Usted, como ciudadano privilegiado por los cargos que ha tenido y por la información que ha podido manejar, ¿dónde piensa que inicia la solución al gran problema de homicidios? Los políticos siempre nos han vendido sus recetas de endurecer las leyes, de mano dura y del ejército en las calles, y el problema, en lugar de desaparecer, creció. ¿Dónde empieza la solución?
Mire, yo creo que el endurecimiento de las leyes en este momento no va a solucionar el problema de la delincuencia. Más endurecidas de lo que están no pueden estarlo, a menos de que llegáramos a reformar la Constitución y volviéramos a la pena de muerte. Sólo eso faltaría ya en el endurecimiento. Porque si tenemos ya penas de 50 o más años, entonces ya no veo que eso sea la situación… Mire aquí, indiscutiblemente...
… Perdón, pero aquí nos han vendido siempre que endurecer las penas es disuasivo, que eso es el primer paso para empezar a resolver el gran problema de violencia que tiene el país.
No lo dudo que pueda ser disuasivo en algunas personas, pero no en todas. El que comete el delito no está pensando en que le van a caer 50 años. Ahora, sí creo que puede ser disuasivo en un buen porcentaje. Indudablemente lo que se tiene que trabajar es la prevención, el rescate de esta gente que está por caer en las garras de las bandas organizadas o de las pandillas, trabajar a los muchachos que están propensos. El caso que tuvimos recientemente del joven que mató al otro por una camiseta. Trabajar lo institutos, los colegios, las escuelas y tratar de rescatar a los que están ya adentro de las pandillas. Por ejemplo, tenemos aquí los programas que tiene el padre Pepe (Morataya),en el Polígono Don Bosco, que ha rescatado ahí a muchísimos jóvenes. Entonces, programas de esa naturaleza. Y también, poder reubicar a la persona que se quiere salir de la pandilla, porque aquí usted se sale de la pandilla y termina muerto.
Usted dijo que una causa de la incapacidad de la Fiscalía es que los fiscales tienen demasiados homicidios que resolver. ¿No se podría decir también que hay demasiados homicidios porque la Fiscalía ha sido incompetente?
No crea que sea tan categórica la situación de que por eso hay tanto delito, creo que sería muy extremo poder afirmar esa situación.
Usted mencionaba un abanico de posibles medidas, ¿pero por dónde empezaría usted operativamente?
La policía tiene focalizadas las áreas más importantes donde se comete la mayor cantidad de delitos.
¿Cree?
Por lo menos hace un año existían, tienen su mapa de las áreas más conflictivas, entonces, básicamente enfocar la mayor cantidad de personal de investigación a esas áreas.
Eso suena muy sencillo y, aparentemente, no se hace o no se hace bien.
Se estaba haciendo en alguna medida. Recordemos que a la salida del ingeniero Ávila los delitos venían para abajo con un plan que él había ideado. En general todos los delitos habían bajado, estaban focalizadas las áreas donde había mayor incidencia delincuencial, lo que pasa es que el sistema, como ustedes bien lo han expresado, es complejo, por un lado, la Fiscalía investigando, por otro lado la Policía. Pero es una cosa que si una de las instituciones falla, la otra, necesariamente también falla; porque si la Policía no hace bien su trabajo, lógicamente que son los que recogen la prueba inmediata, la Fiscalía también va a fallar y lógicamente el sistema judicial también falla, porque usted le presenta a un detenido y lógicamente si todo viene malo esa persona va para afuera y entonces son los reclamos y la intranquilidad de que el delincuente volvió a la calle.
¿Entonces usted empezaría quizás focalizando la acción policial?
Focalizando, claro, y trabajando mucho el área de prevención de la Policía. La Policía tiene una sección que se llama Policía Comunitaria, que es la Policía que trabaja con todas las comunidades y que tiene que ganarse la confianza de la población. Porque en nuestro medio nadie quiere servir como testigo, porque le da miedo, porque no tiene confianza.
La policía comunitaria de Mejicanos es tres personas.
No, es que a eso voy también, usted tiene que tener los recursos necesarios para poder hacer esa labor, pero un problema nos lleva al otro. La falta de presupuesto nos lleva a que la Policía tenga una Policía Comunitaria totalmente deficiente porque no tiene los medios para hacerlo ni tiene la capacidad.
Mire, el Estado prácticamente se ha declarado incapaz de atender una de sus obligaciones, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, y les ha dicho a estos: “Como no puedo, ármense”. ¿Usted usa arma de fuego?
No, nunca he usado arma de fuego, jamás.
¿Pero le parecen una buena solución?
No.
¿Por qué?
