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OBSERVATORIO LEGISLATIVO San Miguel, la ciudad donde “no pasa nada”La mayor ciudad de Oriente se ha convertido en apenas unas semanas en el principal foco de denuncia pública del delito de moda, la extorsión, y en un centro de atención y puesta a prueba para las autoridades policiales. Mientras el ministerio público y la Policía Nacional Civil (PNC) piden a las víctimas colaboración, los migueleños cierran sus puertas con desconfianza al momento de hablar del asunto. El anuncio de un contingente especial de investigadores para la zona y el relanzamiento del sistema 911 del departamento no han disipado el miedo. Rodrigo Baires Quezada El sol quema por las calles del centro de San Miguel. Es martes y frente a la Alcaldía Municipal, a un costado de la catedral, en la plaza, la gente pasa el tiempo bajo la sombra de los árboles y discute sobre las posibilidades del Águila de pasar a la siguiente ronda del torneo de campeones de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF). “El Águila puede remontar el marcador ante el Marathón, de Honduras”, sostiene un anciano. “Necesitamos dos goles”, analiza junto a un reducido grupo de personas. La conversación entre ellos discurre por más de 10 minutos de posibilidades de goles, falta de delanteros y la incorporación tardía de extranjeros al equipo... hasta que pregunto por las extorsiones. El anciano tuerce la cara y su silencio quema más que el sol del mediodía. “Mire, aquí no se habla de eso”, dice. “Aquí no pasa nada”, remata. El círculo de parroquianos se cierra y la plática vuelve a refugiarse en el equipo negrinaranja.
“Aquí no pasa nada”, me repiten una y otra vez taxistas, buseros y pequeños, medianos y grandes comerciantes. “Nada”. Pero la palabra choca de frente contra los pronunciamientos públicos hechos por diferentes sectores comerciales migueleños. La noche del 10 de agosto, un grupo de ellos sostuvo una reunión en la que se analizó el problema de la delincuencia. Cuatro días después, los medios dieron a conocer un comunicado en el que se acusaba al gobierno central, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de no garantizar la seguridad en la zona oriental y, en especial, en San Miguel. Los comerciantes –entre ellos el alcalde municipal de San Miguel, Will Salgado– hablaban de medidas puntuales para combatir la delincuencia y, en especial, a las extorsiones: cambio de la jefatura policial, a la que acusaban de negligencia; y, el endurecimiento de leyes y penas. “Se dio un plazo de 30 días para ver hechos sino íbamos a dejar de pagar el IVA, dinero que utilizaríamos para contratar seguridad privada”, recuerda Salgado. Pesaba en el documento la amenaza de organizar algún sistema de seguridad pública en San Miguel, paralelo al del gobierno central. Pero en las calles, tres semanas después, nadie habla de los “renteros”, como se conoce popularmente a los delincuentes que cobran extorsión o “renta”. Aunque el fenómeno ya ha llenado de tinta varias primeras planas en los periódicos y la Asamblea Legislativa se apuró a aprobar con dispensa de trámite, la madrugada del 22 de agosto, reformas al artículo 214 del Código Penal que agravan de 12 a 20 años la pena máxima por este delito, en la plaza de San Miguel dicen que no pasa “nada”.
“Nadie te va a decir nada sobre las extorsiones. Uno no sabe con quién está hablando y mucho más cuando uno se niega a pagarles”, explica Salgado. “La gente tiene miedo y toma sus propias precauciones. No hablar es una forma de protegerse”, sostiene el edil mientras maneja su pick up doble cabina por la calles migueleñas. Él ha tomado las propias: una pistola nueve milímetros al lado de la palanca de velocidad –“aceitada y con el dedo índice sin callos para jalarlo rápido”, bromea–, un chaleco blindado en el asiento trasero y un guardaespaldas. El jueves 17, la filial migueleña de la Cámara de Comercio e Industria se sumó a las denuncias y brindó números sobre el hecho: el 80 por ciento de sus socios son extorsionados, más de 300 de sus miembros. También Rodrigo Contreras Teos, de la Coordinadora Nacional del Transporte, se sumó el 22 de agosto a las exigencias de los migueleños. “El negocio de la seguridad privada tiene costos altos”, dijo al Diario Co Latino. “Si contratas seguridad, armas y equipo, estamos hablando de un negocio redondo que ronda los 2 mil 200 millones de dólares; y la misma gente duda de la PNC y de su efectividad”.
