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La corrupción policial lanza a Honduras a los brazos del Ejército

El presidente Porfirio Lobo ha pedido al Congreso una reforma constitucional que permita a los militares hacerse cargo de la seguridad pública. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Comisionado de DDHH coinciden en que la Policía es el mayor grupo de crímen organizado del país.

José Luis Sanz

 
 

En estos momentos, en Honduras, ser policía es soportar miradas de miedo y sobre todo, y eso es nuevo, de desprecio. El pasado 22 de octubre agentes policiales asesinaron a dos jóvenes universitarios. Dos cadáveres más, en un país en el que la tasa de homicidios es la más alta del continente -88 por cada cien mil habitantes- y en el que desde hace años organizaciones de sociedad civil como el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) denuncian abusos sistemáticos de autoridad cometidos por la Policía Nacional, influencia del narcotráfico en sus estructuras, y funcionamiento de grupos de exterminio uniformados.

Pero esta vez el secreto a voces se convirtió en primera página de los periódicos. Uno de los estudiantes muertos era Rafael Vargas Castellanos, hijo de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), una académica respetada por izquierda y derecha en un país tremendamente polarizado desde el golpe de Estado de 2009, y que dirige desde 2009 un observatorio de violencia. Castellanos y la UNAH exigieron una investigación a fondo, y desataron un escándalo que puede derivar en una profunda depuración de la Policía, solo dos meses después de que la mera sugerencia de emprenderla le costara el cargo al entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez.

El 10 de septiembre, Álvarez, principal impulsor desde los 90 de las políticas de mano dura en el país, fue destituido por el presidente Porfirio Lobo. Días antes, Álvarez dijo haber detectado al menos 20 jefes policiales que servían a narcotraficantes internacionales y les acusó -sin citar nombres- de haberse convertido en "controladores aéreos" de las avionetas que aterrizan en Honduras con cocaína. Pedía mayores poderes para despedir a estos oficiales. El despedido fue él. Diversas fuentes políticas en Tegucigalpa aseguran que una fuerte presión desde los cuarteles policiales influyó en la caída del ministro.

Ahora la corriente corre en dirección contraria. La UNAH, en un informe difundido por los medios de comunicación hondureños la semana pasada, asegura que la Policía Nacional de Honduras es “la organización delictiva más peligrosa del país”, y ha pedido una refundación del cuerpo. Este miércoles 30 de noviembre, una nueva Comisión de Seguridad creada hace pocos días, y de la que forma parte Julieta Castellanos, propondría al Ejecutivo una lista de entre 3 y 5 nombres para presidir una nueva institución independiente que, según ha anunciado porfirio Lobo, se encargará de investigar y evaluar a los agentes policiales.

En los últimos días, consciente de que la población teme y desconfía de las fuerzas del orden, el gobierno ha hecho saber que cualquier retén policial en carretera deberá estar integrado al menos por ocho agentes con una patrulla. ¿El mensaje implícito? Si un agente policial le da el alto en la carretera y usted no tiene la certeza de que sea un verdadero retén, acelere, no se detenga.

Aunque observadores internacionales dudan del alcance real de los planes de depuración prometidos por el actual Ejecutivo, el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, aplaude las primeras iniciativas: “Se había creado una Policía con poderes absolutos, y en ella la corrupción era absoluta”, dice. “Es un hecho que la actual Policía es incapaz de responder a su responsabilidad constitucional de dar seguridad a los ciudadanos”.

Llamada al Ejército.

Mientras se determina cómo rehacer la Policía, Lobo ya anunciado su camino de solución: el Ejército. El lunes 28 presentó al congreso y a los medios de comunicación -pidió explícitamente a los periodistas que le ayuden a convencer a la población de los beneficios de la medida- un proyecto de reforma constitucional que debe permitir que las Fuerzas Armadas asuman tareas policiales con la misma autoridad e independencia operativa que ahora tiene la Policía Nacional.

