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OPINION
Un problema de institucionalidad
De una vez por todas deberíamos entender que lo que sucede o deja
de suceder en el país no es de exclusiva responsabilidad del más
alto nivel del Ejecutivo. Lamentablemente es un hecho que los medios de
comunicación basados en sucesos diarios que hacen noticia, unido
al bajo nivel educativo de toda la población, hacen creer que el
poder total y las decisiones que afectan el diario vivir y convivir dependen
de lo que diga o deje de decir la presidencia del ejecutivo. Ciertamente
no dudo que el estilo, el perfil, la capacidad y la disposición
de un funcionario electo democráticamente para que administre los
recursos del país, determinan las posibilidades del desarrollo
y los espacios para la democracia basada en el pluralismo y el respeto
a las diferencias. Sin embargo, es un hecho que su poder de decisión
e influencia se da en un espacio en el que participan 180 mil personas
con atribuciones y funciones que están comprometidas con el desarrollo
y el bienestar de la población.
Convencida de esto, es un hecho significativo las implicaciones que han
tenido las declaraciones y compromisos presidenciales como consecuencia
de los resultados de las elecciones del 16 de marzo. Los resultados y
los cuatro compromisos que públicamente anuncio, han hecho que
las instituciones directamente vinculadas se pongan, como quien dice,
a trabajar en lo que justifica la razón de ser del cargo y de la
institución. Para el caso, el Consejo Superior del Trabajo que
tiene una subcomisión histórica que asume la tarea de evaluar
el salario mínimo, ha organizado sesiones maratónicas para
responder a la demanda de la la presidencia de la republica. Me imagino
que las discusiones y las propuestas están condicionadas por las
declaraciones presidenciales sobre el tema y que difícilmente dirán
que no es posible ni conveniente incrementar el salario mínimo
por las condiciones de competitividad de las micro y pequeñas empresas.
Porque de haber asumido con responsabilidad su tarea, seguramente desde
hace dos o tres años tendrían que haberse pronunciado sobre
el tema. De haber asumido su tarea, periódicamente estarían
siendo noticia de primera plana.
El otro caso es el de la Superintendencia General de Energía y
Telecomunicaciones (SIGET) quien a pesar de la constante crítica
sobre el comportamiento de los precios de la generación y distribución,
hasta esta semana se ha atrevido a solicitar a una de las generadoras
más grandes, explicación sobre su participación en
el mercado. Así, han pasado prácticamente cuatro años
de la presente administración en la que todos los ciudadanos hemos
planteado fuertes criticas y lamentos por el impacto que el rubro de energía
tiene en el presupuesto familiar, y es hasta ahora, como resultado de
la “lectura del mensaje” que los ciudadanos le han dado al
gobierno, que el tema empieza a tratarse de una manera atropellada. Y
el otro caso, es el de la Superintendencia de Pensiones, que afirma públicamente
su incapacidad de evaluar la adecuación y pertinencia del nuevo
sistema sino se logra una madurez de al menos 10 años. Y para entonces,
quien sabe como estaremos.
El principal problema de los ciudadanos, y no quiere reconocerse, es
el de empleo productivo. Es un hecho que las oportunidades están
concentradas en la región metropolitana y que estas son insuficientes
para absorber ni siquiera el crecimiento natural de la población
económicamente activa. Más allá del gran San Salvador,
la gente tiene como única alternativa de sobrevivencia y oportunidad
de desarrollo, la emigración porque más allá del
gran San Salvador, la base empresarial, la inversión y la generación
de nuevas fuentes de empleo es prácticamente nula. Mas allá
del gran San Salvador, el dinamismo de la economía lo impone el
sector informal de la economía y este sector, esta al margen de
las responsabilidades sociales y laborales. En determinados lugares de
oriente el dinamismo esta generado por el contrabando, y en esto, según
afirma la población, tiene ventajas lucrativas no solo el que pone
la cara sino toda una cadena que llega hasta el centro de poder en el
gran San Salvador.
Si las instituciones, los funcionarios y los empleados tan solo hicieran
el trabajo para el que fueron contratados o elegidos, en su momento, con
responsabilidad, realismo y con compromiso con la población y no
con dogmatismos que distorsionan el diario vivir, seguramente los resultados
electorales habrían sido sustancialmente distintos, pero nos habrían
privado de la dinámica que se ha generado en las instituciones
que parecen con letargo e irrelevancia.
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