Un delito silencioso La PNC, más difusa, registra entre enero y el 15 de agosto “más de 120 casos”, en palabras de su director, Rodrigo Ávila, aunque el funcionario asegura que esos son “una vigésima parte de los que realmente suceden”. ¿Casos resueltos? Antonio Saca, Presidente de la República, se adelantó a decir que “el 60 por ciento de los casos denunciados han sido precisamente investigados y llevados buen término”. Pero a San Miguel parece no bastarle eso. “Aquí los muertos hablan por si solos, ¿para qué vamos a denunciar?”, dice una señora. A sus 65 años y viviendo en la populosa “Milagro de La Paz”, bastión de la Mara Salvatrucha (MS), sabe bien lo que “es bueno y lo que es malo”. “Uno tarda más en poner la denuncia que ellos (los “renteros”) en venir a tocarle la puerta de la casa”, afirma. “Por eso, si tienes un pequeño negocio, es más fácil pagarles cinco dólares semanales y todo en paz.” “¿En paz?”, pregunta Pedro Ayala (nombre ficticio). “Vinieron de un mara y me impusieron una renta de 60 dólares semanales por mi negocio (una venta de lubricantes automotrices). Cambié el número de mi celular y tardaron sólo tres días en tener el nuevo… terminé pagando cuando llegaron a la casa de mi mamá a cobrarme”, relata. 240 dólares mensuales en concepto de “paz y tranquilidad”. “¿Denunciar?, no, gracias”, sostiene. “El procedimiento es fácil”, relata otro afectado. “Te hablan por teléfono, te amenazan con matarte a vos o a algún miembro de tu familia; y luego se negocia la ‘renta’. Ellos te piden un montón, 200 dólares semanales, por ejemplo; uno intenta bajarlo mientras ellos se ponen duros, pero al final siempre se llega a un acuerdo. Luego, a pagar”.
La “renta” varía según el negocio del extorsionado. En algunas ventas de carros usados se cobra entre 50 y 100 dólares por vehículo vendido –“según el modelo y el año”, explica don Rolando (nombre ficticio)– y un importe extra de entre 10 y 20 dólares por cada carro que ingresa al autolote. “Tienen un negocio redondo. Fácil se pueden llevar mil dólares al mes”, hace cuentas don Rolando, otro migueleño más que no ha interpuesto denuncia alguna. Para Ávila –como para Figueroa y para Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana–, el problema central es precisamente esa falta de denuncias. “Sin ellas no podemos hacer nada”, dice Ávila. “La gente tiene que perder el miedo porque la Policía, en estos casos, no puede dejar en la cárcel a un delincuentes sólo por ser capturado en el momento que recoge el dinero.” “Es lógico que la gente no quiera hablar porque no quieren que los maten a ellos o a sus familiares. Hoy el aumento de las extorsiones y homicidios es exagerado”, justifica Mario Arévalo, director de la migueleña TVO. Entre sus anotaciones para el noticiero del día están un intercambio de disparos entre la Agentes de la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO) y supuestos extorsionistas en las colonias Río Grande y El Molino, que terminaron con cuatro heridos; el asesinato de un joven que trabajaba en un “car wash” vinculado con el cobro de extorsiones; y otro enfrentamiento en la “Milagro de la Paz”. “¡Y sólo fue en la mañana!”, afirma. En