Nacionales / Corrupción
Nuevo magistrado de la Corte Suprema compró 127 manzanas de El Espino en 2006

José Roberto Argueta Manzano, uno de los magistrados recientemente nombrados para  la Sala de lo Contencioso Administrativo, fue administrador y socio principal de una empresa que compró en octubre de 2006 gran parte de la finca El Espino. La cooperativa de la finca reveló hace dos años que la empresa Inversiones Ancona fue creada por los mismos cooperativistas y que su representante, Argueta Manzano, era nada más un prestanombres.


Fecha inválida
Gabriel Labrador

José Roberto Argueta Manzano, primero a la izquierda, en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa después de ser elegido como magistrado de la CSJ.
 
José Roberto Argueta Manzano, primero a la izquierda, en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa después de ser elegido como magistrado de la CSJ.

El proceso de venta progresiva de la finca El Espino, el último gran pulmón de San Salvador, tuvo hace seis años a a uno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia como representante de un cliente que adquirió 127 manzanas de terreno. José Roberto Argueta Manzano, recién electo magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ofreció 2 millones 979 mil dólares durante una subasta pública en calidad de socio y representante legal de una empresa dedicada a la inversión en terrenos rústicos.

La transacción se produjo el 31 de octubre de 2006, y Argueta Manzano representó a Inversiones Ancona S.A. de C.V., una compañía que, según reveló hace dos años el entonces presidente de la cooperativa El Espino, en realidad es una empresa fantasma creada para facilitar la venta de tierras que de otra manera sería más complicado comercializar.

Esa subasta ha permitido, junto a otras transacciones en las que con frecuencia hubo de por medio adquisiciones de millonarias deudas que debían pagarse de inmediato y unas triangulaciones oscuras, que la cooperativa de El Espino se haya desecho desde 2002 de unas 426 manzanas de tierra. Esta transacción es apenas una en la larga cadena de pasos con los que la finca El Espino poco a poco ha ido quedando en manos distintas a las de los originales beneficiarios de la reforma agraria.

Esa mañana de diciembre, el juez de lo laboral de Santa Tecla abrió la subasta y el único en pujar una oferta por 127.7 manzanas del último pulmón del Gran San Salvador fue Argueta Manzano. El juez no encontró ningún impedimento legal para adjudicar a Inversiones Ancona tierras equivalentes al tamaño de 115 canchas de fútbol.

Entre los nuevos 15 dueños de terrenos en la finca ahora hay iglesias, lotificadoras, constructuras, firmas de abogados y empresas que se dedican al negocio de bienes raíces, lo que hace sospechar que han adquirido las tierras con la esperanza de que en un futuro se derogue el Decreto Legislativo 432 de 1993, que es el único que por ahora protege 815 manzanas (de las 1,149 originales) de cualquier construcción o incluso de la tala de árboles. El decreto, aunque bautiza a El Espino como zona protectora de suelo y reserva forestal protegida, no impide que personas ni empresas compren lotes en su interior. La compra total de la finca parece una cuestión de tiempo, y aunque el gobierno está investigando, hasta ahora no ha podido detener la reducción gradual de la finca, que hace unos meses perdió siete manzanas adicionales. De las 686 manzanas que la cooperativa El Espino tenía en 1995 ahora solo quedan 213 en su poder, según los documentos públicos del Centro Nacional de Registros (CNR).

Inversiones Ancona S.A. de C.V., constituida el 31 de agosto de 2006, tiene el 15% del total de la finca. Cuando la subasta, según los datos del CNR, Argueta Manzano tenía el 70% de las acciones de la sociedad, y el 30% restantes a nombre de un mensajero. El presidente de la cooperativa, José Elías Escalante, reveló a El Faro en 2010 que ellos crearon Inversiones Ancona para vender esas tierras al gobierno, porque el entonces presidente Antonio Saca había anunciado que quería comprar tierra para levantar un parque ecológico. Dijo claramente que el representante de la compañía, Argueta Manzano, era un prestanombres.

Pero como una venta directa de la cooperativa al gobierno no era posible dado que lo prohíbe la Ley General de Asociaciones Cooperativas de la Reforma Agraria -salvo excepciones que no eran el caso-, la cooperativa tuvo que utilizar otro proceso. Organizar una subasta pública -algo que sí permite la ley- tampoco era un procedimiento atractivo debido a que el trámite era muy engorroso y permitía que cualquier ciudadano tuviera la posibilidad de adueñarse del terreno con solo presentar la mejor oferta. Así que la cooperativa tuvo la idea de constituir una empresa de fachada que les permitiera hacer negocio aprovechando un vacío de ley. Y así nació Inversiones Ancona S.A. de C.V.

