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OBSERVATORIO LEGISLATIVO Explotación minera: los conflictos del oro Rodrigo Baires Quezada / Fotos: Marcelo
Reyes y Edu Ponces
Camisa blanca de manta, barba poblada y con los ojos fijos detrás de los cristales de sus lentes, Navarro no es un extraño en la práctica de criticar las políticas medioambientalistas oficiales, algo que le ha ganado amigos y enemigos por igual. Navarro forma parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, organismo que asesora al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El martes 13 de junio, mientras Hugo Barrera, titular del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), escuchaba a su lado en la mesa del foro nacional contra la minería, organizado en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, la gente frente a Navarro aplaudió con entusiasmo los planteamientos contrarios al desarrollo minero en país. “Parece que no quieren hacer nada para evitar este gran problema. El interés del capital es más fuerte y nosotros ya lo hemos denunciado y hemos pedido que se investigue, pero no hemos tenido respuestas”, afirmó. El 4 de abril pasado, el CESTA envió una carta a la Asamblea Legislativa solicitando “la formación de una Comisión Legislativa para investigar las concesiones que se están otorgando a empresas internacionales para la exploración minera”. Navarro puso su firma al pié de la misiva, obtuvo el respaldo de la diputada efemelenista Zoila Quijada para que entrara al pleno casi un mes después y, directamente, pasara a la comisión de Medio Ambiente. Hasta la semana pasada, la carta todavía no había sido escuchada en la comisión legislativa. “Este tema no se ha tratado con seriedad y la pieza no ha sido leída en las reuniones. Las actividades de estas empresas ya están bien avanzadas y aquí se le están dándo largas al asunto”, reconoció Salvador Cardoza, miembro de la comisión y diputado demócrata cristiano por Chalatenango, uno de los departamentos en los que hay proyectos de exploración en marcha. Norman Quijano, diputado de ARENA, restó importancia al debate. “Si bien es cierto que nunca lo hemos discutido, no veo porqué impedir algo que es de bien común en tantas partes del mundo, siempre y cuando se tomen todas las medidas compensatorias y de sostenibilidad; y que el Estado obtenga beneficios en materia de impuestos”, afirmó. El tema, al igual que en la opinión pública, no es nuevo al interior del palacio legislativo. “A petición de municipalidades, ADESCOS, parroquias y organismos no gubernamentales introduje una pieza de correspondencia en la legislatura anterior demandando explicaciones al ministro de Medio Ambiente y al de Economía del porqué la autorización de exploración otorgada a la empresa Martinique en Chalatenango. Todavía no ha habido ninguna respuesta al respecto”, recordó Marco Tulio Mejía, diputado del FMLN del mismo departamento.
La Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía (MINEC), amparados en la Ley de Minería, tiene registrados 28 permisos de exploración otorgados a 11 empresas en 1 mil 51.97 kilómetros cuadros, divididos en la zona norte de seis departamentos del país. Para iniciar la explotación de un yacimiento, las mineras necesitarían solamente que el MARN les apruebe un estudio de impacto ambiental en la zona; demostrar que tienen los recursos económicos para asegurar la extracción de minerales y contar con la autorización de los propietarios del terreno donde excavarían. “Cabe decir que no se han dado permisos de explotación”, recalcó Gina de Hernández, directora de la entidad. Aún así, la sola exploración ya hizo sonar las voces de alarma entre los pobladores de la zona. “Nos vienen a contaminar, a quitar nuestros terrenos y no nos traerán desarrollo”, afirman algunos pobladores del norte de Chalatenango, una opinión que choca de frente con la posición de la directora de Hidrocarburos y Minas, quien está convencida que este tipo de industria puede traer desarrollo en zonas que no tienen otras opciones. Los grupos de pobladores