, pero en reciprocidad íbamos a apoyar la otra amnistía. Fue un toma y daca. No es una cosa unilateral. Una estaba vinculada a la otra”, dice.

—¿Pero qué pasó después? El FMLN dijo estar en contra de esa Ley de Amnistía General de 1993.

—Lo que pasó es que las cosas se complicaron, se helaron, digamos. Y entonces se vino el informe de la Comisión de la Verdad, un año más tarde, y supongo que en respuesta a un posible reclamo de las bases, el FMLN se hizo el desentendido con lo pactado.

—¿Qué reclamo?

—Pues, hubo un clamor de las bases de que no perdonarían al partido si este se sumaba al apoyo de la amnistía general. Era difícil, porque estamos hablando de gente que sufrió persecución, torturas y asesinatos de seres queridos. Hubo una división: los que manteníamos la palabra para respetar ese acuerdo y los que seguirían el clamor de las bases. Recuerdo que en una reunión Schafik dijo algo así como que nos hiciéramos los locos. “¡Ahí dejen eso!” recuerdo que fueron las palabras que ocupó. ¡Ja, ja, ja! La circunstancia favorecía al partido porque no estábamos en la Asamblea y por lo tanto, ¿qué podíamos hacer o no hacer?

Francisco Jovel es ahora una analista en la Asamblea Legislativa, pero en 1992 fue uno de los comandantes generales de la exguerrilla por el PRTC y negociador de la paz. También fue uno de los protagonistas en Copaz. Él sostiene que la dirigencia del FMLN nunca estuvo de acuerdo con una Ley de Amnistía General y absoluta. “Lo único en lo cual el FMLN dio su apoyo fue a la Ley de Reconciliación Nacional (de 1992) porque esa respetaba lo que la Comisión de la verdad dijera”, dice.

El problema, según Jovel, es que cuando la ONU reveló el informe de la Comisión de la Verdad los partidos políticos -el FMLN aún no tenía representación legislativa- acordaron aprobar la Ley General de Amnistía y, por tanto, la Ley de Reconciliación Nacional quedó sin efecto.

Jovel recuerda que cuando la ONU reveló el informe, el expresidente Alfredo Cristiani se reunió con representantes de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (Onusal) y del FMLN. En esa reunión, se estudió una petición del gobierno de no acatar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en nueve casos de violaciones a los derechos humanos en donde se vinculaba a militares. El argumento del gobierno y de Cristiani era que temían que los militares mencionados en el informe se rebelaran contra el gobierno.

Jovel dice que fue ahí cuando se dividió el FMLN, y no en una discusión sobre si había que apoyar o no la Amnistía General. Schafik Hándal, del Partido Comunista; Salvador Sánchez Cerén, de las FPL; Eduardo Sancho, de la Resistencia Nacional, y el mismo Jovel, del PRTC, dijeron que había que cumplirse lo que la Comisión dijera. Joaquín Villalobos y Fermán Cienfuegos, dice, cedieron a la petición del gobierno y dijeron que había que hacer esta excepción.

Al final, como no hubo acuerdo, él asegura que el secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, mandó decir que tenían que cumplirse las recomendaciones del informe tal cual y como habían sido expuestas.

Roberto Cañas, comandante de la Resistencia Nacional, acepta que en los días posteriores a la firma de la paz hubo una fuerte discusión sobre la necesidad o no de una Ley de Amnistía General, pero descarta que "haya sido así" como dicen Vargas y Ana Guadalupe Martínez. Y a diferencia de Francisco Jovel, que asegura que sí hubo una disposición manifiesta a la primera ley de amnistía, en el FMLN también ocurrió otro debate: someterse a juicio, en virtud del acuerdo de la ley de reconciliación de 1992.

—No es tan así como se plantea: sí hubo una fuerte discusión por el hecho de que al aceptar incluso la primera amnistía estábamos cediendo espacio para que se perdonara también a la contraparte. Era complicado. Y eso fue un tema delicado. Hubo quienes incluso se opusieron a eso. Por eso descarto que estuviéramos de acuerdo en la idea de que nos daban una ley y nosotros apoyábamos la otra.

—¿Usted se oponía, estaba de acuerdo en que enfrentaran procesos por los crímenes que hubieran cometido?