San Miguel, la corporación policial confirma escuetamente el aumento de las extorsiones sin dar datos estadísticos. “Se ha incrementado. Es como si estuviera de moda esa babosada y mucha gente se está aprovechando. Comenzaron los pandilleros y ahora la delincuencia común está sacando tajada”, dice un agente, en ausencia de Santillana, el jefe departamental. Lizama, el jefe del sistema de emergencias 911 de la PNC en San Miguel, trata de consolarse: “Tenemos un registro de que la gente está informando más sobre las extorsiones a raíz de las publicaciones. Pero muchas veces no es la gente ofendida, son terceros que se han dando cuenta de el hecho”. “Aquí no hay para dónde ir. Por eso es mejor quedarse callado, porque al final siempre se sabe quién dijo qué y la policía, como si fueran de ellos (los extorsionistas), no hace nada”, relata una señora, con una pequeña tienda en la colonia Santa Emilia, donde su venta de chocobananos (15 centavos de dólar cada uno) y charamuscas (10 centavos por unidad) le merece una “renta” de cinco dólares semanales, 20 al mes. “Si no se paga uno termina todo ‘zacatoso’ a la orilla de la carretera”. “Hace como tres semanas mataron a un taxista, don Miguel Ángel Turcios. Él estaba ‘colaborando’ con 20 dólares semanales”, relata Ayala. “Se compró un carrito nuevo y le exigieron 15 dólares más, él se negó y le dejaron ir dos balazos en la cabeza. Él no había hablado, pero el cómo terminó te demuestra que sí te les ponés al brinco, denunciándolos o negándote a pagar, siempre perdés.” Dudas sobre la PNC El gabinete de seguridad se inclina por otra teoría que a{un no ha logrado probar públicamente: las extorsiones la tienen mareros que han sido deportados en los últimos meses, quienes han mostrado la efectividad de este delito a delincuentes comunes y al crimen organizado. Pero Ávila, al margen de su análisis de causas, dice ser consciente de la desconfianza ciudadana que enfrenta e insiste por ello en pedir a la ciudadanía que informe de cualquier indicio de “cooperación de elementos de la policía” con los delincuentes. “Si la población tiene información sobre policías metidos en casos de extorsión, denúncienlos”, dijo el pasado 20 de agosto. Minutos antes, un comerciante le había relatado cómo había sido extorsionado un día antes y reclamaba que aún seguía esperando que la policía llegara a investigar el caso. “Aquí nadie se tiene confianza con nadie”, resume Ayala. “Yo en lo particular tengo miedo de ir a poner una denuncia porque puede haber gente involucrada ahí adentro. Ahora que han llegado nuevos elementos (de la PNC) desde afuera de San Miguel, quizá la gente ya está denunciando más”, remarca. Así ha sido, según Ávila: “Sólo en la última días hemos recibido 80 denuncias. El número ha aumentado y esto nos permite trabajar”, afirma. Planes de emergencia Saca llegó, incluso, a estimar que el fenómeno de las extorsiones venía en declive. “Todos los días hacemos operativos de contundencia, todos los días estamos capturando a gente, y debe de ser cada día menos la gente que se dedica a las extorsiones y a causar daños, por ejemplo las maras”, afirmó en conferencia de prensa.
