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Saca hereda a Funes su cultura del secreto

El último presidente de Arena se caracterizó por su filosofía de que la mejor ley de acceso a la información es la que no existe. Hasta su partido le repudió su actitud antes de expulsarlo a finales de 2009, tras descubrirse que gastó 219 millones de dólares más que los autorizados por la Asamblea. Ahora es Funes quien, tras ocho meses en el cargo, parece seguir las huellas de su antecesor.


Miércoles, 3 de marzo de 2010
Daniel Valencia Caravantes

 

Extrañas preguntas, extrañas respuestas

San Salvador, 15 de noviembre de 2006

Sr. Agustín García Calderón
Presidente de la Corte Suprema de Justicia


“Por medio de la presente hago formal la solicitud de obtener de su despacho el estado de los informes de Probidad de los ex funcionarios del gobierno del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) en los cuales se encontraron irregularidades…”, escribió El Faro.

22 de noviembre de 2006. García Calderón respondió:

“De acuerdo al artículo 240 de nuestra carta magna, toda información que la Corte Suprema de Justicia tenga en sus archivos referente a la aplicación de la Ley de enriquecimiento ilícito, se mantendrá en reserva…”, dijo, en una carta.

Tres años después, El Faro solicitó información pero de diferente manera -para no ir en contra de la “reserva” que exige la Constitución-. En la nueva misiva, enviada el 7 de diciembre de 2009 a Berlamino Jaime, actual presidente de la Corte, se pidió solamente el número de casos en los cuales se ha detectado irregularidades. Jaime, entonces, respondió con una nueva negativa:

“La Corte Suprema de Justicia no puede proporcionar la información requerida por ese medio de comunicación, tomando en cuenta que tanto al declaración como lo que sea su consecuencia, mientras no se legisle lo contrario, son por ahora de carácter reservado”, dijo. Ni siquiera se puede saber cuántas irregularidades han encontrado.

¿Toda la información sobre esos informes de probidad está reservada? Aunque no quede del todo claro, parece que sí.

Respuestas de respuestas


El 21 de abril de 2009, la entonces síndica de la comuna capitalina –hoy diputada del FMLN- Norma Guevara cerró cualquier posibilidad de brindar información del gasto que Violeta Menjívar hizo en publicidad durante su gestión. A Menjívar, desde la segunda mitad de 2008, El Faro le venía preguntando cuánto estaba gastando en una publicidad que cada vez más iba enfocada a hablar de ella y no de servicios para la ciudadanía. Esa tendencia coincidía con que la alcaldesa iba a buscar la reelección en enero de 2009.  Pasadas las elecciones, El Faro pensó que, ya apaciguada la efervescencia electoral, tal vez era más factible que dieran la información solicitada. El periódico le recordó a la municipalidad que el Código Municipal ya establece una obligación de revelar información y, en el caso de San Salvador, hay una ordenanza específica al respecto.

La solicitud, vía carta, se le envió el 25 de marzo a la síndica Guevara. Y ella dio, un mes después, la siguiente respuesta:

“(…) Es oportuno advertir que en su solicitud no se ha evidenciado, en modo alguno, si su persona o el medio de comunicación para el cual usted labora están domiciliados en San Salvador…”, escribió, sin reparar en que la petición iba en papel membretado con la dirección y teléfonos de contacto del periodista y del periódico. Ella se refería al domicilio del periódico o del periodista debido a que la normativa dice que tienen derecho de esa petición de información los vecinos del municipio.

“Finalmente, en cuanto a los funcionarios facultados para proporcionar información, el literal “a” del artículo 125-B del mismo cuerpo legal estipula que el derecho a la información por parte de los ciudadanos debe ser ejercido frente a Concejos Municipales y o ante la síndica del Concejo, por lo que en atención al principio de legalidad de los funcionarios públicos consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución de la República me veo impedida de acceder a su solicitud”, añadió. Antes de esta carta, ya habíamos enviado tres al Concejo Municipal. Guevara era otra vía, nada más.

Dato para el debate: parece que la falta de transparencia no obedece a las ideologías político-partidarias de los funcionarios, pues prácticamente de manera simultánea la Presidencia de la República en manos del partido Arena y la alcaldía capitalina en manos del FMLN se rehusaban a rendir cuentas.

6 de noviembre de 2009. El Faro pidió al viceministro de Economía, Roger Hernández, la lista de empresas que han recibido el incentivo a las exportaciones, mejor conocido como “drawback”, así como la cantidad exacta en dólares que le ha sido devuelta a cada una de esas empresas.