—Siempre que fuera necesario, sí. 

Un borrador en el avión

En el avión que el 23 de enero de 1992 llevaba a los miembros de la comisión interpartidaria hacia San Salvador, Rubén Zamora y Antonio Guavara Lacayo seguían discutiendo el borrador de la ley de reconciliación de 1992.

—Esto no lo he contado nunca, pero hubo un momento en que la discusión entre Toño Guevara y yo fue tan acalorada, porque nos estábamos matando, pues, por el articulado, que reparamos en cómo nos estábamos gritando hasta que nos dimos cuenta de que todo el avión estaba en silencio, escuchándonos. “¡Púchica, vos, nos están oyendo!”, le dije. Ya de ahí nos calmamos.

Si uno revisa los Acuerdos de Paz, la palabra amnistía no aparece en ninguna parte. Nunca hubo un acuerdo para perdonar los crímenes políticos cometidos en la guerra, al menos no en ese documento, ni mucho menos los crímenes de lesa humanidad. En síntesis, ni la exguerrilla ni el ejército lograron salvar el escollo que significaba reconocer sus propios pecados. Para la exguerrilla, su lucha fue justa. Para el ejército, la defensa del país por la amenaza armada también. El único acuerdo en común fue el reconocimiento de los excesos. Y eso sí quedó reflejado en los acuerdos de paz, en el capítulo que habla sobre la “superación de la impunidad”.

Ese párrafo comienza hablando sobre el esclarecimiento y superación de “todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos”. Luego, ese acuerdo señala que las partes descargan en la Comisión de la Verdad la resolución de esos esclarecimientos. “Todo ello sin perjuicio del principio, que las partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieron sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se apliquen las sanciones contempladas por la ley”.

El borrador que Zamora y Antonio Guevara Lacayo escribieron en hojas sueltas en un avión respetaba ese capítulo de los acuerdos de paz.

Según el artículo 6 de esa ley que se escribió en el avión, no gozarían la gracia de esa primera amnistía “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1º de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”.

Cuando el avión aterrizó, Zamora y Antonio Guevara Lacayo fueron conducidos al salón V. I. P. del aeropuerto, en donde los esperaba una secretaria con una computadora, una impresora y un fax. Ahí el borrador se transformó en un decreto, se sacaron copias, y tres de esas copias fueron a parar a Casa Presidencial, “La Casona”, ubicada en esa época en San Jacinto. El tiempo corría y faltaba el visto bueno de la Presidencia y el Alto Mando para dejar pasar esa primera amnistía.

El extraño acuerdo escrito en un papel rayado

El 23 de enero de enero de 1992, antes de que la Comisión Interpartidaria abordara un avión que los llevaría hacia México, y antes de que Rubén Zamora y Antonio Guevara Lacayo escribieran el borrador a mano de la ley de reconciliación nacional, los partidos políticos firmaron otro acuerdo.

El acuerdo fue escrito a mano, en una hoja rayada, y consta de un párrafo:

“Oportunamente y sin perjuicio de lo que recomiende la Comisión de la Verdad, Copaz propondrá amplias medidas de reconciliación nacional, que cubran a la totalidad de la población y se refieran a los hechos previos al cese del conflicto armado. Copaz, 23 de enero de 1992”, dice el documento en poder de El Faro, y entregado por el Archivo de la Asamblea Legislativa. "Medidas de reconciliación nacional", dice el documento. "Que cubran a la totalidad de la población", añade. "Población".

Ese documento fue presentado por Convergencia Democrática el martes 16 de marzo de 1993, y adjuntado en una carta dirigida a todos los miembros de Copaz para retomar las discusiones de una “amplia ley de amnistía” a la luz de la divulgación del Informe de la Comisión de la Verdad, hecho público el lunes 15 de marzo de ese año.

Una copia de este documento también está en manos del general Mauricio Ernesto Vargas. Vargas identifica a quiénes pertenecen las firmas. Lo saca en su oficina, lo lee, y cuenta su versión de la creación de ese papel.