El proceso fue así. Ni la ley de la reforma agraria ni la ley de asociaciones cooperativas prohíbe que las tierras en posesión de una cooperativa se usen como garantía para suscribir deudas hipotecarias. Así que el 15 de mayo de 2006 el entonces presidente de la cooperativa, Óscar Solís Girón, puso 127.7 manzanas como garantía de una hipoteca que en mayo de 2006 suscribió por 2 millones de dólares con Natural Corporation S.A. de C.V. El plazo para pagar la deuda era bastante corto: apenas un par de semanas. La deuda nunca se pagó, y el juez de lo laboral de Santa Tecla libró un embargo y tras el embargo, como la cooperativa seguía sin honrar la deuda –el presidente actual de la cooperativa, José Elías Escalante, admite que nunca hubo una verdadera intención de pagar- el inmueble terminó rematándose al mejor postor. En este caso, Inversiones Ancona S.A. de C.V. fue la única empresa ofertante en aquella subasta de octubre de 2006, según el acta judicial del trámite. Al parecer pasó inadvertida para otros interesados. “No la compramos en subasta, sencillamente se nos adjudicó”, confesó Escalante a El Faro.

Inversiones Ancona, que se había constituido dos meses antes de la subasta con un capital de 12 mil dólares, pagó 2.97 millones de dólares por la propiedad. Coincidentemente, Inversiones Ancona fue constituida bajo los oficios del notario Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds, el mismo abogado de la cooperativa y quien también ayudó -y sigue ayudando- a negociar tierras de El Espino. Solo entre 2002 y 2009, 371 manzanas fueron vendidas por 19 millones 119 mil 732 dólares, según la contabilidad que encontró el departamento de asociaciones agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Tres años después, se han vendido al menos 55 manzanas más, para un total de 426 manzanas cedidas a terceros, es decir, un 62% del área original.

En 2006, el ahora magistrado José Roberto Argueta Manzano fundó Ancona y fue parte de su junta directiva. Él tenía el cargo de administrador único propietario, y Miguel Ángel Vega Zaldívar, su suplente. Según el acta de constitución, estaría cinco años en el cargo. En 2010, el abogado Córdova Hinds dijo a El Faro que Ancona en realidad era propiedad de unos estadounidenses pero que al principio se utilizaron abogados locales para constituirla y que luego los segundos la transferirían a los primeros. Sin embargo, si hoy en día uno ingresa el código de la empresa en la base de datos del Registro de Comercio del CNR, los directivos que aparecen siguen siendo salvadoreños y su relación con la cooperativa El Espino es innegable.

Las seis personas que aparecen como directivas de Inversiones Ancona viven dentro de El Espino y algunos, como en el caso del vicepresidente y del primer director suplente, tienen cargos en el consejo de administración de la cooperativa. Emenecia Portillo, de 44 años y dedicada a oficios domésticos, es la vicepresidenta de Ancona y presidenta del consejo de vigilancia de la cooperativa, que es la entidad que en teoría vigila la probidad de las decisiones de toda la directiva, conformada por ocho personas. El otro caso es el de Santos López, un albañil de 57 años que en la empresa es primer director suplente y en la cooperativa es el tesorero. Antonio Rodríguez Rodríguez, el actual representante legal de Ancona desde enero de 2012, es familiar del expresidente de la cooperativa Óscar Solís Girón.

Aquella versión del abogado Córdova Hinds, de que Ancona pertenecía a estadounidenses, salió a la luz en septiembre de 2010, un mes después de una entrevista con El Faro en la que José Elías Escalante, el actual presidente de la cooperativa, explicó que Inversiones Ancona en realidad era una empresa “de ellos mismos”, de la cooperativa, y que había logrado obtener en remate 127 manzanas por un préstamo que en realidad nunca existió. Esa no fue la única confesión de Escalante: también dijo que Argueta Manzano, exgerente de la Asociación de Beneficiados y Exportadores de Café (1989-2001), había servido como prestanombres y que cuando ofreció 2.9 millones de dólares en la subasta en Santa Tecla lo hizo porque era parte del plan.

