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Especial Romero

El cierre de Tutela Legal

El Faro

 
 

El cierre de las oficinas de Tutela Legal del Arzobispado es un golpe a la defensoría de los derechos de los salvadoreños menos socorridos y a una institución emblemática e histórica de denuncia valiente contra victimarios y violadores de derechos humanos de antes, durante y después del conflicto armado.

Tutela Legal encarnaba la visión de monseñor Romero de dar a los pobres una posibilidad de luchar contra la injusticia en las instituciones mismas del estado encargadas de procurar justicia. Por eso en 1977, después de la masacre frente a catedral del 28 de febrero, decidió crear en el Arzobispado la oficina Socorro Jurídico del Arzobispado. A partir de entonces, y después con la conversión definitiva a Tutela Legal por parte de Monseñor Arturo Rivera y Damas, se estableció como el mayor contrapeso a las versiones oficiales que negaron siempre las desapariciones, torturas y asesinatos extrajudiciales.

Tutela Legal es tan importante en la lucha contra la impunidad que sin ella la mazacre de El Mozote posiblemente seguiría siendo una historia borrosa: fue Tutela Legal la que tomó el famoso testimonio de Rufina Amaya y la que posteriormente montó el caso de las víctimas contra el Estado por la matanza.

El lunes, durante el sorpresivo cierre, el arzobispado, a través de Monseñor Urrutia, justificó la medida inconsulta argumentando que Tutela Legal ya no hace falta porque ya no hay guerra civil.

Las actividades de Socorro Jurídico, la oficina convertida después en Tutela Legal, no nacieron con la guerra civil y su labor de procuración sigue vigente.

Durante más de 35 años,Tutela Legal acumuló la denuncia de más de 50,000 casos de abusos de derechos humanos, lo que habla de la importancia que para la sociedad civil ha tenido.

Su cierre así de intempestuoso y tan poco explicado hace poco honor a la labor extraordinaria y crucial de esta oficina, a la historia salvadoreña y a sus víctimas. Pero no es solo una cuestión de formas.

Ahora mismo, Tutela Legal es la representante de las víctimas de El Mozote contra el Estado y vigila el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tiene tareas como esta, claves en el debido proceso contra las violaciones de derechos humanos y los crpimenes de lesa humanidad, en el limbo a falta de consideraciones del actual arzobispo.

Entre su documentación, Tutela Legal posee vídeos, fotografías y textos que recogen testimonios y otras evidencias sobre violaciones graves a derechos humanos como ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones. En su historial investigó y documentó la existencia de escuadrones de la muerte durante la guerra y luego de la guerra, como el asesinato de Mauricio García Prieto.

Ahora que, a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es inválida la Ley de Amnistía de 1993, toda esa documentación podría ser una fuente valiosa para que la Fiscalía investigue y deduzca responsabilidades en esos casos.

El arzobispo Escobar Alas no puede ignorar que ser la cabeza de la iglesia salvadoreña no lo hace propietario de ella. Lo que sus antecesores han hecho es digno del reconocimiento universal que trasciende por mucho su cargo eclesiástico y la labor de Tutela Legal es de interés público mucho más allá de la esfera eclesiástica. El arzobispo debe garantizar la conservación y el uso de los documentos recopilados por Tutela Legal en todos estos años. Eso es un patrimonio de todos los salvadoreños.

Monseñor Escobar Alas ya nos ha dado muestras de sus impulsos para pasar por encima de patrimonios. Es urgente, pues, en este caso la intervención interna de la curia que conoce y aprecia el trabajo de Tutela Legal; y la externa de todas las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones del Estado que trabajan en la justicia, la defensa de los derechos humanos, el apoyo a víctimas y la conservación histórica. Antes de que, como tras la destrucción del mural de la fachada de Catedral, la única opción para el arzobispo sea pedir disculpas. Porque aquel acto tampoco tuvo consecuencias: el Ejecutivo cerró las investigaciones contra el arzobispo.


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