Mientras Rubén Zamora y Antonio Guevara Lacayo escribían el borrador de la primera ley de amnistía, y mientras los otros pasajeros departían con las bebidas que el carrito surtía una y otra vez por el pasillo del avión, el general Vargas tuvo una ocurrencia. Eso dice él. Que “conociendo como conocí” a la izquierda política y a la izquierda armada, reparó en que no dejaron por escrito, en las reuniones previas al abordaje del avión, un acuerdo que estipulara que luego de esa primera amnistía del 92 se buscaría una amnistía más amplia.

—Y como conocía a esos babosos (el FMLN) y sé que son traicioneros, se me ocurrió decirle al doctor Armando Calderón Sol que necesitábamos un acuerdo. Arranqué una hoja y se la di. Luego él se fue a reunir con los de la Interpartidaria. En el avión se redactó ese papel y lo firmó la interpartidaria.

—Pero en el avión no venía nadie del FMLN.

—Pero el acuerdo ya estaba hecho. Lo que necesitábamos era un documento que diera fe que eso ocurrió.

—¿Quién redactó ese párrafo?

—Yo se lo di al doctor Armando Calderón Sol. Quién lo redactó, no sé.

Rubén Zamora ahora es el embajador de El Salvador en la capital de Estados Unidos. En 1987 fundó a la Convergencia Democrática, para participar en las elecciones de 1988. Zamora y su partido eran el nexo político parlamentario de la exguerrilla que negociaba la paz.

Zamora asiente y confirma que en la semana posterior a la firma de la paz hubo intensas reuniones sobre el tema de la amnistía, pero discrepa con el general Vargas en dos puntos. Aunque la ley de reconciliación de 1992 sí fue negociada, en el acuerdo nunca se aprobó otorgar una amnistía general que perdonara las violaciones a los derechos humanos.

—Eso hubiera sido una aberración -dice.

—¿Y qué sí se negoció?

—Seguir en las discusiones para hacer una ley más amena con la realidad de lo que ocurrió en la guerra. Por eso era importante conocer los resultados del informe, para a partir de ahí adecuar esa nueva legislación.

—¿Pretendían dar una amnistía general, tal cual se aprobó en 1993?

—De ninguna manera.

—¿Quién elaboró ese acuerdo a mano?

—Reconozco claramente mi escritura manuscrita en este documento; además la primera firma que lo calza es la mía y muy difícilmente yo podría ser el primer firmante de un documento escrito por el presidente de Arena. Mi conclusión es que Calderón Sol nunca escribió este párrafo y afirmo que es de mi puño y letra.

—El general Vargas insiste en que ese documento, claramente, se refiere a esa especie de pacto entre caballeros entre las partes para hacer una amnistía parcial primero, y una amnistía general después.

—El texto mismo tiene un "caveat": “Y sin perjuicio de lo que recomiende la Comisión de la Verdad” que, a mi juicio, claramente se refiere a la excepción que habíamos insertado en la propuesta de amnistía parcial que aprobamos en pre-COPAZ respecto a la no-cobertura en la amnistía a los mencionados por dicha comisión; aun cuando se podría interpretar en un sentido de que las recomendaciones que la Comisión de la Verdad señale, no podrán ser contradichas por un acuerdo de COPAZ.

Un golpe sobre la mesa

Una vez aterrizado el avión que transportaba a la comisión interpartidaria desde la capital mexicana, Rubén Zamora y Antonio Guevara Lacayo le dieron un borrador de la primera ley de amnistía tras la firma de la paz a una secretaria que lo digitó tal y cual los dos legisladores lo habían consensuado, a la luz de las recomendaciones de las últimas discusiones sostenidas por todas las partes en las últimas noches mexicanas tras la firma de la paz.

Zamora recuerda que “un representante del PCN” intentó cambiar un artículo, y al unísono, él y Guevara Lacayo –los dos que habían venido desangrándose por la redacción, en el avión- le contestaron: “¡Así déjelo, papá, que esto ya está que revienta”. Más tarde esa noche, cuando se estaba aprobando la ley, el diputado Rafael Machuca fue el que más insistió en hacer algunos ajustes gramaticales al texto.

Del decreto original mecanografiado en el aeropuerto salieron varias copias, y tres de esas copias fueron a parar, antes que a la Asamblea, hasta la entonces Casa Presidencial. Quien llevó esas copias fue Armando Calderón Sol, a bordo de un helicóptero. Para esas fechas, él era el presidente del partido Arena. En "la casona" lo esperaban el presidente Cristiani, sus colaboradores más cercanos y el Alto Mando de la Fuerza Armada.

