Tegucigalpa, HONDURAS. “Interpongo mi renuncia irrevocable después que, con serenidad y paciencia, he observado las acciones del Congreso en obtener mi dimisión, lo que ha llegado a niveles intolerables para mi propia dignidad”, expresó el fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, en una carta de renuncia, enviada al Congreso.
Rubí, nombrado para un periodo de seis años que concluía en mayo de 2014, dijo sentirse “satisfecho del deber cumplido y en preservar el Estado de derecho, y la autonomía del Ministerio Público”.
El fiscal general adjunto, Roy Urtecho, también cuestionado por la comisión, anunció poco después su renuncia. 'Presenté mi renuncia. Lo hice para evitar una crisis en Honduras', apuntó.
La comisión, que mantiene desde abril intervenida a la Fiscalía, instó el martes a los diputados a destituir a ambos y enjuiciarlos. La comisión los culpa de “ser los responsables del inadecuado manejo y administración” de la Fiscalía, y de “un incumplimiento grave de sus funciones, atribuciones y obligaciones” en perjuicio de la población.
“Han generado pobres y deficientes investigaciones en las causas penales e incrementado la impunidad de los delitos cometidos contra la ciudadanía”, según el informe de la comisión. El Ministerio Público investiga apenas 5% de los más de 50,000 casos que recibe cada año, de acuerdo con el informe.
Honduras, según estudios de Naciones Unidas, es el país sin conflicto bélico más peligroso del mundo, con una tasa de 85.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
La violencia es generada principalmente por la acción de los narcotraficantes y las violentas pandillas, involucradas en sicariato, venta de droga al menudeo, extorsiones, secuestros, robos y otros delitos en los que también participan policías corruptos.
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