y ONG ambientalistas no son los únicos que se oponen al desarrollo minero. “Vemos al área norte del país como una zona de reserva natural; un espacio donde tenemos que asegurar que aprovechamos al máximo el recurso hídrico y un lugar donde deberíamos hacer tratamientos especiales para no seguir asolbando las presas hidroeléctricas. En ese sentido, el desarrollo minero simplemente no es compatible”, dice Sandra de Barraza, de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND). Según explicó de Barraza, la zona norte y nororiente de país reúne 92 municipios, 850 mil habitantes en una extensión de siete mil 500 kilómetros cuadros, el 36 por ciento del territorio nacional. “El gran problema que existe es que por esa zona pasa el río Lempa, el más importante del país, con una cuenca que abarca casi el 50 por ciento del territorio, brinda agua al Gran San Salvador y que es fuente de energía eléctrica. Entonces no podemos ser irresponsables con esta zona”, afirmó. “En El Salvador, cada ministerio ve las cosas de manera sectorial. Por primera vez, con un incentivo externo como la Cuenta del Milenio, se ve el tema del desarrollo de una manera más integrada. Si la gente que evalúa este proyecto ve que la explotación minera tiene un impacto ambiental negativo contra todo lo planteado no creo que habrá cheque. Así de fácil”, cerró de Barraza. Desde su visión, no es coherente “dejar que la mano izquierda deshaga, lo que la derecha está haciendo” y que el gobierno central tendrá en algún momento que “decidir al más alto nivel” a que tipo de desarrollo se le apuesta en la zona. MARN listo para la minería Aún con las oposiciones al proyecto, el ministro Barrera es claro. “Nosotros no estamos aquí para prohibir sino para regular. Si la ley dijera que se prohíbe el desarrollo de proyectos mineros en El Salvador, nosotros no lo permitiríamos, pero en ninguna parte dice eso”, argumentó ante los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, cuando el tema se coló aprovechando la visita del titular, y lo repitió un día después en el foro nacional en contra de las minas. La Ley de Minería no define los criterios ambientales que deberán ser utilizados para aprobar la explotación de una zona. Entre los asistentes al foro, las palabras del funcionario no produjeron muchas esperanzas. Los opositores están convencidos que las mineras utilizarán una gran cantidad de agua que necesitan las comunidades y que contaminarán el medio ambiente con cianuro y plomo. “Nosotros no nos quedamos con lo que nos dijeron las compañías y fuimos a Honduras y Guatemala a hablar con las comunidades que han sido afectadas por las mineras”, aseguró Esperanza Ortega, habitante de Arcatao, Chalatenango. “No nos gustó para nada lo que nos dijeron y, mucho menos, lo que vimos.” Barrera se desmarcó aduciendo que las aseveraciones de algunos organismos no gubernamentales y de los pobladores sobre la contaminación implícita que traerá la explotación minera son rumores hasta que no se hagan los estudios de impacto ambiental. “Nadie discute que la minería contamina, pero también nadie discute que hay formas de poder evitarla. Todas esas medidas se establecen técnicamente en el momento de evaluar los permisos medioambientales de la explotación”, aseguro. Pero para organismos como el CESTA y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el desarrollo minero es un trueque peligroso en el que se cambia “oro por veneno”. Estas organizaciones creen que el MARN no tiene la capacidad para verificar que estas empresas no contaminarán el medio ambiente. “Consideramos que permitir el desarrollo de la industria minera en El Salvador equivaldría a darle el tiro de gracia nuestro ambiente”, afirmó Ricardo Navarro, del CESTA. “El norte del país es parte del corredor biológico mesoamericano y una zona importante de recarga hídrica. Por ello, con toda la contaminación que produce, no creemos que se debe permitir la explotación minera porque no trae desarrollo alguno para los habitantes de estos lugares”, afirmó Ángel Ibarra, de la UNES.