En la mesa de reuniones del Consejo de Ministros, una mesa amplia y grande, Armando Calderón Sol distribuyó las copias del decreto que esa misma noche se aprobaría en la Asamblea Legislativa y leyó su contenido. Rubén Zamora cuenta que uno de los participantes de esa reunión le confió esta escena: cuando terminaron de leer la ley, el ministro de la Defensa, el general René Emilio Ponce, dio un golpe en la mesa y dijo que de ninguna manera aceptarían esa ley. En respuesta, Armando Calderón Sol se paró, tiró los papeles sobre la mesa y dijo: “¡Entonces sigan con su guerra y que hasta acá llegué todo esto!”

Era comidilla en esa época que entre algunos dirigentes de Arena, el propio expresidente Cristiani y el Alto Mando había serias diferencias respecto a la gestión de las negociaciones de paz. Según la escena que le confiaron a Zamora, Cristiani calmó la discusión llamando al Alto Mando a una reunión privada.

—¿Usted se llevó esas copias desde el aeropuerto a Casa Presidencial? -le preguntamos, vía teléfonica, a Calderón Sol.

—Sí.

—¿Ahí se reunió con el presidente Cristiani y con el Alto Mando para presentarles la ley que se aprobaría?

—Sí.

—¿Es cierto que el ministro de Defensa golpeó la mesa, manifestándose en contra, y que usted le respondió que entonces siguieran con su guerra, y que hasta ahí llegaba el proceso de paz?

—Esteee… No… No… No… la verdad es que no recuerdo eso. Ha pasado tanto tiempo. ¿21 años?

—¿No recuerda?

—No… no, la verdad que no. ¿Quién era el ministro de Defensa en ese entonces, recuérdeme?

—Era…

—¡Sí, el general Ponce! No, mire, la verdad es que no recuerdo que eso haya sucedido así. Yo siempre me llevé bien con el general Ponce, que en paz descanse.

En 2012, Armando Calderón Sol ya había reconocido a El Faro que a finales de los 80 y principios de los 90 había una división en Arena y en la milicia por la manera en que se estaba “repensando” a la Fuerza Armada en las negociaciones de paz. Su confesión salió a la luz de la desclasificación de unos cables de la CIA que incluso mencionan que el ala más radical del partido pensó asesinar a Cristiani, y que la Fuerza Aérea se le amotinó a su comandante general.

El Faro contactó vía correo electrónico a Cristiani a través de su asistente personal. Se le enviaron estas versiones de las negociaciones sobre la ley de amnistía, y este pasaje que sitúa a Calderón Sol en una pugna con el ministro de Defensa René Emilio Ponce. Se le preguntó también sobre el papel de su gobierno en la gestión de la promoción de la ley de amnistía de 1993.

“Acabo de recibir respuesta y me pide le presente sus excusas en esta ocasión”, escribió en respuesta su asistente, Carmen Renee Saldaña, el miércoles 2 de abril

“Padre nuestro, perdona nuestros ofensas”

A las 10 de la noche del 23 de enero de 1992, una semana después de la firma de la paz el castillo de Chapultepec, México, la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría la ley de reconciliación nacional, que perdonó los hechos previos a la firma de la paz, exceptuando aquellas graves violaciones a los derechos humanos que fueran señaladas por la Comisión de la Verdad. En el pleno, el presidente del parlamento, el diputado Roberto Angulo -a la sazón vicepresidente de Arena-, felicitó a los “compañeros que se esforzaron en redactar” el decreto. Angulo se refería a la interpartidaria, a Zamora y a Guevara Lacayo, que armaron el borrador en el avión.

“Esto es el producto del esfuerzo de casi tres días de trabajo para llegar a una consenso de lo que ahora se presenta, por todos los diputados que integramos muy orgullosamente la Comisión para la Paz, en donde las discusiones han tenido una altura verdaderamente significativa y ejemplar para la historia del pueblo salvadoreño”, dijo el diputado Francisco Guerrero.

