Un juez español pidió por segunda vez en cinco años la extradición de militares salvadoreños a quienes investiga por el asesinato, en noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, una de ellas menor de edad. La Corte Suprema salvadoreña tiene en sus manos aprobar o negar la extradición, una decisión que divide al país entero: por un lado están los que creen que permitir el juzgamiento del crimen sería reabrir heridas del pasado y, por otro, los que aseguran que las heridas nunca cerraron y que la justicia es necesaria.

El fiscal Luis Martínez inició su mandato en 2012 prometiendo una fuerte batalla contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, pero tres años más tarde su gestión cerró en medio de escándalos por abusos en las escuchas telefónicas y por la débil investigación fiscal en grandes casos de corrupción. Martínez se enfrentó al gobierno del expresidente Funes y al ministro de Defensa por la Tregua, y estuvo a punto de ser reelegido por sus nexos con empresarios afines al FMLN y Arena.

El 4 de junio de 2002, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) firmó un acuerdo con la empresa italiana Enel para que tuviera la mayoría de acciones de la empresa para la explotación de la geotermia, LaGeo. En el 2013, la Fiscalía aseguró que existió un “plan criminal” para la privatización de ese servicio y acusó a 21 personas. Luego de dos años de litigio, la misma Fiscalía pidió un sobreseimiento del caso.

En El Salvador, las resoluciones de los jueces que absuelven a acusados de violar a menores de 15 años están llenas de justificaciones en defensa del amor, de las costumbres de la sociedad o del anhelo de que víctima y victimario formen un hogar. Solo uno de cada 10 casos denunciados termina en condena.

Antonio Saca es el segundo expresidente de Arena enviado a un juicio por lavado de dinero. Junto a otros seis exfuncionarios, también es perseguido por peculado en un caso por 301 millones de dólares desviados a cuentas de terceros, incluidos el partido Arena y las radios del expresidente. La Fiscalía apuesta por una condena de 25 años.

En febrero de 1982, una campesina denunció al Ejército salvadoreño por el cometimiento de la peor masacre latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX, pero los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron las acusaciones. 31 años después, la resistencia de las víctimas contra el olvido y la impunidad logró una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La participación del Ejército en la masacre de alrededor de mil campesinos, más de la mitad menores de edad, es el primer caso de la guerra que llega a tribunales, tras la abolición de la ley de amnistía en 2016. En el banquillo de los acusados están los comandantes del Ejército más oscuro, pero también un país que se resiste a verse frente al espejo.

Documentos secretos proporcionan un vistazo interno a una de las más famosas firmas de servicios offshore, con sede en Bermuda y operaciones en todo el mundo

La educación de El Salvador padece enfermedades crónicas. Para comprender qué se esconde tras nuestros constantes fracasos en la Paes, El Faro te invita a analizar 20 variables en más de 5 mil escuelas públicas del país, leer el diagnóstico de expertos y hacer un recorrido a pie por centros escolares clave. ¿Nos importa cómo se educa el país del futuro?

El expresidente Mauricio Funes, ex funcionarios de su administración (2009-2014) y sus familiares están acusados del desvío de $351 millones de la Presidencia, pago de viajes y compra de bienes muebles e inmuebles con fondos públicos. Asilado en Nicaragua desde 2016, el primer presidente del FMLN es prófugo de la justicia.