El MINEC, por su parte, se mantiene firme: la explotación minera de la zona norte dejará buenos réditos al país en materia de desarrollo económico y social. Según la Ley de Minería, cualquier empresa con los permisos en regla tendría que pagar un canon anual de 300 dólares por kilómetro cuadrado explotado, más un dos por ciento de regalías trimestrales sobre ventas del producto (uno por ciento para el gobierno y el otro para las alcaldías donde se encuentren las minas). En 2003, la Ley de Minería fue reformada para disminuir el porcentaje que las empresas mineras deben pagar al Estado. Hasta ese año, la ley establecía que las compañías deberían dejar un tres por ciento trimestral sobre las ganancias obtenidas. “Además tienen que pagar el 25 por ciento de impuestos sobre la renta, ya que son empresas que no tienen exención de impuestos. Además, está la generación de empleos; los caminos y calles que abran”, afirma de Hernández y remata con un: “Yo creo que las comunidades pueden beneficiarse de la explotación de una mina.” Incluso, sólo en la fase de exploración, y con los 28 permisos vigentes hasta la fecha, las diferentes empresas mineras ya tendrían que haber desembolsado 26 mil 299.25 dólares, siguiendo el canon de 25 dólares por kilómetro cuadrado explorado. Pacific Rim El Salvador, la empresa minera más cercana a obtener un permiso de explotación, ha hecho sus propias cuentas: 17 millones de dólares invertidos en la fase de exploración, hasta el momento, y otros 56 millones esperando si se da el siguiente paso. La misma empresa mostró los beneficios en un caso hipotético: si el precio del oro en el mercado mundial se mantuviera fijo en $560 dólares por onza (actualmente es de 568 dólares, según la bolsa de Londres) y se consigue una venta anual de 56 millones de dólares, el dinero que quedaría en El Salvador rondaría los 7.88 millones de dólares por año, en concepto de impuesto sobre la renta y de regalías. “El uno por ciento por regalías que le tocaría a las alcaldías rondaría los 300 y 400 mil dólares anuales. El gobierno recibiría otra cantidad igual y nuestra empresa hará públicos estos pagos porque nos interesa manejarnos con transparencia”, comentó Elizabeth García, jefe de relaciones públicas de la minera. En el mismo ejemplo, después de recuperar la inversión, la compañía obtendría una ganancia de 20.29 millones de dólares por año. Según sus propias cifras, a Pacific Rim la extracción de cada onza de oro le costaría 136 dólares en promedio. La asociación cultural de Cabañas, una de las organizaciones que critican la explotación minera en el país, también ha hecho sus propios números. “Van a dar 648 empleos y sólo en la zona hay 180 mil personas, ¿así vamos a terminar con el problema de desempleo? ¿Cuántos de esos empleos realmente serán para los habitantes de las 20 comunidades que hay en la zona”, afirmó Francisco Pineda. “No hay que sumar y restar tanto para darnos cuenta que no nos traerán desarrollo”. Pero algunos habitantes lo ven de otra manera. Acostumbrados a un salario promedio entre los cuatro y seis dólares por jornada, muchos agradecen los 12 dólares diarios que se pueden ganar trabajando con la minera o sueñan con conseguir los puestos más tecnificados en la fase de explotación, donde se habla de sueldos entre los 600 y los 900 dólares. “Realmente la gente está dividida. La mayoría se oponen, pero hay otros que les parece buena idea explotar una mina si se puede conseguir trabajo en ella. Acuérdese que la juventud de nuestras zonas busca emigrar porque no tiene oportunidades de trabajo”, reconoció Ángel Castro, poblador de Las Minas, Chalatenango. “Juegan con el estómago de la gente”, matizó Remberto Nolasco, miembro del CESTA. Cierto o no, en el cantón San Francisco El Dorado, en San Isidro, Cabañas, algunos pobladores hablan de beneficios, de cómo hace cincuenta años la mina trajo dinero a la zona y como muchos de los que trabajaron en ella siguen vivos a pesar de los rumores de las “enfermedades terminales” que vienen ligadas a la labor minera. “En lugar de ser un mal están haciendo un favor. Están ayudando al país y están dando trabajo a la gente”, afirmó Geremías Laínez, habitante del cantón. “Tengo conocidos que están trabajando con ellos y les va bien. Para nosotros eso es bueno porque entre más dinero hay en el país, mejor se la pasa uno. Creo que nadie en este cantón, que tiene la mina ahí nomás, se queja por ellas.” Geremías, de 70 años, comentó que las minas que estuvieron en el pasado no le hicieron mal a nadie aunque reconoció que cuando “el tubo se rompía botaban todo el veneno en el río y hacían matazones de pescado. Pero ahora dicen que esto no va a pasar porque son más modernas las tecnologías”. “Hay organizaciones a las que no les gustan las minas y sólo son murmullos de venenos y cosas así. Pero para muchos de aquí es trabajo que no se tenía. Así, para mi está bien que las trabajen”, comentó Omar Morán, otro vecino de la zona.