Carta enviada por la Cooperativa de El Espino al abogado José Roberto Argueta Manzano en la que se retractan en lo vertido a El Faro durante una entrevista en 2010
 
Carta enviada por la Cooperativa de El Espino al abogado José Roberto Argueta Manzano en la que se retractan en lo vertido a El Faro durante una entrevista en 2010

La dirección postal que aparece para Inversiones Ancona en el Registro de Comercio (67a. Avenida Sur, pasaje 2, número 26, colonia Escalón, San Salvador) es la misma que aparece para la firma de abogados Consortium. En esa firma trabaja Manuel Alejandro Alfaro Rugliancich, quien en 2009 pidió a la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucional el decreto 432 que protege por ahora a la reserva de la finca El Espino. La Sala de lo Constitucional resolvió el 28 de octubre de ese año que su solicitud era improcedente porque en la demanda no se establecía jurídicamente ninguna posibilidad de contravención a la Constitución. Otro abogado de apellidos Alfaro Rugliancich, Thelmo Patricio, es el representante legal de Inversiones San Agustín, una empresa que el 28 de junio pasado compró poco más de 5 de las 7 manzanas de tierra de El Espino que subastó el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque por el precio de 3 millones 500 mil dólares. 

El proceso con el que estos lotes llegaron a rematarse en un juzgado a 30 kilómetros de distancia del domicilio de los mismos está siendo estudiado por la Subsecretaría de Transparencia. Una fuente de gobierno confirmó a El Faro que el MAG ha presentado una demanda contra Gladis Marina de Hernández ante la Fiscalía General de la República debido a que ella concedió las credenciales al expresidente de la cooperativa Óscar Solís Girón con las que pudo permanecer en el cargo de presidente cinco años más allá de lo establecido y tiempo en el cual se suscribieron muchas ventas. El gobierno dijo en su momento que pensaba revertir dichos trámites invalidando las credenciales de Solís Girón, sin embargo, no ha ocurrido tal cosa. El Faro ha solicitado entrevistas al Ministerio del Ambiente, institución que en 2010 anunció la creación de una mesa interinstitucional para indagar en el caso, pero aún no ha habido respuesta. 

Uno de los elementos a investigar es por qué razón la cooperativa ha permitido que el domicilio para que se celebren las subastas sean en jurisdicciones alejadas a la finca. Además del remate en Tonacatepeque, El Faro conoció que otras seis manzanas de El Espino enfrentan un proceso de embargo en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, en La Libertad. Estos procesos se han dado en los últimos 10 meses. La mayoría de las subastas que se dieron de 2002 hasta la fecha ocurrieron en el juzgado de lo laboral de Santa Tecla, con el juez Miguel Ángel Reyes Hernández, quien fue desaforado por la Corte Suprema en enero pasado por enfrentar casos de prevaricato. Reyes Hernández terminó renunciando al Órgano Judicial en marzo pasado, en medio de 11 investigaciones internas en su contra por mala administración de justicia. Ninguno de los casos está relacionado con El Espino.

La cooperativa ha utilizado diversas modalidades para vender las tierras. Una de ellas es la venta directa a sus asociados, algo permitido por la ley de cooperativas, y luego estos la venden a terceros. Otra es la obtención de préstamos con garantía hipotecaria que se vencen en cuestión de días. Eso provoca que ante la imposibilidad de pagar la deuda millonaria, les embarguen y así las tierras hipotecadas puestas como garantía pasan a favor de los acreedores o de un tercero. Otro mecanismo ha sido el de constituir empresas fantasmas, como Inversiones Ancona S.A. de C.V., para que estas pujen en substastas. El ISTA ha reconocido que los mecanismos que la cooperativa ha utilizado para vender las tierras ha sido una manera de burlar el espíritu de la reforma agraria y, aun más, revertirla.

El Espino tenía 1,149.75 manzanas originalmente, y pertenecían a Roberto Dueñas Palomo, Roberto Miguel Dueñas Herrera y Miguel Arturo Dueñas Herrera. Con la reforma agraria esas tierras pasaron a 450 familias, herederos de los colonos, que en teoría debían trabajarla y explotarla. Los Dueñas se opusieron. Basándose en un plano de zonificación del Gran San Salvador elaborado en 1969 en el que el gobierno estipulaba que no todo El Espino era rural -y por tanto, confiscable-, los expropietarios libraron un lucha judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. El objetivo de fondo era que el Estado les devolviera la parte urbana de el inmueble. En 1987, la Corte Suprema dictaminó que la reforma agraria había sido ilegal en dicha porción urbana, y se la devolvió a los Dueñas. Los cooperativistas se quedaron con un terreno rural de 575.91 manzanas. Después el Estado compró más tierras urbanas a los Dueñas, y las donó a las alcaldías de San Salvador y Antiguo Cuscatlán para construir un parque ecológico, hoy Bicentenario. En suma, la cooperativa tenía en 2002 un total de 686 manzanas. Las 463 manzanas urbanas restantes en poder de los Dueñas comenzaron a venderse a constructores. Así fue como surgió el centro comercial Multiplaza y, más recientemente, diversas residenciales que quedan contiguo a la colonia San Benito.