“Voy a hacer para la prensa, para los ciudadanos, una reseña sucinta de esta ley, leyendo el considerando número dos: para hacer realidad esta nueva convivencia social, es necesario impulsar un proceso de reconciliación nacional, en el que el perdón juegue un papel importante”, añadió, y luego se dedicó a explicar cómo y por qué está ley estaba diseñada para favorecer los intereses de los excombatientes del FMLN en aras de dar cumplimiento a los acuerdos de paz.

En esa reunión plenaria todos los que hablaron se felicitaron. La versión taquigráfica de esa sesión pinta a diputados emocionados, orgullosos, conscientes de que están aprobando quizá el primer decreto histórico en tiempos de paz. Hubo uno al que se le quebraron las palabras, al recordar a sus amigos. El diputado Antonio Guevara Lacayo pidió rendir homenaje a los caídos, y mencionó a su amigos Mario Zamora Rivas y Melvi Orellana. También recordó a Napoleón Duarte, que en la segunda mitad de los ochenta impulsó un proceso de diálogo.

“Quizá las palabras, las ideas, se me atropellan en la mente, las palabras, las ideas, y quizá se me quiebre la voz, por ello nada más, señor presidente y compañeros diputados, quiero terminar, tal vez, parafraseando para mí, la oración por excelencia, con una invocación al Dios todopoderoso, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros nos estamos perdonando las ofensas, y no nos dejes caer, Señor, nunca, pero nunca más, en la tentación de una guerra entre nosotros los salvadoreños”.

Un año después: de la locura a la impunidad

El 15 de marzo de 1993 era lunes. Ese día, Naciones Unidas dio a conocer el informe de la Comisión de la Verdad. Un documento que responsabilizó a la Fuerza Armada en la gran mayoría de crímenes y al FMLN de una minoría.En el caso del Estado, la Comisión concluyó que hubo una política sistemática de eliminación de opositores políticos.

“Toda organización capaz de promover ideas opositoras que cuestionaran las políticas oficiales, se le asimilaba por reflejo condicionante a la guerrilla. Pertenecer a esa organización equivalía a ser tildado de subversivo”, dice el informe.

Según la comisión, el 75 % de las denuncias contra el Estado se circunscriben a los primeros cuatro años de la guerra.

La Comisión registró más de 800 denuncias de “graves hechos de violencia atribuidos al FMLN”. En sus conclusiones plantea que esa violencia se ejercía, mayoritariamente, en las zonas en conflicto en las que el FMLN tuvo control militar.

“Se consideró legítimo eliminar a personas asimiladas a blancos militares, traidores, orejas, y hasta opositores políticos. Los asesinatos de alcaldes, de intelectuales derechistas y oficiales públicos y de jueces son un ejemplo de esta óptica”, dice el informe. Sobre el FMLN hay un fuerte señalamiento a las acciones del ERP y el operativo contra soldados estadounidenses ocurrido en la Zona Rosa de la capital, bajo responsabilidad del PRTC, otra de las cinco organizaciones que integraron la guerrilla. No aparecen en el informe otros casos graves de violaciones bajo responsabilidad de la guerrilla, como las masacres del comandante Mayo Sibrián en la zona paracentral del país. En 2007, El Faro reconstruyó la historia de este oscuro personaje, que diezmó a la insurgencia porque sospechaba que tenía infiltrados en sus filas. Las Fuerzas Populares de Liberación fueron advertidas de estos actos en octubre de 1987, pero no fue sino hasta dos años después que la comandancia tomó la decisión de dar por ciertas las acusaciones. Lo dejaron actuar dos años más. Al frente de las FPL estaba el comandante Leonel González (Salvador Sánchez Cerén, el presidente electo para el período 2014-2019). En 1989, el castigo para el llamado “carnicero de la paracentral” fue el fusilamiento. Al respecto, en 2007, Sánchez Cerén dijo a El Faro: “Creo que en la etapa de la guerra las organizaciones político-militares teníamos nuestras leyes, y estas estaban destinadas a afectar lo menos posible a la población… a los infiltrados se les hacia un juicio y eso a veces se prestó a que alguien tomara medidas arbitrarias. En esos casos la organización hizo sus investigaciones y a partir de ahí se tomaron las decisiones”.

