OPINION

El Estado contra el Estado
en la disputa por el 8%

Álvaro Artiga-González
cartas@elfaro.net

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El Presidente de la República haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución vetó el proyecto de ley que le asignaba a las alcaldías municipales un financiamiento del 8% del Presupuesto General del Estado. Siguiendo el curso normal del proceso de formulación y promulgación de leyes, las fracciones legislativas sopesan la conveniencia o no de superar el veto presidencial. Hasta aquí no hay nada anormal desde el punto de vista del diseño institucional adoptado en nuestro país. Se trata de una materia en la que el Presidente y el Congreso comparten responsabilidades. O dicho de otra manera, estamos ante uno de los ámbitos en donde los poderes Ejecutivo y Legislativo no están del todo separados. El Presidente, cabeza del Ejecutivo, hace uso de sus poderes legislativos.

La separación de poderes, característica distintiva de la forma presidencialista de gobierno, no es absoluta y ello tiene ciertas consecuencias que vale la pena traer a cuenta. La más importante para este comentario es que sirve de incentivo para la cooperación entre los dos órganos de gobierno. Pero un incentivo no es igual a un determinante. En otras palabras, los agentes involucrados pueden decidir no cooperar sino más bien tener una relación conflictiva. Según sea la alternativa de acción elegida, así serán la eficacia y la eficiencia del sistema político para adoptar, primero, e implementar, después, las decisiones vinculantes.

En el caso de la pretendida reforma a la política presupuestaria para pasar de una asignación del 6 al 8% para los gobiernos municipales, sin distinción del partido gobernante a nivel local, el Ejecutivo y el Legislativo han optado por la no cooperación, han optado una vez más por una relación de conflicto. No voy a entrar aquí en la discusión de quién tiene razón porque ello supone asumir una visión partidista del asunto. Más bien me interesa compartir algunas reflexiones desde fuera de las correspondientes visiones partidistas. Mi posición desde la que veo este fenómeno es la de un ciudadano que ve cómo los representantes políticos que ocupan cargos de elección popular se enfrentan ahí donde más bien deberían cooperar por el bien de los más.

A tal grado llega el nivel de enfrentamiento que no solo involucra al Ejecutivo y al Legislativo sino que arrastra a los gobiernos locales contra el gobierno nacional. Es decir, el conflicto no se plantea únicamente en una dimensión horizontal entre instituciones de gobierno a nivel nacional sino también en una dimensión vertical entre dos niveles de la misma estructura de gobierno. Para quienes creen que se trata de un conflicto entre "papá Estado" y gobiernos municipales, hablar de una dimensión vertical a lo largo de la cual se plantea el conflicto, debería servirles para no cometer el craso error de separar a los gobiernos municipales como si no fueran parte del Estado. En términos administrativos, las alcaldías forman parte de la Administración Pública y, como tal, es responsabilidad del Estado fortalecer su propia administración tanto nacional como local.

Si como con un lente de aumento examinásemos lo que ocurre al interior de una Alcaldía cualquiera, podríamos darnos cuenta de la existencia de procesos ejecutivos y legislativos análogos a los que se dan a nivel de gobierno nacional. El Concejo municipal que incluye al alcalde es quien toma decisiones a nivel local como lo hacen el Presidente y los Diputados a nivel nacional. Ambos niveles de gobierno tienen sus propias administraciones para ejecutar las decisiones adoptadas. Por tanto, lo que conviene al Estado, y por tanto a sus habitantes, es que esos niveles de gobierno, lejos de enfrentarse, cooperen. Las más graves consecuencias de unas relaciones de conflicto en la dimensión vertical de gobierno las podemos contemplar en la Argentina de De la Rúa. El conflicto entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales contribuyó, en no pequeña medida, a la crisis de gobernabilidad que recién afectó a aquella nación del Cono Sur.

Por otra parte, dado que nuestro país es un Estado unitario, la población afectada por las decisiones del gobierno nacional es la misma que vive en los municipios, allí donde ejerce sus competencias el gobierno local. Por tanto, la cooperación con los gobiernos locales puede favorecer a la población nacional que reside en los municipios. En un país con las dimensiones territoriales como el nuestro los efectos positivos de la cooperación entre gobiernos locales y gobierno nacional son más inmediatamente visibles. ¿Pero qué pasa cuando ambos niveles optan por el enfrentamiento? No necesito decirlo pues lo estamos viendo en el debate sobre el 8% a favor de las alcaldías. Más si alguien no está conforme con esta respuesta, puedo decirle que uno de los efectos negativos es que aumenta el nivel de mentira con que se hace política en nuestro país. Y de la mentira no puede venir nada bueno.

Ahora bien, ¿por qué escogen el gobierno nacional y los gobiernos locales relaciones de conflicto en lugar de relaciones de cooperación? Una vez más nos encontramos con el gran problema del que parece no pueden salir los actores políticos: la polarización. Ésta es la causante de los debates estériles al interior de la Asamblea Legislativa donde las cosas se leen e interpretan en términos de blanco o negro. Cuando una mayoría legislativa de un color diferente al del partido del Presidente de la República adopta una decisión, por ese simple hecho parece estar condenada al veto presidencial. Cuando una decisión legislativa adoptada por aquella mayoría favorece al adversario político en el nivel local, independientemente de los beneficios que ello pueda traer a la población de los municipios donde gobierna el adversario nacional, también parece estar condenada al veto presidencial. ¡Así, no se puede seguir!

Si el 8% implica una reasignación de los recursos presupuestarios, ello no tiene por qué traducirse en despidos o menor inversión pública. No es que esté asumiendo los argumentos de quienes están a favor del 8%. Más bien no me convencen los argumentos de los que están en contra. En todo caso, podría buscarse una solución de compromiso. Una solución de cooperación: bien podría utilizarse ese 2% adicional para invertirlo en la mejora de las capacidades administrativas de los gobiernos municipales, especialmente de aquellos que peor están en este rubro. Invertir en la capacidad administrativa de las municipalidades es inversión pública. Porque, ¡tan pública es la administración municipal como la administración nacional! Ambas forman parte del Estado y si hoy están controladas por un partido, mañana podrán estarlo por otro. Partidos van, partidos vienen; la administración es lo más permanente. Modernizar el Estado es también modernizar a las administraciones de los gobiernos locales.

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