Hernández tiene la información. Economía tiene esa información. Y, sin embargo, la respuesta llegó el 23 de diciembre, vía fax, diciendo que no la pueden soltar: “Dicha información solo puede proporcionarla el Ministerio de Hacienda”, escribió Carlo Giovanni Berti, asesor del despacho ministerial. 16 días antes de esa negativa, el 7 de diciembre, El Faro había pedido exactamente lo mismo a Hacienda, que hasta la fecha no ha respondido.

Berti, en su fax del 23 de diciembre, recomendó visitar el portal www.mh.gob.sv/portal, en donde se supone –dijo- que a partir de marzo de 2010 Hacienda pondrá 'a disposición de toda la sociedad salvadoreña la información relevante sobre las finanzas públicas del país”. En el gobierno de Antonio Saca, hubo una ocasión en que Julio Rank también dijo a El Faro que la información sobre el gasto en publicidad se podía encontrar en la página del Ministerio de Hacienda en internet, algo que no era cierto.

Los mudos

Indicación para descubrir lo que une a los siguientes funcionarios o ex funcionarios y sus oficinas: dé un click sobre los nombres de cada uno y conozca qué fue lo que les pidió El Faro y que se negaron a responder.

Delegación de la Policía Nacional Civil de San José Las Flores; David Rivas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia; José Luis Funes, director de Prensa de Casa Presidencial. Alcaldía de Yoloaiquín, delegación PNC de San Francisco Gotera, Alcaldía de Sensembra; Franzi Hasbún, secretario de Asunto Estratégicos; German Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente. Alcaldía de San Juan Tepezontes, Mauricio Funes -en un tercer pedido para que detalle organigrama y salarios de los empelados de la Secretaría de Comunicaciones, de su asesor Luis Verdi y del equipo debajo de Verdi-; Jorge Meléndez, director de Protección Civil -en un segundo pedido en donde solicitamos la lista de municipalidades que cuentan con Comisiones de Protección Civil y con planes de prevención de riesgos-. Roberto Sánchez Ochoa, director de Maternidad. Carlos Cáceres, ministro de Hacienda; Julio Rank, ex secretario de Comunicaciones.

Nota de la Redacción: esta lista es solo una muestra de todas las solicitudes de información a las que se dio trámite.

Las excepciones

Marcos Rodríguez, el subsecretario de Transparencia, es como una sardina en una piscina llena de focas. Su nombramiento, sin embargo, da cuentas de que este gobierno alguna apuesta tiene con el tema de transparencia. Pero hasta el momento se desconoce cuál es esa apuesta, porque aun y cuando el subsecretario ha dicho públicamente que presta sus mejores oficios para, por ejemplo, brindar el monto del gasto en publicidad, pareciera que alguien con más poder que él toma una decisión contraria.

Rodríguez asumió en septiembre y ha tenido tiempo suficiente para medir qué tan transparente es este gobierno. En una entrevista con El Faro en diciembre de 2009, dijo que sigue en el gobierno porque confía en que hay voluntad de transparentar. Rodríguez, quien antes de convertirse en funcionario dirigió el capítulo salvadoreño del organismo Transparencia Internacional, confía en el presidente.

El subsecretario también ha descubierto una cosa: el aparataje estatal salvadoreño no está listo para abrirse al público con un sistema de entrega de información. No hay estructura ni cultura. Y tiene razón. Hay oficinas del estado que ni siquiera tienen donde meter el papel que producen. La Dirección de Espectáculos Públicos es una muestra.

Su directora es una de las excepciones en esta medición de Transparencia. Breny Masiel Herrera recibió la petición de información la mañana del 6 de noviembre de 2009, y en la tarde ya estaba llamando por teléfono para declarar: “Con mucho gusto, nosotros estamos para hacer un trabajo que pueda ser auditado por la ciudadanía”. Pero remando contra la corriente, y sin sistema definido de entrega de información, Herrera ordenó que se habilitara un salón de reuniones en donde se colocaron, encima de una mesa, los secretos de la institución: los dictámenes técnicos del Departamento de Cine. Años 2002 al 2009. Un rimero de documentos llenos de polvo y en algunos, vestigios de las entrañas de pequeñas cucarachas. En esos documentos, sin embargo, El Faro encontró valiosa información: subjetividades y muy pocos criterios técnicos a la hora de evaluar el cine que consumen los salvadoreños. En esos documentos, este periódico descubrió que los evaluadores de Espectáculos Públicos tienen la cabeza llena de tabúes. Y entregarlos no significó ningún problema.

