El ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, admitió este lunes que después de un trimestre en el cargo, los homicidios se han incrementado de un promedio de 12 diarios a 13 cada día, aun cuando él prometió en noviembre pasado reducirlos en un 30% al cabo de un año.
Según Munguía Payés, los índices de efectividad en el combate y castigo a la delincuencia no pueden mejorar en un sistema judicial colapsado como es el salvadoreño. 'Nosotros capturamos a 220 personas diarias. No hay sistema legal, en este momento, que pueda procesar esa gran cantidad de delincuentes al día. Por cada uno de estos que capturamos debe haber un proceso para probar la culpabilidad. ¿Cuántos fiscales no necesitaríamos para garantizar la pronta y y debida justicia que necesitamos?', dijo Munguía Payés, tras una visita a la Asamblea Legislativa.
El ministro dijo que en el caso de los homicidios la eficacia del sistema es de apenas un dígito, aunque su afirmación se basa en datos de 2005. 'Mire, en este país, de 100 homicidios solo se investigan 14, y de esos, solo el 3% son resoluciones condenatorias. Quiere decir que la mayor parte de homicidios en ese país el sistema no los procesa', dijo.
El Faro le hizo posteriormente una pregunta: si el 3% del que hablaba estaba referido al total de homicidios o al 14% de los que llegan a tribunales. En este caso dijo que no estaba seguro de eso, pero que él se basaba en un informe auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2007, que el mismo organismo terminó desconociendo tras entrar en controversia con el gobierno de Antonio Saca.
Dicho estudio se construyó con datos recogidos en 2005 por los abogados Francisco Díaz y Sidney Blanco, y era de alcance muy limitado, pues se basaba en información de algunos de los tribunales de de tres municipios del país. Sin embargo, el documento tenía algunas inconsistencias incluso aritméticas. Pero, además, el PNUD dijo que nunca debió haberse publicado porque en la divulgación de los hallazgos se había saltado el protocolo del organismo, que pasaba por compartir previamente la información con el gobierno.
Ese documento que el mismo auspiciador terminó descalificando hace casi cinco años y con datos de hace casi siete años es el que el ministro toma hoy como referencia para decir que la impunidad en los asesinatos en El Salvador es del 97%. 'Creo que las cifras no han cambiado mucho', dijo este lunes Munguía, cuando se le preguntó si no estaban desactualizadas las cifras de ese informe.
En realidad el informe decía que había un 3.86% de sentencias condenatorias en los homicidios en tres de las principales cabeceras de El Salvador. La impunidad, por lo tanto, era de un poco más del 96%.
En El Salvador la Fiscalía siempre se ha rehusado a revelar información de cuántos de los homicidios logra llevar a los tribunales o cuántos de los homicidios llevados a tribunales terminan en condena. La única referencia que El Salvador ha tenido en los últimos años es esa investigación de Blanco y Díaz, que fue tachada en su momento por el gobierno de Saca por estar 'sesgada ideológicamente'. El PNUD pidió disculpas públicas por la divulgación no autorizada.
El estudio recogía lo encontrado en 316 expedientes de homicidios repartidos en tribunales de San Salvador, Santa Ana y San Miguel y hacía una extrapolación de esa información para pretender darle validez nacional.
Pese a las falencias detectadas en este informe, el ministro Munguía Payés, quien cumple tres meses en el cargo, ha rescatado esas cifras y son las que comunicó a este periódico cuando se le preguntó sobre la causa de la violencia en el país. Esta es la primera vez que el gabinete de seguridad hace propio un estudio sobre la eficacia del sistema judicial salvadoreño. En febrero pasado, el subdirector de investigaciones, Howard Cotto, explicó a La Prensa Gráfica que no tenía a la mano un estudio sobre los niveles de impunidad en el país.
El ministro también confirmó un alza en los homicidios de 12 a 13 asesinatos diarios desde que asumió el cargo en noviembre. 'Los homicidios han tenido un pequeño repunte. Ya estamos trabajando, es un problema que no lo vamos a solucionar en dos meses, pero tenemos planes. Esperamos, a partir del mes de marzo, comenzar a echar a andar iniciativas de nuestra estrategia', dijo.
El general explicó que el incremento se ha dado debido a que por ahora su gabinete ha implementado medidas de contención y continuidad de las anteriores políticas implementadas por el exministro Manuel Melgar. Está en una etapa de transición. Un segundo argumento para explicar el alza, según el ministro, es que los delincuentes quieren demostrar su dominio ante el futuro trabajo antidelincuencial que ha anunciado el gobierno. 'Dentro de unos meses nosotros vamos a salir con mucha fuerza a combatir a los delincuentes, ¿verdad? (...) Para mientras están dando coletazos, y para mientras están tratando de acentuar el dominio, entre comillas, que ellos tienen en ciertas lugares, ciertos municipios y colonias, sobre todo donde hay una presencia importante de las pandillas', detalló Munguía.
El militar de carrera agregó que será hasta dentro de dos meses cuando los primeros avances comiencen a notarse. 'Cuando tengamos la unidad antipandillas lista y cuando tengamos el pliego de leyes que van a ser, espero yo, aprobadas en la Asamblea Legislativa vamos a ser muchos más efectivos y a partir de ese momento los índices delictivos van a comenzar a bajar', explicó.
Munguía reiteró su versión de que el 90% de los homicidios en el país ocurre por la guerra entre las dos pandillas más organizadas del país, la MS-13 y el barrio 18. 'El que no entienda que esto es una guerra de pandillas no vive en este país. Si usted quiere... lea los periódicos, mire quién está matando', dijo Munguía, parafraseando lo que había dicho en una entrevista concedida a este periódico hace casi un mes. Este lunes, El Faro le preguntó al ministro que si se tenía tanta certeza del móvil de los crímenes por qué no era efectiva la justicia en condenar a los culpables. Su respuesta trajo a colación el informe de 2007 del PNUD.