Acciones como las de Mayo Sibrián, y el silencio de la comandancia de las FPL, así como los patrones de violencia -sacados de más de 22 mil denuncias registradas por la Comisión- fueron perdonados por la ley de amnistía general de 1993.

Y probablemente lo que conozcamos hoy día como el Informe de la Comisión de la Verdad sea un mero resumen ejecutivo, como plantean el general Vargas y Ana Guadalupe Martínez. Ambos, por separado, viajaron hasta Nueva York, en las respectivas comisiones de las partes, para conocer el borrador original de ese documento. Ese rimero de papeles que cuenta el general Vargas es el mismo que vio Ana Guadalupe Martínez.

—Eso era un edificio hecho de papeles exagerado -dice ella.

El 15 de marzo de 1993 era lunes y ese día la ONU hizo público el informe, mientras en los pasillos de la Asamblea Legislativa ya estaba en marcha la adopción de una nueva Ley de Amnistía General, amplia, con dedicatoria a los violadores de derechos humanos durante la guerra.

El general Vargas ya no recuerda cuándo viajó a Estados Unidos para conocer el informe, pero sí está convencido de que una semana antes de la aprobación de la ley, lo que había conocido y visto ya lo había informado al presidente Cristiani, al Alto Mando y a la Copaz. Entre el 10 y el 15 de marzo de 1993, los partidos de derecha, según reportes de la época, salieron a dar conferencias criticando los resultados del informe

—¿Qué hizo después de informar los hallazgos?

—El general Ponce y mi persona fuimos a hablar con los partidos políticos.

—¿Fueron enviados por el gobierno?

—Fuimos comisionados para hacer ese lobby.

El miércoles 17 de marzo, dos días después de la publicación del informe, el Partido de Conciliación Nacional presentó a la Asamblea la moción para la Ley de Amnistía General. “El día 15 de los corrientes se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, informe del que no vamos a emitir juicios de valor, pero sí a recalcar que el espíritu y la finalidad de dicho informe es la reconciliación de la sociedad salvadoreña”, dijo el PCN en una carta enviada al pleno.

“En estos momentos de la historia patria, los salvadoreños debemos estar interesados en nuestra reconciliación, en la consolidación de la paz y en el fortalecimiento de nuestra democracia, nunca en actitudes revanchistas y negativas, porque lo que es necesario es que esta Asamblea apruebe un decreto de amnistía general, absoluta e incondicional, cuya finalidad básica y primordial es la reunificación de la gran familia salvadoreña a través del perdón y olvido que sustenta la doctrina cristiana”, añadieron los pecenistas.

Entre quienes participaron de esta maniobra política corre el rumor de que la redacción de la Ley de Amnistía de 1993 fue obra del actual diputado y secretario general del PDC Rodolfo Parker. Parker para esas fechas asesoraba a los militares, como lo hizo en el juicio contra los oficiales acusados por el crimen de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas asesinados en la Universidad Centroamericana.

—Con Rodolfo Parker y con Walter Araujo la historia sobre los acuerdos de paz ha sido injusta. Ellos dedicaron mucho en las negociaciones, como miembros del equipo jurídico de la comisión gubernamental –dice Vargas.

—¿Rodolfo Parker redactó el borrador de la ley de 1993?

—¡No! Eso es un chambre. Yo me hubiera enterado. Sí él trabajaba conmigo.

—¿Quién la redactó?

—Ahí sí no sabría decirle. Alguien del PCN, no lo sé. Yo no estaba en la Asamblea cuando se hizo eso.

El nombre de Rafael Machuca aparece consignado en la versión taquigráfica de la sesión plenaria del 20 de marzo de 1993 como uno de los que tuvo la iniciativa para llevar la Ley general de amnistía para la consolidación de la paz a sesión plenaria. El 20 de marzo de 1993 era sábado. Los diputados estaban haciendo una sesión extraordinaria.

Vargas asegura que fue a Machuca y al entonces secretario general del PCN, Ciro Cruz Zepeda, a quienes convencieron para que el PCN mocionara la ley. ¿Por qué el PCN y no Arena? “Con Arena hicimos lobby, pero no vimos que caminara la cosa. Por eso el lobby más intenso se hizo con el PCN”, dice Vargas.