Sin estructura y sin criterios definidos, otro que entregó la información solicitada por El Faro fue el canciller Hugo Martínez. En marzo de 2009 puso a un equipo a investigar en los expedientes de Cancillería los nombres de funcionarios consulares que tenían relación con la ex pareja presidencial de Antonio Saca y Ana Ligia Mixco, y los reveló en un cuadro detallando fecha de inicio de labores y salarios. ¿Será acaso cuestión de voluntad y no de recursos y estructura?

Veamos este ejemplo: El 7 de diciembre, El Faro envió al director del hospital de Maternidad, Roberto Sánchez Ochoa, dos peticiones de información diferentes. En la primera, solicitaba las estadísticas de atenciones brindadas por el hospital en el año 2009. En la segunda, pedía copia del protocolo de seguridad interna del hospital y del registro plantar de la menor recién nacida Renee Saudí Lozano Martínez. Pista importante: Renee recién había sido devuelta a sus padres, luego de ser secuestrada, sin que nadie se diera cuenta, del propio hospital.

Al día siguiente, Ochoa remitió con su jefe de prensa el estadístico. La otra información la seguimos esperando.

Segundo ejemplo: el 2 de septiembre, El Faro pidió a la directora del área ciudadana del Ministerio del Ambiente, Anaela Gómez, y a la viceministra, Lina Pohl, copia del estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico El Cimarrón. En los días posteriores, el MARN informó que en su sitio web ya estaba habilitado un espacio para conocer todos los estudios de impacto ambiental. Y continúa estándolo.

Sin embargo, el ministro, Germán Rosa Chávez, a quien el 7 de diciembre se le pidió extendiera copia de los datos registrados los días 7 y 8 de noviembre de 2009 (tormenta Ida) en la bitácora del centro de monitoreo del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, todavía no ha respondido nada.

Tercer ejemplo: a diferencia de delegaciones policiales como las de San José Las Flores y San Francisco Gotera, a las que se pidió información estadística sobre hechos delictivos y sobre homicidios, el Juzgado de Paz de Yoloaiquín revisó en sus libros y respondió.

Primer dato para el debate: en la mayoría de los casos, la información que afecta los intereses o la imagen de los funcionarios y/o sus instituciones es reservada porque así lo deciden quienes la manejan.

Dato para el debate: de cuatro funcionarias mujeres consultadas, aquellas a favor de la transparencia quedaron empatadas con aquellas que actúan como Antonio Saca. Breny Masiel Herrera y Marta Alicia Ochoa (jueza de paz de Yoloaiquín) contra Violeta Menjívar y Norma Guevara.

Tercer y último dato para el debate: en septiembre de 2009, Transparencia Internacional hizo público un informe sobre percepción de corrupción, que situó a El Salvador con 3.9 puntos, en una escala de 0 a 10, donde el 0 representa máximos niveles de percepción de corrupción, mientras que un 10 supone que no se percibe corrupción. En el informe de 2007 del organismo, la nota fue de 4.0 puntos. Al menos los inversionistas consideran que las prácticas de corrupción en El Salvador han empeorado.

Pregunta para el debate: ¿es acaso la administración pública transparente en El Salvador? Si es transparente, ¿por qué la Asamblea ya se sumó al debate para una Ley de transparencia y acceso a la información? Si es transparente, ¿por qué en los informes sobre percepción de corrupción en El Salvador siempre aparecemos tan mal parados? Y si no fuera transparente, ¿por qué nadie denuncia nada? O más bien, ¿por qué la Corte de Cuentas raras veces termina sus procesos en condenas?

Regresando al tema generador de esta nota: de cómo se oculta información a lo Antonio Saca. Este ex presidente tuvo un sobregasto de 219 millones de dólares y el presidente de la Corte de Cuentas lo defendió a finales de 2009. 'Voy a ser bien categórico en mi respuesta: para nosotros, como Corte, esto ya está fiscalizado. Si entramos a hacer una nueva fiscalización o investigación, como se le quiera llamar, estaríamos cayendo en que una persona, en un símil de relación con lo judicial, no puede ser juzgada dos veces por la misma causa', dijo Hernán Contreras, quien remató diciendo que Saca manejó los fondos durante su quinquenio de manera “transparente”.

A Contreras, quien aboga en primera línea por la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos del Estado, El Faro lo buscó el viernes 26 de febrero de 2010, para pedirle una respuesta a la siguiente pregunta: ¿En El Salvador hay funcionarios corruptos? De la oficina de prensa informaron que el presidente de la Corte está incapacitado y que, por lo tanto, hay que esperar unos días su respuesta.

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