Porque está demostrado, en primer lugar, que el ciudadano no tiene ni el arrojo ni la habilidad para poder enfrentarse con una persona que está acostumbrada a delinquir y que, invariablemente, andan dos o tres. Entonces, cuando hemos tenido casos de ciudadanos que se la llevan de muy fuertes y que quieren reaccionar sacando un arma de fuego lo más seguro es que esa persona ha terminado asesinada. Entonces, le digo, yo no soy partidario de eso. Yo no ando armado, nunca he andado armado.
¿Respalda la idea de que se derogue el permiso de portación de armas de fuego?
Si de mí dependiera, nadie debería tener armas en el país. Eso parecerá ilógico, con la situación que tenemos, pero si usted encuentra a alguien armado y le pone 50 años de cárcel, seguramente lo va a pensar dos veces para sacar el arma y andar propenso a delinquir.
¿Sólo el hecho de hallarle el arma y ya?
Si usted tiene una prohibición total, tipo Japón, donde no puede andar armado, y a esa persona le ponen una pena alta por andar un arma de fuego, entonces, le digo, lo pensaría dos veces.
Es una solución muy sencilla y por otro lado suena muy lógica si el 80% de asesinatos en El Salvador se cometen con arma de fuego. ¿Por qué aparentemente a nadie se le ha ocurrido esta solución?
Bueno, ahí está la Asamblea Legislativa, que tendrían que analizar eso.
¿Qué factor entra aquí en juego que ciega a los diputados entonces?
Tal vez la misma creencia de que andando armado se vuelven totalmente exentos de que les vaya a ocurrir un atentado.
Los diputados han tenido en sus manos ese estudio del PNUD que mostraba el mito de que armar a los ciudadanos es la solución.
Yo no conozco los argumentos de los diputados para no tomar en cuenta eso.
Hablemos de usted. ¿Por qué quiere llegar al Consejo Nacional de la Judicatura? ¿No está cómodo en su despacho?
Pues fui invitado a participar en este proyecto, he visto las situaciones por las que se ha atravesado el año anterior el Consejo y trataríamos de hacer un buen trabajo, y eso es lo que ha motivado a las personas que vamos de parte del Centro de Estudios Jurídicos.
Después de lo que ocurrió el año pasado, la gente tendría derecho a pensar que Romeo Melara Granillo tiene aspiraciones de convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que se va a autoproponer desde el CNJ.
Fíjese que yo propondría incluso la reforma a la ley, una prohibición total de que quien esté en el Consejo pueda participar, porque no es ilegal lo que ellos hicieron, pero era antiético. Ellos no tenían prohibición legal para autoproponerse, pero no es ético, porque ellos son los que eligen a los candidatos. Para mí, una reforma sería que el que quiera participar renuncie seis meses antes y que participe como todo el mundo, porque tampoco va a renunciar una semana antes, cuando ya dejó armados todos sus votos. Le digo, en mi caso eso jamás sucedería.
Fue un papelón el del CNJ.
Sí, por supuesto, quedaron mal, quedaron mal y el problema es que se desprestigió a la institución.
Hablando de papelones de instituciones podemos recordar un caso de la Fiscalía. A Félix Garrid Safie le dice Estados Unidos que hubo una llamada en la que Adolfo Tórrez pide medio millón a Silva Pereira, y lo que el fiscal hizo fue contarle al sospechoso que ahí andaban diciendo que estaba metido en algo feo. “No”, le dijo Tórrez, y Safie le respondió: “Ah, vaya”, y ahí murió el caso. Como fiscal general, ¿usted hubiera hecho lo mismo, hablarle a Adolfo Tórrez y a partir de que Tórrez le negara cerrar el caso?
Eso es como que usted le dé las llaves al ladrón, ¿veá?, que justamente está yendo a hablar con el que está involucrado. ¡Por supuesto que no hubiera hecho eso!
¿En el caso del fiscal Safie no hay un delito de por medio en ese procedimiento? Es decir, si yo soy un policía y me dicen “mirá, vamos a ir a catear a tal casa”, si yo le aviso al de la casa “mirá, te van a venir a catear ahora”, eso es un delito, ¿no? Si yo soy el fiscal y le llamo a Adolfo Tórrez y le digo que dicen que anda hablando con Silva Pereira, ¿eso no es un delito?
Tendría que analizarse si existe un delito ahí, por supuesto.
Pero tiene cara de que lo es, ¿verdad?
Sí, tendría que ver qué es lo que el FBI le pasó, qué documentación, si había transcripciones de la llamada, es decir, habría que hacer ese análisis.
Volvamos al CNJ, al que usted le gustaría llegar. Después de ese papelón no pasó nada. Ni siquiera en el colegio de abogados pasó nada con esta gente que dijo: “Hey, nos autoproponemos y nos vamos a salir ahorita de la reunión para que voten sin influencia de nosotros”.
Recordemos que no hay colegio de abogados.
Bueno, hay una serie de asociaciones.
