Lobo respalda al Tigre

Agentes de la Policía Nacional capturan a un presunto delincuente durante una protesta frente a la penitenciaría de San Pedro Sula. Foto Archivo El Faro / Jaime Castellanos (La Prensa)

Tegucigalpa, HONDURAS. El jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, marginado por Estados Unidos que lo investiga por violación de derechos humanos, recibió este miércoles un contundente apoyo del Gobierno de Porfirio Lobo, quien lo nombró hace un año con la misión de limpiar a la institución, infiltrada por el crimen organizado.

“Reitero mi total respaldo al general Juan Carlos Bonilla, que con el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, luchamos por la seguridad de nuestro pueblo”, escribió Lobo en su cuenta de Twitter.

La polémica, que surge a un mes de que el presidente Barack Obama se reúna en San José con los presidentes de Centroamérica para hablar de seguridad, estalló públicamente luego de que el jueves 28 de marzo el subsecretario adjunto para la lucha antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, dijera que Washington apoya a la Policía hondureña, pero que a Bonilla no le suelta “ni un centavo de dólar”, mientras es investigado por una comisión estadounidense por violación de derechos humanos.

“No tengo comentarios sobre eso, yo me limito a trabajar”, afirmó Bonilla, más conocido en Honduras como El Tigre, al ser consultado por la agencia AFP.

El ministro Bonilla también salió en defensa del director –del mismo apellido pero sin parentesco–, y declaró a la emisora local HRN que cuenta con su apoyo a fin de que cumpla “con todas las acciones para reducir la violencia” en el país, el más violento del mundo según un informe de Naciones Unidas, con 92 homicidios por cada 100,000 habitantes.

“En los recursos con los que está apoyando Estados Unidos, el señor director no tiene injerencia, pero eso no le quita el protagonismo que debe tener en el proceso de depuración”, aseveró el ministro.

El Tigre Bonilla fue nombrado por Lobo en mayo de 2012 para que impulsara la depuración de la Policía Nacional, luego de que en noviembre de 2011 se descubrió que cientos de sus miembros integraban bandas de narcotraficantes, ladrones de autos, sicarios y extorsionistas.

Tras el nombramiento, Estados Unidos anunció que había nombrado una comisión para investigar a Bonilla.

Periodistas de la agencia AFP consultaron a portavoces de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa acerca del avance de la investigación, y la respuesta en un correo electrónico fue: “No discutimos deliberaciones internas”.

Además de nombrar a Bonilla, el presidente Lobo creó la Comisión de Reformas de la Seguridad Pública (CRSP), encargada de definir una estrategia de seguridad a largo plazo, y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), institución que está sometiendo a policías al polígrafo, a exámenes para detectar consumo de drogas e investigación de patrimonio.

“El comisionado general Bonilla es profesional de la Policía de relevante y excepcional actitud, el desempeño a lo largo de su carrera ya fue sometido a juicios públicos y de tribunales en donde fue absuelto de los delitos que se le imputaron”, afirmó el jefe de la DIECP, Eduardo Villanueva.

Bonilla fue acusado por la Fiscalía del asesinato de un secuestrador ocurrido en junio del 2002, pero fue absuelto en 2004 por un tribunal, sentencia ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2009.

En febrero, fue acusado públicamente por el ex director de la Policía, Ricardo Ramírez del Cid, del ataque a tiros en que murió su hijo de 17 años. Bonilla rechazó las acusaciones. “Sí lo estamos investigando por el caso de Ramírez del Cid, estamos obligados a hacerlo”, reconoció Villanueva.

El fiscal de Derechos Humanos, Germán Enamorado, confirmó a la prensa que Bonilla es investigado “por la muerte del hijo de Ramírez y por promover a cargos superiores a oficiales que no aprobaron las pruebas de confianza”.

“Es evidente que Estados Unidos lo que está condicionando es la poca ayuda que dan, para que los mandos respondan las directrices norteamericanas y no a las directrices de los mandos hondureños”, declaró a medios locales el presidente de la CRSP, Víctor Meza.

Centroamérica, que junto con México es puente por donde pasa el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, se queja de que la ayuda económica no corresponde a responsabilidad que tiene ese país como mayor consumidor mundial de droga.

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