Aunque Arena al final daría sus votos, el único diputado que apoyó la dispensa de trámites fue Roberto Angulo. Por el PCN figuraron Ciro Cruz Zepeda, Carlos Remberto González, Rafael Morán Castaneda, Marcos Alfredo Valladares, Carlos René Calderón y Julio Ángel Sorto.

¿La división en Arena por la revisión de las Fuerzas Armadas se tradujo en la falta de interés por promover la ley de Amnistía? Armando Calderón Sol asegura que todos estaban conscientes de que esa ley era necesaria.

—Es que era necesaria. Había que reconciliarnos todos. Darnos perdón. Incluso hoy sigue siendo necesario. Destapar eso sería un error.

—¿Por qué no la mocionaron ustedes?

—Mire, no recuerdo. Probablemente fue el PCN, allegado a los miliares, el que quiso salir figurando ahí…

21 años después de la aprobación de la Ley, Machuca reconoce que “eso fue una locura y que en esa época todo era un desorden mental”. Dice que la ley no tuvo mucha resistencia porque estaba enfocada en proteger a los que hubiesen cometido delitos y porque hubo consenso en el contenido.

Pero a Machuca le gusta hacer hincapié en otro punto. Asegura que en ese tiempo las decisiones no eran “racionales”, sino llenas de sentimientos y de pasiones. “Las decisiones estaban sesgadas. La razón no ayuda. La ley de amnistía fue producto de sentimientos individuales y los sentimientos vienen cargados de intereses de muchos tipos. Si no le hace un estudio más frío a la ley de amnistía, nunca la vamos a entender”.

Al preguntársele si recuerda quién llevó el proyecto de ley a la Asamblea, solo dice que la ley “ya llegó prácticamente elaborada” y que urgía que se aprobara debido a las presiones internacionales.

—¿Recuerdo que la haya redactado Rodolfo Parker?

—Puede ser… cómo él siempre se la ha llevado de abogado prestigioso y siempre le ha gustado andar debajo de las patas de los caballos...

Rodolfo Parker niega que él haya tenido algo que ver en esta trama.

—¡Yo no tuve nada que ver en eso! Yo en ese tiempo era asesor de la Fuerza Armada. Yo siempre he estado dispuesto a que me procesen hoy, mañana y siempre -dice.

El sábado 20 de marzo de 1993 a las 10 a.m. comenzó en la Asamblea Legislativa una sesión extraordinaria. En medio de la discusión, un grupo de 200 personas ingresó a la Asamblea Legislativa para protestar contra la inminente aprobación de la ley. Entre las personas que protestaban se encontraba la viuda de Herbert Anaya Sanabria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, quien había sido asesinado en octubre de 1987. A la protesta se sumó parte de la bancada de Convergencia Democrática que, tras argumentar su oposición a la ley, se levantan y acompañan la protesta. Entre estos iba Rubén Zamora, que ya había exigido a la Asamblea que se detuviera, que recordara aquel extraño papel en el que todos acordaron seguir discutiendo una ley más amplia –pero manteniendo el espíritu de la de 1992- a la luz de los resultados del informe de la Comisión de la Verdad. Zamora abogó en vano, y en respuesta, Gloria Salguero Gross, de Arena, utilizó el recuerdo de ese mismo papel, en esos momentos un recuerdo fresco para todos, para señalar que ese día se estaba haciendo algo que ya había sido consensuado por todos. Machuca hizo lo mismo. Es decir, la derecha interpretaba que ahora era el turno de que se perdonaran los graves crímenes cometidos por el Estado, por los militares.

—Esa fue la primera violación a los Acuerdos de Paz –dice, hoy, Rubén Zamora.

Roberto Angulo, presidente de la Asamblea Legislativa, interrumpió la sesión plenaria a la 1 p.m., cuando una puerta de vidrio fue quebrada por los manifestantes. La sesión se reanudó a las 3:55 de la tarde.

La ley fue aprobada ese sábado 20 de marzo de 1993 a las 5:45 p.m. con 47 votos de Arena, PCN y el Movimieinto Auténtico Cristiano (MAC), una organización de escasa vida formada por disidentes democristianos. Su redacción fue crucial en dos puntos: decir en uno de los considerandos que ahora era una ley general y no “parcial”, como la de 1992, y eliminar el artículo 6 de esa otra ley, el artículo que eximía de la amnistía a los más malos de los malos.

