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Propuesta para un acuerdo nacional de seguridad

Roberto Cañas

 
 


Los salvadoreños tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, y proponer de manera permanente soluciones a los principales problemas del país. La delincuencia, la violencia y la inseguridad están causando un enorme daño a las personas, las familias y las comunidades. Urge construir un acuerdo político y social que permita hacerle frente a la crisis de violencia que enfrenta el país.

Ojalá que finalmente los astros se alineen y maduren las condiciones de un Acuerdo Nacional para lograr la seguridad ciudadana, pues esperar a que una política de seguridad dirigida por militares resuelva la problemática compleja de la delincuencia es ilusorio. La política policial empeñada únicamente en la captura de delincuentes lo único que ha logrado es saturar el sistema penitenciario pero no ha tenido resultados positivos.

Parece que llegó el momento de superar la actuación errática del gobierno en seguridad pública, ya no se trata de ensayar una y otra vez, medidas que no funcionan; es indispensable que se pueda garantizar que el Estado cumpla con su mandato constitucional de asegurar a sus ciudadanos el derecho a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegidos en la conservación y defensa de los mismos.

En términos del Acuerdo Nacional es mejor partir de estar a favor de la seguridad ciudadana que en contra de la delincuencia. Estar a favor de la seguridad ciudadana significa coincidir en la necesidad de una acción integrada del Estado y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, y estar dispuestos a trabajar en la prevención de la comisión de delitos. 

El Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana debe generar los consensos necesarios que permitan elaborar una política integral en materia de seguridad en democracia y dar los elementos necesarios para construir una política de Estado formulada bajo principios de racionalidad e integralidad, que tenga como premisa básica la prevención y contemple la atención ysolución real al problema de la delincuencia en el corto, mediano y largo plazo y basarse en los siguientes criterios.

Criterios rectores  de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana:

El respeto a la constitución: la Política de Estado que surja del Acuerdo Nacional debe cumplir con la ley, contribuir a la consolidación del estado social y democrático de derecho, garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Asumir el Concepto de Seguridad Ciudadana que coloca al ciudadano en el primer plano de todas las acciones por la seguridad y la justicia, contribuyendo a crear las condiciones para el pleno desarrollo humano basado en el ejercicio de derechos y libertades y el cumplimiento de obligaciones. Adoptar el modelo de seguridad ciudadana significa poner en primer término la protección de las personas, el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de ciudadanía y de la participación social. 

Las políticas en materia de seguridad pública deben de estar dirigidas por liderazgos civiles: la seguridad y la justicia en democracia deben funcionar bajo el control de la autoridad civil. La intervención militar es excepcional y debe terminar; las fuerzas armadas deben abandonar las funciones de seguridad pública y dedicarse a cumplir eficientemente las misiones que le define la constitución.

El Acuerdo Nacional debe tener un diagnóstico común acerca de las causas de la delincuencia. La solución de un problema comienza por su adecuada definición. Se debe abandonar la idea de que las pandillas son el principal y casi único problema delincuencial del país. En El Salvador un enorme número de personas participan en el crimen organizado lavando millones de dólares, en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, en la trata de blancas y la delincuencia común. 

La primacía de la prevención de la violencia y la delincuencia: es necesaria la generación de una cultura de prevención para incidir sobre los contextos sociales, económicos que propician la violencia y la actividad delictiva. Hay que superar de manera definitiva el menosprecio del potencial de la prevención como estrategia eficaz para construir un El Salvador más seguro.

Las medidas de política pública en seguridad deben de tener un carácter sistémico. Se deben articular las acciones en que intervienen la Policía, la Fiscalía General de la República, el sistema judicial y el Sistema Penitenciario. Es indispensable abandonar las decisiones aisladas. 

Cambiar el Modelo Policial por uno basado en una policía comunitaria, ningún ámbito de intervención tiene tanta posibilidad de éxito como el de la comunidad. El diseño de la política policial se debe basar en la identificación de los factores yconductas de riesgo delincuencial en lo local y para esto es importante que la población participe en el diseño, ejecución y control de las políticas de la Policía.

Política de Seguridad con una fuerte acento en la juventud: En El Salvador el 58.5% de la población es menor de30 años, la atención de la juventud debe ser prioritaria, tenemos un bono demográfico que no estamos aprovechando; a los jóvenes si no se les ofrecen oportunidades de recreación y trabajo seguirán en riesgo de caer en problemas de drogadicción o de ser reclutados por organizaciones criminales. Los programas sociales enfocados en la juventud deben formularse con la participación de los jóvenes como factor que pueda contribuir al éxito.

Contar con una política fiscal que garantice el flujo de recursos para el impulso de una política integral de seguridad. Ningún proceso de transformación en las áreas de seguridad y justicia puede conducirse sin una política financiera donde estén asegurados los recursos de manera sostenible.

La política de seguridad no puede estar en función de intereses políticos o electorales de partidos o personas. Que puedan aprovecharse de su posición para buscar capitalizar para un partido o para una candidatura el trabajo de seguridad publica.

Se deben desarrollar programas robustos de atención a las víctimas de la violencia y contar con mecanismos de reparación del daño para sus familiares. Hay que generar la institucionalidad que se haga cargo de esta misión tan importante de acompañamiento y solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Las políticas en materia de seguridad ciudadana deben ser transparentes: Desde la acción pública más simple hasta las decisiones más importantes. Se debe respetar el periodismo de investigación, que cumple con una función publica de informar y crear opinión.  

Finalmente propongo la convocatoria de un Foro Nacional de discusión sobre un Acuerdo Nacional de Seguridad Ciudadana que tenga como meta tener resultados que se puedan anunciar el 15 de septiembre de 2012, con base en la siguiente agenda: 1. Diagnóstico común de la situación de delincuencia 2. Política de Prevención. 3. Reforma del Modelo Policial. 4. Política de persecución del crimen. 5. Reforma del Sistema Penitenciario. 6. Reforma del Sistema Judicial 7. Sistemas de reinserción y rehabilitación social. 

 

 

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