OBSERVATORIO LEGISLATIVO

Partidos de izquierda quieren prohibir la portación de armas

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 24 de julio - El Faro

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El FMLN introdujo en la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas encaminadas a prohibir la portación de armas y limitar el acceso de las mismas.

El efemelenista Benito Lara dijo que su partido pretende que “se prohíba la portación de armas en el menor tiempo posible” para procurar “el desarme de la sociedad”. El legislador agregó que la fracción de izquierda está preocupada por la cantidad de armas no registradas en el país. “En esta década hay más armas que en el período del conflicto armado”, aseguró.

Además, el FMLN quiere reformar el inciso primero del artículo 21, limitando a las personas naturales a no “tener más de una arma de fuego” de las permitidas en la normativa.

La moción de los efemelenistas tendría el apoyo de Cambio Democrático. “Hace tiempo, tanto como fracción, en la legislatura pasada, y desde antes como CDU, siempre hemos dicho que hay que limitar al mínimo el derecho de portación de armas”, asegura el diputado Héctor Dada Hirezi. Al mínimo significa sólo permitir su uso a personas que por sus obligaciones profesionales necesiten andar armados.

Pero los dos partidos de izquierda difícilmente lograrán la aprobación de su propuesta. ARENA, el PCN y el PDC han expresado su oposición a un desarme total e inmediato apelando al derecho de la población a la autodefensa.

“No creemos en la propuesta del FMLN. Es como tirar la piedra y esconder la mano. Nos ha quedado muy claro que hay armas de guerra y que están siendo utilizadas, como en los hechos del 5 de julio, para tratar de generar inestabilidad”, afirma Guillermo Gallegos, coordinador del grupo parlamentario de ARENA.

“No apoyamos un desarme total porque estamos seguros de que la gente honrada y honesta entregaría sus armas, pero el delincuente, el malhechor o el que tenga algún fin político no la entregaría”, dice Gallegos; su compañero de bancada Ernesto Angulo Milla agrega que “son personas que de buena fe han matriculado un arma y tienen el derecho a la autodefensa”.

A profundidad

Dada Hirezi cree que el argumento de “la autodefensa” implica aceptar que el Estado y el gobierno central no pueden garantizar la seguridad a la ciudadanía. “En vez de preocuparnos de que la gente ande armada, deberíamos de preocuparnos porque el gobierno garantice la seguridad a la población”, dice. “No podemos aceptar que el Estado deje en manos de particulares la seguridad de la ciudadanía. Constitucionalmente, es una obligación del gobierno”.

Lara recuerda que más del 75 por ciento de los homicidios son ocasionados con armas de fuego y que la tenencia por parte de civiles no garantiza su defensa. “Es más una defensa sicológica”, afirma.

Para el demócrata cristiano Carlos Herrarte, las personas que portan un arma “velan por su propia seguridad porque ya no confían en la seguridad que les presta la Policía Nacional Civil”.

El pecenista Antonio Almendáriz, miembro de la junta directiva del congreso, reconoce que el gobierno no tiene la capacidad de brindar seguridad pero que quitar el privilegio de portar un arma a los salvadoreños sería dejar a la población a expensas de la delincuencia.

Armas ilegales

Para ARENA, la primera reforma encaminada a detener la portación de armas ilegales sería aumentar las penas y que éstas tuvieran el mismo peso para mayores y menores de edad. “Para efectos de matar no importa si se tiene 16 ó 17 años. Creemos que debe de haber paridad en la pena por tener armas ilegales independientemente de la edad”, dice Angulo Orellana.

“Un desarme vendría de las personas que tienen sus armas legalmente matriculadas, pero para las personas que no las tienen legalizadas, y que son las que se están ocupando para delinquir, no lo harían”, afirma Herrarte. “La gente que la tiene legalizada la está ocupando para defenderse prácticamente”.

Según Herrarte, se debería procurar el desarme de los delincuentes en un primer momento. “Se quisiera decir ‘fuera todas las armas del país’ pero no podemos estar desarmados con los niveles de delincuencia. Lo primero es detener el flujo de armas a los delincuentes”, aseveró.

En ese sentido, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea ya solicitó a la Fiscalía General y a la PNC que proporcionen un informe sobre los procedimientos e investigaciones para el control de armas de guerra en manos de civiles. Almendáriz, miembro de la comisión, dice que pretenden exigir a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley hacer valer su papel. “Queremos que pongan en práctica la ley, que creemos que es una de las más completas, porque si no de nada sirve tener una legislación”.

Rodrigo Ávila, el director de la PNC, cree que se han hecho grandes esfuerzos pero reconoce que el mayor problema son las armas ilegales. “La ley ya limita dónde se pueden portar armas… Pero hay que ser más drásticos para quién la incumpla”.

Según el director de la corporación policial, uno de los grandes problemas es que se da un mensaje erróneo a la población cuando se deja en libertad a una persona que ha sido detenida con un arma ilegal. “Aquí dejan en libertad a quienes hemos encontrado con armas, granadas o pistolas que no tiene ningún tipo de registros. Hay que ser más drásticos a la hora de castigarlos”.

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