Mientras, en San Miguel, había sido en realidad la Fiscalía la primera en reccionar. El 1 de agosto, quince días entes del pronunciamiento de los empresarios locales, la FGR había creado una Unidad Antiextorsiones en su regional migueleña. Tres fiscales y seis investigadores dedicados especialmente a combatir este delito, trataron, alejados de las cámaras y focos de los medios de comunicación, de enfrentarse a un fenómeno que, en realidad, llevaba años presente en diferentes colonias populosas de San Miguel como la Presita, la Pradera, Ciudad Pacífica, o la misma Milagro de la Paz. “La investigación siempre se realizó de igual manera… se ha venido haciendo perfectamente siempre”, asegura la Fiscal auxiliar Rosa Elena Márquez Luna, sin atreverse a dar cifras. Pero los primeros resultados, aunque no sean tan concluyentes como lo pretende hacer ver el presidente, se vieron hasta que se sumaron a la labor dos Grupos de Tarea Conjunta (GTC) de la PNC –integrados por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), la División de Investigación Criminal (DIC) y la DECO–, llegados de otros departamentos del país como parte de una operación denominada “Tranquilidad para San Miguel”. En 10 días, la Policía detuvo en la ciudad a 14 personas supuestamente involucradas con extorsiones (ver recuadro), y el listado creció en los últimos días Ávila, sin embargo, no está a gusto. “Se ha mejorado en un buen porcentaje porque se ha logrado desarticular bandas enteras y sólo quedan remanentes de otras”, afirma, y prosigue: “La extorsión no está controlada al 100 por ciento”. A pesar del virtual éxito anunciado por el director policial, la PNC espera aumentar la capacidad de la policía en San Miguel y anunció para hoy el inicio de una capacitación de un contingente de investigadores y reforzar en un corto plazo el sistema de emergencias 911 del departamento. El aporte legislativo Sus voces se integran a un debate que también se ha abierto en la Asamblea. Dos semanas atrás, los diputados de ARENA y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) pujaron por elevar de 12 a 15 años la pena básica para los extorsionistas, y 20 años si el delito fuera cometido por dos o más personas, o miembros de una agrupación, asociación u organización ilícita. La misma pena se aplicaría si las extorsiones fueran dirigidas desde el interior de un centro penitenciario o por parientes, funcionarios, empleados públicos, municipales, autoridades públicas o agentes de seguridad. El PCN propuso además la reforma al Artículo 309 del Código para sancionar con prisión de seis meses a un año a quienes, teniendo conocimiento de que se producirá una extorsión, no informen a las personas amenazadas o a las autoridades. Los cambios a la normativa penal se aprobaron incluso con los votos del FMLN, usualmente reacio a votar para el aumento de penas. “Con todo gusto aprobamos esta reforma”, dice González, miembro de la subcomisión que estudia las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal dentro del parlamento. “Veíamos que no era la solución para este problema pero, en alguna medida, aumentar las penas tienen un componente preventivo. Ahora se lo van a pensar más”, afirma.
Su partido, incluso, va más allá. Este jueves solicitó al viceministro de seguridad que asista al congreso para explicar la supuesta falta de información sobre la cantidad de denuncias recibidas por extorsión y sobre los últimos resultados policiales. Además, seguirán impulsando la “despitolización” de la sociedad y la creación de una “verdadera política” criminal “con un alto componente preventivo” que derive en la creación de nuevos códigos, según han anunciado. Desde ARENA las cosas son distintas. Enrique Perla, diputado migueleño del partido de derecha, cree que la solución pasa por sacar todas las reformas a los códigos penal y procesal penal que están pendientes y aprobar como prueba judicial la intervención telefónica. El también arenero Noel Abilio Bonilla, quien sufrió por un familiar las amenazas de los extorsionistas, va más allá: “Este es un fenómeno nacional. En San Miguel aumentó desde marzo. Primero con los dueños de lotes de vehículos, luego los transportistas y, después, todo el mundo. Ahora, con el aumento de penas y el apoyo a la PNC hay nuevas herramientas para combatir este flagelo”. Ávila ve con buenos ojos la dicusión legislativa, pero pide un debate “amplio y sincero”. Para el director de la PNC se deberían tomar medidas especiales, como la focalización de municipios con problemas de maras, el control de los mareros deportados, la investigación de redes en centros penitenciarios, la creación de juzgados para el crimen organizado y una protección real a los testigos. Salgado también da su aporte. “Tendrían que tipificar esta ley de las extorsiones para que sólo baste la denuncia. Que los agarren pidiendo la extorsión –independientemente del monto solicitado– y que los encierren 10 ó 12 años en la cárcel. Te aseguro que van a cachan a 10 extorsionistas y después el resto se harán evangélicos del Hermano Toby. Mientras, no vamos a estar seguros”, afirma mientras ve de reojo a su pistola, acelera sobre la carretera panamericana y dejamos atrás San Miguel. Lo observó y recuerdo la única condición que puso el alcalde para darnos una entrevista: viajar con él hacia San Salvador, el único espacio en su apretada agenda para hablar, aunque esto significaba, en sus propias palabras, exponerse a recibir “un par de cuetazos” por haber denunciado a los extorsionistas.
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