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El gobierno aleja a los soldados de las labores de registro en todas las cárceles

La Fuerza Armada ya no es, desde mediados de la Semana Santa, la encargada de evitar que ingresen ilícitos en los centros penales. El gobierno, a través del director de Centros Penales, justifica el retiro por razones humanitarias, pero llega apenas dos semanas después de que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se quejaran en un comunicado conjunto de los abusos en los registros.



Roberto Valencia y Daniel Valencia Caravantes

 
 

Apenas 16 días después de que las dos principales pandillas que operan en El Salvador denunciaran en un comunicado conjunto que sus familiares “son víctimas de humillaciones y ultrajes” en los registros, el gobierno ordenó el pasado 4 de abril el retiro de los soldados que realizaban esa labor en las cárceles. El discurso oficial, sin embargo, sigue sin establecer relación alguna entre un hecho y el otro, y justifica las nuevas disposiciones por razones estrictamente humanitarias.

“El señor ministro de Justicia (David Munguía Payés) estaba muy preocupado por el nivel de denuncias que estaba recibiendo la Fuerza Armada en torno a la forma como se hacían los registros en los penales del país”, declaró el director de Centros Penales, Nelson Rauda, al Noticiero de Canal 6.

El respeto a los derechos humanos también fue una de las múltiples razones con las que Munguía Payés trató de justificar el traslado de 30 líderes pandilleros, ejecutado el 8 y el 9 de marzo.

Al margen de las interpretaciones, ni internos ni familiares están siendo revisados ya por los soldados, labor que se les encomendó a mediados de 2010 mediante el Decreto Ejecutivo Nº 371. Personal de Centros Penales ha asumido esa función, si bien distintas fuentes que trabajan en las cárceles confirmaron a El Faro que tanto el registro como el trato son ahora "diferentes", "con más relajamiento".

Rauda fue enfático a la hora de negar que la medida adoptada sea parte de una negociación con los cabecillas de las dos principales pandillas: la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.

La Asociación de Ex Internos Penitenciarios de El Salvador (AEIPES) y la Confraternidad Carcelaria de El Salvador (CCES) son dos de las oenegés que trabajan por la dignificación de las condiciones y por el respeto a los derechos tanto de los internos como de sus familiares. Sus representantes confirmaron que el retiro de los soldados fue una medida unilateral y que ni se les consultó ni se les anunció, a pesar de que el tema estaba sobre la mesa desde el año 2010.

Marvin Amaya, presidente de CCES, supo del “relajamiento” desde el 4 de abril, Miércoles Santo, y lo calificó como sorpresivo. Eso sí, celebró la medida: “Había soldados que desde que llegaba la visita se ponían los guantes, te enseñaban el dedo más grande, se reían y te trataban con un léxico muy ofensivo”. Animó a mantener los cambios, para lo que también solicitó la colaboración de los internos, a quienes solicitó que pidan a sus visitas que no ingresen ilícitos.

Guillermo García, presidente de AEIPES, también mostró su satisfacción por el repentino retiro, una exigencia que desde hace más de un año estaba en la Mesa Permanente Penitenciaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

García confirmó que no se trata solo de un cambio de personal, como está tratando de presentarlo el gobierno, sino que en efecto las medidas se han relajado: “Yo tengo informes de familiares y de los mismos internos de que el registro ahora es totalmente diferente, con un trato totalmente distinto, donde ya no se hacen registros indecorosos”.

Después de la mediación con las dos pandillas, la Iglesia Católica también ha tenido acercamientos con los internos llamados civiles (no pandilleros), y AEIPES adelantó que esta semana se emitirá un comunicado que incluirá una solicitud pública de perdón a la sociedad salvadoreña y un compromiso para evitar que ingresen objetos ilícitos en los centros penitenciarios.

A pesar de que Rauda insistió en sus declaraciones a Canal 6 en que “las denuncias son algo que tenían muy preocupado al ministro de Justicia”, las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en registros están documentadas desde hace más de un año, como lo demuestra un informe oficial que la PDDH envió a la Asamblea con fecha 3 de enero de 2011: “Es preocupante que los soldados se valgan de métodos intrusivos en la intimidad y dignidad de las mujeres especialmente, al practicar asiduamente registros vaginales y anales a las visitantes”.

Corrupción en Centros Penales

El director de Centros Penales asegura que, gracias a un agresivo proceso de depuración interno, la institución está preparada para asumir de nuevo esa función, y señaló incluso que la decisión de retirar a los soldados estaba tomada “desde hace cuatro meses”. El plan Cero Corrupción supuso el cese durante el primer trimestre de 2011 de unos 800 empleados por falta de confianza. Para mediados del año pasado, la dirección ya tenía a 401 nuevos custodios recién graduados.