En esa plenaria, el PDC se abstuvo y la Convergencia Democrática abandonó el pleno, protestando con los 200 manifestantes que se habían tomado la sesión. Aquel fue el primer madrugón legislativo en tiempos de paz.

En la semana posterior a la aprobación de la ley, la Comisión Política del FMLN, que apenas en diciembre de 1992 había sido creado por decreto como un nuevo partido político, montó una conferencia para calificar esa maniobra como una "muestra de parcialidad y protección a los señalados por el Informe de la Comisión de la Verdad". En esa conferencia participaron Schafik Hándal, Salvador Sánchez Cerén, Norma Guevara, Francisco Jovel y Eduardo Sancho. Ellos también agradecieron a la comandancia del ERP por hacerse cargo de sus pecados, y se comprometieron a cumplir las recomendaciones emanadas del informe. En esa conferencia, el FMLN dijo estar seguro de que pese a la aprobación de la amnistía, el gobierno desacataría las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Los archivos de la época no recogen ningún llamado del FMLN para derogar la ley recién aprobada. A la fecha, en la Asamblea no ha ocurrido ninguna maniobra para derogar o desmontar la ley. Los gobiernos de Arena siempre mantuvieron la política del perdón y olvido, y este primer gobierno de izquierdas tampoco gestionó una derogatoria. En 2010, el FMLN incluso se retractó de la posibilidad de buscar su abolición.

—No estoy de acuerdo de tope así, que simplemente se quite esa ley porque hay que quitarla –dijo a El Faro ese año el coordinador del partido, Medardo González, en un acto de conmemoración por el magnicidio de monseñor Óscar Romero.

Hoy que la Sala de lo Constitucional estudia -de nuevo, pues ya hay un pronunciamiento de hace 14 años- si esa ley es constitucional o no, el FMLN ha dicho que respetará la decisión que tome el máximo tribunal de justicia del país.

De regreso en la oficina del general Ernesto Vargas una brisa fresca se cuela por uno de los ventanales. Él ha pedido otra jarra de agua helada y otra cajetilla de cigarrillos.

—¿Dónde estaba usted el día de la aprobación? –preguntamos al general Vargas.

—¿Fue sábado? Ya no recuerdo.

—¿Me va a decir que si se prestó para hacer un lobby de una cosa tan importante no iba a estar al tanto de los resultados?

—Yo me mantenía en el Alto Mando del Estado Mayor Conjunto. Pero sí era sábado, seguro estaba en el Caliche´s (un restaurante), je, je, je... No, yo hice mi trabajo, ya no le puse atención a qué pasaba con ese volado.

Salimos. Nos despide Vargas en el vano de la puerta de su oficina, parado a la par del primer plano del desaparecido teniente coronel Domingo Monterrosa. Contra el ejército, en 1991, las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas abrieron una causa en el juzgado de paz de San Francisco Gotera. Las investigaciones, a paso lento, avanzaron, y entre 1992 y 1993 se hicieron exhumaciones que dieron una dimensión de la masacre: más de 400 osamentas, la mitad de ellas de menores de edad. El 1 de septiembre de 1994, el juez Federico Portillo aplicó al caso de las masacres de El Mozote la Ley de Amnistía de 1993.

Acuerdo de la Comisión Interpartidaria firmado el 23 de enero de 1992, siguiendo los líneamientos de las últimas reuniones tras los Acuerdos de Paz.
 
Acuerdo de la Comisión Interpartidaria firmado el 23 de enero de 1992, siguiendo los líneamientos de las últimas reuniones tras los Acuerdos de Paz.

 

"Ley de Amnistía General"
Descubra la pieza de correspondencia que dio creación a la Ley de Amnistía y el decreto aprobado por Asamblea Legislativa

"El Salvador necesita perdón y olvido"
Versión taquigráfica de la sesión plenaria del 20 de marzo de 1993, cuando la Asamblea aprobó la Ley de Amnistía.

"Padre nuestro perdona nuestras ofensas"
Versión taquigráfica de la sesión plenaria del 23 de enero de 1992, cuando la Asamblea aprobó la Ley de Reconciliación Nacional.

*Con reportes de Valeria Guzmán

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