José Ignacio Bautista, alcalde de San Isidro, el municipio que podría alojar la primera mina del país, tiene los mismos temores que la comunidad, pero dijo que “guarda esperanzas que traigan desarrollo a la comunidad”. Sus esperanzas se sujetan a que, sin posibilidades de incidir en la instalación o no de la minera, el gobierno central se asegurare que no vaya a pasar ningún desastre ecológico. Según Bautista, incluso se ha buscado visitar una mina en Ecuador para verificar como funcionan los procesos de explotación y entender mejor qué es lo que podría o no pasar en su municipio. “Yo tengo mis reservas pero también mis esperanzas. Creo que si se guardan todas las precauciones y el gobierno central ejerce un verdadero control sobre los compromisos que se adquieran en el permiso ambiental, a lo mejor no sea como dice la gente que se opone a ellas.” “Cualquier empresa que pueda venir a aquí así como trae sus beneficios trae sus cosas negativas. Si nosotros lo vemos cómo una oportunidad de trabajo, lógicamente va a venir a mejorar la economía local”, afirma y prosigue: “Pero también existe el riesgo, como en cualquier proyecto minero, que la extracción de la roca puede hacer cierto desequilibrio al medio ambiente”. Acusado por algunos por su “pasividad” con la que ha manejado la posible explotación en su municipio, Bautista aseguró ha tratando que la alcaldía tenga un papel más activo en la concesión de minas, algo que no está reglamentado. “Cuando se discutieron las reformas a la ley de minería, en 2003, solicité ir a la Asamblea Legislativa a exponer los puntos de las municipalidades pero no se me invitó”, recordó. Para el alcalde, al igual que en los proyectos participativos que tienen las diferentes municipalidades, la ley debería tener un amplio apartado sobre la participación ciudadana. “La ley de minería, por el mismo impacto que tiene, debería de tener requerimientos para poder recoger el sentir y pensar de la población que puede ser afectada”, dijo. Algunos diputados recogen las inquietudes de Bautista. “el tema continúa y nosotros estamos previendo la posibilidad de un foro de consulta ciudadana, incluyendo a las mineras, y con la presencia de los ministerios de Medio Ambiente y Economía, los diputados de las dos comisiones respectivas en la Asamblea para definir de que forma vamos a tratar este tema porque debería de primar el interés nacional”, sentenció. “Creo que se necesita mayor información”, también reconoció Douglas Alejandro Alas, diputado de Chalatenango por ARENA. “Estoy de acuerdo en gestionar para que la información le llegue adecuadamente y que no vean fantasmas donde no los hay. Porque si los hay, sería de los primeros en detenerlos pero sí el beneficio lo traerán minas, yo lo apoyaré.” FRASES “La zona norte del país, la misma zona de desarrollo
minero, es el corazón de la cuenca del río Lempa. Por eso
es que no es despreciable lo que se haga o no se haga en esta área.” “Existe una campaña de desprestigio hacia el
trabajo de las mineras. Es un discurso muy radicalizado en el que no se
habla de los beneficios y se dicen muchas mentiras.” “Nosotros no nos quedamos con lo que nos dijeron las
mineras y fuimos a Honduras y Guatemala a hablar con las comunidades que
han sido afectadas por las mineras. No nos gustó para nada lo que
nos dijeron y, mucho menos, lo que vimos.” “En mi criterio, no le veo ningún beneficio
para Chalatenango con el desarrollo minero. Lo que quiere hacer estas
empresas es sacar provecho, lucrarse de la región y el ejecutivo
sólo está viendo la entrada de impuestos por la explotación.” "A mi me preocupa la gente de cierta zona del departamento
que se opone a todo lo que pueda ser desarrollo para el municipio. Hoy
se están oponiendo a la posible explotación de minerales,
ya se están oponiendo a la carretera longitudinal del norte." “A mi me parece interesante que se pueda desarrollar
la minería en el departamento. Se espera que con la explotación
se pueda tener un apoyo mayor para el municipio, el departamento y el
país entero.” “Si hacemos una evaluación de los ingresos que
tendrán las empresas y lo que retribuirá al estado y al
municipio es algo reducido, además de los altos niveles de contaminación.
Nuestra posición es no apoyar este tipo de permisos de exploración
y explotación de minerales.”
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