La sala de lo Contencioso Administrativo que revertió parcialmente la Reforma Agraria en 1987 para la finca El Espino es la misma instancia a la que llegó Argueta Manzano hace apenas dos semanas.

En este tiempo, la entidad de 127 socios que cultivan el café en el inmueble y que fueron beneficiarios de la reforma agraria, ya no se llama Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria El Espino. Ahora se denomina Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Espino de R.L. Ha borrado 'Reforma Agraria' de su nombre.

El abogado y notario Argueta Manzano renunció al cargo de administrador único propietario de Ancona el 9 de septiembre de 2010, dos días después de la publicación de El Faro en la que José Elías Escalante lo señalaba como prestanombres. En la carta que presentó ante el registro de comercio del CNR para darse de baja señaló que renunciaba “por motivos del tiempo que me exigen mis obligaciones profesionales”.

Argueta Manzano, de casi 55 años, se desempeñaba como miembro de la Comisión Presidencial para asuntos limítrofes relativos al Golfo de Fonseca cuando participó en la subasta como representante de Ancona en 2006. También era el representante de la Fiscalía General de la República ante de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, cargo que ocupó hasta antes de ser elegido magistrado, en marzo pasado.

El Faro solicitó una entrevista a Argueta Manzano la semana pasada, sin embargo, el magistrado decidió enviar una copia de una carta en la que la cooperativa El Espino se disculpa con él por haber dicho a este periódico que su función en Inversiones Ancona era servir de prestanombres. Señaló que esta semana podría conceder una entrevista.

En esa carta los cooperativistas alegan que nunca dijeron que el notario fuera un prestanombres, y aseguran que en su momento enviaron dicha aclaración a este periódico. Pocos días después de que El Faro hiciera públicas las declaraciones de Escalante, un abogado particular llamó a este periódico para asegurar que los cooperativistas se retractaban de sus señalamientos, pero esa retractación nunca llegó a este periódico.

Sobre Inversiones Ancona S.A. de C.V., el CNR aporta un poco más de información: por ejemplo, que los documentos que preparaba Argueta Manzano y que contenían los balances generales de la empresa y que debían registrarse en el CNR en 2008, 2009 y 2010 adolecían de ciertos problemas: en algunos casos el CNR observó que el sello del auditor externo no cumplía con los requisitos de ley. No era legible el código del mismo, así como tampoco las leyendas “República de El Salvador” o “contador público”. En otros casos, los balances generales iban incomplentos, no presentaban variaciones en el patrimonio sino que solo valores totales. Otras observaciones, por ejemplo, para el balance general de 2008, establecía que los documentos presentados al registro debían ser originales y no copias, así como las firmas y sellos del auditor externo.

En los balances de 2009 y 2010, el CNR también pidió a Inversiones Ancona que escribiera bien su nombre, debido a que en la documentación que presentaban le faltaba una palabra. Argueta Manzano dejó de gestionar la renovación de matrícula comercial de Ancona a partir de 2010, y desde entonces, nadie en la empresa lo hizo. Fue hasta en abril de 2011 que, según el CNR, Ancona dio señales de vida de nuevo.

El cooperativista Alcides Méndez llegó el 27 de abril al CNR a intentar inscribir una nueva junta directiva. Ahí fue notificado de todas las observaciones contra los documentos de la sociedad y fue hasta enero de 2012 que Ancona se puso nuevamente al día. Sus activos, sin embargo, parecen estancados: son los mismos 2.97 millones de dólares que el magistrado Argueta Manzano ofreció para comprar las 127 manzanas del Espino, el último pulmón del Gran San Salvador, hoy en manos de lotificadoras y empresas de bienes raíces, entre otros nuevos propietarios. 

José Roberto Argueta, primero a la izquierda, observa su teléfono durante la toma de la Corte Suprema de Justicia el domingo 1 de julio 2012.
 
José Roberto Argueta, primero a la izquierda, observa su teléfono durante la toma de la Corte Suprema de Justicia el domingo 1 de julio 2012.

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