Pero no tienen facultad para sancionar, por lo menos moralmente, a un abogado.
Hablemos de la Corte Suprema. ¿La gestión de Agustín García Calderon está exenta de olor a algo raro, que no gusta? ¿Esa gestión le provoca esa sensación o no?
Tendríamos que hablar de casos individuales y no de una gestión generalizada.
Quitarle dientes a la sección de Probidad, por ejemplo, ¿eso le pareció...?
Me pareció incorrecto.
¿Por qué?
Porque precesisamente para eso era la sección de Probidad y también porque se puede haber hecho con dedicatoria porque sí se estaba investigando a ex funcionarios. Así de sencillo.
García Calderón fue a inaugurar el edificio de TACA cuando la Corte dirimía el conflicto TACA-COPA...
También. No era buena imagen para el presidente porque se sentía que había una vinculación ahí. Se le comprometía, pues, al estar ahí.
¿Se ha sentido usted complacido con cómo es, cómo actúa y cómo se relaciona la Corte Suprema de Justicia?
Vuelvo a lo que le dije: tendría que ver cada caso en particular, sería muy difícil generalizar si la Corte me parece o no. La verdad es que se supone que debe ser el máximo organismo de justicia y que debe ser totalmente imparcial en lo que está realizando, pero tendría que ver casos muy especiales. Ahora, existe una situación de caso ya conocida que tiene que ver con el retraso, la mora, etcétera. Eso ya no viene al caso. Ahí tiene un déficit. Incluso, la Corte debería de dejar por fuera toda su carga administrativa y dedicarse a lo que le corresponde, por ejemplo, ¿qué tenía que andar haciendo el presidente de la Corte Suprema viendo las bartolinas de donde se escaparon los reos de los juzgados? Me pareció absurdo eso. Esa es una función que no me cabe en la cabeza. ¿Qué sabe de seguridad el presidente de la Corte para andar haciendo eso?
¿Cómo le sentó, además, este show en el que se declaró inconstitucional la ley antipandillas después de que había caducado?
Tendría que verse si fue a propósito...
Ja, ja, ja...
... o si la misma carga de trabajo los llevó a eso.
¿En algún momento, alguna actuación de la Corte Suprema de Justicia le ha dejado el sabor de que primó un criterio extrajurídico y posiblemente más político?
Nuevamente, tendría que conocer casos.
¿Percibe en la actual Corte Suprema de Justicia un afán más transparente que en la anterior?
Creo que sí... y entiendo que sí. Los cambios que se han tratado de implementar van orientados a esa función.
¿Si usted llegara un día al Consejo de la Judicatura, nos garantiza que los magistrados que usted proponga no se van a querer quedar con los carros, ni a querer tener cuatro, ni a querer tener guardaespaldas como si fuera un pequeño ejército, ni a burlarse del presidente de la Corte cuando este le exija devolver los carros que ocupa su esposa?
Yo trataría de nombrar a los mejores...
¿Cómo se consigue que yo, magistrado, no quiera que la gente me mantenga un carro para mi esposa, que me dé asco tenerlo, que me dé asco no devolver los carros que ocupo, que me preocupe por impartir justicia y por ser probo y no porque me dejen los cuatro carros?
Eso es la ética y la moral de cada persona, esté en el cargo en el que esté. Eso ya sale de la responsabilidad del Consejo. El Consejo no es fiscalizador de la actuación una vez que están electos los magistrados de la Corte. Igual que en los Estados Unidos, usted la única oportunidad que tiene de cuestionar a los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, es cuando lo van a nombrar. Después de eso, no lo pueden cuestionar porque ya salió de su campo. Eso no es de leyes ni de reglamentos, es cuestión de conciencia, de ética, de principios...
¿Los salvadoreños tenemos derecho a reclamarle a los Consejos anteriores “mirá lo que me recomendaste, ni los carros quieren devolver”?
Es que en este caso, más que echarle la culpa al Consejo, existen instituciones que tienen que velar por eso. La Corte de Cuentas tiene que velar por la gestión y el uso de los bienes de cada institución. Como Corte de Cuentas, perfectamente le puedo decir: ¿Por qué tiene asignados tantos vehículos? La labor es de la Corte de Cuentas, no del Consejo. Ahora, el propósito es que los candidatos que se presentan sean los más probos. Una vez adentro, está la Corte de Cuentas, la misma presidencia de la Corte que los va a regular... La Corte de Cuentas tiene que hacer eso.
Pero es evidente que no lo hizo, desde luego que el actual presidente está reclamando: ¡Devuelvan los carros, devuélvanlos! ¡No!, le responden.
A menos que la Corte de Cuentas tenga una investigación en proceso sobre ello y no haya sacado la resolución.
O, a menos que la Corte de Cuentas no sea eficaz en este país.
Bueno... habría que ver si tiene en proceso alguna investigación.
