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Gobierno busca anulación de las compras de tierras en El Espino
Las ventas de tierras en zona forestal fueron realizadas por el ex presidente de la cooperativa El Espino, quien no podía ejercer el cargo desde mayo de 2004. Ex funcionarios del MAG e ISTA avalaron las transferencias con conocimiento de la ilegalidad de Solís Girón.

Fecha inválida
Rodrigo Baires Quezada

 

El Ejecutivo pretende que la venta de dos terceras partes de la finca El Espino a una diversidad de compradores como constructoras y lotificadoras, sean declaradas nulas, debido a la supuesta ilegalidad en el cargo del ex presidente de la cooperativa, Óscar Armando Solís Girón.

Fuentes cercanas a la comisión de alto nivel que nombró la Presidencia para estudiar las transacciones reveladas públicamente por El Faro hace tres semanas, explicaron que esperan la declaratoria de nulidad de los traspasos de tierras ocurridos desde mayo de 2004, cuando según ellos Solís Girón asumió ilegalmente la conducción de la cooperativa El Espino.

De acuerdo con una carta enviada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la cooperativa, Solís Girón 'debió haber dejado de formar parte del consejo de administración el día 3 de mayo de 2005, a más tardar”. Según el jefe del Departamento de Asociaciones Agrícolas del Ministerio, la ley establece un máximo de tres años en un cargo similar, pero los estatutos de El Espino son más retrictivos y hablan de un tope de dos años para sus directivos. Si Solís Girón llegó al cargo en 1999, según la ley solo podía estar en el puesto hasta 2005, y según los estatutos de El Espino hasta 2003. La carta, no obstante, más adelante habla del año 2004: “Esto acortaría el período durante el cual pudo formar parte del consejo de administración hasta el año 2004”, dice la carta.

Las fuentes, que pidieron que no se les citara porque no estaban autorizadas para dar información, dijeron que esperan que de esa manera se revierta la pérdida de 306.64 manzanas del área forestal, además de otras 12 manzanas de tierras urbanizables hipotecadas en mayo de 2009. Anular las compras permitiría que las tierrras regresaran a la cooperativa y negociar con ella una solución permanente para la conservación ambiental de la propiedad.

El estudio realizado por el Departamento de Asociaciones Agropecuarias del MAG es parte de la investigación sobre las ventas y donaciones a asociados y préstamos hipotecarios con las que se disfrazaron compraventas a terceros en los últimos seis años. El oscuro mecanismo permitió que 420 manzanas, el 62% de las tierras otorgadas por el Estado a la cooperativa, sean en la actualidad de privados, incluyendo en ellas empresas lotificadoras y constructoras.

Entre 2004 y 2009, Solís Girón, en su calidad de presidente y representante legal de la cooperativa, realizó contratos de donaciones y ventas de tierras a asociados, lotificaciones y adquisición de préstamos hipotecarios que dejaron 52 lotes de El Espino en manos de terceros. El último de ellos fue un préstamo hipotecario por un millón 120 mil dólares por cinco porciones que sumaban 12 manzanas de tierras en zona urbanizable. De no pagar el préstamo, las tierras pasarían a ser propiedad de Portal y Asociados, una firma de abogados salvadoreña.

Lo frecuente en todas estas transacciones fue un mecanismo extraño porque los cooperativistas adquirían préstamos que debían pagar en plazos excepcionalmente breves, como en un mes, so pena de perder el terreno que daban como garantía para obtener los créditos. Además, las tierras vendidas o donadas a socios cambiaban de manos hasta en dos ocasiones en un lapso de apenas horas.

El 30 de abril de 2009, la asamblea general de la cooperativa resolvió por unanimidad que Solís Girón se mantuviera como presidente del consejo de administración de la cooperativa hasta el próximo 4 de mayo de 2011. “Con cada venta de tierras que se hacía, él (Solís Girón) repartía dinero entre los asociados... Eso era suficiente para que fuera reelegido por unanimidad cada vez que se vencía su período o que se le aprobara cualquier cosa”, reconoce Juan Antonio Gómez, presidente de la junta de vigilancia de la cooperativa desde junio de 2008. La práctica de dar dinero a los asociados por cada venta de tierras fue confirmada por el actual presidente de la cooperativa, Juan Elías, en una entrevista con El Faro, en la que reveló que algunas de las transacciones en realidad fueron autocompras, con el solo fin de darle plusvalía a la tierra, aunque eso supusiera crear una empresa fantasma y utilizar prestanombres.

Esa decisión del 30 de abril de 2009 fue avalada por Gladis Marina de Hernández, entonces jefa del Departamento de Asociaciones Agropecuarias, encargada del reconocimiento oficial, otorgamiento de personerías jurídicas y registro de las cooperativas en el país. El aval fue dado a pesar de la ilegalidad que revestía su reelección.

De esa manera, Óscar Armando Solís Girón sería presidente de El Espino por ocho años consecutivos, algo prohibido por la Ley general de asociaciones cooperativas, la normativa que regula a estas asociaciones desde 1986. Según el artículo 42 de esta ley, los miembros que integran los órganos directivos de las cooperativas durarán en sus funciones de uno a tres años y no podían ser elegidos por más de dos períodos en forma consecutiva para el mismo órgano directivo.