El artículo 274 de la Constitución de Honduras establece que las Fuerzas Armadas “cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria y situaciones de emergencia.” Lobo aspira a que el Congreso haga una interpretación amplia de ese texto, y tome en cuenta que otro artículo, el 272, incluye entre las responsabilidades de la Fuerza Armada “mantener la paz, el orden público”, para legitimar la iniciativa.

El lunes, Lobo aseguró además que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras le ha ofrecido colaboración para entrenar a militares en sus nuevas tareas de seguridad pública. Consultadas por El Faro, fuentes del PNUD en Honduras se mostraron algo incómodas con el tema y se negaron a pronunciarse al respecto.

Porfirio Lobo ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2009, en plena crisis tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya, y desde que accedió al cargo en enero de 2010 asumió en público la responsabilidad de reconstruir durante su mandato el tejido político e institucional del país. Para ello promovió de la mano de Naciones Unidas el trabajo de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y gestionó el regreso de Zelaya al país para que creara un nuevo partido. Ahora pretende que la Fuerza Armada, que en junio de 2009 fue el brazo ejecutor del golpe de Estado, y a la que la izquierda hondureña califica aún de golpista, tome decisiones en la lucha contra el crimen sin someterse a una autoridad civil.

Esto supone un cambio radical respecto a la práctica, también habitual en Guatemala y El Salvador, de los grupos de tarea conjunta, en los que militares hacen labores de patrullaje y participan en operativos contra la delincuencia, pero siempre bajo la autoridad de un oficial civil de la Polícía.

Lobo quiere acabar con esa subordinación. Y propone, incluso, que en vez de dos ministros (uno de Seguridad y otro de Defensa) exista de ahora en adelante un solo funcionario a cargo de la seguridad pública y de proteger la soberanía, con los dos cuerpos, la Policía y el Ejército, a su cargo.

Representantes de la sociedad civil se han pronunciado en contra de esta última medida, y la han calificado de “retroceso”. Hasta hace 14 años, en Honduras no existía un ministerio de Seguridad y la Policía dependía directamente del de Defensa. La tendencia regional de, con apoyo internacional dejar las tareas de seguridad pública en manos de civiles, llevaron a que se separara en 1993 la Policía de Investigación del resto y se la asignara al Ministerio Público, y a que en 1997, a finales del gobierno de Carlos Roberto Reina, se creara el ministerio de Seguridad y los cuerpos policiales se volvieran a unificar bajo un mando civil.

En Honduras pocos ministros de Seguridad, sin embargo, han sido civiles. Cinco de las ocho personas que desde 1997 han ocupado el cargo han sido ex militares, incluyendo a Álvarez y al actual ministro, Pompeyo Bonilla, que se retiró como capitán.

El Comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, no ve problemas en que la Fuerza Armada salga a las calles desligado de la autoridad civil de la Policía, y muestra plena confianza en la integridad de los militares hondureños frente a la policía, a la que en estos días, en Honduras, nadie defiende y hay quien acusa hasta de un 96% de los homicidios . “A veces, el mando policial corrupto ha llevado a la Fuerza Armada a situaciones complicadas”, dice Custodio.

En los últimos dos meses, en los tres países que conforman el triángulo norte centroamericano, militares en retiro han reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas en cargos de decisión política directamente vimculados a la bores de seguridad pública. Si en Honduras y El Salvador, oficiales retirados están ahora al frente del ministerio de Seguridad, en Guatemala el ex general Otto Pérez Molina, que ha sido acusado por diversas oganizaciones civiles de haber cometido durante los años 80 violaciones a los Derechos Humanos en el departamento índígena del Quiché, ganó las elecciones presidenciales tras una campaña propagandística articulada alrededor del endurecimiento de medidas en el combate a la delincuencia. Pérez ha anunciado ya que en el Ministerio de Seguridad tendrá también a un militar.

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