Nora Serrano, la directora de le Escuela Penitenciaria, oficina que capacita a los nuevos custodios –y sobre la cual recae la responsabilidad sobre la “probidad” de los nuevos agentes– concedió en julio de 2011 una entrevista a Sala Negra de El Faro en la que veía difícil que la institución pudiera asumir las labores de registro con garantías.  “La corrupción de los custodios no se solucionará en este quinquenio”, dijo en esa ocasión.

Sin embargo, Douglas Moreno, director de Centros Penales hasta febrero de este año y ahora viceministro de Seguridad, concedió otra entrevista en la que se mostró muy pesimista sobre la corrupción existente en la institución: “Yo pensé que la corrupción en Centros Penales se mantenía no más en cierto nivel de agentes de seguridad, pero no, esto es como hacer un agujero en la arena, que por más que escarbés siempre se vuelve a llenar. Aún sigue siendo muy duro el nivel de corrupción”.

Los soldados entraron de lleno en las cárceles hace casi dos años, y el anuncio lo hizo el propio presidente de la República. “Actualmente –dijo Mauricio Funes el 7 de mayo de 2010, durante la celebración del Día del Soldado– los efectivos militares ya cubren el área perimetral externa de los centros, pero con la entrada en vigor de este nuevo decreto que estoy anunciando ampliarán su colaboración en el interior de los penales, colaborando en el registro de entrada y salida, y realizando todo tipo de control”.

La semana pasada la situación ha vuelto a como estaba hace dos años; es decir, con presencia de la Fuerza Armada pero limitada al perímetro y a los garitones de las cárceles que más problemas generan, sin contacto de ningún tipo con los internos.

Funes justificó en su día la medida así: “No somos ingenuos, tenemos la certeza de que el crimen organizado opera en estos centros penitenciarios, y el apoyo de la Fuerza Armada será de gran ayuda en esta importante misión”.

Pandillas versus militares

En marzo de 2011, la tensión entre las pandillas y los militares que custodian las cárceles estuvo en uno de sus puntos más álgidos. Por un lado, los pandilleros y sus familiares se quejaban por los registros indecorosos. Por el otro, para ese mes, habían sido asesinados ya 11 militares y ocho policías. A los medios de comunicación, el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, declaraba: “Esto es una guerra para nosotros”.

Quizá la cárcel en donde mejor se definió esa tensión fue Ciudad Barrios, en San Miguel. En ese penal está recluida la mayor cantidad de pandilleros activos de la MS-13 (unos 3 mil), y, según Munguía Payés, información de inteligencia indicaba que desde ahí se había girado una orden para asesinar a militares. En esa época, para responder a esa acusación, un grupo de pandilleros que se declararon como “portavoces” de su pandilla en Ciudad Barrios dijeron a El Faro que el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, lo que estaba haciendo era probar fuerza con ellos.

“Están probando fuerza con nosotros. Están haciendo esto (registros indecorosos a familiares, maltrato a los reos) y no saben que están despertando un monstruo que tal vez no lo van a poder parar. ¿Por qué? Porque como pandilla estamos a nivel nacional e internacional. Si venimos y nos ponemos de acuerdo, podemos causar mucho daño. Pero no es nuestra intención. No queremos llegar a ese extremo. Lo que queremos es que se nos trate como personas. Si estamos nosotros pagando por un delito, ¡somos nosotros! Nuestra familia no tiene por qué pasar esos bochornos, esos maltratos”, dijo uno de ellos.

Un año después, a inicios de marzo de 2012, el Comité de Familiares pro Privados de Libertad (Cofa-PPL), entidad que aglutina a familiares de reos comunes y de reos ligados a las dos pandillas, seguía denunciando el error del gobierno al mantener a los militares efectuando labores de seguridad en los barrios. En un comunicado colgado en el blog de la organización, denunciaron las violaciones a los derechos humanos ejercidas por los militares en las principales prisiones del país. Una denuncia similar a la que esgrimieron ambas pandillas en el comunicado que hicieron público a mediados del mismo mes, en el que dijeron que los pandilleros presos eran víctimas de tratos inhumanos dentro de las cárceles.

A finales de marzo, a ese mismo penal desde donde hace un año la MS-13 y el comando militar que custodiaba la cárcel se declaraban guerra, los mediadores de la tregua entre las pandillas (monseñor Fabio Colindres y el exguerrillero Raúl Mijango) celebraron una misa con los pandilleros ahí presos.


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