Para Pablo Ochoa, presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria (ISTA), las anteriores autoridades de la institución tenían conocimiento de la ilegalidad del cargo de Solís Girón. “Si supiese que alguien viene con una credencial que es ilegal, no dudaría ni un minuto en avocarme a la autoridad competente para preguntarle cómo es que ese señor tiene ese credencial. Me parece que en este hecho hay una responsabilidad porque era conocido en el ISTA esta situación”, dice.

Los mismos asociados dieron cuenta de la ilegalidad el 19 de abril de 2007. Cinco asociados, entre ellos el actual presidente de la junta de vigilancia, Juan Antonio Gómez, se presentaron al Departamento de Asociaciones Agropecuarias del MAG para imponer una denuncia formal contra Solís Girón. “Así mismo, denuncian que el actual presidente del Consejo de administración (Solís Girón) se está promoviendo para un tercer período, en lo cual no están de acuerdo por muchas anomalías suscitadas dentro de la asociación cooperativa, igualmente consideran que respetando los estatutos que los rigen, no pueden otorgarse un tercer período”, reza el acta levantada por la ex jefa del departamento, Gladis Marina de Hernández.

“La licenciada de Hernández nos citó unos días después para hablar del caso”, relata Gómez. “Cuando llegamos a su oficina, iban saliendo de ella Solís Girón y el resto del consejo de administración... Como que se estaban poniendo de acuerdo porque después, en mayo de 2007,  fue reelegido por unanimidad de los asociados que llegaron a la asamblea general y ella, aunque era ilegal, lo volvió a avalar como presidente.”

Óscar Armando Solís Girón dejó su cargo en mayo de 2010, después de que se hizo público el dictamen de Asociaciones Agropecuarias en que el que se dejaba sin valor la ampliación de su período presidencial. “Por lo tanto, debido a que el señor Óscar Armando Solís ha estado ejerciendo ilegalmente el cargo de presidente (...), respaldado muchas veces por intervenciones fuera del marco legal por parte de administraciones pasadas del MAG, está absolutamente fuera de toda legalidad alargar su plazo como presidente bajo cualquier figura”, dice la carta envida a la cooperativa.

El Faro intentó hablar con el ministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez, y con el secretario de asuntos estratégicos de la presidencia, Franzi Hasbún, para saber si emprenderán algún tipo de acción legal contra los ex empleados de las carteras de gobierno que avalaron a Solís Girón en su cargo. Ambos funcionarios dijeron que no hablarían del caso.

Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds, abogado de la cooperativa, desestimó que se puedan anular las ventas. Para él, no se puede alegar que Óscar Armando Solís Girón no era el representante legal de la cooperativa cuando existen registros públicos que lo acreditaban como tal. “Si el mismo MAG cree ahora que era ilegal lo que estaban avalando (la presidencia de Solís Girón), pues que metan los recursos de ley que correspondan y haber si pueden hacer algo”, retó Córdova Hinds.

La posición del abogado de la cooperativa se basa en que, en todas las transferencias de tierra, Solís Girón no habría participado como presidente de la cooperativa sino como ejecutor especial nombrado por la asamblea general de asociados, una figura que es permitida por la ley. “Es indiferente si él (Solís Girón) era el presidente acreditado del consejo de administración porque no estaba actuando como tal sino como delegado de la Asamblea general extraordinaria”, dice.

Sin embargo, documentos en poder de El Faro demuestran que Solís Girón fue designado para realizar varias transacciones de tierra en su carácter de presidente de la cooperativa. Por ejemplo, el 12 de marzo de 2004, se le autorizó realizar la donación de 50 manzanas de tierra a ocho asociados. Las transferencias, tras recibir el aval del ISTA, se realizaron el 19 y el 25 de agosto. Tres días después, los ocho asociados  vendieron las tierras otorgadas por 3.06 millones de dólares a Inversiones y Desarrollo Díaz Bustamante, una empresa lotificadora con sede en Santa Tecla, y a sus propietarios, Cecilio Díaz Bustamante y Roberto Díaz Aguilar, su hijo.

Además, la posición del abogado de la cooperativa se basa en que la acreditación de Solís Girón era legal toda vez que fue otorgada por las instituciones gubernamentales encargadas de ello. De esa manera, explica, los actuales propietarios compraron las tierras de buena fe y amparados en la legalidad de los documentos que les fueron mostrados. Entre ellos se incluían las copias de los acuerdos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agrícola (ISTA) y el visto bueno del MAG, además de la acreditación legal de Solís Girón.

De igual forma actuó el catastro del Centro Nacional de Registros (CNR), donde las transferencias fueron registradas por la documentación que fue presentada al momento de la operación era legal. José Enrique Argumedo, director ejecutivo de la institución, aseguró que la situación se complica porque una inscripción realizada no puede quedar sin efecto o ser anulada sino es por orden de un tribunal. “Cualquier cosa mala que pudo haberse hecho, se arreglará por la vía judicial y corresponderá hacerlo a la Fiscalía General de la República (FGR)”, dice.

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